En 34 años, el crimen organizado ha asesinado a 67 sacerdotes católicos; no hay cifras de amenazas
De 1990 a 2024, 67 sacerdotes de la Iglesia católica han sido asesinados en lo que la iniciativa Diálogo Nacional por la Paz ha calificado como “una lucha por el territorio municipal” en México.
En entrevista con Animal Político, el padre Jorge Atilano, director ejecutivo del Diálogo Nacional por la Paz, reveló que han tenido conocimiento sobre que recursos económicos de gobiernos municipales se han usado para financiar al crimen organizado.
“Anteriormente, el gran negocio era la siembra de la mariguana; después lo fue el tráfico de cocaína y drogas sintéticas; luego floreció la extorsión y el secuestro; pero ahora encontraron en las alcaldías un modo de acceder a recursos económicos para financiar proyectos criminales”, alertó el religioso.
El modo de operar de los grupos del crimen organizado, explica, se vio con mayor crudeza durante el proceso electoral de este año, pues 36 aspirantes a diversos cargos públicos fueron asesinados.
“El grupo delictivo presiona a los alcaldes, les pide la dirección de la policía, la tesorería y desde ahí financian a sus grupos armados y otros proyectos”, detalló el sacerdote, miembro de la comunidad Jesuita en México.
Ante amenazas, avisar a las autoridades
El padre Jorge Atilano lamenta que no haya datos concretos sobre presbíteros amenazados en el país; pero dice que se estima que entre 2021 a 2022, hubo cerca de 800 incidentes de este tipo.
Pese a las agresiones o a que decenas de sacerdotes están asignados en zonas con altos índices de inseguridad, la Iglesia se ha mantenido en contra de la portación de armas.
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“La postura de la iglesia es no usar armas […] lo que tienen que hacer es comunicarlo a la autoridad para que se generen las medidas cautelares que mejor convengan. Ese es el seguimiento para los sacerdotes que se encuentran en algún riesgo, les dan escoltas y botones de pánico, hay control de su seguridad con cambio de rutas y cámaras”, detalló.
En Chiapas el negocio es la migración
De acuerdo con Jorge Atilano, hasta hace unos años, en Chiapas, los conflictos tenían que ver con problemas entre familias, problemas entre grupos y comunidades que se fragmentaron cuando fueron apadrinados por los partidos políticos para gobernar los municipios; sin embargo, asegura que “se incrementó la violencia cuando el padrinazgo vino de los grupos delictivos”.
Precisamente en Chiapas, el pasado 20 de octubre fue asesinado el sacerdote de origen tzotzil Marcelo Pérez, reconocido por su labor como defensor de derechos humanos en las comunidades de Los Altos de Chiapas. Fue ultimado luego de oficiar misa.
“Antiguamente, el paso de la droga era vía aérea, pero a partir del 2000 empezaron a generarse rutas terrestres y Chiapas se convirtió en un territorio de paso. Estando ahí, en el territorio, se dieron cuenta que controlar la migración les daba recursos y se han metido a controlar el paso de migrantes”, declaró.
Ahora el crimen, asegura el vocero de la Iglesia para el tema de seguridad, obtiene recursos del control de los municipios, de manejar la migración que viene del sur del continente, del trasiego de drogas y de la explotación ilegal de los recursos naturales.
Piden reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum
Desde la firma del Compromiso por la Paz, la entonces candidata a la Presidencia de México por Morena, Claudia Sheinbaum, puso un enlace con quien la Iglesia católica ha estado en contacto constante.
Ya que tomó posesión, las reuniones con dicho enlace han incluido a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Jorge Atilano asegura que trabajan en una reunión formal con la hoy mandataria, donde se presente un plan de trabajo conjunto, Iglesia-Estado, de acciones por la paz.
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“Sabemos que ningún actor solo va a resolver este problema, ni solo el gobierno, ni sola la Iglesia ni la sociedad civil. Debemos construir desde el gobierno, para tener legitimidad, también”.
El padre Jorge Atilano no ve cerca el fin de la violencia, pero sí “la conciencia de sentarnos a dialogar para la pacificación del país”.
“La violencia que vemos todos los días nos da conciencia de que esto es un problema grave y necesita un rediseño institucional en los métodos de justicia, de gobernanza, de convivir en sociedad”.
La Iglesia católica en México ha citado a una Jornada Nacional de Oración por la Paz para este domingo 3 de noviembre. Las actividades incluyen una peregrinación y celebración litúrgica en San Cristóbal de las Casas, para honrar la memoria del padre Marcelo Pérez.
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Los puertorriqueños solo podrán votar en la elección presidencial si residen en otros lugares de Estados Unidos.
La broma ofensiva sobre Puerto Rico de un humorista en un mitin de Donald Trump el pasado domingo en Nueva York ha colocado a la isla en el centro de la recta final de la campaña electoral en Estados Unidos.
Tony Hinchcliffe dijo que Puerto Rico es “una isla de basura flotando en mitad del océano”, lo que causó indignación general en la comunidad boricua.
Pese a que uno de los portavoces de la campaña republicana dijo que Hinchcliffe “no refleja las opiniones de Trump”, el comentario ha vuelto a poner el foco en la situación de Puerto Rico y su estatus dentro de Estados Unidos, país al que pertenece y que en pocos días celebra su elección presidencial, en la que, paradójicamente, los habitantes en la isla no podrán votar.
El hecho de que los habitantes de Puerto Rico no puedan votar para elegir al presidente de EE.UU. es una de las razones por las que muchas voces dentro y fuera de la isla denuncian un trato discriminatorio por parte de Washington, hasta el punto de que es a menudo descrita como una “colonia”.
Ciudadanos sin voto en Puerto Rico
Aunque sí pueden hacerlo en las primarias de los partidos para elegir a sus candidatos, los 3,4 millones de ciudadanos estadounidenses que residen en Puerto Rico no pueden votar en la elección presidencial.
Puerto Rico es uno de los territorios de Estados Unidos, entidades administrativas fuera del continente americano que están bajo soberanía de Washington pero no son estados de la Unión.
Los habitantes de estos territorios no pueden participar en la elección presidencial aunque la mayoría tiene la ciudadanía estadounidense por haber nacido en ellos. Es lo mismo que les sucede a los naturales de Guam, las Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.
Paradójicamente, sí pueden votar los puertorriqueños que viven en alguno de los 50 estados o en el Distrito de Columbia.
Y su peso electoral no es en absoluto desdeñable.
Según el Pew Research Center, alrededor de 6 millones de puertorriqueños con derecho al voto viven en el Estados Unidos continental, lo que los convierte en el segundo colectivo de votantes hispanos más numeroso.
Por eso, puede que los comentarios de Hinchcliffe no le salgan totalmente gratis a Trump.
Los orígenes del peculiar estatus de Puerto Rico
El sistema electoral consagrado en la Constitución de Estados Unidos establece que el presidente será elegido por un Colegio Electoral formado con representantes de cada estado, lo que excluye de facto del voto a los estadounidenses que viven en territorios que no son estado.
Por tanto, ni los puertorriqueños ni el resto de estadounidenses residentes en Puerto Rico pueden votar en la elección presidencial.
La Constitución fue redactada en 1787, cuando Estados Unidos emergía como nación independiente de Gran Bretaña y Puerto Rico era aún parte del imperio español.
Los delegados de las 13 colonias británicas reunidos entonces en Filadelfia para fijar las reglas básicas del nuevo país no imaginaban que este acabaría haciéndose con lo que entonces era una isla española en el Caribe.
Pero en 1898 Estados Unidos derrotó a España en una guerra en la que esta perdió sus últimas posesiones coloniales.
Tropas estadounidenses tomaron el control de Puerto Rico y en el Tratado de París firmado ese mismo año, la isla pasó a estar bajo soberanía de Washington.
Sin embargo, eso no implicó la concesión inmediata de la ciudadanía estadounidense a sus habitantes, que se vieron excluidos de algunos derechos que la Constitución reconoce a otros estadounidenses.
La Corte Suprema de Estados Unidos se pronunció sobre el tema en 1901 en una serie de polémicas decisiones conocidas como los Casos Insulares.
Según explica Luis Fuentes-Rohwer, profesor de Leyes en la Universidad de Harvard, la Corte dictaminó entonces que “hasta que el Congreso decida que sean incorporados (Puerto Rico y los otros territorios de Estados Unidos), se quedarían en un limbo”.
Fuentes-Rohwer asegura que el lenguaje de los Casos Insulares “presenta a la gente de estos territorios como menos humanos, como primitivos e indignos de todo, incluida, por supuesto, la ciudadanía”.
Pese a que muchos historiadores y juristas la definen como racistas y discriminatorias, la Corte Suprema nunca ha revisado la doctrina sentada en los Casos Insulares.
En 1940 la Ley de Nacionalidad les otorgó la ciudadanía a todos los puertorriqueños, aunque muchos habían accedido a ella gracias a disposiciones anteriores.
Y en 1952 Estados Unidos permitió finalmente a Puerto Rico redactar su propia Constitución y desarrollar un autogobierno limitado.
El nuevo Estado Libre Asociado de Puerto Rico podía elegir un gobernador y unos poderes legislativo y judicial propios.
Pero el control fronterizo, la defensa, las relaciones exteriores, y otras competencias principales siguieron en manos del Congreso y del gobierno federal en Washington DC.
Y en la elección del presidente del Ejecutivo, Puerto Rico sigue sin poder votar, como tampoco puede hacerlo el único representante que tiene en el Congreso.
Cuál es la situación actual en Puerto Rico
En la isla se han llevado a cabo en los últimos años varios referendos sin valor jurídico sobre cuál debe ser su relación con Estados Unidos.
En el último en 2020 una mayoría de votantes votó a favor de que Puerto Rico se convierta en un nuevo estado de Estados Unidos, como los 50 actuales.
Pero esas votaciones han sido cuestionadas por su carácter no oficial y la baja participación en ellas.
Y en el Congreso estadounidense nunca ha habido un interés real por convertir a Puerto Rico en un estado, una decisión que alteraría el reparto del poder político en Washington, ya que les daría a los puertorriqueños dos senadores y una representación proporcional a su población en la Cámara de Representantes.
El malestar por la falta de influencia y poder en Washington ha contribuido al crecimiento de un movimiento independentista en Puerto Rico en los últimos años y por primera vez un candidato que aboga por la independencia, Juan Dalmau, aparece en las encuestas con opciones reales de ganar las elecciones a gobernador, que se celebran el mismo día que las presidenciales estadounidenses.
Ronald Ávila Claudio, experto en Puerto Rico de BBC Mundo, explica que “muchos puertorriqueños, sobre todo los más jóvenes, se cuestionan los beneficios de la relación actual con Estados Unidos”.
Estos puertorriqueños creen que “la falta de poder político tiene mucho que ver con el poco interés de Washington en poner a Puerto Rico en el centro de su agenda”, dice Ávila Claudio.
A eso se suma la “profunda crisis económica que desde hace más de dos décadas vive Puerto Rico y que hace que toda una generación enfrente la falta de oportunidades y los problemas derivados de una infraestructura débil”.
El huracán María, que en 2017 arrasó la isla, y la tardía y para muchos insuficiente respuesta del gobierno federal, entonces en manos de Donald Trump, aumentaron el malestar de los boricuas con el trato que reciben de Estados Unidos.
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