Sedena y 37 instituciones estatales intervinieron celulares y computadoras en el actual sexenio sin lograr ni una detención
El Ejército y 37 Fiscalías, policías y Comisiones de Búsqueda estatales contrataron 168 licencias de dispositivos para vigilar geolocalizaciones y extraer archivos de celulares y computadoras de ciudadanos durante el actual sexenio. Esto implicó un gasto de 459 millones 974 mil pesos.
Aunque la justificación de esas compras fue reforzar las labores de investigación de delitos, ayudar en la búsqueda de desaparecidos o personas en riesgo, ninguna de las instituciones detuvo a presuntos delincuentes, halló o rescató a víctimas, pese a que son las únicas razones por las que podrían hacer esas vigilancias, de acuerdo con la información que proporcionaron.
Se trata de 22 Fiscalías de estados como Nuevo León, Hidalgo, Estado de México, Aguascalientes, Veracruz, Yucatán, Jalisco; seis Secretarías de Seguridad locales; seis Comisiones de Búsqueda de Tabasco, Puebla, Sinaloa, Baja California Sur, Chihuahua y Aguascalientes; la Policía Cibernética de Aguascalientes, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses de Jalisco y la Secretaría General de Gobierno de Jalisco.
Mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) compró más dispositivos de vigilancia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en comparación con el de Enrique Peña Nieto; aunque sólo los utilizó en 116 ocasiones, según respondió de manera oficial vía transparencia.
Si bien a nivel nacional no existe un padrón de proveedores de este tipo de softwares y dispositivos vendidos al gobierno, ni información pública sobre los resultados de las intervenciones, esta investigación revela que existen al menos 20 intermediarios de las empresas fabricantes, la mayoría israelíes, que vendieron softwares y dispositivos de vigilancia a gobiernos locales y Federal entre 2018 y 2023.
Animal Político, con apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región (CAPIR), revisó cientos de contratos, presentó 710 solicitudes de acceso a la información y consultó a expertos en seguridad digital para confirmar que autoridades de 23 estados del país adquirieron softwares para vigilar a ciudadanos.
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Los dispositivos o softwares son capaces de, por ejemplo, ubicar teléfonos celulares en tiempo real e incluso permite configurar zonas geográficas para detectar cuando un dispositivo entra o sale de determinado perímetro, como lo hizo la Fiscalía de la Ciudad de México con el software TGR Dashboard.
Mientras que los dispositivos UFED 4PC o versiones Touch, utilizado por la Sedena, las Fiscalías de Nuevo León, Estado de México, Michoacán, Querétaro y Sinaloa, puede vulnerar la seguridad de los teléfonos y extraerles información personal, visualizarla y analizarla.
La Fiscalía de Aguascalientes y la Comisión de Búsqueda de Chihuahua adquirieron el Módulo GIO+, una plataforma que además de rastrear teléfonos en tiempo real, puede infectar dispositivos con sistemas operativos Android e iOS.
Entre todas las autoridades gastaron 459 millones 974 mil pesos en la adquisición de dichas tecnologías, pese a que esto no se tradujo en resultados en el combate a la delincuencia.
Animal Político solicitó postura a cada una de las instituciones mencionadas mediante sus correos institucionales o con las áreas de prensa, pero ninguna aceptó dar entrevista o responder sobre el número de veces que usaron los softwares y dispositivos, las autorizaciones judiciales que solicitaron o el resultado de las vigilancias.
El área de Prensa de la Fiscalía de Puebla, por ejemplo, respondió a la primera petición de entrevista que “mejor háganlo por transparencia”, pero después de mostrarle los hallazgos, únicamente respondió en un chat que “en todos los casos se investiga conforme a la ley. Las autorizaciones son de jueces federales”.
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La Fiscalía de Guanajuato respondió que la petición también debía hacerse vía transparencia. Y el área de prensa de la Fiscalía del Estado de México dijo que sí otorgaría una entrevista, pero después de semanas, no la concretó.
El Ejército aumenta las compras en sexenio de AMLO
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) incrementó la adquisición de dispositivos para extraer información de celulares en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con respecto al de Enrique Peña Nieto.
En 2018 la Sedena sólo tenía 38 Dispositivos Universales de Extracción Forense (UFED, por sus siglas en inglés) en sus versiones 4PC y Touch2, pero en 2023 sumaron 41 licencias, de acuerdo con las facturas proporcionadas en la solicitud de transparencia con folio 330026424000070.
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Los dispositivos UFED Touch 2 y 4PC sirven para vulnerar la seguridad de celulares, para desbloquearlos, extraer los archivos personales en el dispositivo y facilitar el análisis de la información obtenida.
Se trata de productos fabricados por la compañía israelí Cellebrite, conocida por fabricar dispositivos para vulnerar computadoras y celulares. A tal grado que la compañía colaboró con el Buró Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés,) para desbloquear el iPhone del agresor del tiroteo en el Centro Regional Inland en San Bernardino, California, que dejó 14 muertos en 2015, luego de que Apple se negó a colaborar.
Por estas licencias, la Sedena pagó 20 millones 595 mil pesos a la empresa Nuga Sys S.A. de C.V. entre 2019 y 2023, según consta en las adquisiciones con número de procedimiento DN10_SAIT_1107_P_2019, LA-007000999-E87-2020, LA-007000999-E659-2021 y D.G.ADMÓN. SAIT-156/P/2022, reportadas por la dependencia en Compranet, el portal de compras gubernamentales.
Y aún cuando aumentaron las adquisiciones de UFED, la Sedena apenas usó las tecnologías una centena de veces, según informó en la respuesta a la solicitud 330026424000039 .
Entre 2018 y 2019, según dijo, no utilizó las licencias de los dispositivos; en 2020 las usó en 36 ocasiones, al año siguiente fueron 26; en 2022 reportó 24 activaciones y en 2023 fueron 30.
El Ejército reconoció que no solicitó autorización judicial para ninguna de estas 116 intervenciones porque aseguró que los propietarios entregaron sus equipos de forma voluntaria para ser investigados por la Fiscalía General de Justicia Militar.
Además, durante el periodo que realizó la mayoría de las intervenciones, el Ejército no tenía la obligación legal de solicitar autorización de jueces para realizar intervenciones a las comunicaciones privadas.
Esto fue obligatorio a partir de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del 17 de abril de 2023, sobre la acción de inconstitucionalidad 46/2016, presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). En ella limitó las intervenciones de los militares a civiles al obligarlos a pedir autorización judicial, para evitar el “uso arbitrario por parte de la autoridad ministerial, al poder realizarla (las vigilancias), no sólo respecto de personal militar sujeto a una investigación, sino sobre personas ajenas al fuero castrense”.
Vigilancias en 23 entidades
Autoridades de 23 entidades gastaron más de 436 millones 204 mil pesos en adquirir licencias para vigilar ubicaciones en tiempo real o extraer información personal de celulares y computadoras, durante 2018 a 2023.
Los principales productos adquiridos fueron para vigilar geolocalizaciones de teléfonos móviles, como el software Geomatrix, sistema GEODEPM o TGR Dashboard; y licencias para extraer información de equipos personales, como son diversas versiones de UFED, Oxygen Forensic, SMS Magnet Axiom.
Sin embargo, la mayoría de instituciones no respondió sobre el número de veces en que ocuparon esas tecnologías para vigilar a personas. Sólo la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Baja California Sur; la Comisión Estatales de Búsqueda de Personas de Puebla, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Aguascalientes, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses respondieron vía transparencia que utilizaron las licencias en 54 mil 847 ocasiones.
Las otras 31 autoridades declararon que nunca los utilizaron, que no existía esa información o que no tenían registros de ello. Mientras que las fiscalías de Campeche, Estado de México, Puebla, Querétaro o las Comisiones de Búsqueda de Personas de Tabasco, Aguascalientes, Sinaloa y Chihuahua negaron poseer información o la clasificaron como reservada o carecieron.
Aunque cada año los gobiernos estatales renovaron las licencias de los software de vigilancia, ninguna de las Fiscalías, Secretarías de Seguridad o Comisiones de Búsqueda estatales pudieron demostrar que rescataron a víctimas o detuvieron a delincuentes.
A través de 69 solicitudes de acceso a la información dirigidas a todas estas autoridades, se preguntó cuántos presuntos responsables de delitos detuvieron y a cuántas víctimas rescataron gracias a las tecnologías, pero ninguno dio esa información.
Algunas advirtieron que carecen de registros del uso de las licencias; otras dijeron que reservaron la información por seguridad nacional o se declararon imposibilitados a tener información tan detallada. Otras remitieron a revisar los informes de peticiones a la Plataforma Nacional de Transparencia que no detallan los resultados.
Aunque no existen registros del uso y resultados con los dispositivos de vigilancia, las fiscalías de todo el país reportaron en la Plataforma Nacional de Transparencia que presentaron 39 mil 265 peticiones para intervenir a ciudadanos entre 2018 y 2023, pero sin diferenciar cuántos de ellas se realizan para este tipo de licencias o son solicitudes a concesionarios de telefonía.
Persiste riesgos de espionaje en gobierno de AMLO
Desde el 26 de mayo del 2022, la CNDH emitió la Recomendación General 47/2022 dirigida a la Cámara de Diputados, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en la que advirtió que la regulación es ambigua para evitar espionaje del gobierno, luego de analizar los casos de espionaje mediante el software Pegasus que hizo el gobierno de Peña Nieto.
Una de las preocupaciones del organismo fue que la legislación sobre intervenciones a comunicaciones privadas facilitaba espiar a defensores de derechos humanos o periodistas, porque el gobierno podría argumentar que su labor podría considerarse “como actividades ‘sospechosas’, ‘subversivas’, ‘problemáticas’ o ‘riesgosas’ para la seguridad nacional”, y con ello justificar la vigilancia.
Otra problemática era que la falta de “mecanismos de evaluación, control y seguimiento tanto en las solicitudes como en la ejecución de intervenciones de comunicaciones, propician la posibilidad de injerencias ilegales y arbitrarias en la vida privada”, al permitirles realizar interpretaciones discrecionales para proseguir con las intervenciones.
Dos años después de la advertencia de la CNDH, la regulación no tuvo cambios para evitar riesgos de espionaje. El director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Luis Fernando García Muñoz, consideró que en este sexenio se mantuvo la misma vaguedad en las leyes para impedir que ocurra un nuevo caso de abuso como Pegasus.
García Muñoz explicó que “toda la evidencia que se ha generado y que demuestra que todo este sistema está absolutamente fuera de control, un desastre” y recordó que el único pronunciamiento fue de López Obrador que prometió no espiar, pero después se demostró que de nuevo abusó de Pegasus, como en la administración de Peña Nieto.
Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).
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Ambos ejércitos del conflicto armado en Ucrania se han visto acorralados por drones, artillería y guerra electrónica.
En días recientes, Rusia y Urania se han atacado mutuamente con el mayor número de drones desde el inicio de la guerra en febrero de 2022.
Se informa que Ucrania lanzó más de 80 drones contra Rusia, algunos dirigidos hacia Moscú. Por su parte, se reporta que Rusia lanzó más de 140 drones contra objetivos por todo Ucrania.
La intensidad del uso de drones como armas de ataque es una de las formas en que este conflicto está revolucionando cómo se hace la guerra.
En combinación con la guerra electrónica y los ataques de artillería, los drones también han demostrado ser efectivos como armas defensivas, inmovilizando a las fuerzas enemigas en el campo de batalla.
Drones: los ojos que lo ven todo
Los drones se han convertido en uno de los principales elementos en la guerra en Ucrania y están afectando profundamente la manera en que se pelea, según Phillips O’Brien, profesor de Estudios de la Guerra de la Universidad St. Andrews, en Escocia.
“Han vuelto el campo de batalla mucho más transparente”, comenta.
Los drones de vigilancia pueden detectar el movimiento de tropas o los preparativos para un ataque a lo largo de todo el frente y en tiempo real.
Cuando ven un objetivo, pueden enviar las coordinadas al centro de comando, que puede ordenar un ataque de artillería.
Esta secuencia, desde la detección del objetivo hasta su ataque, se llama la “cadena de ataque” en la terminología militar y se ha acelerado por el uso de drones, dice el profesor O’Brien.
“Todo se puede detectar a no ser que esté muy encubierto. Significa que no puedes reunir tanques y otro armamento para una avanzada sin que sean golpeados”, indica.
Los drones de ataque se están usando, junto con la artillería, para golpear al enemigo. Las fuerzas ucranianas han logrado repeler los avances de las columnas de tanques rusos con solo el uso de drones.
Al inicio de la guerra, Ucrania usó el TB-2 Bayraktar de fabricación turca, un dron de capacidad militar que puede arrojar bombas y lanzar misiles.
Sin embargo, con mayor frecuencia ambas partes están optando por el uso de drones “kamikaze” que son más baratos.
Estos suelen ser drones de uso comercial, acoplados con explosivos.
Pueden ser controlados desde una distancia de varios kilómetros y pueden merodear el objetivo antes de atacar.
Rusia también ha estado usando miles de drones kamikaze, como el Shahed-136 de fabricación iraní, para atacar objetivos militares y civiles en Ucrania.
Frecuentemente los despliega en enjambres, con la intención de abrumar las defensas aéreas ucranianas.
Artillería: se usa “como el agua”
La artillería se ha convertido en el arma de mayor uso en toda la guerra en Ucrania.
Según el centro de análisis británico Royal United Services Institute (RUSI), Rusia ha estado disparando 10.000 proyectiles al día y Ucrania entre 2.000 y 2.500, también diariamente.
La artillería se usa para contener el movimiento de tropas enemigas y para atacar vehículos blindados, defensas, puestos de mando y depósitos de suministros.
“Durante la guerra, la munición es como el agua, que las personas necesitan beber constantemente, o como el combustible para un automóvil”, explica el experto de artillería y especialista militar de la BBC coronel Petro Pyatakov.
Ambos lados han usado millones de proyectiles de artillería extranjeros. Estados Unidos y Europa se los han suministrado a Ucrania. Rusia los importa de Corea del Norte.
Los países occidentales han tenido dificultades para suministrar a Ucrania todas las municiones que requiere, y eso ha resaltado el problema que tienen en sus propias industrias armamentistas, según Justin Crump, director ejecutivo de Sibylline, un grupo de análisis de defensa en Reino Unido.
“Las empresas de defensa de Occidente actualmente producen una cantidad de armas de precisión relativamente baja”, afirma.
“No tienen la capacidad de emitir altos volúmenes de armamento básico como proyectiles”.
Tanto Rusia como Ucrania también han estado usando artillería de alta precisión.
Ucrania ha lanzado proyectiles guiados por satélite tipo Excalibur, suministrados por Occidente; Rusia usa sus propios proyectiles Krasnopol guiados por láser.
Además, EE.UU. y otras naciones occidentales han dotado a Ucrania de misiles Himars de largo alcance, guiados por satélite.
Estos les han permitido a las fuerzas armadas atacar los depósitos de municiones y los puestos de mando de Rusia en el frente.
Bombas planeadoras: sencillas, destructivas y difíciles de interceptar
Desde comienzos de 2023, las fuerzas rusas han usado miles de “bombas planeadoras” para atacar posiciones ucranianas en el campo de batalla y para bombardear zonas residenciales civiles e infraestructura.
Son bombas convencionales de “caída libre” acopladas con alas plegables y sistemas de navegación satelital.
Rusia es quien más suele usar esas bombas planeadoras. Varían en peso desde 200 kg hasta 3.000 kg o más.
“Las bombas planeadoras se han vuelto cada vez más efectivas para romper las posiciones defensivas y destruir edificios”, señala el profesor Justin Bonk, un experto en guerra de RUSI.
Añade que Rusia las ha utilizado extensamente para destruir las defensas ucranianas alrededor de la localidad estratégica de Adviivka, en el este de Ucrania, que Rusia capturó en 2024.
Las bombas planeadoras cuestan entre US$20.000 y US$30.000 en producir, según Bronk.
Pueden ser lanzadas desde decenas de miles de kilómetros de distancia de sus objetivos y son difíciles de interceptar, aún con el más sofisticado sistema de misiles de defensa aérea.
Ucrania también hace uso de bombas planeadoras suministradas por EE.UU. y Francia, como la llamada Joint Standoff Weapon de largo alcance.
También ha creado una de su propio diseño, añadiendo alas a las bombas de diámetro pequeño de fabricación estadounidense, que llevan unos 200 kg de explosivos.
Sin embargo, cuenta con menos bombas planeadoras que Rusia.
Guerra electrónica: una manera barata de incapacitar armamento costoso
La guerra electrónica se ha implementado mucho más intensamente en el conflicto entre Rusia y Ucrania que en cualquier otra ocasión.
Miles de efectivos en cada lado trabajan en unidades especializadas, intentando incapacitar los drones y sistemas de comunicaciones del otro, y desviar los misiles enemigos.
Las fuerzas rusas tienen sistemas como el Zhitel, que puede incapacitar todas las comunicaciones satelitales, las comunicaciones por radio y las señales de teléfonos móviles en un radio de más de 10 m.
Pueden abrumar las ondas de radio emitiendo enormes pulsaciones de energía electromagnética.
Además, con su unidad Shipovnic-Aero, las fuerzas rusas pueden derribar un dron a 10 km de distancia. Este sistema también puede encontrar la posición de los pilotos de los drones y enviar sus coordinadas a las unidades de artillería para que disparen contra ellos.
Las naciones occidentales pueden estar sorprendidas de ver la facilidad con la que los sistemas de guerra electrónica de Rusia han inutilizado misiles de alta tecnología como los Himars en Ucrania, de acuerdo a Marina Miron, del Departamento de Estudios de la Guerra del King’s College de Londres.
“Es una guerra asimétrica”, indica. “Las fuerzas de la OTAN podrán tener armas que son técnicamente superiores a las que posee Rusia, pero Rusia ha demostrado que puede usar un equipo relativamente barato para desactivarlas”.
Duncan McCrory, del Instituto Freeman Air & Space de King’s College de Londres, opina que los comandantes militares de los países de la OTAN deben aprender lecciones de cómo Rusia está efectuando una guerra electrónica en Ucrania.
“Deben entrenar a sus tropas en cómo operar cuando están siendo acechadas por drones y cuando el enemigo está atento a cada señal de radio que envían”, afirma.
“La guerra electrónica ya no puede ser relegada a segundo plano. Necesita ser considerada en todo momento en que se estés desarrollando tus tácticas, entrenamiento y nuevos sistemas de armamento”.
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