Dueño del Club Tijuana fue socio de operador financiero del Cártel de Sinaloa señalado por EU; “nunca tuve conocimiento”, dice
Jorge Alberto Hank Inzunza, propietario del club Tijuana de la liga mexicana de futbol e hijo de Jorge Hank Rhon, es el dueño de dos empresas sancionadas por el gobierno de Estados Unidos por presuntamente ser parte de una red de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa.
Complejo Turístico JJJ S.A. de C.V. y Grupo Hotelero JJJ S.A. de C.V. fueron sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento de Tesoro de Estados Unidos.
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En las empresas fue socio Jesús González Lomelí, señalado como presunto “operador financiero de alto rango” del Cártel de Sinaloa al lavar millones de dólares para “Los Mayos” a través de sus restaurantes, clubes nocturnos y resorts en todo México, según las investigaciones norteamericanas.
Animal Político buscó a Jorge Alberto Hank Inzunza para solicitar postura al respecto y en la carta de respuesta reconoció que González Lomelí fue su socio al constituir las empresas, en mayo de 2021, pero únicamente por 20 meses porque las compañías no prosperaron.
“Ante la falta de resultados comerciales, se tomó la decisión, en el mes de enero de 2023, de modificar la estructura societaria a los dos socios originales, sin la participación del Sr. Jesús González, quien, a partir de esa fecha, dejó de tener cualquier vínculo legal, societario o administrativo con dichas empresas”.
El equipo de prensa del empresario compartió con Animal Político el acta de la asamblea en la que se observa que Jesús González vendió las acciones de sus compañías, por lo que dejó de participar en esta desde enero de 2023.
Sin embargo, las empresas aún aparecen legalmente como propiedad de Hank Inzunza y fueron sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos este 18 de septiembre, lo que desembocó en un “bloqueo administrativo” en México por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Mientras la Fiscalía General de la República (FGR) tendrá que realizar su propia investigación del caso.
Al respecto, según Hank Inzunza, no ha sido notificado oficialmente. “Hasta este momento, ninguna autoridad se ha comunicado con nosotros. En caso de que ello ocurra, manifestamos nuestra plena disposición para proporcionar la información, documentación y aclaraciones que correspondan”, afirmó en la carta de respuesta a este medio.
Sobre los presuntos vínculos de Jesús González Lomelí con el crimen organizado, dijo desconocerlos y aseguró que en ningún momento supo de esto.
“Carezco de información y cabe destacar que en ningún momento se tuvo conocimiento de cualquier tipo de actividad como las que ahora se mencionan, ni de los presuntos vínculos planteados en la investigación referida”, señaló el dueño del Club Tijuana.
Jorge Alberto Hank Inzunza es hijo de Jorge Hank Rhon, exalcalde de Tijuana entre 2004 y 2007 y propietario de Grupo Caliente, una empresa dedicada a las apuestas.
No es la primera vez que la familia Hank ha sido ligada al crimen organizado. En 1997, un informe de seguridad de Estados Unidos apuntó su presunta relación con el Cártel de los Arellano Félix.
En 2011, Hank Rhon fue detenido por el Ejército en su propiedad luego de una llamada “ciudadana anónima” en la que reportaron que poseía 88 armas de fuego y más de 9 mil cartuchos.
Empresas sancionadas por Estados Unidos
Las empresas Complejo Turístico JJJ S.A. de C.V. y Grupo Hotelero JJJ S.A. de C.V. fueron creadas al mismo tiempo en Baja California el 12 de mayo de 2021.
Las dos compañías fueron creadas con objetos sociales similares que les permitían, entre otras cosas, administrar hoteles, centros turísticos, condominios habitacionales y comerciales, restaurantes, bares y cafés, así como contratar artistas y espectáculos públicos.
Hank Inzunza y Jerónimo Javier Vera Ayala aparecen como accionistas de ambas compañías.
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La OFAC también impuso sanciones a otras 12 empresas en las que Jesús González Lomelí aparece como accionista, y otra más propiedad de Candelario Arcega Aguirre, señalado por supuestamente ayudar al Cártel de Sinaloa a corromper el gobierno municipal de Rosarito, en el estado de Baja California.
En la investigación norteamericana se señala que Arcega Aguirre tendría una “estrecha relación personal” con Hilda Araceli Brown Figueredo, alcaldesa de Rosarito entre 2021 y 2024 y actual diputada federal de Morena, a quien también fue sancionada con el congelamiento de sus cuentas.
Brown Figueredo se sumó al movimiento de Andrés Manuel López Obrador desde su primera campaña presidencial en 2006. En 2018 fue coordinadora estatal de afiliación de Morena y coordinadora de la consulta con la que se canceló la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco.
Esta nota fue actualizada el 1 de octubre de 2025 porque el empresario Jorge Alberto Hank Inzunza compartió las actas con las que se acredita que solo fue socio de Jesús González Lomelí entre mayo de 2021 y enero de 2023. Ambos fueron socios por 20 meses en las empresas Complejo Turístico JJJ S.A. de C.V. y Grupo Hotelero JJJ S.A. de C.V.
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El presidente de EU afirmó que las empresas petroleras de su país invertirán miles de millones en la producción petrolera venezolana, pero el dinero no es el único problema que tendrán.
Donald Trump dejó clara su intención de aprovecharse de las reservas petroleras de Venezuela después de su incursión militar y detención del presidente Nicolás Maduro expresando que EE.UU. “administrará” el país hasta que haya una transición “segura”.
El presidente de EE.UU. quiere que las empresas petroleras estadounidenses inviertan miles de millones de dólares en la nación sudamericana, que tiene los mayores yacimientos de crudo del mundo, para reactivar ese recurso hoy subexplotado.
Trump expresó que las empresas estadounidenses repararán la “muy dañada” infraestructura petrolera y “empezarán a generar dinero para el país”.
Pero los expertos advierten de los inmensos desafíos que enfrenta el plan de Trump, señalando que costará miles de millones y tomará hasta una década para lograr una producción significativa de petróleo.
Así que, ¿podrá realmente EE.UU. tomar control de las reservas de petróleo de Venezuela? Y ¿funcionará el plan de Trump?
Con aproximadamente 303.000 millones de barriles, Venezuela ostenta la mayor reserva probada de petróleo.
Pero la cantidad de crudo que el país produce actualmente es diminuta en comparación con esta riqueza.
La producción cayó agudamente desde principios de los 2000, cuando el otrora presidente Hugo Chávez y luego el gobierno de Maduro reforzaron su control sobre la empresa estatal PDVSA, lo que provocó un éxodo de su personal más capacitado.
Aunque varias empresas petroleras, incluyendo la estadounidense Chevron, siguen activas en el país, sus operaciones se han contraído significativamente a medida que Washington amplió las sanciones e interceptó las exportaciones de crudo con miras a restringir el acceso de Maduro a una fuente económica clave.
Las sanciones -primero aplicadas en 2015 durante el gobierno del presidente Barack Obama por supuestas violaciones de derechos humanos- también han dejado a Venezuela descontentada de inversiones y repuestos necesarios para esta industria.
“El desafío verdadero que enfrentan es su infraestructura”, comenta Callum MacPherson, jefe de cotización de materias primas de Investec (empresa Anglo-Sudafricana bancaria y de gestión de patrimonio internacional).
En noviembre, Venezuela produjo aproximadamente 860.000 barriles diarios, según el más reciente informe de la Agencia Internacional de Energía.
Eso es escasamente un tercio de lo que era hace 10 años y representa menos de 1% del consumo de petróleo mundial.
La situación política
Las reservas del país están hechas del llamado petróleo “pesado, agrio”. Es difícil de refinar, pero útil en la producción de diésel y asfalto. Estados Unidos típicamente produce el petróleo “ligero, dulce” ideal para gasolina.
En anticipación de los ataques y captura de Maduro, EE.UU. también incautó dos buques petroleros frente a las costas de Venezuela, además impuso un bloqueo a la entrada y salida del país de buques cisterna sancionados.
Homayoun Falakshahi, principal analista de cotización de materias primas de la plataforma de datos Kpler, indica que los obstáculos clave para las empresas de petróleo que esperan explotar las reservas venezolanas son legales y políticos.
En conversación con la BBC, el analista dijo que quienes esperan perforar en Venezuela tendrán que llegar a un acuerdo con el gobierno, lo que no será posible hasta que haya un sucesor de Maduro en funciones.
Para Falakshahi, las empresas estarían entonces arriesgando miles de millones de inversiones en la estabilidad de un futuro gobierno venezolano.
“Aun si la situación política es estable, es un proceso que tomará meses”, concluyó.
Las compañías que esperan aprovecharse del plan de Trump necesitarían firmar contratos con el nuevo gobierno cuando esté instalado, antes de empezar el proceso de aumentar la inversión en la infraestructura en Venezuela.
Los analistas también advierten que se requerirán decenas de miles de millones de dólares -y potencialmente una década- para restablecer la producción anterior de Venezuela.
Neil Shearing, analista jefe de Capital Economics, señaló que los planes de Trump tendrían un impacto limitado en el suministro global y, por ende, en el precio del crudo.
Opinó que hay “una enorme cantidad de obstáculos que librar y el plazo de tiempo de lo que va a suceder es muy largo” que los precios del crudo en 2026 verían muy poco cambio.
Shearing vaticinó que las firmas no invertirían hasta que un gobierno estable estuviera instalado en Venezuela, y los proyectos no tendrían rendimiento por “muchos, muchos años”:
“El problema siempre han sido las décadas de inversión insuficiente, el mal manejo y los altos costos de extracción”.
El analista añadió que aunque el país regresara a los niveles anteriores de producción de unos tres millones de barriles diarios, todavía continuaría por debajo de los 10 principales productores mundiales.
Además, Shearing resaltó la alta producción de los países de la OPEP+, diciendo que el mundo actualmente “no está sufriendo de una escasez de petróleo”.
La apuesta de las petroleras
El antiguo director ejecutivo de BP (British Petroleum) John Browne comentó a BBC News que la reactivación de la industria petrolera de Venezuela era un “proyecto a muy largo plazo”.
“La gente subestima el tiempo que se demora hacer las cosas. Alinear todos los recursos, particularmente el material y el personal, toma muchísimo tiempo”.
Mientras que podría haber un “alza rápida” de alguna producción, Browne indicó que el volumen podría de hecho disminuir mientras la industria se reorganiza.
Chevron es el único productor estadounidense todavía activo en Venezuela, después de recibir una licencia de operación bajo el anterior presidente Joe Biden en 2022, a pesar de las sanciones de EE.UU.
La compañía, actualmente responsable de aproximadamente una quinta parte de la extracción de petróleo venezolano, informó que está enfocada en la seguridad de sus empleados y está cumpliendo “con todas las leyes y regulaciones relevantes”.
Las otras grandes firmas petroleras han mantenido silencio público de sus planes hasta ahora, y sólo Chevron ha abordado la situación.
Pero Falakshahi piensa que los jefes de las petroleras estarán conversando internamente sobre si tomar provecho de la oportunidad.
“El apetito de ir a alguna parte esta vinculado a dos factores principales, la situación política y los recursos sobre el terreno”, expresó.
A pesar de la enormemente incierta situación política, Falakshahi concluyó que “la ganancia potencial podría considerarse demasiado grande de eludir”.
John Browne sostuvo que las compañías querrán involucrarse porque “tener opciones de negocio en diferentes partes del mundo es algo bueno”.
“Como oportunidad de negocio, si estás dirigiendo una compañía… vas a querer involucrarte muy rápidamente”.
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