Defensa de hermanos Farías Laguna acusa a FGR de incumplir orden y entregar carpeta “fragmentada” por caso de huachicol fiscal
La Fiscalía General de la República (FGR) incumplió una instrucción judicial emitida por una jueza federal relativa a la entrega completa de la carpeta de investigación por el caso del huachicol fiscal, que involucra al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y al contralmirante Fernando Farías Laguna, según la defensa legal de los hermanos.
De acuerdo con el despacho Epigmenio Mendieta & Asociados, encargado de la defensa jurídica de los Farías Laguna, la resolución judicial ordenaba la entrega de los 20 tomos que integran la investigación, especificando que debían ser documentos completos y sin testaduras.
Sin embargo, al acudir el martes a la fiscalía para dar cumplimiento a la orden, la defensa reportó una entrega fragmentada, al recibir únicamente cuatro de los seis tomos que estaban pendientes y con documentos testados, además de habérsele negado el acceso a la carpeta original.
El despacho legal destacó que las infracciones procesales por parte de los Agentes del Ministerio Público Federal no se limitan a la entrega incompleta de la carpeta. También han incumplido con la obligación de señalar fecha y hora para que la defensa pueda recabar las entrevistas de cinco analistas de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
Según el despacho, estos analistas habrían referido la existencia de un supuesto video que, hasta la fecha, no ha sido mostrado ni puesto a disposición de la defensa de los hermanos Farías Laguna.
Por este motivo, los abogados del vicealmirante y contralmirante reafirmaron que continuarán ejerciendo las acciones legales correspondientes para asegurar el cabal cumplimiento de lo ordenado por la autoridad judicial y, con ello, garantizar el derecho de sus representados a una defensa adecuada.
Huachicol fiscal: el mayor caso de corrupción dentro de la Marina
El caso de huachicol fiscal adquirió relevancia luego de que se diera a conocer que entre los implicados estaban dos sobrinos políticos del almirante José Rafael Ojeda Durán, titular de la Secretaría de la Marina (Semar) durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Así, el caso exhibió que la corrupción no desapareció con la militarización de puertos y aduanas —uno de los principales argumentos de López Obrador para ceder el control de estas áreas a integrantes de las fuerzas armadas—, y comprometió a mandos de la propia Marina, considerada la corporación con mayor confianza ciudadana.
El caso adquirió tal revuelo que en medio de las celebraciones por el 215 aniversario de la Independencia de México, el primero en la historia del país presidido por una mujer, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, nuevo secretario de la Marina, tuvo que hacer alusión directa a este caso de corrupción dentro de la Semar.
“Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más y absolutamente imperdonable callarlo. Así, el mal tuvo un fin determinante. En la Marina no encontró lugar ni abrigo. Fuimos nosotros mismos quienes dimos el golpe de timón, porque la lucha contra la corrupción y la impunidad son parte central de la transformación”, dijo durante su discurso desde el Zócalo capitalino, por la inauguración del Desfile Cívico Militar.
Vicealmirante acusado por huachicol fiscal pide ayuda de Sheinbaum
El pasado 26 de enero, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, detenido por delitos relacionados con delincuencia organizada y tráfico de hidrocarburos, pidió la ayuda de la presidenta Claudia Sheinbaum para que revise su caso y “no se fabriquen culpables”.
En una carta dirigida a la presidenta, Farías Laguna afirmó que el caso se ha manejado con un “efecto corruptor” y ha sido “politizado”, lo que le ha impedido tener una defensa legal adecuada y justa. Además, acusó a la FGR y a la Marina de tratarlo como culpable desde que fue detenido, sin respetar el debido proceso.
“Le pido de la manera más atenta la revisión de este caso, con la única finalidad de que se haga justicia y no se fabriquen culpables, ya que mantenerme en una celda en medio de un proceso viciado y, en ocasiones hasta perverso, parecería más un ánimo de venganza que de justicia”, escribió.
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Asimismo, Farías Laguna denunció que fue dado de baja de la institución el 18 de diciembre de 2025 de manera “ilegal”, un acto que interpreta como un intento de terminar con su carrera antes de que el proceso legal concluya.
El integrante de la Marina durante 33 años, señaló que desde el 10 de noviembre de 2025, a él y a su defensa se les ha negado de forma sistemática el acceso a la investigación complementaria para buscar comprobar su inocencia.
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Japón enciende un reactor en la planta nuclear más grande del mundo a 15 años de haber cerrado sus 54 reactores luego de que un terremoto y un tsunami provocaran una fusión en Fukushima, que causó uno de los peores desastres nucleares de la historia.
Japón reinició las operaciones en la central nuclear más grande del mundo por primera vez desde que el desastre de Fukushima obligara al país a clausurar todos sus reactores hace 15 años.
La decisión de reactivar el reactor número 6 en Kashiwazaki-Kariwa, al noroeste de Tokio, se tomó a pesar de las preocupaciones de seguridad de los residentes locales.
Su puesta en marcha se retrasó un día debido a un fallo en la alarma y está previsto que comience a operar comercialmente el próximo mes.
Japón, que depende en gran medida de las importaciones de energía, fue uno de los primeros países en adoptar la energía nuclear.
Sin embargo, en 2011 sus 54 reactores tuvieron que cerrarse después de que un terremoto y un tsunami masivos provocaran una fusión en Fukushima, que causó uno de los peores desastres nucleares de la historia.
Esta es la última etapa en la reactivación de la energía nuclear de Japón, que aún tiene un largo camino por recorrer.
Capacidad reducida
No se espera que el séptimo reactor en Kashiwazaki-Kariwa se reactive hasta 2030 y los otros cinco podrían ser desmantelados. Esto deja a la planta con mucha menos capacidad que la que tenía cuando los siete reactores estaban operativos: 8,2 gigavatios.
Desencadenada por el terremoto más potente jamás registrado en Japón, la fusión de los reactores de Fukushima Daiichi, 220 kilómetros al noreste de Tokio, provocó una fuga radiactiva en la costa.
Las comunidades locales fueron evacuadas y muchas no han regresado a pesar de las garantías oficiales de que es seguro hacerlo.
Los críticos afirman que la empresa propietaria de la planta, Tokyo Electric Power Company (Tepco), no estaba preparada y que su respuesta y la del gobierno no estuvieron bien coordinadas.
Un informe gubernamental independiente lo calificó de “desastre provocado por el hombre” y culpó a Tepco, aunque un tribunal posteriormente absolvió de negligencia a tres de sus ejecutivos.
Aun así, el miedo y la falta de confianza alimentaron la oposición pública a la energía nuclear y Japón suspendió sus 54 reactores poco después del desastre.
Durante la última década, el país intentó reactivar estas centrales eléctricas, con el objetivo de alcanzar cero emisiones netas para 2050.
Desde 2015, Japón ha reactivado 15 de sus 33 reactores operativos. La central de Kashiwazaki-Kariwa es la primera de las que posee Tepco en reactivarse.
Antes de 2011, la energía nuclear representaba casi el 30% de la electricidad de Japón y el país planeaba alcanzar el 50% para 2030.
Su plan energético del año pasado reveló un objetivo más moderado: Japón quiere que la energía nuclear cubra el 20% de sus necesidades eléctricas para 2040.
Pero incluso eso puede ser complicado.
“Una gota en el océano”
La energía nuclear está cobrando impulso a nivel mundial.
El Organismo Internacional de Energía Atómica estima que la capacidad mundial de energía nuclear podría duplicarse para 2050.
En Japón, la energía nuclear representaba tan solo 8,5% de la electricidad en 2023.
La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, quien asumió el cargo en octubre, ha enfatizado la importancia de la energía nuclear para la autosuficiencia energética de Japón, especialmente considerando que se prevé un aumento repentino de la demanda de energía debido a los centros de datos y la fabricación de semiconductores.
Los líderes japoneses y sus empresas energéticas llevan mucho tiempo impulsando la energía nuclear.
Afirman que es más fiable que las energías renovables, como la solar y la eólica, y más adecuada para el terreno montañoso de Japón.
Sin embargo, los críticos afirman que el énfasis en la energía nuclear se produce a costa de la inversión en renovables y la reducción de emisiones.
Mientras Japón intenta revitalizar sus ambiciones en materia de energía nuclear, los costos de funcionamiento de los reactores se dispararon, en parte debido a las nuevas comprobaciones de seguridad que exigen cuantiosas inversiones por parte de las empresas que intentan reactivar las centrales.
“La energía nuclear se está volviendo mucho más cara de lo que jamás se hubiera imaginado”, afirma la doctora Florentine Koppenborg, investigadora principal de la Universidad Técnica de Múnich.
El gobierno podría subvencionar los costos o trasladarlos a los consumidores, pero ambas opciones son inaceptables para los líderes japoneses, que durante décadas han elogiado la asequibilidad de la energía nuclear.
Una factura energética elevada también podría perjudicar al gobierno en un momento en que los hogares protestan por el aumento de los costos.
El gobierno “tiene las manos atadas para apoyar financieramente la energía nuclear, a menos que esté dispuesto a ceder en uno de sus principales argumentos de venta”, señala Koppenborg.
“Creo que este resurgimiento es una gota en el océano, porque no cambia el panorama general del declive de la energía nuclear en Japón”.
Los escándalos
Además del temor a otro desastre como el de Fukushima, una serie de escándalos también socavaron la confianza pública.
La central de Kashiwazaki-Kariwa, en particular, se vio envuelta en un par de ellos.
En 2023, uno de sus empleados perdió un fajo de documentos tras colocarlo encima de su auto y olvidar que estaba allí antes de arrancar.
En noviembre, se descubrió que otro empleado había manipulado de forma inadecuada documentos confidenciales.
Un portavoz de Tepco dijo que la compañía informó de los incidentes a la Autoridad de Regulación Nuclear (NRA, por sus siglas en inglés) y añadió que su objetivo era mejorar la gestión de seguridad.
Estas revelaciones son una “buena señal” para la transparencia, apunta Koppenborg. Pero también indican que Tepco “está teniendo dificultades para cambiar sus métodos y su enfoque de seguridad”.
A principios de este mes, la NRA suspendió su revisión para reiniciar los reactores nucleares en la planta de Hamaoka de Chubu Electric, en el centro de Japón, tras descubrirse que la compañía había manipulado datos sísmicos en sus pruebas.
La compañía se disculpó y declaró: “Seguiremos respondiendo con sinceridad y en la mayor medida posible a las instrucciones y directrices de la NRA”.
Hisanori Nei, un antiguo alto funcionario de seguridad nuclear, declaró a la BBC que si bien estaba “sorprendido” por el escándalo en Hamaoka, creía que la severa sanción impuesta a su operador debería disuadir a otras empresas de hacer lo mismo.
“Las compañías eléctricas deberían reconocer la importancia de no falsificar datos”, dijo. Añadió que las autoridades “rechazarán y castigarán” a las empresas infractoras.
Miedo y desconfianza
Lo ocurrido en Fukushima hizo que la opinión pública japonesa se opusiera a lo que se había proclamado como una forma de energía asequible y sostenible.
Miles de residentes presentaron demandas colectivas contra Tepco y el gobierno japonés, para exigir indemnizaciones por daños materiales, angustia emocional y problemas de salud supuestamente relacionados con la exposición a la radiación.
En las semanas posteriores al desastre de marzo de 2011, el 44% de los japoneses consideraba que se debía reducir el uso de la energía nuclear, según una encuesta del instituto de estudios Pew.
Esa cifra aumentó al 70% en 2012. Pero luego, las encuestas realizadas por la publicación empresarial japonesa Nikkei en 2022 mostraron que más del 50% de la gente apoyaba la energía nuclear si se garantizaba la seguridad.
Aún persiste el miedo y la desconfianza. En 2023, el vertido de agua radiactiva tratada de la central nuclear de Fukushima Daiichi generó ansiedad e ira tanto en el país como en el extranjero.
Y muchos siguen oponiéndose a la reactivación de las centrales nucleares.
En diciembre, cientos de manifestantes se congregaron frente a la asamblea de la prefectura de Niigata, donde se encuentra Kashiwazaki-Kariwa, expresando su preocupación por la seguridad.
“Si algo ocurriera en la central, seríamos nosotros quienes sufriríamos las consecuencias”, declaró un manifestante a la agencia de noticias Reuters.
La semana pasada, antes de la reactivación de Kashiwazaki-Kariwa, una pequeña multitud se congregó frente a la sede de Tepco para protestar de nuevo.
Las normas de seguridad nuclear se reforzaron tras el desastre de Fukushima.
La NRA, un órgano ministerial establecido en 2012, supervisa ahora la reactivación de las centrales nucleares del país.
En Kashiwazaki-Kariwa se han construido muros de contención de 15 metros de alto para protegerse de grandes tsunamis y se instalaron puertas estancas para resguardar los equipos críticos de la instalación.
“Con base en las nuevas normas de seguridad, [las centrales nucleares japonesas] podrían sobrevivir incluso a un terremoto y tsunami similares al que tuvimos en 2011”, defiende Nei, exalto funcionario de seguridad nuclear.
Sin embargo, Koppenborg sigue preocupada por la situación: “Se están preparando para lo peor que han visto en el pasado, pero no para lo que está por venir”.
A algunos expertos les inquieta que estas políticas no ofrezcan suficiente planificación frente al aumento del nivel del mar debido al cambio climático, o del megaterremoto, único en un siglo, que Japón ha estado anticipando.
“Si el pasado se repite, Japón está muy bien preparado”, admite Koppenborg.
“Pero si ocurre algo realmente inesperado y se produce un tsunami más grande de lo esperado, no lo sabemos”.
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