A partir de este 6 de diciembre, los Ministerios Públicos pueden solicitar ante jueces la intervención de comunicaciones, información bancaria y geolocalización de personas en tiempo real durante la realización de sus investigaciones por presuntos delitos. Facultad que recaía en la Fiscalía General de la República (FGR).
Así lo establece el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este miércoles 6 de diciembre, en el que la FGR establece la ampliación de facultades de los Ministerios Públicos; documento firmado por el fiscal, Alejandro Gertz Manero.
Mientras que en materia de delincuencia organizada, la FGR delegó en los MP adscritos a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada la responsabilidad de solicitar directamente la autorización de operaciones encubiertas e intervención de comunicaciones privadas.
El decreto explica que diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecían que “cuando en la investigación se considere necesaria la intervención de comunicaciones privadas, la persona titular de la Fiscalía General de la República, o en quienes ésta delegue esta facultad, podrán solicitar al órgano jurisdiccional competente”.
Pero a partir de este decreto, las personas agentes del Ministerio público serán quienes soliciten “la autorización para practicar la intervención de comunicaciones privadas o extracción de información”.
También podrá solicitar a los concesionarios de telecomunicaciones, proveedores de aplicaciones y contenidos para que “proporcionen la localización geográfica en tiempo real o la entrega de datos conservados”.
Incluso, dice el decreto, podrán “ordenar directamente la localización geográfica en tiempo real o la entrega de los datos conservados a los concesionarios de telecomunicaciones, los autorizados o proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos, cuando esté en peligro la integridad física o la vida de una persona o se encuentre en riesgo el objeto del delito, así como en hechos relacionados con la privación ilegal de la libertad, secuestro, extorsión o delincuencia organizada”.
Otra facultad para los MP será requerir a los sujetos obligados que establece la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la conservación inmediata de datos contenidos en redes, sistemas o equipos de informática hasta por un tiempo máximo de 90 días.
Respecto a las cuentas bancarias, podrán solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a las entidades del sistema financiero mexicano o transmisoras de dinero, la remisión de la información concerniente a clientes, usuarios de servicios bancarios, bursátiles y financieros necesaria para la comprobación de delitos.
Además, podrán solicitar “el aseguramiento de bienes propiedad de la o de las personas imputadas”.
El decreto establece que los MP deberán tener la autorización previa de la persona titular de la unidad y dejarlo por escrito, además de realizar un informe sobre las razones de dichas intervenciones y obtención de información.
También se establece que el ejercicio indebido de estas nuevas facultades “dará lugar a las responsabilidades administrativas o penales, según corresponda, para las personas agentes del Ministerio Público de la Federación y para las personas superiores en jerarquía”.
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Entra en vigor la medida que obliga a los turistas a pagar 5 euros para visitar la ciudad.
A partir de este jueves, quienes decidan visitar Venecia durante el día deberán pagar una tarifa de 5 euros (US$5,34).
La medida, que convierte a la ciudad italiana en la primera urbe del mundo en cobrarles una entrada a sus visitantes, fue impuesta como parte de un esfuerzo para lidiar con el turismo excesivo.
La entrada —que solo se requiere para acceder al centro histórico de la ciudad— se puede se puede adquirir por internet.
Una web genera un código QR descargable que certifica que se ha pagado la entrada y esta debe mostrarse a las autoridades locales que realizan controles aleatorios.
Los turistas que no paguen la tarifa se enfrentarán a multas de entre 50 y 300 euros (US$54 y US$320).
Quienes residan en la ciudad, viajen por trabajo, estudiantes y menores de 14 años están exentos, al igual que los turistas que pasen la noche en la ciudad.
Período de prueba
Este es solo un proyecto piloto que se aplicará durante 29 días (principalmente los fines de semana, cuando hay más visitantes), y que se extiende hasta el 14 de julio.
Si bien la tarifa es moderada y el sistema no impone un límite de visitantes al día, las autoridades municipales esperan que sirva para disuadir a algunos de los turistas que abarrotan las calles y puentes de la ciudad.
La isla principal de Venecia, donde se aplica la medida, atrajo a 3,2 millones de visitantes que pernoctaron en ella en 2022.
En los días de mayor actividad, cerca de 40 mil visitantes llegan a la ciudad.
Protestas de residentes: la tarifa no resuelve el problema real
El influjo excesivo de turistas, además de los inconvenientes que trae tanto para los residentes como para los mismos visitantes, está ejerciendo presión sobre la infraestructura de la ciudad.
Y, al igual que otros sitios muy visitados como Lisboa o Barcelona, está empujando a los venecianos a mudarse debido a la falta de viviendas asequibles, ya que los propietarios prefieren los alquileres de estancias cortas que generan ganancias altas.
La imposición de la tarifa no fue bienvenida por muchos residentes y asociaciones vecinales que salieron a protestar apenas entró en vigor, argumentando que la medida no sirve para resolver el problema.
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