Cártel Jalisco Nueva Generación recluta a militares colombianos para fabricación de minas terrestres en Michoacán
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) recluta a especialistas en armamento y explosivos de guerra de origen colombiano para la fabricación de artefactos explosivos improvisados para cielo abierto o tipo mina.
Un exmilitar colombiano revela que fue reclutado con engaños por el CJNG, pero logró escapar junto con 10 compatriotas suyos.
Luego de seis años, El Pascual, como es conocido, terminó su carrera militar en el Ejército Nacional de Colombia. Al salir, fue contratado como obrero en el ramo de la construcción, hasta que en 2023 supo de una oferta de trabajo en México, que se le hizo atractiva.
“Escuché una oferta en internet donde ocupaban escoltas, vigilantes, para seguridad; me interesó el trabajo y nos prometieron vivienda, gastos personales, transportes, pasajes de ida y vuelta a la casa. Fue muy llamativa la oferta. Yo estaba en Colombia y pues estaba mal (económicamente), porque yo estaba en la construcción y perdí mi empleo por ir a otra oferta de trabajo”, cuenta.
El Pascual, de 35 años, relata que fue contactado por un militar colombiano en activo y le ofreció unos 7 millones de pesos colombianos, (que son poco más de 34 mil pesos mexicanos), para trabajar de escolta en México.
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“Entonces yo contaba con los requisitos (experiencia militar y en seguridad); entonces me dijo que con eso servía para yo trabajar en su empresa”, recuerda.
A la semana de haber sido contactado, le compraron los boletos de avión. Viajó a Cancún y luego a Guadalajara, donde ya lo esperaban otras personas, que lo trasladaron a una residencia en otro municipio jalisciense.
“Me llevaron para una casa, todo bonito, carros para acá. Eso estaba muy bueno. De un momento a otro llegó la noche y ya estaba en lo más oscuro de un cerro. Pensé que nos iban a llevar a otra finca o a algún lado para conocer a dónde vamos a trabajar”, narra.
Parasu sorpresa, recibió una mochila, una camisa camuflada, una botella con agua y se lo llevaron a pie, junto con más exmilitares colombianos, a otro punto serrano.
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El Pascual se preguntaba en dónde estaba la gente a la que iban a cuidar como escolta y en dónde estaba la empresa de seguridad que los había contratado.
Después de caminar varias horas supo la verdad: “Nos dijeron que bienvenidos al Cártel Jalisco Nueva Generación. La verdad es que me llevaron engañado; fui engañado y ya me di cuenta hasta que estaba en el cerro”, explica.
“Ese día pelee dos veces, en la mañana y en la noche, pero eso no es lo mío, porque a pesar de que yo tengo entrenamiento y todo conocimiento en armas y explosivos, también tengo valores que me han enseñado y hay cosas que yo no iba a hacer, porque no me nace, como pelear con la gente civil, yo no vengo a pelear con el gobierno tampoco”, sostiene.
El exmilitar refiere que la organización criminal les exigía asesinar a personas inocentes, mutilar a campesinos, así como enterrar explosivos para dejar los campos minados y hacer estallar vehículos.
La experiencia de El Pascual, junto con su formación militar y el descubrimiento de que el CJNG buscaba crear grupos de exterminio, lo llevó a tomar una decisión que ponía en peligro su vida.
“Entre eso y un combate, aproveché la oportunidad y me volé (escapé), porque no estaba bien. También nos tenían obligados allá y si usted no quiere, pues lo matan; entonces ya toca hacerse amigo de ellos, para sobrevivir”.
El campo donde lo tenían a él y a los otros exmilitares colombianos fue rodeado con explosivos para evitar que se escaparan.
“Yo mismo ayudé a cargar los explosivos. Manipulan pólvora y me di cuenta que no les importa quien pase por ahí y uno mismo se puede volar; uno mismo la coloca para uno mismo. Yo vi compañeros que se volaron con las mismas minas, tratando de escapar del fuego”.
Por eso es que aprovechó la primera oportunidad para huir durante un enfrentamiento y caminó por varios días sin agua ni comida. En el trayecto se encontró con un grupo de religiosos que le brindaron apoyo, alimentos e hidratantes.
Luego fue trasladado a un centro cristiano, en donde permanece y hace labores sociales para las comunidades y para otros compatriotas suyos que han logrado también escapar de las garras criminales del CJNG y sus aliados Los Viagras.
Además, utiliza su experiencia para alertar a la población y de manera indirecta a las autoridades, sobre los explosivos sembrados por esas organizaciones delictivas.
Animal Político entrevistó a El Pascual en una zona serrana de la Tierra Caliente, cercana a la localidad Paredes del Ahogado, donde el pasado 17 de diciembre, dos militares murieron al estallar un artefacto explosivo terrestre.
El personal militar realizaba tareas de seguridad y de detección, así como desactivación de minas que ha sembrado el bloque criminal Cártel Michoacán Nueva Generación (CMNG), conformado por el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Viagras.
El reporte oficial indica que la mina estalló durante la maniobra del Grupo Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos, de la Secretaría de la Defensa Nacional.
El exmilitar colombiano expone que el tipo de mina que colocó ese bloque criminal es muy parecida a las que utilizaban los cárteles en su país.
El CJNG recluta a exmilitares y más recientemente también a integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por la experiencia que tienen en el uso de armamento y elaboración de explosivos, revela.
“Es que los militares tenemos el conocimiento de todo lo que nos entrenan, en cualquier tipo de armamento y también en el uso, desactivación y elaboración de explosivos. Por eso somos muy llamativos para esas organizaciones”, detalla.
Pascual dice que quienes trajeron la técnica del uso de explosivos a México para el CJNG fue un grupo de exmilitares colombianos, quienes hoy son encargados de los grupos de élite de extranjeros y los enlaces con sus reclutadores en Colombia.
Afirma que los explosivos tipo mina han evolucionado y son cada vez más peligrosos por el tipo de fabricación y activación para la detonación, que fue lo que le costó la vida a los militares en Paredes del Ahogado.
“Cada explosivo tiene tres mecanismos de detonación: por liberación de presión (pisarlas); a control remoto, o por tensión, al amarrar un cable conectado al dispositivo y al pasar estalla”.
Wilson Restrepo, otro exmilitar colombiano, explica que los explosivos son fabricados artesanalmente, con tubos de PVC, cilindros de aluminio, pólvora, explosivos C4, cables, baterías y controles remoto.
Cuenta que casi siempre los materiales son trasladados a Michoacán con ayuda de policías estatales de Jalisco, donde ese cártel tiene empresas de su propiedad, en las cuales se abastecen. Además, la pólvora y los explosivos les son proveídos por militares de destacamentos jaliscienses, coludidos con esa organización criminal, asegura.
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Consultadas sobre el tema, diferentes áreas de inteligencia dijeron que ya tienen detectadas algunas de esas empresas ubicadas en los municipios de Ciudad Guzmán, Jilotlán, Zapopan, Guadalajara, Tuxpan y Ocotlán, Jalisco.
Adelantaron que se investiga a alcaldes y a policías municipales, así como algunos mandos estatales de seguridad, coludidos con ese cártel.
Ante la escalada de asesinatos por explosión de minas terrestres, autoridades estatales y federales aumentaron sus recorridos en las zonas de Michoacán plagadas de explosivos.
Animal Político realizó un recorrido por la zona limítrofe de los municipios de Buenavista y Tancítaro, en la que se localiza la comunidad de Paredes del Ahogado, por donde pretende avanzar sus tropas el bloque criminal Cártel Michoacán Nueva Generación (Viagras-CJNG).
Esa localidad está ubicada a no más de 30 kilómetros de la cabecera municipal de Buenavista y actualmente es vigilada por personal de Policía Municipal, de Guardia Civil, de Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.
Una vez llegada la brecha, el silencio embarga al personal de fuerzas municipales, estatales y federales, atentas ante cualquier ataque o movilización de comandos.
Los convoyes policiales están compuestos por al menos 15 camionetas que avanzan en caravana hacia la franja minada con explosivos.
Los especialistas en detección y desactivación de explosivos avanzan a paso lento, ataviados con equipo antibombas. Solo las órdenes de los mandos y de los especialistas se escuchan. Un movimiento en falso y les cuesta la vida.
Estiman, que tan solo en ese punto han localizado y hecho estallar al menos 12 artefactos explosivos improvisados para cielo abierto, también conocidos como tipo mina.
Poco a poco, la población de las localidades aledañas han regresado a sus viviendas, luego de haber huido por temor a que les estallara una mina terrestre.
“Esperemos poder tener mejores resultados, porque no queremos que haya más muertos: niños, señoras, campesinos, adultos mayores o cualquier otra persona civil o uniformada”, suelta uno de los militares a cargo, que prefiere no dar su nombre.
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En el Caribe colombiano hay un pueblo atravesado por la migración que, lejos de sumirse en una crisis, capitaliza el fenómeno.
Los migrantes lo llaman “el paquete” porque por US$350 pagan alojamiento, comida, transporte en lancha y un guía hasta las puertas del Tapón del Darién, la difícil selva que atravesarán a pie camino de Estados Unidos.
El venezolano José Gutiérrez lo compró y parece satisfecho.
“Todo está muy bien organizado. El guía nos recogió en la terminal de buses, nos buscó dónde dormir, comer y abastecernos”, dice este migrante joven y vigoroso, listo para emprender la travesía.
Gutiérrez aguarda sobre las 10 de la mañana junto a uno de los dos muelles de Necoclí, un remoto pueblo del norte de Colombia ubicado a pocos kilómetros del Darién, uno de los pasos migratorios más peligrosos del mundo.
Hoy el mar está bravo, así que aún no sabe si zarpará la lancha que lo llevará al otro lado del Golfo de Urabá para adentrarse en la tupida selva entre Colombia y Panamá, en la que cada año mueren decenas de personas.
Solo en 2024 murieron al menos 55, según estiman autoridades panameñas. Se teme que muchos otros desaparecen en el intento.
Por ubicación, servicios e infraestructuras, Necoclí se ha convertido en un paradero donde cada año cientos de miles de migrantes recuperan fuerzas y fondos antes de reemprender su odisea.
Uno podría pensar que este fenómeno mantiene en crisis a esta población de alrededor de 70.000 habitantes.
Pero desde que en 2019 aumentó el flujo de personas hacia el Darién, el poblado prosperó, no sin retos, con la industria de la migración.
Se disparó la oferta hotelera y de restaurantes, aparecieron decenas de tiendas que surten al migrante, se ampliaron y construyeron nuevas casas, se multiplicaron las motos y los viajes en bote. La economía se dinamizó.
“Aquí en Necoclí hay absolutamente de todo”, me explica Gutiérrez.
Cuando el mar se calma, se acaba la incertidumbre para el venezolano. Más migrantes se le unen hasta superar la veintena.
Un guía da las últimas indicaciones y los abraza uno por uno. Les desea suerte. Un oficial de migración pasa lista. Los pasajeros toman asiento, poniendo a sus pies las pertenencias. El timonel enciende el motor.
La lancha zarpa, sortea las olas de la orilla y se mete mar adentro. Todo está coordinado.
La de los botes es una de las áreas que más lucro genera, de acuerdo a la secretaría de Turismo.
En Necoclí operan dos y cobran 170.000 pesos (US$38) por trayecto de ida y vuelta.
El migrante, aunque solo realice el viaje de ida, paga lo mismo.
De pueblo remoto a epicentro migratorio
Dicen en Necoclí que hasta 2019 o 2020 no llegaron migrantes en masa. Los necoclicenses vivían de cultivar banano o coco, de la pesca, del ganado y, sobre todo, de un turismo atraído por sus casi 100 kilómetros de playa.
Aparte de eso no era un municipio muy diferente a otros remotos colombianos, marcados históricamente por falta de recursos, difícil acceso, debilidad institucional y la presencia de grupos armados.
En este caso, del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), una organización paramilitar que en los últimos tiempos rechaza el nombre con el que más se le conoce, el Clan del Golfo, al que gobierno y expertos vinculan con economías ilícitas como el tráfico de drogas, la minería ilegal y el tránsito migratorio.
Todo cambió tras explotar la crisis migratoria en 2021.
“El mar entre Necoclí y el otro lado del Golfo es más tranquilo y aquí, por el turismo, ya había hoteles, restaurantes y transportadoras marítimas que nos convirtieron en un punto expedito para la migración”, me explica el secretario de Turismo del municipio, Carlos Rojas.
Algo más de 60 kilómetros de agua, alrededor de dos horas de navegación, separan Necoclí de Capurganá y Acandí, los últimos municipios colombianos antes del Darién.
Estos también, me cuentan locales, consiguen sacar rédito del flujo migratorio, aunque no de una forma tan establecida como la de Necoclí.
Se calcula que en 2019 cruzaron la selva alrededor de 22.000 personas. En 2020, con la pandemia, el número se desplomó a menos de 10.000. Un año después, superó los 130.000.
Según el gobierno panameño, un récord de más de 500.000 personas la atravesaron en 2023.
En 2024, si bien se redujo a casi la mitad, entre otros motivos por el mayor control de fronteras impuesto por el gobierno panameño, se cree que al menos 300.000 personas cruzaron el paso.
Y de acuerdo a una evaluación del secretario de Gobierno de Necoclí, Johan Wachter Espitia, la mayoría pasó antes por allí.
Cuando los flujos se dispararon, el pueblo apenas dio abasto. Colapsó.
Decenas de miles de migrantes quedaron varados. Muchos acamparon en las playas. Algunos se quedaron años.
Según se apaciguó la crisis, en Necoclí hicieron números.
“Aprendimos que, si bien la migración es un fenómeno que no estábamos preparados para asumir, se podía recibir con cierta positividad: generó buenas divisas e ingresos para muchas familias y comercios del municipio”, cuenta Rojas, quien además de su cargo institucional también es empresario turístico.
Boom hotelero
Los martillazos y soldaduras son constantes en Necoclí.
Son decenas las nuevas construcciones y renovaciones que uno se encuentra por las calles.
Muchas de estas obras, me cuentan locales, serán nuevos hoteles y hostales para atender la demanda de migrantes y turistas.
Miriam Valdelamar me abre las puertas de su casa, convertida en hostal.
“En 2020, debido a la cantidad de personas que tuvimos en Necoclí, desocupé esta casa de cuatro habitaciones. Pusimos tres a rentar y toda la familia nos metimos aquí, en la pieza grande”, cuenta mientras me enseña las instalaciones, que cobra a 35.000 pesos la noche (US$8).
La hostalera defiende que su hostal, a menor precio que la media, se enfoca en albergar a los migrantes con más necesidades económicas, como las mujeres con niños y las personas con discapacidades.
Rojas, el secretario de Turismo, también tiene un hotel donde renta habitaciones a migrantes cuando se disparan los flujos.
Estos son intermitentes. Dependen de coyunturas como las crisis que en los últimos años se vive en países como Ecuador, Venezuela, Cuba o Haití, provocando un éxodo de sus nacionales que no para.
Pero cada vez más también llegan desde Asia y África.
“Antes del fenómeno migratorio, teníamos unos 86 alojamientos. Hoy hay más de 240 documentados. Si contamos los informales, tenemos una oferta de entre 300 y 320 alojamientos”, le dice Rojas a BBC Mundo.
Hay hospedajes para todo bolsillo: tipo boutique de 350.000 pesos (US$68,40) por noche, 3 o 4 estrellas de 150.000 pesos (US$34), ecohoteles y hostales por menos de 80.000 pesos (US$18).
Eso también muestra cómo el pueblo consigue hacer convivir sus rentas principales: migración y turismo.
Por lo general, los asiáticos, provenientes de países como China, Vietnam, Bangladesh o India, pagan por los alojamientos más equipados.
Haitianos o venezolanos, con menos recursos, se hospedan en los más humildes.
Si no les alcanza, acampan en la playa, como la venezolana Marisela Bellorín, que duerme en una tienda con su esposo e hijos desde hace semanas.
“Los precios de Necoclí no son para todos”, me dice mientras actualiza a su familia en Venezuela por videollamada sobre cómo transcurre la travesía.
En su caso, espera continuar su camino lo antes posible.
No todos lo logran. BBC Mundo conoció a un venezolano que lleva más de un año en Necoclí intentando reunir el dinero necesario para la siguiente fase.
Valdelamar me explica que con lo que ganó en su hostal, ahorró e invirtió en nuevas habitaciones en su patio trasero, en las que puede alojar hasta a 20 personas.
Si tiene las camas llenas, gana US$160 en una sola noche- en Colombia el salario mínimo equivale a US$390 mensuales en febrero de 2025.
Ahora está haciéndole un segundo piso a la casa.
Quiere más cuartos, pero le preocupa no recuperar lo invertido con la ralentización migratoria.
“Estamos preocupados porque ya no hay tantos como hace un año, pero confiamos en que por otro lado aumente el turismo”.
Turismo vs migración
Aunque la migración dinamiza la economía municipal, la secretaría de Gobernación de Necoclí asegura que la masiva llegada de migrantes dañó el turismo, la fuente de ingresos tradicional de los necoclicenses.
“Si bien lo que consume el migrante contribuye a que se mueva la economía, el hecho de que haya algunos quedándose en la playa porque no tienen recursos suficientes afecta de alguna forma al turista”, le dice a BBC Mundo Wachter Espitia, el secretario de Gobernación.
Es común que aquellos en el pueblo que no han capitalizado el fenómeno migratorio se quejen de que los medios han alimentado una “mala fama” para la llegada de turistas.
“Entendiendo la migración como un derecho y algo que nos acompañará los próximos 30 o 40 años, debemos tener la capacidad de hacer coincidir migración y turismo”, opina Wachter Espitia.
Para muchos negocios locales los límites entre turismo y migración son cada vez más borrosos. Paradójicamente, demandan casi los mismos servicios.
Pero los que sacan buenas rentas de la migración defienden que es ese, y no el turismo, el verdadero negocio.
“El turista de aquí es el migrante. Yo no distingo”, dice el cubano Léster Vidal, quien llegó hace unos años con su esposa para cruzar el Darién, pero se quedó sin recursos.
También los peligros de la selva los hicieron cambiar de plan.
“Decidimos entonces quedarnos, trabajar y reunir dinero para intentar ir por una vía más segura, quizás a España en vez de a Estados Unidos”, le cuenta a BBC Mundo.
Vidal tiene un pequeño carrito ambulante que aparca junto a uno de los muelles desde donde parten migrantes y turistas hacia el otro lado del Golfo.
Vende medicamentos, fosforeras, mascarillas, repelentes: pequeños objetos que pueden ser útiles para la travesía por la jungla.
Junto a los embarcaderos hay decenas de puestos como el suyo y en el centro del pueblo me encuentro con establecimientos que venden tiendas de campaña, botas de caucho, machetes, ollas y fogones portátiles.
“Antes del flujo migratorio uno podía ganarse un millón o millón y medio de pesos (US$336) vendiendo al turista y ya con la migración se puede ganar unos cuatro o cuatro millones y medio de pesos al mes (US$1.000)”, me cuenta Fredy Ruiz, propietario de una de esos locales.
La convivencia entre turismo y migración alcanza límites insospechados en estos bazares.
Justo al lado del de Ruiz, la trabajadora de otro comercio me dice que por el suyo recientemente pasaron unos turistas colombianos a comprar todo lo que se lleva el migrante para “vivir la experiencia de cruzar el Darién en forma de tour”.
Ruiz señala que con lo ganado dio “para mejorar la casa y comprarse una motico”. También multiplicó a sus empleados.
La desgracia y la felicidad
El contexto en que se generan sus ganancias no es ajeno a los necoclicenses.
No se le escapa que muchos de sus clientes huyen de la violencia y la precariedad, dejando vidas y familias atrás.
También saben que decenas de personas mueren cada año en la selva.
Le pregunto a varios comerciantes cómo manejan el hecho de que su negocio dependa de un drama que sufren cientos de miles.
Muestran simpatía, pero también pragmatismo. Al final, dicen, no es algo que puedan controlar.
“La felicidad de uno es la desgracia del otro. Ellos buscan su sueño americano y a nosotros nos hacen mucho por la economía”, indica Ruiz desde el mostrador de su tienda.
Los migrantes con los que pude conversar no se sienten utilizados.
Aunque algunos reclaman precios más bajos, en general agradecen que en medio de tan larga y dura ruta exista un pueblo enfocado en brindarles todos estos servicios.
Nadie habla mucho del supuesto papel del “Clan de Golfo” en la economía de la zona.
Un reporte de la Fundación Ideas para la Paz de Colombia afirma que por su “control hegemónico”, el grupo interactúa con redes nacionales y transnacionales de tráfico de migrantes.
Según el estudio, el Clan realiza una tributación forzada en actividades vinculadas con la migración, contiene la violencia contra los migrantes y autoriza y restringe el uso de rutas marítimas y terrestres.
Pero ninguno de los comerciantes que entrevisté admite que eso suceda. Y el secretario de gobernación, Wachter Espitia, dice que se trata de especulaciones.
“Nosotros nos relacionamos y conversamos con las empresas, los actores regulados, y no los secundarios. Si hay rentas irregulares, eso le corresponde tratarlo a las autoridades competentes”, indica el secretario.
Los migrantes que transitan por Necoclí permanecen ajenos a estas dinámicas.
Quienes duermen en la playa por semanas o meses esperando reunir dinero parecen casi instalados en la cotidianidad.
La familia de la venezolana Marisela Bellorín aguarda cerca de una fogata donde otros migrantes cocinan.
Sus niños se recuestan sobre un bote, adormecidos, mientras bares junto a la playa recogen las sillas donde se sentaron los turistas, permitiendo que decenas de familias monten las carpas donde dormirán por un número de noches aún indeterminado.
Los necoclicenses desconocen si los migrantes a los que acogen, alimentan, abastecen y transportan cruzarán con éxito la peligrosa selva y llegarán a su destino.
Pero mientras, su paso por Necoclí engorda los bolsillos locales.
Como me dice una emprendora a pie de playa, “en Necoclí sale el sol para todos”.
Incluso para los migrantes de la playa, que desde el alba salen a ganar fondos en el pueblo que prospera bajo la peor crisis migratoria de América Latina en décadas.
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