Gobierno de AMLO, el que más ha militarizado a México; 83% de convenios con fuerzas armadas no tienen que ver con seguridad
La militarización de México comenzó hace al menos tres sexenios, sin embargo, se ha acelerado durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador con acuerdos y decretos para ampliar el poder militar, fuera de foros legislativos y del debate público, de acuerdo con el Inventario Nacional de lo Militarizado, una base de datos que documenta el incremento de la presencia castrense en el país, realizado por el Programa de Política de Drogas (PPD), México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) e Intersecta.
El documenta señala que la militarización no solo sucede con la seguridad pública. De hecho, a nivel federal, 83% de los convenios entre las fuerzas armadas y otras instituciones federales son para funciones civiles no relacionadas con la seguridad pública, como la protección del ambiente, la política social, la salud y las obras públicas.
A través de un complejo entramado de convenios, acuerdos, decretos y reformas —tanto constitucionales como legislativas—, se les transfieren múltiples funciones y presupuestos civiles para llevar a cabo labores para las que no están facultadas, señala.
Este inventario es una base de datos que busca documentar la militarización en México y contribuir a identificar y entender los mecanismos legales a través de los cuales sucede, los actores públicos que participan en estos procesos y los argumentos utilizados para justificar su actuación.
El Inventario registra cuatro mecanismos que las posibilitan: reformas constitucionales, reformas legislativas federales, acuerdos y decretos presidenciales; y convenios y acuerdos particulares firmados entre las fuerzas armadas con distintas instituciones civiles.
Los hallazgos del Inventario Nacional de lo Militarizado
De acuerdo con la base de datos del Inventario, de 2006 a 2023 fueron presentadas 87 iniciativas de reforma constitucional y legislativa en el Congreso para transferir funciones o presupuestos civiles a alguna de las Fuerzas Armadas. El 77% se presentaron entre septiembre de 2018 y agosto de 2023, es decir durante las últimas dos legislaturas que coinciden con el sexenio de López Obrador.
Morena es el partido político que ha presentado más iniciativas para aumentar las facultades de las fuerzas armadas, siendo responsable de 46% de las iniciativas presentadas.
También destaca que, en total, se documentaron 19 acuerdos para crear empresas de participación estatal bajo control de las Fuerzas Armadas y les permiten participar en las obras prioritarias del gobierno, como el Tren Maya.
Otro mecanismo que posibilita que las fuerzas armadas reciban presupuesto y funciones civiles son los acuerdos y convenios firmados entre instituciones militares e instituciones civiles de los tres órdenes de gobierno.
El Inventario registra que entre 2007 y 2022 hubo 258 convenios que transfirieron funciones o presupuesto civiles a las fuerzas armadas: 222 convenios que transfirieron funciones civiles con sus respectivos presupuestos, 8 convenios con funciones civiles y sin presupuesto y, finalmente, 28 convenios que transfirieron presupuestos civiles para funciones militares. En estos casos, por ejemplo, hay entidades federativas que pagan a las fuerzas armadas para construir cuarteles militares u otra infraestructura militar.
De 250 convenios en los que se les transfirió presupuesto civil a las fuerzas armadas, solo en la mitad de estos acuerdos y convenios fue posible determinar cuánto dinero civil se les transfirió a las fuerzas armadas.
Las organizaciones señalan que si bien esta transferencia de funciones y presupuestos ha sido un fenómeno transexenal, desde 2010 se observa un incremento constante de los convenios celebrados entre las autoridades civiles y las instituciones militares. De acuerdo con los datos analizados, este aumento alcanzó su punto máximo en 2019, año en el que se registraron 43 convenios.
La Semarnat, Pemex y el SAT son las instituciones federales con las que más convenios han firmado las Fuerzas Armadas.
Por su parte, Nuevo León, Tamaulipas y Ciudad de México son las entidades federativas con las que más convenios han firmado las Fuerzas Armadas.
“Si se analizan los convenios y acuerdos firmados entre instituciones federales con las fuerzas armadas, en el sexenio de Calderón se firmaron 21 y en el de Peña Nieto 55, mientras que en los cuatro años estudiados del sexenio de López Obrador se firmaron 51”.
En la administración de Felipe Calderón (2006-2012), el 43% de los convenios federales transfirió alguna función civil que no era de seguridad pública a las instituciones militares; el porcentaje subió a 69% con Enrique Peña Nieto (2012-2018), y, en los cuatro años de López Obrador, subió a 83%.
Los convenios y acuerdos tienen problemas de forma y fondo
El Inventario revela que los convenios y acuerdos no siempre contienen el monto concreto de las transferencias a instituciones militares. También presentan deficiencias en cuanto a su vigencia, que no siempre queda clara, además, suelen mostrar una justificación jurídica pobre.
“Son mecanismos que facilitan la opacidad y dificultan la rendición de cuentas. Para conocer gran parte de las transferencias a instituciones militares llevadas a cabo con estos mecanismos, es necesario realizar solicitudes de acceso a la información a las autoridades que fueron parte del acuerdo o convenio”. Esto, como revela el propio Inventario, rara vez resulta en un acceso efectivo a la información.
La problemática de la militarización
Según el Inventario, la evidencia de años muestra que en labores de seguridad pública las fuerzas armadas no solo no han logrado contener la violencia, sino que han contribuido a su exacerbación, tanto de manera directa como indirecta.
En relación con las funciones de administración pública que ahora desempeñan, la evidencia que comienza a acumularse —dada la novedad de muchas de las funciones— muestra que usar a las fuerzas armadas en labores de administración pública conlleva riesgos importantes en términos de corrupción y abusos a los derechos humanos, particularmente los derechos laborales.
Además, señala que la militarización es un obstáculo para el desarrollo democrático y la protección de los derechos humanos.
“Más allá de lo que deben ser las funciones de las fuerzas armadas, hoy por hoy no son como cualquier otra institución civil. Son instituciones pensadas para la guerra, que tienen un régimen diferenciado. Y este no se ha modificado a pesar de que las funciones que desempeñan se alejan cada vez más de las funciones relacionadas con la guerra. En este sentido, el darles más funciones implica que más funciones del Estado quedan sujetas a este régimen especial. De manera más concreta: entre más funciones les damos a las fuerzas armadas, más funciones están exceptuadas del régimen de derechos, justicia, transparencia, rendición de cuentas y democracia”, advierte.
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El arquitecto de las políticas más radicales sobre migración del nuevo presidente de Estados Unidos también ha diseñado la estrategia para aplicarlas con eficacia y sin concesiones.
Si hay un cerebro principal detrás de las políticas migratorias más radicales del presidente Donald Trump, es Stephen Miller.
A sus 39 años, este republicano de ideología ultraconservadora que ya diseñó algunas de las medidas más extremas del primer gobierno de Trump -como la separación de familias migrantes- ahora ha aumentado su poder e influencia en la Casa Blanca con los cargos de subdirector de políticas y asesor de seguridad nacional.
El mismo día en que asumió su segundo mandato, Trump firmó órdenes ejecutivas que llevan la marca de Miller, como la eliminación de la ciudadanía por nacimiento o la declaración de la emergencia nacional en la frontera sur.
Estas medidas reflejan el enfoque nacionalista de línea dura que ha promovido desde los inicios del trumpismo este “halcón” republicano, muy activo a la hora de defender sus propuestas en medios de comunicación.
“Usaremos todo el poder de las fuerzas federales bajo el mando y dirección del presidente Trump para salvar a este país de esta ocupación”, declaró este miércoles a la cadena Fox News.
Te contamos quién es Stephen Miller, considerado una de las figuras más radicales, temidas e influyentes de la Casa Blanca.
Su escalada al poder
Nacido en 1985 en el seno de una familia judía de Santa Mónica (California), Miller mostró desde muy joven un marcado interés por la política, influenciado por figuras y medios con posiciones conservadoras.
A los 16 años escribió una carta a un periódico local criticando la falta de patriotismo en su instituto, posicionándose como un activista conservador que, entre otras cosas, exigía a los estudiantes latinos que hablasen solo inglés en clase.
Su formación política se consolidó en la Universidad de Duke, donde se graduó en Ciencias Políticas en 2007 y protagonizó un episodio que, según expertos, daría un temprano impulso a su carrera.
Miller se erigió como un vocal defensor de un grupo de jugadores del equipo universitario de lacrosse acusados de violación que finalmente probaron su inocencia, en un caso que alcanzó cierta relevancia mediática.
Fue en este periodo cuando empezó a vincularse con figuras controvertidas como Richard Spencer, un conocido supremacista blanco, si bien el asesor republicano negó que tuvieran una relación cercana.
Tras graduarse, trabajó como asesor de comunicaciones para congresistas republicanos y en 2009 se puso al servicio del entonces senador Jeff Sessions, conocido por sus posturas de línea dura en inmigración.
Bajo la tutela de Sessions, Miller jugó un rol clave en la oposición al proyecto de reforma migratoria bipartidista en 2013, consolidando su reputación como detractor de las políticas de fronteras abiertas.
En 2016 se unió a la campaña presidencial de Donald Trump como asesor de políticas y redactor de discursos.
Se atribuye a Miller el tono nacionalista y antiinmigración de las alocuciones de Trump, como el discurso inaugural de 2017, así como el diseño de dos de las medidas más polémicas de su primer gobierno: el veto migratorio a países de mayoría musulmana y la separación de familias de migrantes irregulares.
Según el periódico especializado Politico, fue su capacidad para interpretar y amplificar la visión de Trump lo que lo consolidó como una figura indispensable dentro de su primer gobierno entre 2017 y 2021.
Desde entonces, Miller es conocido por su enfoque radical sobre inmigración y su habilidad para transformar ideas extremas en políticas concretas.
Según The New York Times, el asesor republicano ha perfeccionado su estrategia operando con secretismo y evitando oposiciones internas, lo que le ha permitido aplicar con éxito algunas de las medidas más radicales del trumpismo.
Su estrategia
Para su segundo mandato, Donald Trump ha confiado a Stephen Miller un poder más amplio sobre la agenda migratoria, convirtiéndolo en la principal figura decisoria junto al nuevo “zar de la frontera”, Tom Homan.
Desde su puesto como subdirector de política y asesor de seguridad nacional, Miller ha liderado la redacción de una avalancha de órdenes ejecutivas para poner en marcha la agenda migratoria de Trump, que prometió acabar con el flujo de inmigrantes irregulares y deportar a aquellos que ya estén en suelo estadounidense.
Una de estas órdenes fue eliminar la ciudadanía por nacimiento, una medida que niega un derecho histórico garantizado por la 14ª Enmienda de la Constitución y que ya ha sido impugnada en los tribunales.
También reinstauró el Título 42, que permite cerrar la frontera con México en nombre de la salud pública, y declaró la emergencia nacional en la frontera sur, según expertos para justificar una militarización sin precedentes de los operativos de deportación.
Anuló, además, solicitudes de asilo pendientes, denegó la entrada al país a más refugiados e incluyó la designación de los carteles de droga como organizaciones terroristas extranjeras.
Miller es el cerebro de lo que algunos expertos han llamado una “estrategia de saturación”: inundar a la oposición y a los medios con un flujo constante de acciones ejecutivas y medidas para desbordar la capacidad de respuesta y maximizar su efectividad.
Politico destaca que el asesor ha trabajado con abogados externos, sin recurrir al Departamento de Justicia como suele ser habitual en su cargo, para blindar las nuevas políticas y garantizar que se lleven a la práctica con el menor número posible de obstáculos legales.
Este enfoque reflejaría las lecciones que Miller aprendió durante el primer mandato de Trump, cuando medidas como el veto migratorio enfrentaron bloqueos judiciales.
Además de su trabajo interno, Miller ha establecido relaciones estratégicas con figuras influyentes fuera del gobierno, como el empresario Elon Musk, que recientemente ha endurecido su postura sobre la inmigración.
El nuevo asesor de seguridad nacional de Trump también creó la organización de juristas conservadores America First Legal, que promueve litigios y campañas mediáticas contra instituciones y organizaciones a las que acusan de amparar o fomentar la inmigración ilegal.
Así, Stephen Miller no solo es el arquitecto de las políticas más radicales del trumpismo, sino también el estratega que ha perfeccionado las tácticas y herramientas para aplicarlas con eficacia.
Lealtad absoluta a Trump
Desde sus inicios en la campaña presidencial de 2016, Stephen Miller ha demostrado una lealtad inquebrantable a Donald Trump, convirtiéndose en uno de sus aliados más cercanos e incondicionales.
Miller se unió al equipo de Trump cuando este aún era considerado una apuesta improbable para la Casa Blanca y redactó algunos de sus primeros discursos, donde moldeó y amplificó con éxito su tono populista y nacionalista.
En el primer mandato de Trump, Miller evitó involucrarse en las disputas internas que marcaron la Casa Blanca, manteniendo buenas relaciones tanto con los elementos moderados como con los más radicales del gobierno, según The New York Times.
Sin embargo, nunca defendió a un aliado si caía en desgracia con Trump, como fue el caso de Jeff Sessions, su antiguo mentor y jefe en el Senado.
Cuando en 2017 Sessions renunció a su cargo de fiscal general tras perder el favor del entonces presidente, Miller no dudó en priorizar su lealtad al líder y se distanció del que había sido su benefactor.
Esa fidelidad absoluta también se refleja en su disposición a seguir las órdenes de Trump sin cuestionarlas, especialmente en público.
Según Politico, el estratega de 39 años nunca contradice al presidente, incluso en reuniones privadas, y se alinea rápidamente con cualquier decisión que tome Trump, lo que le ha permitido sobrevivir a múltiples cambios de gabinete durante el primer gobierno y enfrentamientos internos en el partido.
Por supuesto, Miller ha respaldado en todo momento la más que cuestionable teoría de que las elecciones que Joe Biden ganó a Trump en 2020 fueron fraudulentas.
Una figura divisiva
Las políticas diseñadas por Stephen Miller, tanto en el primer como en el segundo mandato de Donald Trump, generan fuertes divisiones en la política y la sociedad estadounidenses.
Para sus detractores, incluidos legisladores demócratas y organizaciones de derechos humanos, su agenda asesta un ataque directo a los principios fundamentales de Estados Unidos y a las comunidades más vulnerables.
Grupos como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) o el Southern Poverty Law Center las describen como extremas y discriminatorias.
Analistas consultados por The New York Times advierten que las políticas promovidas por Miller podrían transformar la manera en que Estados Unidos gestiona la inmigración, cerrando puertas históricamente abiertas a refugiados y solicitantes de asilo.
Sus críticos también creen que las posibles deportaciones y la militarización de la frontera podrían tensar las relaciones con países vecinos, como México, y generar nuevas crisis humanitarias.
Para los simpatizantes del trumpismo, sin embargo, es un estratega visionario que ha redefinido las políticas migratorias con un enfoque nacionalista y de línea dura que ayudará a proteger la seguridad y el bienestar de los estadounidenses.
A falta de conocer los efectos definitivos de su legado, millones de migrantes ya están sintiendo de una o de otra manera el impacto de las políticas diseñadas e impulsadas por Miller, que prometen seguir siendo objeto de controversia y disputas en los próximos 4 años.
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