Ejército monitorea redes sociales para identificar críticos de militares y del Gobierno; crea bots para influenciar web
El Ejército mexicano, a través del Centro de Operaciones del Ciberespacio (COC), monitorea las redes sociales para identificar a personas que critican las acciones de los militares y del Gobierno federal. Para hacerlo, cuentan con la ayuda de un software de origen israelí llamado HIWIRE, de acuerdo con documentos obtenidos por el Colectivo Guacamaya, que reveló una investigación de Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
“El COC ha utilizado sus capacidades tecnológicas para monitorear a personas usuarias de redes sociales que realizan publicaciones críticas de las acciones del ejército y del gobierno federal”, de acuerdo con R3D.
Este caso se suma al espionaje ilegal realizado por el Ejército con el software Pegasus contra periodistas y defensores de derechos humanos con el cual intervenía sus celulares durante los sexenios de tres presidentes: Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y ahora Andrés Manuel López Obrador.
Lee: El Ejército espió con Pegasus a defensor de DH; el secretario Sandoval lo avaló en este sexenio
¿Qué es el Centro de Operaciones del Ciberespacio de la Sedena?
El monitoreo de redes sociales para identificar críticos del Ejército se ha realizado desde el Centro de Operaciones del Ciberespacio a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Este Centro se localiza en uno de los sitios emblemáticos de la Sedena: el Campo Militar 1A en Naucalpan, Estado de México, aunque cercano a la CDMX. La Sedena invierte en este tipo de infraestructura desde 2016, precisa R3D.
El COC depende de la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional.
Además, sus instalaciones están junto a otra área de la Sedena: el Centro Militar de Inteligencia, “una unidad secreta que ha operado el spyware Pegasus”.
Entre su personal, el COC cuenta con alrededor de 178 efectivos para realizar lo que la Sedena llama “operaciones militares en el ciberespacio”.
Se divide en siete áreas: “Respuesta a Incidentes”, “Seguridad de la Información”, “Monitoreo”, “Operaciones” y “Doctrina y Desarrollo” y “Administrativa”.
Las “operaciones militares”, de acuerdo con los documentos, van más allá de la protección de ataques informáticos.
También realiza tareas de “ciberinteligencia” y ataques informáticos que la Sedena llama “defensa reactiva”.
¿Cómo monitorea el Ejército las redes sociales en México?
No sólo es Pegasus, la Sedena adquirió otro software de origen israelí llamado HIWIRE que el COC usa como herramienta para monitorear redes sociales e identificar a sus críticos.
“HIWIRE es un poderoso software desarrollado por la empresa israelí WebintPro, cuya licencia fue vendida a la SEDENA a través del Contrato DN-10 SAIT-186/P/2020 No. SIA: 4500035850 de 31 julio de 2020 con el objeto “Adquisición de una Plataforma de Análisis de Información de Ciberamenazas” con la empresa Scitum S.A. de C.V., empresa de ciberseguridad controlada por Telmex y Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim Helú”, de acuerdo con los documentos citados por R3D en su investigación.
El software HIWIRE cuenta con herramientas para monitorear redes sociales, identificar “actividades e influencers clave” y “monitorear redes opositoras en tiempo real”.
“HIWIRE permite monitorear en tiempo real a usuarios específicos en diferentes redes sociales, mapear automáticamente los vínculos entre usuarios y analizar el contenido de sus publicaciones” indica R3D.
Monitorea Ejército en 2020 a crítico de militares en X con software HIWIRE
Uno de los casos de monitoreo a cuentas en redes sociales por el Ejército data de marzo de 2020. Las cuentas pertenecían a un presunto integrante de la Fuerzas Armadas que en ocasiones era crítico a acciones del Gobierno como la liberación de Ovidio Guzmán.
La investigación cita una tarjeta informativa elaborada por la Sedena en la que se reporta el monitoreo de las cuentas de Twitter, ahora X: @soy_militar, @soy_militarmx y @yosoyyoio.
El usuario @soy_militar alertó que había sido objeto de ataques para intentar controlar su cuenta. El 2 de marzo de 2020 fue desactivada “presuntamente por el propio usuario”.
El interés del Ejército en esa cuenta no quedó ahí. El titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval solicitó al COC que se le informará “Quién la bajó”, “Cuándo se localizó” y “Qué acciones en contra de la página podemos realizar”.
El COC respondió que había sido el propio usuario el que la desactivo por temor a perder el control de la cuenta.
En el informe, el COC agregó que el monitoreo a esa cuenta se realizaba desde noviembre de 2019. Acusó que había dificultades para que las compañías de redes sociales desactiven cuentas “por que las empresas en cumplimiento de sus leyes, buscan respetar el ejercicio de la libertad de expresión”.
El COC agregó en su informe que continuaría con el monitoreo de redes sociales para verificar que @soy_militar continuara desactivada.
Hasta este 26 de febrero, la cuenta está suspendida. “X suspende las cuentas que incumplen las Reglas de X”, dice la leyenda con la que esta red social acompaña el anuncio de suspensión. No tiene imagen ni de usuario ni de portada. No hay rastro de lo que antes posteaba el usuario.
Monitoreo del Ejército a críticos en redes incluye búsqueda de familiares
La Sedena quería saber más sobre @soy_militar. El COC buscaba identificar quién manejaba la cuenta, mediante el “análisis de los comentarios de los seguidores, con el fin de localizar a posibles amigos y/o familiares” y el uso de “usuarios simulados (…) con el fin de ganar la confianza y obtener mayor información” sobre el administrador de la cuenta, además de continuar el monitoreo de “publicaciones desfavorables para esta Sría., el Alto Mando o del Ejecutivo Federal”.
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Además de esa tarjeta informativa, el Colectivo Guacamaya obtuvo una carta firmada por el secretario de la Defensa dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador informando sobre la cuenta @Soy_Militar.
“Lo cual sugiere que el propio Presidente de la República habría solicitado a la SEDENA que informara sobre dicha cuenta”, indica R3D.
Sedena también monitorea a usuarios de Facebook
En Facebook, el Ejército también busca críticos. En octubre de 2021, un documento hecho por personal del COC dirigido al director de esa unidad informa sobre un usuario que realizaba señalamientos en contra del personal del 65/o. Batallón de Infantería y solicita que se le dé seguimiento “a fin de identificar y detectar oportunamente nuevas publicaciones, así como su impacto”.
En mayo de 2022, un correo electrónico reporta que el COC elabora de manera rutinaria fichas sobre usuarios de redes sociales que difunden información crítica del gobierno, como es el caso del usuario @ryo_hermoso, quién posee más de 100 mil seguidores y publica información crítica del gobierno y en favor de partidos políticos de oposición.
Ejército crea bots para influenciar en redes sociales
El Ejército no sólo monitorea a críticos, también crea bots para manipular la conversación en la red, de acuerdo con la información que revela R3D.
Para ello, utiliza también el software HIWIRE, cuyo fabricante permite que un solo operador maneje diversos “avatares” para “ejercer influencia suave sobre la opinión pública” y “diseminar mensajes orgánicamente”.
Así, los documentos obtenidos por Guacamaya indican que desde el Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional (EMCDN), incluyendo el COC, se despliegan actividades que pretenden influenciar de manera artificial la conversación pública en línea.
Incluso, cuentan con un manual sobre actividades para analizar discursos negativos hacia el Ejército y realizar campañas para desvirtuarlos.
Se trata del Manual de Organización y Funcionamiento (M.O.F.) del E.M.C.D.N., que incluye un “Grupo de Operaciones de Influencia y Sensibilización” encargado de “analizar la ideología de los grupos desafectos al Ejército Mexicano, a fin realizar campañas que logren desvirtuarlas”, “Desvirtuar las frases que han originado daño a la imagen institucional del Ejército Mexicano” y “Desvirtuar la propaganda que busca vulnerar la imagen, identidad, cohesión, existencia y permanencia del Ejército Mexicano”.
En febrero de 2021, el COC elaboró un documento para identificar las publicaciones con más interacciones relacionadas a la exoneración del general Salvador Cienfuegos por parte de la Fiscalía General de la República y medir la cantidad de comentarios positivos o negativos respecto de dicha exoneración. Documentos similares fueron elaborados respecto de otros temas como la creación de la Guardia Nacional.
Los medios de comunicación y líderes de opinión también son objetivo del Ejército que pide elaborar fichas para identificar ““señalamientos tanto positivos como negativos hacia las Fuerzas Armadas”.
En correos electrónicos se da cuenta del uso de bots, incluso reportes donde el COC indica fallas en los usuarios simuladores del software HIWIRE.
Los bots de la Sedena también formaban parte de la investigación a las cuentas de @soy_militar, @soy_militarmx y @yosoyyoio. Algo que se había informado al secretario de la Defensa.
Entérate: Sedena debe rendir cuentas sobre el espionaje realizado con Pegasus: Amnistía Internacional
“Para comentar favorablemente las publicaciones que realice sobre las FF.AA. y del Ejecutivo Federal”, “para realizar comentarios en contra de las publicaciones que realice sobre las FF.AA” y “para compartir sus publicaciones en otros foros de militares en las redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram)”.
Sedena busca hacer legales sus monitoreos en redes sociales
Todas estas actividades del COC -monitoreo de críticos en redes y uso de bots para crear tendencias artificiales- no están contempladas en la ley.
Por tanto, la Sedena tiene entre sus prioridades lograr la creación de un “Marco Jurídico que dé sustento legal a la actuación de las Fuerzas Armadas en el Ciberespacio”.
Miles de correos electrónicos obtenidos por Guacamaya dan cuenta de las intenciones del Ejército para que estas operaciones militares en la web cuenten con la aprobación del Congreso.
Así, hay una iniciativa de “Ley Federal de Ciberseguridad” presentada por el diputado del Partido Verde, Javier López Casarín el 25 de abril de 2023 y que pretende ser discutida y aprobada en los próximas semanas.
El objetivo de esa reforma es darle a las Fuerzas Armadas la cobertura legal para seguir llevando a cabo “operaciones militares en el ciberespacio”, incluyendo operaciones ofensivas (“defensa reactiva”), el monitoreo de redes sociales, las operaciones de influencia y acciones de “ciberinteligencia”.
Esta ley, de aprobarse, amenaza los derechos digitales, sería un avance de la militarización y la consolidación de una infraestructura “autoritaria que amenaza la democracia en México”, advierte R3D.
Consulta el reporte completo aquí.
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Las incautaciones de cocaína con destino a Bélgica procedente de Sudamérica se multiplican. Mientras, la sociedad belga sufre las consecuencias del narcotráfico.
A finales de octubre, una magistrada de instrucción belga causó revuelo al publicar una carta abierta para pedirle ayuda “urgente” al gobierno de su país.
La funcionaria aseguraba que el narcotráfico estaba convirtiendo a Bélgica en un narcoestado y advirtió que el Estado de derecho estaba amenazado en este país ubicado en el corazón de Europa y cuya capital es también la capital de la Unión Europea (UE).
“¿Nos estamos convirtiendo en un narcoestado? ¿Exagerado? Según nuestro comisionado antidrogas, esta evolución ya ha comenzado”, acusó la jueza de Amberes, una ciudad cuyo puerto se ha convertido en una de las principales entradas de cocaína en Europa.
La magistrada de instrucción describió al narcotráfico como una “amenaza organizada que mina las instituciones”.
“Se han consolidado grande estructuras mafiosas, que se han convertido en una fuerza paralela que desafía no sólo a la policía, sino también al poder judicial”, añadió.
Aunque los expertos consideran que la denuncia de que Bélgica ya es un narcoestado es una exageración, alertan que el tráfico de drogas se ha convertido en un gran problema en el país europeo.
Debido a una creciente demanda de drogas en toda Europa, los narcotraficantes aprovechan la ubicación estratégica de Bélgica y del puerto de Amberes, como punto de distribución de la mercancía ilícita.
Pero quizá el factor más importante que ha hecho de Amberes un hub de la cocaína en Europa es el hecho de que su puerto es uno de los más grandes del continente: el flujo constante de contenedores ofrece oportunidades para ocultar productos ilícitos en cargamentos.
“La acusación es exagerada”
“Amberes tiene el segundo puerto más grande de Europa y tradicionalmente recibe mercancías de América Latina. Por eso, se ha convertido en un punto de entrada natural, junto con el puerto de Róterdam, para la cocaína”, le dice a BBC Mundo Letizia Paoli, criminóloga y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lovaina, en Bélgica.
“Y las autoridades neerlandesas comenzaron a intensificar los controles en Róterdam antes que las belgas”, prosigue.
“Pienso que la acusación de ‘narcoestado’ es exagerada, pero hay tendencias preocupantes, sin duda”, añade.
El año pasado, los funcionarios de aduanas belgas interceptaron 44 toneladas de cocaína en el puerto de Amberes, una caída significativa respecto a las 121 toneladas incautadas en 2023.
Pero las autoridades belgas afirman que estas cifras no son necesariamente una señal de progreso.
Durante el primer semestre de este año, 51 toneladas de cocaína con destino a Bélgica fueron interceptadas en Sudamérica, un aumento del 155% en comparación con las 20 toneladas del mismo período del año anterior.
Pero el problema no sólo se limita al sur del continente americano, si no que va más allá.
En diciembre de 2024, las autoridades de República Dominicana informaron la incautación de más de nueve toneladas de cocaína, la mayor en la historia del país.
La droga se encontró en dos contenedores de banano procedentes de Guatemala y que tenían como destino el puerto de Amberes.
1.977 casos de tráfico de drogas
Este relativamente nuevo problema belga no se limita a Amberes.
En Bruselas, la capital del país y de la UE, el narcotráfico también está dejando huellas.
Según cifras de la policía de Bruselas, en 2023 se registraron 1.977 casos de tráfico de drogas, un aumento del 26% respecto a 2022 y del 76% desde 2015.
También en el año 2023 se registraron en la capital belga 6.595 incidentes de posesión de drogas.
Y la violencia, que algunos vinculan al uso y tráfico de drogas, parece estar saliéndose del control de las autoridades.
En 2024 se registraron 89 tiroteos en la capital belga y los reportes apuntan que este año la cifra será aún mayor.
De igual forma, desde el año pasado, Bruselas tiene catalogadas 16 zonas que se consideran especialmente peligrosas llamadas hotspots, principalmente relacionadas con bandas criminales y el narcotráfico.
Muertes relacionadas con las drogas
También se han registrado varias muertes relacionadas con las drogas, algo rarísimo hace tan sólo una década.
“Mientras que en 2013 no encontramos ningún asesinato relacionado con el comercio de cocaína en Bélgica, entre 2014 y 2025 encontramos que en Amberes, que es el centro del tráfico de cocaína, hubo seis asesinatos relacionados con la droga”, explica la criminóloga Letizia Paoli.
“Pero si consideramos que en un solo año ocurren alrededor de 160 homicidios en Bélgica, los asesinatos relacionados con las drogas no son muchos. No representan ni siquiera el 10% de los asesinatos asociados con el tráfico de cocaína de alto nivel en Amberes, fueron solo seis en diez años”, matiza.
La carta abierta señala que las organizaciones criminales se han infiltrado en los puertos, las aduanas, la policía e incluso en los sistema penitenciario y judicial.
También afirma que jueces, incluida la autora, han sido amenazados y pide acción gubernamental.
La criminóloga Letizia Paoli asegura que apoya el llamado a que las autoridades destinen más recursos y ofrezcan una mayor protección a los magistrados: “Son peticiones realmente razonables y necesarias”.
Pero insiste en que no hay razón para hablar de Bélgica como un narcoestado.
En su opinión, un narcoestado tiene tres características: un nivel muy alto de violencia que afecte la vida comunitaria, una corrupción relacionada con las drogas tan extendida que alcance las más altas esferas del gobierno y una economía de la droga que aporte mucho al PIB.
“Ninguno de estos tres criterios se aplica a Bélgica”, apunta.
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