De las más de 6 mil carpetas de investigación por casos de tortura que se abrieron en México durante 2022, solo el 1.3% —es decir, 82— de los casos ha llegado a judicializarse.

Así lo revela el más reciente informe del Observatorio contra la Tortura en México, que documenta además que esas 6 mil 226 carpetas de investigación representan un incremento de 11% respecto a las 5 mil 594 que se iniciaron en 2021.

Sin embargo, el reporte evidencia que sólo un número muy bajo recibe algún tipo de reparación. Mientras que solo 244 personas fueron registradas formalmente ante comisiones de atención a víctimas –un 39.3%–, el Observatorio solo identificó 10 casos en los que se emitieron medidas de reparación integral. 

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Esto pese a que la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes –promulgada en 2017– estableció la necesidad de contar con estas. Si bien, de acuerdo con los especialistas, se trata de un primer paso indispensable, no ha sido suficiente para enfrentar todos los problemas y desafíos relacionados con el tema.

Por el contrario, el informe señala que existe un estancamiento generalizado de las investigaciones de tortura en las fiscalías, pues el número de casos judicializados sigue siendo extremadamente bajo. Esa muestra resulta tan pequeña que incluso dificulta la detección de tendencias y la correlación de variables.

Difícil comprobación del delito

Entre los mayores desafíos que persisten en torno a la prevención y atención de casos de tortura, de acuerdo con el Observatorio, está la dificultad que enfrentan las víctimas para comprobar que lo fueron en el caso de ese delito.

Mientras tanto, la mayoría de los certificados no encuentra una correlación entre la denuncia y la evidencia médico psicológica de que existió tortura. “Esta prueba sigue siendo muy importante, pero vemos que los obstáculos que suelen enfrentar las víctimas para demostrar que lo fueron están, por un lado, en la dificultad que existe para acceder a estas certificaciones”, añadió Ferrer.

En tanto, el porcentaje de peritajes que sí encuentra correlación varía dependiendo de si son elaborados por los organismos públicos o comisiones de derechos humanos, o por las fiscalías. Es decir, es mayor cuando las realizan los primeros. “Hay una dificultad manifiesta por parte de las víctimas para poder sustentar que han sido víctimas de tortura, porque poder allegarse de medios de prueba es muy dificultoso”, aseguró.

Fiscalías estatales, las más señaladas por casos de tortura en México

El informe de hallazgos del Observatorio contra la tortura revela que las autoridades más señaladas en el caso del delito de tortura son las fiscalías estatales y las secretarias de seguridad pública de las entidades, que juntas son las presuntas responsables de más de un 80% de los casos.

En tanto, cuando se trata de las quejas recibidas por tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, las autoridades más señaladas fueron las secretarías de seguridad pública estatales (52.5%), en especial los cuerpos policiales adscritos a estas. Las fiscalías representan, en ese caso, el 24.5% de las autoridades presuntamente responsables.

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El informe también documenta el nivel de respuesta de las comisiones de derechos humanos frente a las quejas promovidas por tortura. En el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de las 49 quejas clasificadas que recibió por tortura emitió 40 recomendaciones, mientras que de las 158 recibidas por tratos crueles e inhumanos, emitió recomendaciones solo en un 25% de los casos.

Sin embargo, los porcentajes son aún más bajos en el caso de los organismos públicos estatales, pues de las mil 194 quejas que recibieron por tortura, emitieron solo 41 recomendaciones –3.4%– y de los 2 mil 491 expedientes por tratos crueles e inhumanos solo resultaron 30 recomendaciones, es decir, el 1.2%.