“En Tamaulipas somos rehenes de las bandas delincuenciales y de la extorsión. El cobro de piso se ha convertido en el deporte nacional”.
El pasado lunes 29 de julio, Julio César Almanza, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco) en Tamaulipas y prosecretario de la Concanaco-Servytur, alzó la voz en una entrevista en Milenio Televisión en la que denunció que hasta 191 tiendas Oxxo y 7 gasolineras de esta empresa tuvieron que cerrar en Nuevo Laredo, entre Tamaulipas y Estados Unidos, por el acoso de los grupos del crimen organizado que exigen el cobro de ‘cuota’ para operar.
Tan solo horas después de esa entrevista, el martes 30 de julio, Julio César fue asesinado. Le dieron 10 balazos.
De acuerdo con los primeros reportes, el líder empresarial de 56 años estaba llegando a eso de las 2 de la tarde a las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio en la ciudad tamaulipeca de Matamoros, en la colonia Buena Vista, cuando un sujeto se le acercó y le vació el cargador de la pistola acertándole tres veces en la cabeza y el cuello. Su cuerpo quedó tendido al interior de una Grand Cherokee blanca.
“Julio no merecería morir así”, lamenta Gerardo Acevedo, asesor de asuntos internacionales de la Federación de Cámaras de Comercio de Tamaulipas, amigo personal de Julio César Almanza desde la adolescencia, y también víctima directa de la violencia en Tamaulipas, pues perdió a un hermano “que fue levantado, torturado, asesinado, y que nunca apareció”, y a su sobrino Ernesto Guajardo Guerrero, “que salió un día a jugar futbol y nunca más regresó”.
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En la entrevista con Animal Político, Acevedo expone que no era la primera vez que Julio César Almanza alzaba la voz en medios de comunicación para denunciar la situación de violencia en la entidad y la consecuente pérdida de inversiones por el miedo al crimen organizado en una entidad que, si bien las estadísticas oficiales no reflejan que se trata de uno de los estados más violentos de México, lleva años siendo una enorme ‘zona de silencio’ que grupos como el Cártel del Noreste y el Cártel del Golfo se disputan a balazos.
“Julio no solo denunció el tema de los Oxxos, sino que también denunció corrupción en las aduanas y eso le generó muchos enemigos y amenazas”, expone Acevedo.
De acuerdo con datos oficiales del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, en Tamaulipas se abrieron 111 carpetas de investigación por el delito de extorsión (para junio de este año apenas sumaban 37), arrojando una tasa de 3.2 denuncias por cada 100 mil habitantes. Una cifra muy lejana, por ejemplo, a la registrada en el estado vecino, en Veracruz, donde en ese mismo año se realizaron 881 denuncias por extorsión, con una tasa de 11 por cada 100 mil habitantes.
Aunque más llamativas son las cifras oficiales referentes a Nuevo Laredo, el municipio fronterizo donde Julio César Almanza denunció el cierre masivo de tiendas Oxxo por el ‘cobro de piso’ del crimen organizado: tan solo 3 denuncias en 2023.
Cuando se le cuestiona a Gerardo Acevedo por estos datos, el empresario exhala una risa cansada, de resignación.
“Pues te voy a responder como se dice en Palacio Nacional: yo tengo otros datos”, dice tirando de ironía.
“La extorsión en Tamaulipas, como lo denunció el propio Julio César horas antes de que lo asesinaran, se ha vuelto un deporte nacional. En Tamaulipas, todos, absolutamente todos, desde los taqueros, los comerciantes, los profesionistas, los abogados, los médicos, etcétera, etcétera, todos tienen que pagar el derecho de piso. Es algo que ya se ha salido de control”, denuncia.
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Otro ejemplo, expone Acevedo es que en el área de Valle Hermoso, cerca de la ciudad de Matamoros, una de las más importantes y pobladas de la entidad, los agricultores también “están sufriendo mucho” por el cobro de cuota del crimen organizado.
“Ya se ha llegado al colmo de que hasta una persona particular que tenga algo plantado tiene también que pagar cuota al crimen dependiendo de los árboles que tenga en su casa. Insisto, esto ya se ha salido de control”.
Regresando al tema de ‘la crisis de los Oxxo’ en Nuevo Laredo, en la entrevista televisiva antes de ser asesinado a tiros, Julio César Almanza había referido que el cierre masivo sucedió desde el pasado 25 de julio, lo cual ya había generado pérdidas a la empresa por más de 50 millones de pesos.
El cierre se debió, al parecer, porque uno de los cárteles que opera en la zona había llegado ya a exigir hasta la base de datos de los empleados, incluyendo copias de la credencial de elector de cada trabajador. Algo a lo que la empresa se negó y por ello decidió cerrar. Sobre esto, Animal Político buscó buscó a Femsa, la compañía de los Oxxo, para preguntarle sobre esta presunta exigencia de la base de datos de empleados, pero no dio información al respecto.
Ahora, apunta Gerardo Acevedo, otras grandes compañías también están planteándose hacer lo mismo.
“Hay un clima de mucho miedo entre los inversionistas. La gente empieza a pensar ‘no, pues no me conviene invertir en México, porque voy a estar en manos del crimen organizado, tal y como también denunció Julio poco antes de ser asesinado”, plantea el líder empresarial, que al igual que hizo Julio César Almanza exige una intervención contundente del Gobierno mexicano.
“Todas las familias tamaulipecas, todas –subraya–, estamos tocadas por el crimen organizado. Y esto nos lleva a preguntarnos por qué sucede esto en nuestro país, y ya cruzando aquí el río y la frontera ya no pasa. Y la respuesta es porque aquí en México hay impunidad y corrupción. Porque una situación como la que vivimos, donde somos presas del crimen organizado, no puede darse sin la complacencia de quien tiene la obligación de protegernos, que es el Gobierno”.
“Y sí –agrega–, el presidente López Obrador dijo en la mañanera que le duele mucho el asesinato de Julio, pero ya no queremos más pronunciamientos, ni promesas de que se llegará hasta el fondo del asunto. Lo que queremos ver son acciones concretas y reales, para que la ciudadanía en general y el sector empresarial se sientan protegidos. Mientras no se logre eso, las inversiones no van a llegar”.
Acto seguido, se le cuestiona al líder empresarial tamaulipeco si la presencia de la policía, el Ejército y la Guardia Nacional, no inhibe al crimen organizado, o si dicha presencia no genera tranquilidad en la ciudadanía. A lo que Acevedo vuelve a responder exhalando un suspiro.
“En Matamoros, por ejemplo, la policía no existe”, dice contundente. “Y la presencia de la Guardia Nacional y del Ejército en Tamaulipas solo es simbólica, porque a la hora de los fregadazos nada más los ven pasar, y ya solo llegan a ‘resguardar’ los cuerpos. En el caso de Julio así fue: llegaron a resguardar las instalaciones de la cámara de comercio, pero ya estando Julio fallecido”.
Asimismo, hay que tener en cuenta otro dato importante, y es que el despliegue de la Guardia Nacional no está dando más prioridad a los estados más violentos, tal y como publica Animal Político este jueves 1 de agosto en una nota, en la que se da cuenta que hay más elementos en Ciudad de México, por ejemplo, que en el propio Tamaulipas, o en otras entidades como Colima, Michoacán, Zacatecas, o Sinaloa.
Por otra parte, además de lamentar el asesinato de su amigo, a quien define en lo personal como “un hombre carismático, positivo, amable y siempre con una sonrisa”, Acevedo teme que el mensaje que lanza el homicidio pueda calar, aún más, en el ambiente de terror que se vive en la entidad y sobre todo en el ánimo de los empresarios, pues, por ejemplo, dice que en Matamoros “el único organismo civil que alzaba la voz para señalar todo este tipo de problemas era la Canaco-Matamoros y Julio Almanza”.
“Claro que hay miedo –admite–, porque todos estamos sujetos a que, en cualquier lugar y a cualquier hora del día, podamos ser acribillados a balazos por alzar la voz”.
“¿Y qué se puede hacer entonces?, se le cuestiona.
Acevedo guarda silencio por unos segundos, en los que reflexiona.
“Mira, por miedo siempre se ha dicho: ‘no, mejor no denuncies, porque te puede tocar a ti ser el siguiente’”, plantea.
“Pero el mensaje y el legado que Julio nos deja es que no podemos ser cobardes. Tenemos que seguir denunciando, porque es la única forma de que el Gobierno se dé cuenta de que está obligado a darnos seguridad”, concluye el líder empresarial tamaulipeco.
Mientras las manifestaciones contra medidas migratorias de Donald Trump crecen, en Paramount, donde el 36% de los vecinos nació en otro país, reivindican el rol de estos en la comunidad.
“¿Van para la guerra, con todas esas armas?”, interpela un hombre a los miembros de la Guardia Nacional que lo observan impasibles, fusiles en mano, desde el otro lado de la verja.
Estamos en Paramount, una localidad del sur de los Ángeles en la que el sábado se registraron enfrentamientos entre agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y un grupo de manifestantes que habían llegado tras correrse la voz de que se estaban llevando a cabo redadas de deportación en la zona.
Disturbios como aquel llevaron al presidente Donald Trump a intervenir, tras dos días de protestas aisladas por las operaciones migratorias, ordenando el envío de 2.000 uniformados como los que tenemos enfrente para ayudar a “restaurar la ley y el orden” en la metrópolis californiana.
“Es una maniobra que solo escalará la tensión”, advirtió el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, adelantándose a lo que un día después se registraría en el centro de Los Ángeles, con cientos de manifestantes bloqueando accesos, agentes tratando de dispersarlos con gas lacrimógeno y granadas aturdidoras, y quema de vehículos.
“Ustedes están haciendo su trabajo, pero nosotros no somos el enemigo”, grita el hombre apostado en la valla ante los soldados a horas de que se den esas escenas de caos.
Puede que su voz destaque entre la decena de personas que se ha congregado este domingo para hacerle saber a la Guardia Nacional que su presencia no es bienvenida.
Pero su sentir es ampliamente compartido en este municipio de unos 51.000 habitantes en los que uno de cada ocho es de origen latino y el 36% nació en otro país, según datos del censo.
“Aquí solo hay gente trabajadora, porque este barrio lo levantaron los inmigrantes”, reivindica, mientras otro vecino ondea la bandera mexicana, dos jóvenes alzan unas pancartas en repudio a ICE y varios coches tocan la bocina al pasar.
Como cada fin de semana, tres de esos inmigrantes que contribuyeron a que Paramount sea el municipio que es se reúnen al otro lado de la calle para charlar de las novedades familiares y de la actualidad.
Apostados en sus vehículos de trabajo, la conversación de Juan, Rogelio y Héctor se centra este domingo en cómo en ese mismo lugar, en el parqueo de la tienda Home Depot, fue donde la víspera se encendieron las tensiones entre manifestantes y agentes federales.
“Se ve que se habían surgido informaciones de que estaban haciendo redadas justo aquí”, explica Juan, mexicano de 63 años que llegó desde Jalisco a Estados Unidos cuando tenía 17.
“Y eso trajo a gente que, en la confusión, terminó armando disturbios”, explica.
En un mensaje enviado a la BBC, el Departamento de Seguridad Nacional negó que ICE hubiera realizado operaciones en la zona el sábado.
Aunque informó que en las llevadas a cabo en Los Ángeles en la última semana detuvieron a 118 indocumentados, el golpe migratorio más duro contra esta ciudad considerada “santuario” desde que Trump llegara al poder con la promesa de llevar a cabo “la mayor deportación de la historia del país”.
Sea como fuere, los tres amigos dicen estar tranquilos — “no tenemos ningún problema, tenemos todos los papeles en regla”–, aunque reconocen que son muchos los vecinos indocumentados que viven el contexto con miedo.
“Es por eso que hoy no ves a nadie aquí”, sigue Juan, quien aun así prefirió no dar su apellido. “Generalmente, aunque más entre semana, puedes ver aquí 20 o 30 camionetas de jornaleros a la espera de que los contraten”, explica.
Uno de los pocos que este domingo llegó a ofrecerse para trabajar es Pedro, quien pidió ser identificado con seudónimo.
“Techos, reparación, pintura”, se lee en el cartel que ha pegado en el parabrisas de su vieja pick-up azul, aparcada discretamente en una esquina.
“La vida aquí es muy cara y mi pensión no alcanza”, dice este salvadoreño que lleva cinco décadas en EE.UU. y que con sus 70 años bien cumplidos está en edad de jubilarse.
“Por eso tengo que venir a rebuscarme cada día”, cuenta.
Lo hace con la tranquilidad que le da el haber regularizado su situación migratoria en el año 2000, pero sin poder evitar la angustia que le genera ver a sus vecinos sufrir.
“Esto no va a acabar aquí. Las redadas van a seguir. Se está volviendo invivible con este presidente”, dice, y añade que está valorando volverse a El Salvador.
Algunos de los vecinos buscaron consuelo y acompañamiento ante la adversidad en la iglesia cristiana a la que acuden cada domingo, Chapel of Change, situado a apenas unos metros del Home Depot y del escenario de los enfrentamientos.
Unas 200 personas, la mayoría familias de origen hispano, escuchan con atención el sermón en el que los llaman a abrazarse a la fe.
“Aquí buscamos unidad y rezamos por todos”, le dice a BBC Mundo Irene Ramírez, una de las pastoras de la iglesia, que describe a la comunidad como “vibrante, unida y orientada a la familia”.
El pastor principal de la iglesia, Bryan Worth, lo suscribe.
“Con los años Paramount se ha vuelto un municipio muy vibrante”, le explica a la BBC.
“En los 80 Paramount solía ser una de las peores ciudades pequeñas de la nación, pero los líderes cívicos, del sector educativo y los que estamos al frente de las iglesias se aliaron para transformar la comunidad, para que estuviera más unida, fuera más pacífica en general”, subraya.
“Nunca pensé que las escenas que echaban en la tele íbamos a tenerlas aquí”, se lamenta Dora Sanchez, quien ayuda en las labores de la iglesia.
“Todo es muy impactante”, añade, sin imaginarse lo que aún estaba por llegar.
A medida que las horas avanzan, la tensión este domingo sigue escalando, las escenas volviéndose más caóticas en las calles del centro de Los Ángeles y la fricción entre el gobierno federal y el estatal profundizándose.
Ante el llamado de Newsom para que retire a la Guardia Nacional de las calles y las duras críticas de gobernadores demócratas que subrayan que la medida es “un alarmante abuso de poder”, Trump se mantiene firme en su postura.
“Turbas violentas e insurrectas acosan y atacan a nuestros agentes federales para intentar detener nuestras operaciones de deportación. Pero estos disturbios ilegales solo refuerzan nuestra determinación”, la explicó en su red social TruthSocial.
“Se restablecerá el orden, los inmigrantes indocumentados serán expulsados y Los Ángeles será libre”.
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