EU acusará por narcoterrorismo a líderes de los Beltrán Leyva y el Cártel de Sinaloa, entre ellos “El Chapito” y “El Mayito Flaco”
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) adelantó que estaban “pendientes” acusaciones federales por narcotráfico contra todos los presuntos líderes de la facción Beltrán Leyva, así como algunos dirigentes del Cártel de Sinaloa.
Los acusados serían:
1. Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”, número de caso: 19-CR-1272, en el Distrito Sur de California, y, 12-116BAH, en el Distrito de Columbia. Él es presunto líder de “Los Mazatlecos”.
2. Oscar Manuel Gastelum Iribe, alias “El Músico”, número de caso 19-CR-3736, en el Distrito Sur de California; 09-CR-00672, en el Distrito Norte de Illinois; y, 15-CR-00195, en el Distrito de Columbia. Colíder de Los Beltrán Leyva.
3. Pedro Inzunza Noriega, alias “Sagitario”, caso número 25cr1505, en el Distrito Sur de California. Colíder de Los Beltrán Leyva.
4. Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias “El Chapito”, número de caso 14-cr-00658, en el Distrito Sur de California, y, 09-CR-383, en el Distrito Norte de Illinois. Hijo de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo” y líder de la facción de “Los Chapitos”, del Cártel de Sinaloa.
5. Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, caso número: 14-cr-00658, en el Distrito Sur de California. Líder de “Los Mayos”, una fracción del Cártel de Sinaloa ligada al capo sinaloense Ismael Mario Zambada García, alias “El Mayo”.
6. José Gil Caro Quintero, alias “El Pelo Chino”, caso número 22-cr-00036, en el Distrito de Columbia, en Washington D.C. Supuesto líder del Cártel de Caborca, en Sonora, además de sobrino del capo sinaloense Rafael Caro Quintero, alias “El Príncipe”.
Esta información fue a dada a conocer en un comunicado de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de California -que incluye a los condados de San Diego e Imperial-, del Departamento de Justicia, que realizó la primera acusación formal por “narcoterrorismo y apoyo material al terrorismo en relación con el tráfico de cantidades masivas de fentanilo, cocaína, metanfetamina y heroína a los Estados Unidos”, contra Pedro Inzunza Noriega, alias “Sagitario”, “120” y/o “El De La Silla”, exlíder del Cártel de los Beltrán Leyva, de 62 años de edad, y, su hijo, Pedro Izunza Coronel, alias “Pichón” y/o “Pájaro”, de 33 años, ambos originarios de Los Mochis, Sinaloa.
Este último sería uno de los dirigentes actuales de dicha organización delictiva sinaloense, junto a Óscar Manuel Gastélum Iribe, alias “El Músico”, y Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, ex operador de confianza de Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas” y también presunto líder de “Los Mazatlecos”.
“Pedro Inzunza Noriega y su hijo, Pedro Inzunza Coronel, están acusados de narcotráfico, narcotráfico y lavado de dinero como líderes clave de la Organización Beltrán Leyva (OBL), una facción poderosa y violenta del Cártel de Sinaloa, considerada la red de producción de fentanilo más grande del mundo”, indicó el Departamento de Justicia en el comunicado.
Además, dentro de la acusación de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de California, estarían “demandados”, por el número de caso 25cr1505: David Alejandro Heredia Velázquez, alias “Tano” o “Mr. Jordan”, originario de Culiacán de Rosales, así como Óscar René González Menéndez, alias “Rubio”, de Guatemala; Elías Alberto Quirós Benavides, de Costa Rica; Daniel Eduardo Bojórquez, alias Chopper”, de Sonora; y; Javier Alonso Vázquez Sánchez, alias “Tito” o “Drilo”, de Los Mochis.
Adam Gordon, titular de la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Federal Sur de California, detalló que “se les describe como líderes de una de las redes de producción de fentanilo más grandes y sofisticadas del mundo en nombre de la facción Beltrán Leyva del Cártel de Sinaloa”
“Desde sus inicios, la organización de los Beltrán Leyva ha sido considerada una de las organizaciones de narcotráfico más violentas de México, participando en tiroteos, asesinatos, secuestros, torturas y la recolección de muertes por drogas para mantener su operación”, agregó el funcionario federal estadounidense.
El gobierno estadounidense explicó que la facción de los Beltrán Leyva controla numerosos territorios y plazas en todo México, incluyendo Tijuana, Baja California. Además, señaló que opera con “violenta impunidad, traficando drogas letales, amenazando a comunidades y atacando a funcionarios clave, todo mientras obtiene millones de dólares de sus actividades delictivas”.
Acusaciones contra líderes del crimen organizado son por órdenes ejecutivas de Trump
El Gobierno de EU detalló que las acusaciones son consecuencia de la Orden Ejecutiva 14157 del presidente Donald Trump. En ella designó al Cártel de Sinaloa como una organización terrorista extranjera, misma que confirmó el secretario de Estado el 20 de febrero de 2025.
“El Cártel de Sinaloa es una organización terrorista compleja y peligrosa, y desmantelarlo exige una respuesta legal innovadora y contundente. Se acabaron sus días de brutalizar al pueblo estadounidense sin consecuencias; buscaremos cadena perpetua para estos terroristas”, declaró Pamela Bondi, fiscal general de EU, citada en el comunicado.
El fiscal Federal Gordon señaló que aseguró que “los narcoterroristas operan como un cáncer”, al propagar violencia, corrupción y miedo.
“Si no se controlan, su crecimiento conduciría a la destrucción del orden público. Esta acusación formal refleja la justicia cuando el Departamento de Justicia, junto con sus aliados en las fuerzas del orden, ejerce toda su influencia contra el Cártel de Sinaloa”, dijo.
“La OBL, bajo el liderazgo de Inzunza Noriega, es presuntamente responsable de algunas de las mayores incautaciones de drogas de fentanilo y cocaína con destino a Estados Unidos de la historia”, declaró Houtan Moshrefi, agente especial interino del FBI en San Diego.
“Sus drogas no solo destruyen vidas y comunidades, sino que también amenazan nuestra seguridad nacional. Las acciones policiales contra los Noriega reafirman nuestro compromiso de desmantelar y desmantelar este peligroso grupo narcoterrorista y combatir el narcotráfico”, abundó Moshrefi.
El Departamento de Justicia de EU recordó que el distrito sur de California ha atacado liderazgos y operaciones de cárteles mexicanos como el desmantelamiento del Cártel Arellano Félix o los ataques contra el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación y, ahora, la Organización Beltrán Leyva.
“Esta es la primera acusación formal de la recién formada Unidad de Narcoterrorismo, establecida tras la juramentación del Fiscal Federal Gordon el 11 de abril de 2025”, se lee en el comunicado.
Estos son los posibles cargos y multas que podrían recibir los líderes de los Beltrán Leyva y el Cártel de Sinaloa
Título 21, USC, Secs. 960a y 841. Narcoterrorismo. Pena máxima: cadena perpetua, mínimo obligatorio de 20 años de prisión y multa de 20 millones de dólares.
Título 18, USC Sec. 2339B. Brindar apoyo material al terrorismo. Pena máxima: veinte años de prisión y multa de 250 mil dólares.
Título 21, USC, Sec. 848(a). Empresa criminal continua. Pena máxima: cadena perpetua, mínimo obligatorio de 20 años y multa de 10 millones de dólares.
Título 21, USC, Secs. 952, 959, 960 y 963. Conspiración internacional para distribuir sustancias controladas. Pena máxima: cadena perpetua, mínimo obligatorio de 10 años y multa de 10 millones de dólares.
Título 21, USC, Secs. 841(a)(1) y 846. Conspiración para distribuir sustancias controladas. Pena máxima: cadena perpetua, mínimo obligatorio de 10 años de prisión y multa de 10 millones de dólares.
Título 21, USC, Secs. 952, 960 y 963. Conspiración para importar sustancias controladas. Pena máxima: cadena perpetua, mínimo obligatorio de 10 años y multa de 10 millones de dólares
Título 18, USC, Sección 1956(h). Conspiración para el lavado de dinero. Pena máxima: Veinte años de prisión y multa por el valor mayor de 500 mil dólares o el doble del valor del instrumento monetario o los fondos involucrados.
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Esa promesa, según sugirieron las encuestas de opinión, resultó muy popular entre la población estadounidense, incluidos muchos inmigrantes legales que sentían que demasiadas personas estaban entrando al país por el “camino equivocado”.
Desde que el presidente asumió el cargo, ha ampliado el alcance de su misión, apuntando no sólo a los criminales, sino también a los trabajadores migrantes, ciertos activistas estudiantiles e incluso a turistas con problemas de visa.
Durante casi cinco meses, las detenciones y deportaciones encontraron poca resistencia. Pero ahora , en algunas partes de Los Ángeles han estallado protestas después de que los funcionarios de inmigración intensificaran sus redadas en los lugares de trabajo.
Pero ¿quiénes son los migrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)? Y ¿a quién más tienen en el punto de mira?
Criminales y arrestos “colaterales”
Desde que asumió el cargo, el presidente Trump ha destacado la caída en picada de los números de cruces fronterizos y los arrestos récord que se han registrado bajo su administración.
Aproximadamente 51 mil migrantes indocumentados permanecían detenidos por ICE a principios de junio, la cifra más alta registrada desde septiembre de 2019.
Si bien no hay cifras precisas y actualizadas que estén disponibles públicamente sobre el número total de arrestos llevados a cabo por los servicios de inmigración desde el 20 de enero, algunos funcionarios de la Casa Blanca han dicho que esperan que ICE pueda aumentar la cifra de arrestos por día de los aproximados 660 que se registraron durante los primeros 100 días de la presidencia de Trump hasta los 3 mil arrestos diarios.
Inicialmente, los funcionarios estadounidenses insistieron en que las operaciones estaban “dirigidas” a criminales y potenciales amenazas a la seguridad pública.
Pero un número significativo de migrantes indocumentados detenidos por la administración Trump no tienen antecedentes, según un rastreador de datos.
El Transactional Records Access Clearinghouse, un proyecto de la Universidad de Syracuse que compila cifras de inmigración, estima que de las 51 mil 302 personas que se encontraban en centros de detención de ICE para el 1 de junio, aproximadamente el 44 % no tenía antecedentes penales, más allá de haber ingresado a Estados Unidos sin permiso.
Los disturbios en Los Ángeles fueron provocados por una serie de arrestos de migrantes que dejaron un total de 118 personas detenidas, entre las que, según el Departamento de Seguridad Nacional, había cinco miembros de pandillas.
ICE dice que los arrestados en Los Ángeles son “lo peor de lo peor”. La agencia identificó a un puñado de personas con antecedentes penales, incluidos tráfico de drogas, agresión, crueldad infantil, violencia doméstica, robo y tráfico de inmigrantes.
Sin embargo, no está claro cuántos del total de arrestos tienen antecedentes penales.
Los padres de un migrante indocumentado de 23 años, miembro de la comunidad indígena zapoteca de México, le dijeron al diario The Washington Post que su hijo, quien según ellos no tenía antecedentes penales, fue detenido afuera de una tienda de ropa.
La BBC no puede confirmar de forma independiente los detalles de este caso.
El zar fronterizo Tom Homan dijo que estos arrestos eran un “daño colateral”, argumentando que los agentes no pueden justificar legalmente el encuentro con inmigrantes indocumentados y no detenerlos.
Visitantes y residentes
Se han dado varios casos de turistas arrestados y retenidos en centros de detención.
En abril, por ejemplo, una turista galesa de 28 años fue retenida durante 19 días en un centro de procesamiento de ICE en el estado de Washington después de que se le negara la entrada a Canadá por lo que luego resultó ser una “confusión de visa”.
En otro incidente más reciente en junio, Khaby Lame, ciudadano italiano de 25 años (la estrella de TikTok más popular del mundo con 162 millones de seguidores), fue detenido en el aeropuerto de Las Vegas por “violaciones migratorias”.
ICE alegó que Lame excedió el plazo de su visa después de haber ingresado al país el 30 de abril. Las autoridades dijeron más tarde que se le concedió la “salida voluntaria” y abandonó el país.
Además, en marzo, la actriz canadiense Jasmine Mooney estuvo detenida durante dos semanas tras ser arrestada en el cruce fronterizo de San Ysidro, desde donde intentaba ingresar a Estados Unidos.
Más tarde describió las condiciones de su detención como “inhumanas” y contó que la mantenían en una celda de cemento sin mantas y con baños limitados. Posteriormente fue puesta en libertad sin ser acusada de ningún delito.
Su caso llamó la atención del primer ministro de la Columbia Británica, David Eby, quien dijo que el incidente aumentó aún más la ansiedad de los canadienses sobre viajar a EU.
“Nuestra relación es tan tensa en estos momentos que este caso nos hace preguntarnos: ¿qué pasa con nuestros familiares que trabajan en Estados Unidos?” dijo en una declaración a la cadena CBC.
Otros, como Fabian Schmidt, un ciudadano alemán de 34 años, fueron detenidos en los aeropuertos.
Schmidt, quien vive en Estados Unidos desde 2007, fue detenido cuando se dirigía a ese país desde Luxemburgo.
En una entrevista con WGBH, un medio de noticias de New Hampshire, Schmidt dijo que lo interrogaron sobre un cargo menor de drogas que luego fue desestimado y un cargo posterior que se impone a personas que conducen bajo la influencia del alcohol o de sustancias psicoactivas y que resultó en una multa.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha evitado en gran medida hacer comentarios sobre casos específicos, pero ha insistido repetidamente en que está operando legalmente.
‘Enemigos extranjeros’
Algunas de las imágenes más impactantes de la política migratoria de la administración Trump provienen de El Salvador.
Más de 250 personas a las que el gobierno de EU acusa de ser miembros de la banda Tren de Aragua fueron trasladadas a una megacárcel salvadoreña, el Cecot.
Sin embargo, los familiares de algunos de esos hombres han cuestionado cualquier vínculo con las pandillas y algunos argumentan que fueron arrestados como resultado de tatuajes inocentes.
“Es realmente desalentador”, le dijo a la BBC Adelys Ferro, directora ejecutiva del Caucus Venezolano-Estadounidense. “Todas estas decisiones son inhumanas, crueles y también ilegales”.
El caso más destacado es el de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño de 29 años residente en Maryland que fue deportado a El Salvado en marzo.
Varios jueces, incluidos los de la Corte Suprema, han dictaminado que Ábrego García fue deportado por error y que el gobierno debe “facilitar” su regreso a al país y a su familia.
El 6 de junio, fue devuelto a Estados Unidos para enfrentar cargos penales federales después de haber sido acusado formalmente de transportar ilegalmente a inmigrantes indocumentados mientras aún se encontraban en EE.UU..
Estudiantes
Los extranjeros que participan en protestas políticas también se encuentran en en el punto de mira de la administración Trump, a pesar de que algunos tienen residencia permanente o visas de estudiante válidas.
Anthony Enriquez, abogado en la organización Robert F Kennedy Human Rights, le dijo a la BBC que había “cada vez más” titulares de permisos de residencia detenidos desde que Trump regresó a la presidencia.
“Las autoridades de inmigración se sienten facultadas para realizar detenciones que legalmente no les están permitidas”, afirmó.
A más de mil 600 estudiantes internacionales se les han revocado las visas por diferentes motivos, según Nafsa, una organización que se centra en la educación internacional.
Muchos de los arrestos se producen en el marco de la ofensiva de la Casa Blanca contra lo que percibe como “antisemitismo” en los campus estadounidenses, incluida la detención de Mahmoud Khalil, una figura prominente durante las protestas contra la guerra de Gaza en la Universidad de Columbia el año pasado.
Khalil, de 30 años, tiene un permiso de residencia y ha estado luchando para detener su deportación en los tribunales.
Rumeysa Ozturk, estudiante de la Universidad Tufts, también pasó seis semanas bajo custodia antes de ser liberada.
La universidad dijo más tarde que le habían dicho que a Ozturk, quien había participado en protestas propalestinas, le habían revocado la visa de estudiante. Ella continúa luchando contra su deportación en los tribunales.
Aunque estos casos han sido objeto de fuertes críticas, ICE ha justificado algunos de los arrestos diciendo que los estudiantes participaron en actividades “alineadas” con el grupo palestino Hamás.
“Una visa es un privilegio, no un derecho”, dijo la portavoz de Seguridad Nacional de EU, Tricia McLaughlin, en una publicación en X.
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