Familiares de desaparecidos presuntamente por Marina denuncian liberación de 23 elementos por fallas en investigaciones
Familiares de personas desaparecidas y ejecutadas presuntamente por elementos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Secretaría de la Marina (Semar) protestaron este lunes afuera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por diversas deficiencias y omisiones cometidas por las autoridades en al menos 34 carpetas de investigación, que han permitido la liberación de 23 marinos.
De acuerdo con las familias, dichas deficiencias y omisiones se han cometido, en gran medida, en carpetas de investigación a cargo de la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF), de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes tampoco han podido demostrar la responsabilidad de los marinos en al menos seis carpetas.
“De 30 marinos que estuvieron detenidos y/o vinculados en dichas carpetas judiciales, 23 han obtenido su libertad beneficiados, mediante amparos de jueces de distrito o por criterios de jueces de control que les han permitido continuar con su proceso en libertad”, señaló el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, mediante un comunicado.
Alistan otra protesta por casos de desaparecidos y ejecutados extraoficialmente
Por esta razón, informaron que mañana también sostendrán manifestaciones en las oficinas del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), para exigir al Poder Judicial de la Federación justicia en sus casos.
En punto de las 10:30 horas, los familiares de las víctimas se concentraron afuera del edificio de la CNDH, en Periférico Sur 3469, para solicitar por escrito que la Comisión convocara a una reunión urgente con funcionarios de alto nivel del Gobierno Federal para revisar el caso.
Lidia Nereida García, madre de Brandon Eduardo Nevares García, desaparecido por elementos de la Marina desde 2018, fue una de las mujeres que también protestaron afuera de la CNDH para pedir a las autoridades dar seguimiento a la Recomendación 36VG/2020.
Denuncian que Comisión de Víctimas incumple reparación del daño
En esa recomendación se ordenó la reparación integral del daño en favor de 27 familias por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), misma que a la fecha no ha sido incumplida.
“Son 6 años los que hemos estado luchando porque nos hagan caso, por que se haga una investigación y la verdad no (ha sucedido), por eso yo digo que ya es justo que nos hicieran caso, que se aclarara todo esto más que nada y que cumplieran con todo lo que han promedio desde el principio”, dijo Lidia en entrevista con Animal Político.
Otro de los familiares que acudió a la protesta fue Enrique Pérez Rocha, padre de Gustavo Pérez Benítez uno de los cinco jóvenes que fueron asesinados por elementos del Ejército mexicano el pasado 26 de febrero de 2023 en la Colonia Pancho Villa, en Nuevo Laredo, que aunque no forman parte de la recomendación 36VG/2020, señaló que a pesar de haber 21 marinos señalados como responsables del asesinato de su hijo, solo hay cuatro procesados. Otro de sus hijos, Alejandro Pérez Benítez, fue también uno de los dos únicos sobrevivientes del ataque.
“Por eso, lo único que pedimos nosotros es que se integre bien la carpeta, pues las investigaciones que tenemos y las pruebas que tenemos confirman que ellos fueron, entonces que no traten de decir que no o de poner cosas que no vienen al caso cuando están bien aceptado y justificado que ellos fueron”, dijo.
CNDH acepta convocar a reunión urgente
Al salir de la CNDH, Raymundo Ramos, titular del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo informó que, a solicitud de los familiares de personas desaparecidas y ejecutadas extraoficialmente por marinos, la CNDH aceptó convocar a dicha reunión urgente con funcionarios de alto nivel para finales de marzo.
“También solicitamos la reanudación de las búsquedas de campo en la región que comprende Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, (pues después) del hallazgo de dos cuerpos en una fosa común que estuvieron 6 años en un panteón municipal de Nuevo Laredo se comprueba que también hay una omisión grave de investigación de la FGR”, dijo Ramos.
Respecto a la reparación integral del daño a las familias, señaló que en el mes de julio se cumple 4 años de la recomendación, tiempo en el que la CEAV no ha podido integrar, y por ende tampoco concluir, un solo expediente para proceder al pago de la reparación del daño por desaparición forzada o por ejecución extrajudicial, tal como lo recomendó la CNDH.
“También abordamos el tema del censo que hizo el Gobierno de México donde en 20 casos no los reconoce como desaparición forzada, sino como desaparición cometida por particulares y en donde en estos 27 casos no fueron censadas las familias”, dijo.
Denuncias errores en censo de AMLO de personas desaparecidas
Además, aseguró que el censo está mal elaborado, porque se menciona que las autoridades no tienen contacto con los familiares, cuando al menos la FGR, la CNB, la CEAV y la CNDH tienen información actualizada de ellos.
“Esto es una prueba de que a toda costa quieren rasurar la realidad […] nosotros estamos demostrando con su misma información que están actuando de manera dolosa y tienen que rectificar y tienen que reconocer que las Fuerzas Armadas también desaparecen personas, que las corporaciones policiacas también desaparece personas y es la parte que ofende a las víctimas”, dijo.
Magdaleno Rico García, hermano de Martín Rico García, desaparecido por elementos de la Marina en 2011, también fue parte del grupo de personas que protestaron afuera de la CNDH que, aunque no forma parte tampoco de la recomendación 36VG/2020, acudió porque los datos de su familiar fueron suprimidos del nuevo censo de AMLO, por lo que pide al Gobierno Federal que corrijan el error o le entreguen la ubicación o los restos de su hermano.
“Como en su momento mi madre también lo pedía pues yo le pido a las autoridades y al gobierno que ya sea de la manera que sea, nos entreguen sus restos o si los tiene por ahí en alguna parte, pues que nos los hagan saber, para que tanto la familia como mi madre puedan estar un poco en paz”, dijo.
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El expresidente peruano Alberto Fujimori fue sentenciado a 25 años de cárcel por los casos de dos masacres y dos secuestros llevados a cabo con su aval en la década de 1990. En diciembre de 2023 quedó en libertad.
Nueve meses después de su puesta en libertad por razones de salud, el expresidente de Perú Alberto Fujimori murió este miércoles 11 de septiembre a los 86 años.
Su hija Keiko comunicó la noticia a través de X, en un mensaje en el que se despidió de su padre y pidió una oración por el descanso de su alma.
La salida de prisión de Fujimori se produjo el 6 de diciembre de 2023, 14 años después de ser sentenciado a 25 años de cárcel por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado por trato cruel.
Aunque en 2017 fue liberado por un indulto presidencial, el Tribunal Supremo requirió al siguiente año nuevamente su encarcelamiento al reconsiderar argumentos presentados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Sin embargo, el Tribunal Constitucional dictaminó el 5 de diciembre de 2023 “la falta de competencia de la CorteIDH” sobre este caso y desechó la orden de reencarcelamiento.
Fujimori fue declarado culpable de ordenar a un escuadrón de la muerte, conocido como el Grupo Colina, llevar a cabo dos masacres, así como por su participación en los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, ambos en 1992.
Los crímenes de los que se le acusó sucedieron en el marco del conflicto interno de Perú en el que el gobierno realizó una campaña contra el insurgente grupo armado Sendero Luminoso.
Estos fueron los casos que llevaron por primera vez a un presidente de América Latina a la cárcel por crímenes de lesa humanidad.
Masacre de Barrios Altos
El 3 de noviembre de 1991, seis hombres enmascarados irrumpieron en una fiesta en un pequeño apartamento del distrito Barrios Altos, una zona de clase baja, aledaña al Palacio Presidencial.
Los hombres eran miembros del escuadrón de la muerte que llegó a conocerse como el Grupo Colina.
Según el testimonio de uno de los integrantes, el objetivo era capturar a sospechosos de Sendero Luminoso pero, a medida que se acercaba la hora del operativo, se dio cuenta de que el propósito era matarlos.
Los enmascarados dispararon contra los asistentes, matando a 15 personas —incluyendo un niño de 8 años— e hiriendo gravemente a cuatro.
Pero la masacre de Barrios Altos fue un error. Mala información de inteligencia hizo que el escuadrón confundiera la fiesta con una reunión secreta del grupo insurgente y matara a civiles inocentes.
El mismo testigo describió cómo él y sus compañeros del escuadrón bebieron cerveza y brindaron en la playa horas después de la matanza.
Masacre de La Cantuta
En la madrugada del 18 de julio de 1992, miembros del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y de la Dirección Nacional contra el Terrorismo (Dincote), la mayoría miembros del Grupo Colina, forzaron su entrada en las residencias estudiantiles de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta.
El operativo era en respuesta a una explosión en el barrio de Miraflores, reivindicada dos días antes por Sendero Luminoso, que fue uno de los ataques más mortales de una campaña de atentados con bomba de la organización insurgente, que dejó 25 muertos y más de 200 heridos.
En La Cantuta, las tropas ordenaron a los estudiantes abandonar sus habitaciones y los colocaron bocabajo en el piso. Nueve individuos fueron separados del grupo y llevados a la fuerza.
Entre tanto, un grupo de soldados irrumpió en la residencia del profesor Hugo Muñoz Sánchez. Tras el registro de la propiedad, también se lo llevaron.
Según la Fiscalía que investigó el caso, los nueve estudiantes y el profesor fueron desaparecidos forzosamente y asesinados.
El Grupo Colina había quemado los cadáveres, por lo cual se había hecho difícil su identificación. En 1995, Fujimori declaró una amnistía que cobijó a los miembros del escuadrón.
Secuestro del periodista Gustavo Gorriti
Gustavo Gorriti es un periodista que se destacó en los 80 reportando sobre el conflicto entre el gobierno y Sendero Luminoso, reconocido por su conocimiento de dicha organización.
También fue un crítico del gobierno fujimorista.
En 1992, publicó una serie de artículos en la revista Caretas donde vinculó al gobierno con organizaciones narcotraficantes, implicando en particular a Vladimiro Montesinos, el “hombre fuerte” de Fujimori y director del Servicio de Inteligencia del Ejército entre 1990 y 2000.
En reacción a los artículos, el 6 de abril de 1992, una unidad del ejército peruano lo arrestó en su casa y lo llevó a los sótanos del Servicio de Inteligencia.
El secuestro sucedió durante el llamado “fujimorazo” o autogolpe, una crisis constitucional en la que Fujimori disolvió el Congreso y detuvo a varias figuras de la oposición.
La esposa de Gorriti alertó a la prensa y a gobiernos extranjeros, incluyendo Estados Unidos. La presión internacional causó que el periodista fuera trasladado a un lugar de detención oficial y dos días después de su secuestro fue puesto en libertad.
Gorriti vivió en el exilio durante los 90, primero en EE.UU. y luego en Panamá.
Secuestro del empresario Samuel Dyer
El 27 de julio de 1992, Samuel Dyer se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Lima, dispuesto a viajar a Estados Unidos.
Sin orden judicial, fue impedido de abordar un avión por personal del SIN y llevado a las oficinas de migración donde le informaron que tenía una orden de captura.
De ahí fue trasladado violentamente a los calabozos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), donde permaneció privado de libertad y fue interrogado sobre su presunta colaboración con Sendero Luminoso.
El empresario fue sometido a una investigación de cuatro días, sin justificación ni pruebas, hasta que no tuvieron forma de encontrar “vínculos terroristas”.
La SIE lo sacó subrepticiamente de su sede, lo dejó en una calle y lo “hizo huir”. Dyer se refugió temporalmente en la embajada de México en Lima y poco después salió a EE.UU. con su familia.
Varios militares recibieron duras condenas por su participación en estos delitos, incluyendo Julio Salazar Monroe, exjefe del SIN, y Juan Rivero, exjefe del SIE.
Fujimori fue encontrado culpable de ordenar las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, así como de avalar los secuestros de Gorriti y Dyer.
* Esta nota fue publicada originalmente a raíz de la orden de libertad para Fujimori y actualizada el 11 de septiembre de 2024 con su muerte.
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