Ejército monitorea redes sociales para identificar críticos de militares y del Gobierno; crea bots para influenciar web
El Ejército mexicano, a través del Centro de Operaciones del Ciberespacio (COC), monitorea las redes sociales para identificar a personas que critican las acciones de los militares y del Gobierno federal. Para hacerlo, cuentan con la ayuda de un software de origen israelí llamado HIWIRE, de acuerdo con documentos obtenidos por el Colectivo Guacamaya, que reveló una investigación de Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
“El COC ha utilizado sus capacidades tecnológicas para monitorear a personas usuarias de redes sociales que realizan publicaciones críticas de las acciones del ejército y del gobierno federal”, de acuerdo con R3D.
Este caso se suma al espionaje ilegal realizado por el Ejército con el software Pegasus contra periodistas y defensores de derechos humanos con el cual intervenía sus celulares durante los sexenios de tres presidentes: Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y ahora Andrés Manuel López Obrador.
Lee: El Ejército espió con Pegasus a defensor de DH; el secretario Sandoval lo avaló en este sexenio
¿Qué es el Centro de Operaciones del Ciberespacio de la Sedena?
El monitoreo de redes sociales para identificar críticos del Ejército se ha realizado desde el Centro de Operaciones del Ciberespacio a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Este Centro se localiza en uno de los sitios emblemáticos de la Sedena: el Campo Militar 1A en Naucalpan, Estado de México, aunque cercano a la CDMX. La Sedena invierte en este tipo de infraestructura desde 2016, precisa R3D.
El COC depende de la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional.
Además, sus instalaciones están junto a otra área de la Sedena: el Centro Militar de Inteligencia, “una unidad secreta que ha operado el spyware Pegasus”.
Entre su personal, el COC cuenta con alrededor de 178 efectivos para realizar lo que la Sedena llama “operaciones militares en el ciberespacio”.
Se divide en siete áreas: “Respuesta a Incidentes”, “Seguridad de la Información”, “Monitoreo”, “Operaciones” y “Doctrina y Desarrollo” y “Administrativa”.
Las “operaciones militares”, de acuerdo con los documentos, van más allá de la protección de ataques informáticos.
También realiza tareas de “ciberinteligencia” y ataques informáticos que la Sedena llama “defensa reactiva”.
¿Cómo monitorea el Ejército las redes sociales en México?
No sólo es Pegasus, la Sedena adquirió otro software de origen israelí llamado HIWIRE que el COC usa como herramienta para monitorear redes sociales e identificar a sus críticos.
“HIWIRE es un poderoso software desarrollado por la empresa israelí WebintPro, cuya licencia fue vendida a la SEDENA a través del Contrato DN-10 SAIT-186/P/2020 No. SIA: 4500035850 de 31 julio de 2020 con el objeto “Adquisición de una Plataforma de Análisis de Información de Ciberamenazas” con la empresa Scitum S.A. de C.V., empresa de ciberseguridad controlada por Telmex y Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim Helú”, de acuerdo con los documentos citados por R3D en su investigación.
El software HIWIRE cuenta con herramientas para monitorear redes sociales, identificar “actividades e influencers clave” y “monitorear redes opositoras en tiempo real”.
“HIWIRE permite monitorear en tiempo real a usuarios específicos en diferentes redes sociales, mapear automáticamente los vínculos entre usuarios y analizar el contenido de sus publicaciones” indica R3D.
Monitorea Ejército en 2020 a crítico de militares en X con software HIWIRE
Uno de los casos de monitoreo a cuentas en redes sociales por el Ejército data de marzo de 2020. Las cuentas pertenecían a un presunto integrante de la Fuerzas Armadas que en ocasiones era crítico a acciones del Gobierno como la liberación de Ovidio Guzmán.
La investigación cita una tarjeta informativa elaborada por la Sedena en la que se reporta el monitoreo de las cuentas de Twitter, ahora X: @soy_militar, @soy_militarmx y @yosoyyoio.
El usuario @soy_militar alertó que había sido objeto de ataques para intentar controlar su cuenta. El 2 de marzo de 2020 fue desactivada “presuntamente por el propio usuario”.
El interés del Ejército en esa cuenta no quedó ahí. El titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval solicitó al COC que se le informará “Quién la bajó”, “Cuándo se localizó” y “Qué acciones en contra de la página podemos realizar”.
El COC respondió que había sido el propio usuario el que la desactivo por temor a perder el control de la cuenta.
En el informe, el COC agregó que el monitoreo a esa cuenta se realizaba desde noviembre de 2019. Acusó que había dificultades para que las compañías de redes sociales desactiven cuentas “por que las empresas en cumplimiento de sus leyes, buscan respetar el ejercicio de la libertad de expresión”.
El COC agregó en su informe que continuaría con el monitoreo de redes sociales para verificar que @soy_militar continuara desactivada.
Hasta este 26 de febrero, la cuenta está suspendida. “X suspende las cuentas que incumplen las Reglas de X”, dice la leyenda con la que esta red social acompaña el anuncio de suspensión. No tiene imagen ni de usuario ni de portada. No hay rastro de lo que antes posteaba el usuario.
Monitoreo del Ejército a críticos en redes incluye búsqueda de familiares
La Sedena quería saber más sobre @soy_militar. El COC buscaba identificar quién manejaba la cuenta, mediante el “análisis de los comentarios de los seguidores, con el fin de localizar a posibles amigos y/o familiares” y el uso de “usuarios simulados (…) con el fin de ganar la confianza y obtener mayor información” sobre el administrador de la cuenta, además de continuar el monitoreo de “publicaciones desfavorables para esta Sría., el Alto Mando o del Ejecutivo Federal”.
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Además de esa tarjeta informativa, el Colectivo Guacamaya obtuvo una carta firmada por el secretario de la Defensa dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador informando sobre la cuenta @Soy_Militar.
“Lo cual sugiere que el propio Presidente de la República habría solicitado a la SEDENA que informara sobre dicha cuenta”, indica R3D.
Sedena también monitorea a usuarios de Facebook
En Facebook, el Ejército también busca críticos. En octubre de 2021, un documento hecho por personal del COC dirigido al director de esa unidad informa sobre un usuario que realizaba señalamientos en contra del personal del 65/o. Batallón de Infantería y solicita que se le dé seguimiento “a fin de identificar y detectar oportunamente nuevas publicaciones, así como su impacto”.
En mayo de 2022, un correo electrónico reporta que el COC elabora de manera rutinaria fichas sobre usuarios de redes sociales que difunden información crítica del gobierno, como es el caso del usuario @ryo_hermoso, quién posee más de 100 mil seguidores y publica información crítica del gobierno y en favor de partidos políticos de oposición.
Ejército crea bots para influenciar en redes sociales
El Ejército no sólo monitorea a críticos, también crea bots para manipular la conversación en la red, de acuerdo con la información que revela R3D.
Para ello, utiliza también el software HIWIRE, cuyo fabricante permite que un solo operador maneje diversos “avatares” para “ejercer influencia suave sobre la opinión pública” y “diseminar mensajes orgánicamente”.
Así, los documentos obtenidos por Guacamaya indican que desde el Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional (EMCDN), incluyendo el COC, se despliegan actividades que pretenden influenciar de manera artificial la conversación pública en línea.
Incluso, cuentan con un manual sobre actividades para analizar discursos negativos hacia el Ejército y realizar campañas para desvirtuarlos.
Se trata del Manual de Organización y Funcionamiento (M.O.F.) del E.M.C.D.N., que incluye un “Grupo de Operaciones de Influencia y Sensibilización” encargado de “analizar la ideología de los grupos desafectos al Ejército Mexicano, a fin realizar campañas que logren desvirtuarlas”, “Desvirtuar las frases que han originado daño a la imagen institucional del Ejército Mexicano” y “Desvirtuar la propaganda que busca vulnerar la imagen, identidad, cohesión, existencia y permanencia del Ejército Mexicano”.
En febrero de 2021, el COC elaboró un documento para identificar las publicaciones con más interacciones relacionadas a la exoneración del general Salvador Cienfuegos por parte de la Fiscalía General de la República y medir la cantidad de comentarios positivos o negativos respecto de dicha exoneración. Documentos similares fueron elaborados respecto de otros temas como la creación de la Guardia Nacional.
Los medios de comunicación y líderes de opinión también son objetivo del Ejército que pide elaborar fichas para identificar ““señalamientos tanto positivos como negativos hacia las Fuerzas Armadas”.
En correos electrónicos se da cuenta del uso de bots, incluso reportes donde el COC indica fallas en los usuarios simuladores del software HIWIRE.
Los bots de la Sedena también formaban parte de la investigación a las cuentas de @soy_militar, @soy_militarmx y @yosoyyoio. Algo que se había informado al secretario de la Defensa.
Entérate: Sedena debe rendir cuentas sobre el espionaje realizado con Pegasus: Amnistía Internacional
“Para comentar favorablemente las publicaciones que realice sobre las FF.AA. y del Ejecutivo Federal”, “para realizar comentarios en contra de las publicaciones que realice sobre las FF.AA” y “para compartir sus publicaciones en otros foros de militares en las redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram)”.
Sedena busca hacer legales sus monitoreos en redes sociales
Todas estas actividades del COC -monitoreo de críticos en redes y uso de bots para crear tendencias artificiales- no están contempladas en la ley.
Por tanto, la Sedena tiene entre sus prioridades lograr la creación de un “Marco Jurídico que dé sustento legal a la actuación de las Fuerzas Armadas en el Ciberespacio”.
Miles de correos electrónicos obtenidos por Guacamaya dan cuenta de las intenciones del Ejército para que estas operaciones militares en la web cuenten con la aprobación del Congreso.
Así, hay una iniciativa de “Ley Federal de Ciberseguridad” presentada por el diputado del Partido Verde, Javier López Casarín el 25 de abril de 2023 y que pretende ser discutida y aprobada en los próximas semanas.
El objetivo de esa reforma es darle a las Fuerzas Armadas la cobertura legal para seguir llevando a cabo “operaciones militares en el ciberespacio”, incluyendo operaciones ofensivas (“defensa reactiva”), el monitoreo de redes sociales, las operaciones de influencia y acciones de “ciberinteligencia”.
Esta ley, de aprobarse, amenaza los derechos digitales, sería un avance de la militarización y la consolidación de una infraestructura “autoritaria que amenaza la democracia en México”, advierte R3D.
Consulta el reporte completo aquí.
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Aunque el gobierno de Delcy Rodríguez ha asegurado que las decisiones que han ido tomando fueron acordadas de manera “unilateral”, varias se han producido después de que fueron anunciadas desde Washington.
Caracas, 3 de enero de 2026, 1:55 de la madrugada.
Una serie de estruendos despierta a los habitantes de la capital venezolana, mientras que los destellos de las explosiones y el ruido de las aeronaves y helicópteros que sobrevuelan la ciudad confirman lo que se esperaba desde hace meses: Estados Unidos ha lanzado un ataque militar contra el país sudamericano.
“EU ha realizado con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa (Cilia Flores), ha sido capturado“, escribió horas después el presidente Donald Trump en su cuenta de Truth Social, dando así por concluida la inédita operación.
El mandatario republicano anunció que la pareja fue “trasladada fuera del país” y, horas después, las autoridades estadounidenses confirmaron su traslado a Nueva York.
Dos días después, la hasta entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió el mando como presidenta encargada de Venezuela.
Hoy, mientras Maduro y Flores esperan en sus celdas del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC, por sus siglas en inglés) a que llegue el 17 de marzo, fecha de su próxima aparición ante el tribunal federal para responder por cargos de narcotráfico y narcoterrorismo, en el país que gobernaron durante más de 12 años se vienen produciendo una serie de cambios forzados por Washington que, hasta hace solo semanas, parecían imposibles.
Destacamos algunos de ellos.
1. Excarcelaciones y amnistía
Una de las primeras acciones adoptadas por las autoridades venezolanas fue ordenar una serie de excarcelaciones de opositores, líderes sindicales, activistas de derechos humanos, periodistas y manifestantes que permanecían recluidos desde hacía meses, muchos de ellos en procesos calificados de arbitrarios por organismos internacionales.
La decisión fue presentada como “un gesto unilateral” para “consolidar la paz de la República y la convivencia pacífica”, según declaró el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
A lo largo de este mes, las autoridades han asegurado que más de 600 personas han dejado sus celdas.
Sin embargo, esta cifra ha sido puesta en duda por colectivos de familiares y organizaciones de derechos humanos como el Foro Penal Venezolano, que hasta el 1 de febrero había verificado 344 excarcelaciones de los más de 600 “presos políticos” que contabiliza.
En lo que parece un intento por acelerar este proceso, el pasado 30 de enero la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció: “Hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el período de violencia política de 1999 hasta el presente”.
“Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política”, abogó, al tiempo que informó que cerrará El Helicoide, una de las sedes de los servicios de inteligencia venezolano y centro de detención que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Misión de Naciones Unidas para Venezuela han calificado de “centro de torturas” contra la disidencia.
Días antes Trump escribió en su red Truth Social: “Me complace informar que Venezuela está liberando a sus presos políticos a un ritmo acelerado, y se prevé que este ritmo aumente en las próximas semanas”.
Los anuncios de Rodríguez van a contracorriente de lo sostenido por Maduro y otros altos funcionarios chavistas hasta no hace mucho.
“Esta vez no va a haber perdón, lo que va a haber es (cárcel) de Tocorón”, advirtió el heredero del fallecido Hugo Chávez a quienes protestaron contra su controvertida reelección en julio de 2024.
Semanas después, más de 2 mil personas terminaron tras las rejas, según datos de la fiscalía venezolana.
“Aquí no va a haber ni ley de amnesia ni ley de impunidad ni ley de amnistía ni conciliación ni reconciliación”, declaró en 2016 el ministro del Interior, Diosdado Cabello, cuando el anterior parlamento controlado por la oposición impulsó una ley similar, la cual fue bloqueada por el gobierno y por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Y aunque las autoridades han mostrado cierta tolerancia hacia las acciones de calle —en particular las vigilias que los familiares de los presos vienen realizando frente a distintas cárceles y centros de reclusión—, mantienen el decreto de estado de conmoción que permite encarcelar a cualquiera que se burle de la captura de Maduro.
2. Enterrando la estatización petrolera
“Ni una gota de petróleo puede salir de aquí para EU si agreden a Venezuela. Ni media gota puede salir en ninguna circunstancia”.
La amenaza que en diciembre pasado lanzó el ministro Cabello quedó en nada.
Apenas horas después de la operación militar que terminó con la captura de Maduro, Trump anunció que Caracas aceptó entregarle hasta 50 millones de barriles de petróleo para venderlos a precios “de mercado”.
Y sobre el dinero obtenido, el mandatario estadounidense advirtió: “Será controlado por mí (…) para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo de Venezuela y de EU”.
Lejos de desmentir esto, las autoridades venezolanas reconocieron que Petróleos de Venezuela (PDVSA) “cursa una negociación con EU para la venta de volúmenes de petróleo”, indicó la estatal petrolera en un escueto comunicado.
Días después, Trump pidió a las petroleras estadounidenses que invirtieran al menos 100 mil millones para elevar la producción venezolana.
Sin embargo, muchas de esas empresas se han mostrado reacias debido a la incertidumbre política y a la inseguridad jurídica.
“Hoy en día, no se puede invertir allí”, afirmó Darren Woods, directivo de Exxon Mobil.
“Nos han confiscado nuestros activos dos veces, así que, como pueden imaginar, volver a entrar una tercera vez requeriría cambios bastante significativos”, agregó el ejecutivo.
Para revertir esta percepción, el presidente de la Asamblea Nacional anunció una sorpresiva revisión del marco legal vigente, la cual ya produjo la reforma de la Ley de Hidrocarburos, que revirtió parcialmente la política de estatización del sector petrolero impuesta por el fallecido Hugo Chávez desde 2007.
“Esas inmensas reservas de petróleo (de Venezuela) tienen que ser sacadas para convertirlas en escuelas, en hospitales, (…) debajo de la tierra no le sirven a nadie”, justificó Jorge Rodríguez.
Antes de la detención de Maduro, los diputados tenían previsto debatir una reforma constitucional, cuyo contenido no se había informado.
La reforma a la Ley de Hidrocarburos ha sido criticada por sectores del chavismo.
“El 29 de enero de 2026, Venezuela dejó de ser dueña de su petróleo no importa cómo lo veas”, escribió el exministro de Comunicación Andrés Izarra.
“Conservamos la propiedad nominal del subsuelo. Pero perdimos el control de quién lo extrae, cómo lo extrae, a quién lo vende, a qué precio, bajo qué jurisdicción, y qué porción nos queda como República”, agregó.
3. Dólar en caída, pero precios igual de altos
La incertidumbre que siguió a la operación militar estadounidense golpeó a la moneda venezolana tanto en el mercado oficial como en el paralelo.
En enero, el bolívar perdió 21.87 % de su valor frente al dólar estadounidense al pasar de 301.37 bolívares por cada billete verde a 367.30, según datos del Banco Central de Venezuela (BCV).
En el mercado negro, donde muchas empresas y ciudadanos obtienen sus divisas para sus operaciones, el dólar llegó a cotizarse a más de 800 bolívares tras los hechos del 3 de enero, aunque en los últimos días ha caído a poco más de 400.
“Hubo mucha incertidumbre y mucha gente creyó que la situación iba a ser más caótica de lo que ha sido, entonces la oferta de divisas en el mercado paralelo, que ya era escasa desde hacía semanas, se redujo aún más”, explicó a BBC Mundo un economista que prefirió no ser identificado.
El anuncio de las autoridades de que inyectarían al mercado cambiario 300 millones de dólares provenientes de la venta de petróleo —la primera intervención en meses— parece haber sido la principal responsable de la disminución de la brecha entre las dos cotizaciones.
No obstante, el experto consultado advirtió que este tipo de medidas son insuficientes.
“Aquí lo importante es cómo va a ser el flujo, más que ventas puntuales; eso será lo que determine cómo se comportarán la economía, la inflación y la moneda”, explicó.
La disminución de la brecha cambiaria no ha significado un alivio para los bolsillos de los venezolanos.
“Todo está igual de caro, los precios no bajan, aunque baje el dólar en el mercado paralelo. Un cartón de huevos estaba la semana pasada en 2.60 dólares y ahora está en 3.50. La plata no alcanza”, explicó Alberto Fernández, un trabajador por cuenta propia de Caracas.
Y es que mientras el llamado mercado negro parece haberse estabilizado, la moneda sigue perdiendo valor en el mercado oficial, lo cual es no un dato menor para un país que históricamente ha importado alrededor del 60 % de lo que consume.
Según las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), publicadas en octubre, Venezuela cerró 2025 con una inflación de 548 %.
4. De la insurrección a la negociación
A finales de 2025, Maduro advirtió que cualquier ataque de EU contra Venezuela no quedaría sin respuesta.
“No se moverá un alfiler y se declarará una huelga general, insurreccional y revolucionaria de la clase obrera”, aseguró.
Sin embargo, los pronósticos del exgobernante no se cumplieron, así como tampoco se cumplieron los de aquellos que creían que se produciría un quiebre en el chavismo.
El gobierno ahora dirigido por Rodríguez, que fuera la vicepresidenta de Maduro, ha optado por dialogar con Washington y se apresta a restablecer las relaciones diplomáticas después de casi siete años interrumpidas.
Justo la semana pasada, la diplomática estadounidense Laura F. Dogu llegó a Caracas para reabrir la embajada de EU, la cual permanece cerrada desde 2019.
Antes se produjo la histórica visita del director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), John Ratcliffe, a Caracas.
Rodríguez ha defendido su estrategia diciendo que permitirá “abordar las consecuencias derivadas de la agresión y el secuestro del presidente de la República y la primera dama“.
Una versión que sectores del oficialismo ponen en duda.
“Aunque suene duro, nosotros somos hoy un país ocupado militarmente. No vemos los marines en las calles, pero tenemos una ocupación naval, aeroespacial y electrónica sobre nosotros”, denunció este fin de semana el exvicepresidente Elías Jaua.
“El gobierno que quedó, por las razones de estabilidad que requiere el imperialismo para garantizar su necesidad urgente de energía petrolera, tiene que trabajar en función de las directrices de la potencia ocupante”, agregó.
La mandataria, por su parte, ha intentado salir al paso de las acusaciones de tutelaje.
Así, el pasado 15 de enero, defendió “el derecho de Venezuela” a mantener relaciones con Cuba, Irán, Rusia o China.
Y días después se quejó de la interferencia de Estados Unidos.
“Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela. Que sea la política venezolana quien resuelva nuestra divergencia y nuestros conflictos internos”, dijo.
No obstante, medidas como las excarcelaciones, la ley de amnistía y la reforma de la Ley de Hidrocarburos —que no solo no figuraban en la agenda del oficialismo, sino que incluso contradecían sus propios planes—, sumadas al hecho de que varias fueran anunciadas antes desde Washington, dejan en claro que su giro es forzado.
“Delcy está donde está por la extracción (de Maduro), que fue un acto violento, pero ella no controla ese factor [la violencia], porque depende del ejército de EE.UU.”, afirmó a BBC Mundo la analista política Carmen Beatriz Fernández.
“Yo creo que la apuesta de ella es ganar una legitimidad de desempeño. Hacer las cosas bien y que haya una mejoría que le permita tener cierta legitimidad popular”, apuntó.
Por su parte, el profesor Ángel Oropeza, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, aseguró: “El proyecto del gobierno interino de la señora Rodríguez es uno de estabilización autoritaria”.
“Es un juego que habrá que ver hasta dónde resulta, porque es una estrategia a dos velocidades: una apertura muy rápida en lo económico, pero muy lenta en lo político“.
Más cruda fue Gabriela Ramírez, quien fue diputada por el chavismo y luego defensora del Pueblo.
“No les queda de otra (a las actuales autoridades) más que llevar la fiesta en paz y tratar de hacer una transición pacífica que termine con una elección democrática”, le dijo a BBC Mundo, advirtiendo que lo contrario podría terminar en una nueva incursión estadounidense.
Trump ya había lanzado una amenaza en ese sentido: horas después de la captura de Maduro, le advirtió a Rodríguez que “si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente mayor que el de Nicolás Maduro”.
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