El defensor del agua y ambientalista, Álvaro Arvizu Aguíñiga, murió este lunes a causa de lesiones provocadas durante una agresión en las instalaciones del Centro para la Sustentabilidad Incalli Ikcahuicopa (Centli).
El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZF), detalló que la madrugada del 13 de junio de 2023, un grupo de personas no identificadas entró al Centli, ubicado en el municipio de Tlalmanalco, Estado de México, y agredió al defensor del agua y la agroecología.
A través de un comunicado, denunció que, tras la agresión al ambientalista, el grupo amenazó a su compañera de trabajo y esposa, así como a otro de los colaboradores quienes previamente “fueron golpeados y amagados de pies y manos”.
Álvaro Arvizu Aguiñiga era miembro Centli, un proyecto promovido por el Centro de Investigación Sierra Nevada de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), que realiza investigación sobre agua y agroecología.
El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero señaló que este no es el único caso a agresión a un agroecologista.
Indicó que un día ante del ataque a Álvaro Arvizu, el 12 de junio, aproximadamente a las 21:00 horas, en la Cañada del Agua, en Tlalmanalco, el investigador Cuauhtémoc Márquez Fernández sufrió un atentado en su casa y falleció en un hospital de Zentlalpan, municipio de Amecameca.
“Lo anterior deja en evidencia el grave riesgo que corren las personas defensoras de derechos humanos en México y particularmente el Estado de México quien se consolida como uno de los estados más peligrosos para la labor de defensa de derechos humanos”, señaló el centro.
Por lo cual, pidió a las autoridades de todos los niveles de gobierno que investiguen y sancionen a los responsables, se garantice la vida del personal que trabaja en Centli y se dé una reparación del daño para las familias de los defensores.
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) lamentó la muerte de Álvaro Arvizu Aguíñiga y exigió que se haga justicia.
Reconoció el trabajo del ambientalista y promotor de la gestión sustentable del agua.
Las autoridades confirmaron la identidad de cuatro cuerpos que mostraban señales de tortura
La Fiscalía General de Ecuador confirmó que los cuatro cuerpos que se encontraron incinerados y con señales de tortura cerca de una base militar corresponden a los de cuatro niños que salieron a jugar fútbol el pasado 8 de diciembre y nunca volvieron a su casa.
Poco antes, un juez había ordenado la captura de 16 miembros de las fuerzas militares del país por su posible rol en el asesinato.
“Con base en los elementos de convicción expuestos por #FiscalíaEc, el Juez de la causa dicta prisión preventiva para los 16 militares procesados por presunta #DesapariciónForzada“, publicó la fiscalía en su cuenta en la red social X.
El caso ha generado indignación en Ecuador, donde cientos de personas salieron a la calle a pedir el regreso de Steven Medina, de 11 años, Saúl Arboleda de 15, y los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años.
Luego del anuncio de la fiscalía, en las calles que rodeaban la institución se veían las caras de dolor y rabia por un crimen que cerró de manera violenta el que fue un difícil 2024 en cuestión de seguridad para el gobierno del presidente Daniel Noboa.
El caso se convierte en uno de los momentos más difíciles para un presidente que ha basado su estrategia de lucha contra el crimen en la declaratoria del estado de excepción, el cual otorga poderes especiales a las fuerzas de seguridad para afrontar a las bandas al margen de la ley.
La indignación por el caso empujó a muchas personas a salir a protestar, exigiendo el regreso de los niños sanos y salvos.
Por ello, horas después de conocerse la identidad de los cuerpos y el escabroso final de los 4 niños, la Asamblea Nacional de Ecuador declaró 3 días de luto por la “desaparición forzada y asesinato” de los menores.
“Exhortamos a las autoridades del Gobierno Nacional y a la justicia ejercer todo el peso de la ley en este caso”, dijo la rama legislativa en un comunicado publicado en X.
Hasta el momento no ha habido respuesta del gobierno de Noboa ni de las altas esferas militares del país.
Sin embargo, este domingo se celebró el entierro de los niños, después de que sus restos fueran entregados a los familiares en ataúdes sellados con plástico, informó el diario ecuatoriano El Universo.
“Justicia para nuestros niños”, gritaron las madres y familiares de los niños en el cementerio Ángel María Canals, en el suburbio de Guayaquil, precisó el periódico.
La prensa ecuatoriana reportó que los familiares de las víctimas insistieron en que no descansarán hasta que los responsables de estas muertes sean sentenciados.
La desaparición de los cuatro muchachos cerca de Guayaquil generó de manera inmediata una polarización entre la población, en parte impulsada por las distintas versiones de los hechos que comenzaron a circular al conocerse el caso.
En una declaración inicial, el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, adjudicó la desaparición de los menores a “grupos delincuenciales”.
Pero días después, Loffredo cambió la versión y reconoció que los menores fueron detenidos por una patrulla de 16 militares que se movilizaban en dos vehículos.
Los militares “observan a ocho personas que estaban presuntamente robándole a una mujer”, explicó.
“Se bajan los miembros de la patrulla, neutralizan y aprehenden a tres personas y una cuarta es entregada por la ciudadanía que lo había cogido”, señaló el ministro en declaraciones a la radio City.
Esta versión indignó a los familiares, y a miles de ecuatorianos que los apoyaban, e hizo que la gente se fuera a las calles con carteles exigiendo el regreso de los menores, algunos con el lema de “son futbolistas, no terroristas”.
A la hora del anuncio de la fiscalía, muchos de esos manifestantes expresaron su dolor a las afueras del edificio.
Con la detención de los 16 militares, se espera que comience un proceso de esclarecimiento de los hechos para entender qué fue lo que verdaderamente ocurrió esa tarde del 8 de diciembre.
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