En tan solo dos horas y media, el día de ayer un juez federal derrumbó el único caso abierto por la Fiscalía General de la República (FGR) por el uso ilegal del software espía Pegasus, usado en contra de la periodista Carmen Aristegui.
“La Fiscalía no logró acreditar ni aportó una sola prueba para probar que Juan Carlos (García Rivera) cometió la acción por la cual se le juzgó”, fueron las palabras que usó el juez Luis Benítez Alcántara, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, para tirar el caso que fue judicializado por la FGR desde el año 2021.
Mientras esto ocurría, la cara del fiscal Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), que llevó personalmente todo el juicio, cambiaba rápidamente de su característico color pálido a un rojo intenso.
“Impugnaremos”, fueron las únicas palabras que alcanzó a decir el fiscal a un colaborador suyo ante la derrota por la que acababan de pasar.
Pese a lo anterior, el juez Benítez Alcántara señaló que dicha determinación de ninguna manera impide que la FGR y la FEADLE sigan investigando el caso, pues incluso señaló que existen al menos 24 operadores del software espía en el país.
“Tenemos de 24 a 29 personas más que estaban capacitadas para operar Pegasus en el país. De hecho, en algún momento se entregó un listado con sus nombres, por lo que no hay razón para señalar a una sola persona por este hecho”, dijo Benítez Alcántara.
Desde el lunes pasado el propio García Rivera, empleado de la empresa KBH, aseguró no entender la razón por la cual ha estado encarcelado durante dos años y dos meses por el caso Pegasus, si en el contrato de la operación del software espía con la entonces Procuraduría General de la República (PGR), en la que reconoció haber participado, hay otras dos personas mencionadas antes que él.
“Jairo Riso (colombiano) y Berta Sánchez (española) trabajaban para NSO Group y solo ellos conocen cómo funciona el sistema, cómo funciona la ‘caja negra’, porque a mí nunca me lo permitieron. De hecho, solo por ser mexicano, yo no podía participar en su operación supuestamente para evitar un conflicto de interés o filtración de la información. Entonces no entiendo por qué la Fiscalía General de la República no los investigó primero”, dijo.
De acuerdo con la carpeta de investigación, estas dos personas están mencionadas en el “Anexo Técnico” del contrato entre NSO y la PGR, mismas que atendían las fallas del software, daban la capacitación avanzada del sistema y conocían su operación.
Precisamente, la mención de esta situación provocó que ayer el juez Benítez retomara el tema e hiciera énfasis en que, durante el juicio, la propia FGR presentó como testigo a Janeth Aquino Paredes, trabajadora de la extinta PGR, “que fue capacitada en el sistema Pegasus aunque en principio no sabía de qué se trataba”.
“Ella dijo que la capacitación fue tomada por entre 20 y 25 personas más ¿Entonces el señor Juan Carlos era el único que podía operar el software? Pues no. ¿Quién más tenía este sistema? Pues la propia PGR e incluso la Secretaría de la Defensa Nacional”, dijo.
Incluso, recordó que dicha lista de más de 20 personas capacitadas fue proporcionada por Ricardo Joaquín Ramírez, un director adjunto del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), por lo que la FGR debe indagar más.
Además, el juzgador recordó que Aquino Paredes testificó que la capacitación fue realizada por dos personas identificadas como “Armando”, con características distintas a García Rivera y Jairo Riso, y “una mujer venezolana” que de entrada no comparte la nacionalidad con Berta Sánchez.
“Por ello mi resolución no acota la investigación que la Fiscalía debe continuar. La importancia de este asunto no inicia desde esta sala, inicia desde la investigación. Más tratándose de un sector que ha sido tan vulnerado en México”, dijo el juez, haciendo énfasis en la profesión de periodista de Aristegui.
Incluso reconoció que los peritajes realizados por expertos de Citizen Lab de la Universidad de Toronto sí acreditaron que el teléfono de la periodista fue intervenido con Pegasus entre 2015 y 2016, mismos que ocurrieron en el marco de la publicación de la investigación La casa blanca de Peña Nieto.
Sobre el testimonial de “Zeus”, principal testigo protegido de la FGR contra García Rivera, el juez señaló que sus dichos se deben dividir entre “lo que le consta, lo que dice que le dijo el señor Juan Carlos y la información que obtuvo por otras personas”.
En ese sentido explicó que “Zeus” es un “testigo referencial”, porque no le consta nada de lo que dice que le dijeron ni lo que escuchó por parte de Uri Ansbacher, dueño de KBH.
Desde el inicio del juicio, “Zeus” afirmó que entre la lista de personas que fueron espiadas con Pegasus estaban los empresarios Germán Larrea, Carlos Slim y directivos de Televisa, nombres que aparecieron en un Excel con más de 1,500 registros.
Según el testimonio de Zeus, el espionaje se realizaba bajo las órdenes directas de Peña Nieto y su entonces secretario de Gobernación, Osorio Chong, así como Eugenio Imaz, titular de la CISEN, quienes supuestamente se comunicaban directamente con Ansbacher para ordenarle realizar diversas intervenciones que a su vez realizaba Juan Carlos García Rivera.
“Pero la Fiscalía ni siquiera acreditó que la información que proporcionó ‘Zeus’ estaba radicada en la oficina de Juan Carlos. No queda duda que Juan Carlos operaba el sistema, pero el hecho es que no hay una sola prueba de qué utilizó este software para espiar a la víctima”, dijo.
Al salir de la audiencia, Carmen Aristegui señaló que la importancia del caso, tal como lo señaló el juez, radica en la obligación de la Fiscalía de continuar con la investigación de caso Pegasus de la manera más amplía, profesional y contundente, para que los responsables del “abusivo e ilegal” uso de Pegasus en México rindan cuentas ante la justicia.
“Salgo de la audiencia final con esta resolución y sentencia del juez Luis Benítez Alcántara, digamos, con un sentimiento encontrado, porque quedó totalmente reconocido judicialmente, sin dejar ya lugar a dudas que hay víctimas, por lo pronto una, y presumo que muchos más con Pegasus. Ahora toca a la Fiscalía ir a hacer su trabajo, elevar sus estándares si efectivamente no los cumplió como dijo el juez, y responder a México frente a un agravio extendido y cometido de manera ilegal, irresponsable y masiva”, dijo.
Por su parte las organizaciones Artículo 19, Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Social TIC respaldaron lo dicho por Carmen Aristegui y se sumaron a la exigencia hacía la FGR para que sigan investigando este caso.
“El resultado del juicio refrenda la urgente necesidad de que la Fiscalía dirija sus indagatorias hacia todos los responsables, sean actores privados y/o funcionarios públicos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), el entonces Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cuya adquisición y uso del sistema Pegasus en el sexenio pasado han sido plenamente documentados”.
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La familia de origen iraquí había pedido asilo en varios países de Europa, pero dicen que se lo denegaron y les dijeron que iban a ser deportados.
Ahmed Alhashimi está en la playa, gritando a las olas que van y vienen, golpeándose y arañándose el pecho, entregándose al dolor, la rabia y la culpa, que no desaparecen.
“No pude protegerla. Nunca me lo perdonaré. Pero el mar era la única opción que tenía”, solloza.
La semana previa, al amanecer, en ese mismo tramo de la costa francesa al sur de Calais, el hombre de 41 años se vio atrapado dentro de un bote inflable mientras gritaba para pedir ayuda, arremetía contra los cuerpos que lo rodeaban y rogaba a la gente que se moviera para darle espacio y poder agacharse.
Quería así rescatar a su hija Sara, de 7 años, de la oscuridad sofocante en la que había sido aplastada.
“Sólo quería que aquel hombre se moviera para poder levantar a mi bebé”, explica Ahmed.
Se refiere a un joven que era parte de un grupo más grande que embarcó en el último minuto, cuando el bote ya estaba alejado de la costa.
El hombre primero lo ignoró. Luego lo amenazó.
“Eso fue como la muerte misma. Vimos gente morir. Vi cómo se comportaban esos hombres. No les importaba a quién pisaban, fuera un niño o la cabeza de alguien, joven o viejo. La gente empezó a asfixiarse”, cuenta Ahmed con amargura.
Aunque Ahmed es iraquí, su hija ni siquiera conocía ese país. Nació en Bélgica y pasó la mayor parte de su corta vida en Suecia.
En total, cinco personas murieron en el mismo incidente, víctimas de lo que debió parecer una agonizante estampida a cámara lenta.
Un equipo de la BBC presenció lo que sucedió.
Los traficantes escoltaban a sus pasajeros a través de la playa hacia un pequeño bote mientras usaban fuegos artificiales y empuñaban palos para protegerse de un grupo de policías franceses que intentaba, sin éxito, impedir que el grupo abordara en el bote.
“¡Ayuda!”
A medida que el barco se alejaba mar adentro, escuchamos a alguien gritar débilmente desde a bordo. Pero en la penumbra que precede al amanecer era imposible saber qué estaba pasando.
Al amanecer, la policía se alejaba ya de la orilla junto a un presunto traficante de personas y algunos de los migrantes que no subieron al bote.
Ahmed confirmó más tarde que el hombre que gritaba pidiendo ayuda era él, implorando desesperadamente a quienes lo rodeaban que salvaran la vida de Sara.
La esposa de Ahmed, Nour AlSaeed, y sus otros dos hijos, Rahaf, de 13 años, y Hussam, de 8, también quedaron atrapados entre la gente, pero podían respirar.
“Soy un trabajador de la construcción. Soy fuerte. Pero ni siquiera yo podía sacar mi pierna, atrapada en la multitud. No me extraña que mi pequeña tampoco pudiera. Estaba bajo nuestros pies”, dice Ahmed.
El cuarto intento
Este era el cuarto intento de la familia para cruzar de Francia a Reino Unido desde que llegaron a la zona hace dos meses.
La policía los sorprendió dos veces en la playa cuando luchaban por el seguir el ritmo del resto de migrantes, que corrían hacia el bote de un traficante.
Ahmed cuenta que esta vez, los traficantes -que cobraban US$1.600 por adulto y la mitad por cada niño-, les habían prometido que sólo 40 personas subirían a su bote, pero se sorprendieron cuando otro grupo de migrantes apareció en la playa e insistió en subir a bordo.
Sara estuvo tranquila al principio. Sostenía la mano de su padre mientras caminaban desde la estación de tren de Wimereux la tarde anterior. Luego, durante la noche, se escondieron en unas dunas al norte de la ciudad.
Poco antes de las 6 de la mañana, el grupo ya había inflado su bote. Luego, los traficantes les ordenaron que lo llevaran a la playa y corrieran con él hacia el mar antes de que la policía los interceptara.
Dice Ahmed que, de repente, un bote de gas lacrimógeno de la policía explotó cerca de ellos y Sara comenzó a gritar.
Una vez que subieron a la embarcación, Ahmed sostuvo a Sara sobre sus hombros durante aproximadamente un minuto, pero luego la bajó para ayudar a subir a bordo a su otra hija, Rahaf.
Fue entonces cuando perdió de vista a Sara.
Solo más tarde, cuando los equipos de rescate franceses los interceptaron en el mar y desembarcaron a algunas de las más de 100 personas hacinadas en el bote, Ahmed pudo por fin llegar hasta el cuerpo de su hija.
“Vi su cabeza en la esquina del barco. Estaba toda azul. Ya estaba muerta cuando la sacamos. No respiraba”, explica entre sollozos.
Desde entonces, las autoridades francesas atienden a la familia mientras esperan para enterrar el cuerpo de Sara.
“Era la única opción que tenía”
Ahmed dice que es consciente de las fuertes críticas en las redes sociales que ha enfrentado por parte de personas que le acusan de poner a su familia en un riesgo innecesario. Parece debatirse entre aceptar y rechazar tales acusaciones.
“Nunca me lo perdonaré. Pero el mar era la única opción que tenía. Todo lo que pasó fue en contra de mi voluntad. Se me acabaron las opciones. La gente me culpa y dice: ‘¿Cómo arriesgaste a tus hijas?’ Pero he estado 14 años en Europa y he sido rechazado”, dice Ahmed, y detalla los años de intentos fallidos para asegurar su residencia en la Unión Europea tras de haber huido de Irak después de lo que describió como amenazas de grupos de milicias.
Al parecer, Bélgica le denegó el asilo con el argumento de que Basora, su ciudad natal en Irak, estaba clasificada como zona segura.
Cuenta que sus hijos pasaron los últimos siete años con un pariente en Suecia, pero que recientemente le informaron que serían deportados, junto a él, a Irak.
“Si supiera que hay un 1% de posibilidades de quedarme con los niños en Bélgica, Francia, Suecia o Finlandia, me quedaría allí. Lo único que quería para mis hijos es que fueran a la escuela. No quiero ningún tipo de ayuda social. Mi esposa y yo podemos trabajar. Sólo quería protegerlos a ellos, a su infancia y a su dignidad”, continua.
“Si la gente estuviera en mi lugar, ¿qué harían? Aquellos que (me critican) no han sufrido lo que yo he sufrido. Ésta era mi última opción”, dice, apelando al gobierno británico en busca de solidaridad y apoyo.
Eva Jonsson, profesora de Sara en Uddevalla, Suecia, describe a la niña como “amable y buena” en un mensaje de vídeo enviado a la BBC.
“Tenía muchos amigos en la escuela. Jugaban juntos todo el tiempo… En febrero nos enteramos de que la deportarían y de que sería rápido. Nos avisaron con dos días de antelación”, explica.
Después de enterarse de su muerte, la clase se reunió en círculo y guardó un minuto de silencio.
“Es muy desafortunado que esto le pase a una familia tan agradable. He enseñado a (otros) niños de esta familia y me sorprendió mucho la deportación”, dice la maestra.
“Aún tenemos la foto de Sara delante de nosotros y la guardaremos aquí mientras los niños quieran”.
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