Permiso para matar | Registro oficial sólo atribuye 426 desapariciones a policías y militares; hay al menos otros 353 casos
En México, oficialmente se reconoce la existencia de 354 víctimas a las que “se le(s) privó de la libertad por una corporación policiaca o militar” (desapariciones forzadas), entre los años 2006 y 2023, tal como se desprende del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), de la Secretaría de Gobernación federal.
A esa cifra deben sumarse al menos otras 72 víctimas del mismo periodo que también se incluyen en dicho registro oficial, pero que no están catalogadas como víctimas de agentes oficiales, a pesar de que sus familiares sí responsabilizaron de los hechos a autoridades estatales o federales de seguridad.
Así, en total, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas del gobierno federal incluye 426 casos acumulados durante el periodo de la guerra contra el crimen organizado, en los que la autoridad o sus familias señalan a “una corporación policiaca o militar” como autora de los hechos.
El fenómeno de las desapariciones forzadas en México ha sido denunciado al menos desde la década de los 60 del siglo pasado, pero esta es la primera vez que puede conocerse un listado de víctimas atribuidas a cuerpos de seguridad pública y seguridad nacional, elaborado por las mismas autoridades mexicanas.
Durante el periodo de la guerra contra el crimen organizado, este listado incluye 391 víctimas del sexo masculino y 35 del femenino.
De esos casos, 96 se dieron durante el gobierno de Felipe Calderón; otros 176 se registraron en el periodo de Enrique Peña Nieto; y en lo que va de la administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador suman 154 casos.
Estas, sin embargo, no son todas las desapariciones forzadas en los que se presume o se ha comprobado la participación de cuerpos de seguridad pública o seguridad nacional, sino sólo los casos reconocidos por la autoridad en su Registro Nacional. Las cifras de este registro son, por lo tanto, inferiores a la realidad, sobre todo tomando en cuenta que las fiscalías de justicia del país no dan seguimiento a las denuncias, ni actualizan su información.
Cifra total de desapariciones forzadas ocurridas en el país es desconocida
Tan sólo una búsqueda en registros hemerográficos, documentales, académicos y de organismos dedicados a la defensa de los derechos humanos tanto públicos como independientes, realizada como parte de la investigación “Permiso para matar” permitió identificar otros 353 casos de desaparición forzada presuntamente perpetrados por fuerzas estatales y federales durante la guerra contra el crimen organizado, que no están contemplados en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
Es el caso, por ejemplo, de los abogados Guillermo Alejandro Ortiz Ruiz y Vianey Heredia Hernández, cuyos nombre no están en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, a pesar de que en 2010 fueron raptados en el municipio de Apatzingán, Michoacán, y desde entonces se ignora su paradero.
“Hay evidencias de que fueron elementos del Ejército mexicano –explica la señora Mercedes Guadalupe Ruiz, mamá de Guillermo–. Ya que la actividad del teléfono de mi hijo muestra las llamadas emitidas desde la zona militar de Apatzingán.”
Los abogados Guillermo y Vianey, dedicados a la gestión de trámites mineros, desaparecieron el 29 de noviembre de 2010, cuando se dirigían desde Apatzingán, Michoacán, hacia la ciudad de Acámbaro, en Guanajuato, para entrevistarse con clientes que querían reclamar la titularidad de una mina.
Según los registros de geolocalización del teléfono de Guillermo (de los que se posee una copia), seis días después de la desaparición, el 5 de diciembre, el aparato fue encendido en el municipio de Tumbiscatío, para cruzarse mensajes de voz con otro teléfono ubicado en las inmediaciones del 30 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, con sede en Apatzingán, Michoacán.
Luego, el 11 de diciembre, el teléfono de Guillermo se activó nuevamente para emitir un mensaje de voz, estando ahora alrededor del mismo cuartel.
El caso de estos abogados, además, es una muestra del tipo de irregularidades con las que se construye la impunidad en torno a los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado.
Aunque la desaparición fue denunciada un día después de los hechos, el Ministerio Público de Michoacán se tomó dos meses para iniciar una averiguación previa, a la que la familia de las víctimas sólo tuvo acceso hasta el año 2012, dos años después de los hechos, momento en el que descubrieron que la autoridad sólo investigaba el robo de la camioneta en la que Guillermo y Vianey se transportaban, pero a ellos no los reconocían como víctimas de desaparición y, por lo tanto, no se había realizado ninguna diligencia para su localización.
El Ministerio Público tampoco investigó por qué el teléfono de Guillermo se activó en las cercanías del 30 Batallón de Infantería de Apatzingán y, finalmente, en 2021, se informó a la familia de las víctimas que no había elementos de investigación y que el expediente sería archivado.
En el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas tampoco se contempla el caso de Lenin Vladimir Castañón Rodríguez, un taxista de 41 años que en julio de 2019 fue raptado por policías estatales.
“Un día antes se habían llevado a dos taxistas y con él ya fueron tres –recuerda Olga, su esposa–. Todos los taxistas se alertaron y empezaron a correr la voz. Todo el mundo dijo que se lo habían llevado del mercado (municipal de Chilpancingo, capital de Guerrero), pero nadie me dijo nunca quién lo hizo, sólo hubo una persona que me dijo que se paró una camioneta de la Unidad de Fuerzas Especiales (de la policía estatal), una camioneta medio vieja, en la que venía el chofer y dos mujeres, ésos se le cerraron, los policías fueron los que se lo llevaron, fueron ellos.”
En este Registro Nacional, un ejemplo más, sí se contempla la desaparición de Carlos Guzmán Zúñiga, ocurrida el 15 de diciembre de 2008 en el estado de Chihuahua, pero no la de su hermano José Luis, a pesar de que ambos fueron raptados de su vivienda en el mismo momento.
Los hermanos Carlos y José Luis, de 28 y 29 años, no habían cometido ningún delito y, tal como testificaron sus vecinos, su privación de la libertad fue resultado prácticamente del azar, del destino que los puso en el camino del Ejército y de la Policía Federal.
“Estaban ellos en su casa –narra Rosa Zúñiga, tía de ambos muchachos– y estaba Carlos, ese viene siendo el más chico, parado afuera de su casa. Y andaban los soldados y Policía Municipal y federales, andaban que revisando casas… Llegaron con los vecinos y luego ya se pasaron a la casa de mi hermana y subieron nada más a mi sobrino Carlos, y luego sale mi sobrino José Luis a mirar qué es lo que está pasando, porque escuchó ruidos, sale y se asoma y también lo suben a la patrulla de los soldados. Los subieron a los dos”.
El Ejército negó haber detenido a los hermanos Guzmán Zúñiga a través de un documento formal, emitido por la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, según el cual “personal militar no participó en la detención y desaparición de los hoy agraviados”.
Pero, además del Ejército, otra de las corporaciones involucradas, la Policía Federal, también intentó desvincularse de la privación de la libertad de los hermanos Guzmán, y para ello presentó como prueba el parte policiaco elaborado el día de los hechos.
En este documento, la Policía Federal reconoce que ambos hermanos fueron detenidos y “trasladados a las instalaciones del Regimiento de Caballería Motorizada (del Ejército)” en Ciudad Juárez.
Desde que los hermanos Guzmán Zúñiga fueron ingresados a ese cuartel, nunca más fueron vistos con vida.
Base abierta de desapariciones forzadas
Además de las víctimas a las que “se le(s) privó de la libertad por una corporación policiaca o militar” durante el periodo de la guerra contra el crimen organizado, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas también incluye en esta categoría otros 298 casos ocurridos entre 1965 y 2005, así como 84 casos en los que no se especifica la fecha de los hechos.
En total, bajo la categoría específica de víctimas desaparecidas “por una corporación policiaca o militar”, el Registro Nacional suma 652 registros, de los años 60 del siglo pasado a la fecha.
La base de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizados es pública desde el 24 de agosto de 2023, en la página oficial de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.
La lista de víctimas de desaparición forzada perpetradas “por una corporación policiaca o militar”, y de víctimas no catalogadas en esa categoría a pesar de que sus familias atribuyen el crimen a corporaciones de seguridad pública o seguridad nacional, puede descargarse aquí.
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Despuntó como destino turístico internacional de primer nivel por más de una década hasta que el conflicto entre Grecia y Turquía la cambió para siempre.
De un lujoso destino turístico a una ciudad con un futuro incierto tras cinco décadas de abandono.
Varosha, suburbio de la localidad de Famagusta en el noreste de Chipre, tuvo su auge en la década de 1960 y la primera mitad de los años 1970.
Con sus hoteles de cinco estrellas, discotecas de primer nivel y más de dos kilómetros de playa bañada por el Mediterráneo, atraía a turistas y celebridades de todo el mundo, desde Elizabeth Taylor hasta Brigitte Bardot o Richard Burton.
Pero su destino cambió drásticamente en 1974, cuando la invasión turca de Chipre forzó a sus habitantes griegos-chipriotas a huir, dejando este territorio desierto y enjaulado en vallas militares.
Varosha quedó bajo el control del ejército turco como parte de un conflicto más amplio que dividió la isla en dos: al sur, la República de Chipre, reconocida internacionalmente y habitada en su mayoría por griegos-chipriotas; al norte, la República Turca del Norte de Chipre, un estado autoproclamado que solo reconoce Turquía.
Desde entonces, este enclave ha sido utilizado por ambas partes como una moneda de cambio en las complejas negociaciones que han intentado, sin éxito, reunificar el país.
Un paraíso cerrado por medio siglo
La invasión de Chipre por las tropas turcas en julio de 1974 obligó a sus 39.000 residentes, la amplia mayoría mayoría griegos-chipriotas, a huir en cuestión de horas.
Cuando esto ocurrió, Avghi Frangopoulou tenía 15 años y sus padres acababan de comprar dos apartamentos en la playa de Varosha, pero la guerra lo cambió todo de la noche a la mañana.
“Recuerdo que corría porque veía los aviones justo encima de mí”, comenta sobre los bombardeos turcos en una entrevista para el programa de radio Assignment, de la BBC.
Su familia, como otras miles, tuvo que dejar atrás todas sus pertenencias y huir para salvar sus vidas.
Tras tomar el control, el ejército turco cercó Varosha con una valla y la convirtió en una zona militar restringida, vacía e inaccesible para civiles, es decir, una “ciudad fantasma”.
Durante décadas, el destino de Varosha fue un asunto de negociación clave en los fallidos intentos de reunificar Chipre.
En 1984, la ONU adoptó la resolución 550, que declaraba que debía ser devuelta a sus legítimos propietarios, pero el gobierno turco-chipriota de facto no aceptó y la ciudad permaneció intacta, con sus casas, hoteles y tiendas vacías.
“No somos fantasmas, y nuestra ciudad no es una ciudad fantasma”, protesta Frangopoulou, quien, como muchos otros exresidentes, ha visitado Varosha en los últimos años tras su reapertura parcial en 2020.
El estado de abandono del lugar hace aún más dolorosos sus recuerdos. “No me gusta ver esto”, afirma sobre el deterioro de su barrio natal y el “turismo oscuro” que ha surgido en torno de él.
El “turismo oscuro” y la reapertura parcial
En 2020 Turquía decidió reabrir parcialmente al público este espacio.
El anuncio de su presidente, Recep Tayyip Erdogan, atrajo de inmediato a visitantes curiosos, convirtiendo al otrora destino de lujo en uno del llamado “turismo oscuro” que invita a lugares marcados por la tragedia, el abandono o el conflicto.
Los turistas que llegan a Varosha se enfrentan a una extraña combinación de belleza y decadencia.
La playa está de nuevo abierta al público y en ella se observan bañistas disfrutando del mar y el sol rodeados de apartamentos en ruinas y hoteles destruidos, con ventanas rotas y fachadas corroídas por el paso del tiempo.
Muchos de los antiguos residentes no ven con buenos ojos esta transformación de su barrio en una especie de atracción turística.
“Conozco a la gente que vivió aquí. No pueden vender esto como un producto, como un pueblo fantasma”, comenta Avghi Frangopoulou, quien considera la reapertura como una forma de trivializar la tragedia de la invasión.
Parte de la comunidad internacional también ha condenado la decisión de Turquía de abrir Varosha sin un acuerdo previo con los grecochipriotas, lo que supone un paso más en la violación de la resolución 550 de la ONU.
Pero el barrio sigue recibiendo turistas y las autoridades turcochipriotas no parecen dispuestas a cambiar su postura.
La nostalgia de los antiguos habitantes
Para los antiguos residentes de Varosha, regresar a la ciudad tras casi 50 años de exilio es un intenso golpe emocional, ya que sus edificios ahora en ruinas les evocan recuerdos de una vida interrumpida de forma abrupta en 1974.
Avghi Frangopoulou ha vuelto varias veces desde que se abrió parcialmente en 2020.
“Mi casa está aquí”, dice, señalando la calle donde vivía, ahora cubierta de escombros.
Pese a la autorización de visitas turísticas, el barrio sigue bajo estricto control militar y muchas zonas permanecen inaccesibles para los antiguos residentes.
“Solo quieres pasar por esa puerta y subir las escaleras, pero hay policías que te detienen, así que no te arriesgas”, asegura Frangopoulou.
El caso de Andreas Lordos es similar. Su familia construyó uno de los primeros hoteles en Varosha, el Golden Marianna, aún en pie aunque abandonado y cubierto de enredaderas.
“Mi padre construyó este hotel en 1967 cuando tenía 27 años. Era un hotel con piscina, algo nuevo en esa época. Estaba frente a mi colegio, así que durante el recreo íbamos a curiosear qué hacían los turistas”, relata, mientras observa lo que queda del edificio.
Confiesa que su sueño es restaurarlo y abrirlo de nuevo algún día.
Sin embargo, es difícil que los antiguos propietarios huidos hace 50 años puedan recuperar sus inmuebles.
Las autoridades turcochipriotas han instado a los antiguos dueños a que reclamen sus tierras, pero estos aseguran que en la práctica es casi imposible debido a que el proceso legal está plagado de obstáculos.
El gobierno chipriota, además, ve con desconfianza esta oferta al temer que ayude a legitimar la ocupación turca.
¿Un futuro compartido?
El futuro de Varosha está en el aire.
Muchos locales tienen la esperanza de que el barrio pueda ser restaurado y convertirse en un símbolo de la futura reunificación de Chipre, donde griegos y turcos chipriotas coexistan en paz.
“Nos volvimos como familias con algunos de los grecochipriotas, porque pensamos y actuamos de la misma manera: que todos somos los perdedores en este conflicto”, afirma Serdar Atai, un activista turcochipriota comprometido con la preservación del patrimonio cultural de la zona.
Sin embargo, las tensiones políticas siguen siendo un gran obstáculo.
Atai lamenta que tanto las autoridades turcochipriotas como las grecochipriotas han torpedeado continuamente los intentos de un acuerdo de paz.
“Siempre acuerdan estar en desacuerdo desde el principio”, ironiza, en referencia a las últimas cinco décadas plagadas de intentos fallidos.
Por otro lado, figuras políticas como Oguzhan Hasipoglu, miembro del parlamento turcochipriota, ven en Varosha un modo de reclamar la soberanía del norte de Chipre que la comunidad internacional rechaza.
“Perdimos la confianza en los grecochipriotas (…) Sus palabras son amables pero, a la hora de la verdad, no están dispuestos a compartir el gobierno ni la riqueza de esta isla con nosotros. Nos ven como una minoría”, sentencia.
Hasipoglu, quien cree inevitable la división de la isla en dos Estados, ansía ver renacer Varosha como un destino turístico de lujo bajo control turco.
Así, la incertidumbre sobre el futuro de Varosha persiste: ¿seguirá siendo un destino de “turismo oscuro” en ruinas, se convertirá en un nuevo y lujoso balneario del no reconocido Estado de Chipre del Norte, o será un puente hacia la reconciliación de una isla dividida?
Lo que es seguro es que el tiempo se agota poco a poco para los antiguos residentes que sueñan con regresar al barrio donde crecieron.
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