Fiscalía de Gertz gasta 142.9 mdp para rastrear celulares y sólo justifica uso en 0.24% de 135 mil casos
La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, utilizó un software para rastrear la ubicación de personas a través de sus celulares en 135 mil ocasiones entre 2019 y 2021, pero sólo presentó 328 peticiones ante jueces federales para realizar geolocalizaciones y obtuvo la autorización correspondiente, es decir, en 0.24% de los casos, pese a que por ley estaba obligado a siempre solicitarlo.
Por estas adquisiciones, la Fiscalía gastó alrededor de 142 millones 898 mil pesos entre 2018 y 2019, según se detalla en los contratos número PGR/SEIDO/DGCTC/GSPN/001/2018, PGR/SEIDO/DGCTC/GSPN/003/2018 (página 16) y FGR/SEIDO/DGCTC/GSPN/001/2019.
La Fiscalía no tiene información sobre el número de víctimas rescatadas o personas detenidas resultado de estas vigilancias, a pesar de que son las únicas razones por las que pueden rastrear la ubicación de ciudadanos.
Durante meses, la FGR se negó a responder vía transparencia sobre las adquisiciones de este tipo de tecnologías bajo el argumento de que eran utilizadas para la “investigación y persecución de los delitos en materia de delincuencia organizada”.
Fiscalía General de la República confirma compra y uso de software de intervención de ubicaciones
Sin embargo, a través de múltiples solicitudes de información y recursos de revisión, Animal Político confirmó que la institución compró y usó software de intervención de ubicaciones.
Entre 2018 y 2019 contrató a la empresa Neonlix de México S. A. de C. V. para adquirir el software Geomatrix capaz de vigilar la ubicación de celulares mediante las redes telefónicas a las que el aparato se conecta.
Aunque testó las descripciones de las compras, admitió que adquirió 390 mil 500 consultas del software Geomatrix cuya vigencia de uso se extendía hasta 2021. Al corte de septiembre de ese año, la Fiscalía lo había usado en 135 mil ocasiones, asegurando que “todas las consultas utilizadas por los agentes del Ministerio Público de la Federación se realizan con autorización de la autoridad Judicial”, de acuerdo con la respuesta que proporcionó al recurso de revisión RRA 10492/22.
Sin embargo, en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la Fiscalía informó que entre 2019 y 2021 había presentado 328 solicitudes de vigilancia a jueces federales, pero sin diferenciar cuántas de ellas fueron para usar el software Geomatrix o para pedirles la información a concesionarios de telefonía.
Aún si se considerara que la totalidad de estas solicitudes judiciales hubiesen sido para realizar geolocalizaciones a través del sistema Geomatrix, significa que de las 135 mil ocasiones en que usaron el software, sólo en 0.24% de los casos lo hicieron con autorización judicial.
¿Cuántas personas vigiló la FGR?
Con la información obtenida no es posible calcular a cuántas personas vigilaron, toda vez que cada solicitud que la Fiscalía hizo a jueces puede contemplar a más de una persona o múltiples equipos tecnológicos.
Además, en otra solicitud de información, la Fiscalía reconoció haber vigilado a 3 mil 157 personas entre 2018 y 2021, pero esto incluye, además de las geolocalizaciones, intervención a comunicaciones privadas, obtención de datos conservados y extracción de datos; es decir, pudo utilizar softwares adicionales a Geomatrix.
Esta cifra también es mayor a las 328 autorizaciones judiciales obtenidas por la FGR.
El área de comunicación social de la FGR fue contactada para solicitar una entrevista o postura, pero no hubo respuesta.
En las solicitudes a un juez federal para intervenir la geolocalización de celulares, la Fiscalía expuso como razones: la acreditación de teoría del caso, investigación, fortalecer la actuación en la investigación de delitos relacionados con Operaciones con recursos de procedencia ilícita, falsificación o alteración de moneda.
Corroborar circunstancias de modo, tiempo y lugar en que fueron realizados los hechos del delito; para recabar datos de prueba o agotar líneas de investigación.
Entre las instancias que solicitaron el acceso a los registros de localización están la FGR, las delegaciones de Guanajuato, Zacatecas, Quintana Roo, Veracruz, Aguascalientes, Chihuahua, Baja California Sur, Sinaloa, Hidalgo y agentes del Ministerio Público de la Federación o Juzgados, entre otros.
El artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la fiscalías del país pueden intervenir geolocalizaciones con previa autorización judicial o podrán hacerlo sin permiso, cuando la vida de personas esté en riesgo, pero en menos de 48 horas tendrán que acreditarlo ante el juez federal.
Pero la fiscalía de Gertz Manero admitió en la respuesta de acceso a la información 330024624000021 y 330024624000011 que “no se cuenta con información” sobre la cantidad de víctimas rescatadas y las personas detenidas como resultado de las intervenciones a geolocalizaciones que efectuó.
El director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Luis Fernando García Muñoz, consideró que la legislación que regula la vigilancia de localizaciones permite interpretaciones para “decir ‘ah, no, es que aquí yo no tengo que pedir atención judicial, porque yo no necesito la colaboración de un concesionario telecomunicaciones, lo hago de manera autónoma’. Eso me parece irracional y una tontería”.
García Muñóz opinó que el problema de que autoridades puedan abusar de las intervenciones a geolocalizaciones se debe a que “está mal hecho el artículo 303 (del Código Nacional de Procedimientos Penales). (…) La manera en la que fue redactado el artículo 303 es que la localización geográfica en tiempo real sucede únicamente vía un concesionario de telecomunicaciones y yo no estoy de acuerdo con eso”.
Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).
Relacionado
Washington aumenta la presión a Cuba tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas a principios de enero.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el jueves con imponer aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba, una vuelta de tuerca más en su campaña de presión contra el gobierno comunista de la isla.
La medida, autorizada por una orden ejecutiva en la que Trump declaró la existencia de una emergencia nacional, no especificó ninguna tasa arancelaria ni señaló específicamente a ningún país.
La orden ejecutiva lleva por título “Haciendo frente a las amenazas del Gobierno de Cuba a Estados Unidos” y declara una emergencia nacional debido a “las políticas, prácticas y acciones del Gobierno de Cuba” que, según la orden, “constituyen una amenaza extraordinaria e inusual” para Estados Unidos.
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, condenó enérgicamente la medida de Trump catalogándola de una “nueva escalada de EE.UU. contra Cuba” y desestimó las acusaciones del presidente estadounidense como “una larga lista de mentiras (…) que pretenden presentar a Cuba como una amenaza que no es”.
En su cuenta de X Rodríguez escribió que Washington “intenta someter a su dictado, despojar de sus recursos, mutilar su soberanía y privar de su independencia” a los pueblos de lo que llamó “Nuestra América”.
México se ha convertido en el principal suministrador de petróleo a Cuba luego de que los envíos desde Venezuela se suspendieran tras la intervención militar estadounidense en ese país y la captura de su presidente, Nicolás Maduro.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha explicado que su país hace dos tipos de envíos de crudo a la isla: de ayuda humanitaria y por contratos entre Pemex, la petrolera mexicana, y el gobierno cubano.
El anuncio de Trump parece indicar un recrudecimiento de la presión de Washington a La Habana iniciada tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en un ataque relámpago en Caracas a principios de este mes.
Trump ha hablado repetidamente de la necesidad de actuar contra los líderes del gobierno cubano.
Esta semana dijo que “Cuba va a colapsar muy pronto”, y se felicitó porque Venezuela, el principal proveedor de petróleo de la isla antes de la caída de Maduro, no ha enviado recientemente petróleo ni dinero a Cuba.
Trump declara tener como objetivo que el gobierno cubano responda por su “apoyo a actores hostiles, el terrorismo y la inestabilidad regional que ponen en peligro la seguridad y la política exterior estadounidenses”.
Washington acusa a Cuba de desestabilizar la región y colaborar con potencias rivales como Rusia y China, y “grupos terroristas como Hezbolá y Hamás”, a los que daría “refugio seguro”.
Como respuesta, la orden abre la puerta a la imposición de aranceles a los productos procedentes de cualquier país que suministre “directa o indirectamente” petróleo a Cuba.
La nueva orden ejecutiva supone otro ejemplo del uso de las amenazas arancelarias como una herramienta de política exterior de la que Trump ha hecho gala desde que regresó a la Casa Blanca en enero del año pasado.
Trump planteó en unas recientes declaraciones la posibilidad de un acuerdo entre Washington y La Habana, pero el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rechazó tal posibilidad, acusando a Estados Unidos de falta de autoridad moral.
“Chantaje y extorsión”
El canciller cubano añadió en sus redes sociales que “EE.UU. recurre también al chantaje y la extorsión, para tratar de que otros países se sumen a su universalmente condenada política de bloqueo contra Cuba”.
Terminó denunciando el “brutal” embargo económico de 65 años de EE.UU. contra la isla, el “más prolongado y cruel bloqueo económico jamás aplicado contra toda una nación y al que ahora se promete someter a condiciones de vida extremas”.
Con respecto a esas condiciones “extremas”, el presidente de la agencia estatal cubana Prensa Latina, Jorge Legañoa, escribió con anterioridad que el efecto de los propuestos aranceles de Trump “sería paralizar la generación eléctrica, el transporte, la producción industrial, la producción agrícola, la disponibilidad de los servicios de salud, el abasto de agua,… en resumen, todas las esferas de la vida”.
Legañoa acusó a Estados Unidos de querer “asfixiar” a Cuba y tratar de buscar un “genocidio”.
En realidad, el país ya atraviesa un debilitante “período especial”, con dificultades para garantizar el suministro de alimentos y productos básicos a la población, golpeada a diario por cortes de electricidad de varias horas.
Según un informe publicado en el diario Financial Times, no está muy lejos de empezar a sentir las consecuencias de las nuevas restricciones.
“Cuba solo tiene suficiente petróleo para durar entre 15 y 20 días con los niveles actuales de demanda y producción interna”, escribió el diario en su edición del jueves citando datos de la firma Kpler.
El diario añadió que “su último proveedor restante, México, pareciera cancelar un envío mientras que Estados Unidos bloqueó las entregas desde Venezuela”, refiriéndose a una interrupción temporal de un embarque de petróleo a Cuba hace unos días.
Sin embargo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó ambigüedad al decir que la pausa fue a causa de las fluctuaciones generales del suministro y no de la presión ejercida por EE.UU.
“Es una decisión soberana”, señaló Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria del miércoles. “(La) decisión de México de vender o dar por razones humanitarias a Cuba petróleo, tiene que ver también con una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años, no es reciente”
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
