La audiencia de Ismael “El Mayo” Zambada en Nueva York se reprogramó para el próximo 16 de junio. Originalmente estaba prevista para el 22 de abril. El cambio ocurrió en medio de negociaciones de la Fiscalía de Estados Unidos para evitar un juicio y obtener un acuerdo de culpabilidad por parte del exlíder del Cártel de Sinaloa.
“Ambas partes han intercambiado ciertos materiales de evidencia y continúan con la discusión de una potencial resolución para acortar el juicio, en tanto el caso de pena capital es procesado y sigue pendiente el análisis del Gobierno [de Estados Unidos] de evidencia potencialmente clasificada”, señaló el fiscal especial John Durham, en una carta enviada al juez Brian M. Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York.
En tanto, la Fiscalía de Estados Unidos solicitó un cambio para la próxima audiencia de Zambada García, el cual fue aprobado por el juez Cogan.
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De esta manera, el calendario se modificó del 22 de abril al 16 de junio de 2025, debido a un conflicto de disponibilidad entre la defensa de “El Mayo” y las autoridades estadounidenses.
“El Gobierno y la defensa ahora comparten un conflicto de programación conjunto para el 22 de abril de 2025, por lo que el gobierno ha consultado con el delegado de sala de Su Señoría sobre otras fechas disponibles y las ha compartido con la defensa”, agregó Durham.
De acuerdo con la misiva presentada por la Fiscalía de Estados Unidos, esta ya había consultado fechas disponibles en la Corte Federal neoyorquina, las cuales fueron compartidas con los abogados del capo sinaloense.
Asimismo, hasta el 16 de junio de 2025 se excluiría cualquier otro proceso no relacionado con la preparación del juicio contra “El Mayo”.
El pasado 24 de febrero se dio a conocer que Zambada García, detenido en Texas en julio de 2024, estaría dispuesto a declararse culpable mediante un acuerdo con fiscales de Estados Unidos, si este lo eximiera de enfrentarse a la pena de muerte, según declaró su abogado Frank Pérez a la agencia Reuters.
“El señor Zambada no quiere ir a juicio y está dispuesto a aceptar la responsabilidad de un cargo que no implica la pena de muerte”, dijo el litigante. “Un portavoz de la oficina del fiscal federal en Brooklyn, que presentó los cargos, se negó a hacer comentarios”, señaló.
El juez Brian M. Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, determinó, el 15 de enero de 2025, que Frank Pérez se quedaría como abogado del capo sinaloense Ismael Mario Zambada García, alias “El Mayo”, que el caso era susceptible de pena de muerte y que existía la posible negociación de un acuerdo para que se evitara un juicio.
El cofundador del Cártel de Sinaloa podría afrontar la pena de muerte, a pesar de que fue abolida en el estado de Nueva York, en 2004, si el Gobierno de EU consideraba que, por su participación en dicha organización delictiva trasnacional, clave en la crisis de sobredosis por fentanilo en Estados Unidos, incurrió en delitos federales graves, como asesinatos masivos o crímenes por terrorismo.
Cabe recordar que “El Mayo” Zambada estaba acusado en EU de 17 delitos, entre ellos, tráfico de fentanilo, metanfetaminas, mariguana, heroína, cargos por narcotráfico a gran escala. También de conspiración para cometer homicidios y dirección de una organización criminal.
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La acusación contra Zambada García en Nueva York fue actualizada en febrero de 2024 y abarcaba un total de 17 cargos por narcotráfico a gran escala, de más de 250 toneladas de cocaína, exportada por cárteles colombianos como el del Valle Norte, el Cártel de Luis Caicedo “Don Lucho” y el de la familia Cifuentes Villa.
Con información de Noroeste
Países como Argentina, Venezuela, Brasil y Uruguay recibieron a decenas de miles de italianos, y en los últimos años la solicitud de ciudadanía italiana había aumentado significativamente, según el gobierno.
Italia anunció un cambio en las reglas y restricción de los criterios sobre quiénes tienen derecho a la ciudadanía de ese país.
Tras la aprobación el viernes de un decreto-ley en el Consejo de Ministros, solo personas que tengan al menos un padre, madre, abuelo o abuela nacido en Italia -y que nacieron y viven en el extranjero- podrán optar por la nacionalidad italiana.
Anteriormente, no existía ese límite generacional: cada interesado en obtener la nacionalidad solo debía comprobar un vínculo con alguien nacido en Italia después de 1861 (cuando el reino de Italia fue creado).
Esta medida afecta principalmente a argentinos, uruguayos, brasileños y venezolanos, cuyos países recibieron decenas de miles de inmigrantes italianos entre la segunda parte del siglo XIX y la primera del siglo XX.
Solo el año pasado, 30.000 argentinos recibieron la ciudadanía italiana, según cifras oficiales.
De acuerdo a lo señalado por el gobierno de Italia, la decisión tiene como objetivo establecer límites más precisos y “evitar abusos” como los negocios en torno a la obtención del pasaporte.
“La ciudadanía debe ser algo serio”, señaló Antonio Tajani, ministro de Relaciones Exteriores de Italia.
Las autoridades informaron que las nuevas reglas, propuestas por el ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, no afectan a quienes ya tienen la ciudadanía italiana.
Por otro lado, Italia tiene más de 60.000 casos pendientes de reconocimiento de la ciudadanía. Todos aquellos que hayan iniciado el trámite antes del 27 de marzo de 2025 a la medianoche seguirán estando regidos por la legislación anterior, informó Tajani.
Tajani aclaró que el principio de ius sanguinis —o “derecho de sangre”, usado por muchos países como criterio para definir quién tiene derecho a la ciudadanía— no dejará de existir, sino que estará restringido hasta la segunda generación de descendencia.
El gobierno informó que, además del decreto-ley aprobado, habrá una segunda fase de esta reforma con dos proyectos de ley que enviarán al Parlamento.
Con ellos se buscará que los italianos “residentes en el exterior mantengan vínculos reales con Italia en el largo tiempo”.
Esas personas deberán “ejercer (alguno de) los derechos y deberes de ciudadano al menos una vez cada 25 años”, afirmó el ministro.
Entre esos derechos y deberes, Tajani mencionó haber votado, haber renovado el pasaporte o la cédula de identidad, o haber pagado impuestos si tenía que hacerlo.
“También será necesario que las personas nacidas en el extranjero registren su partida de nacimiento antes de los 25 años de edad. De lo contrario, ya no podrán solicitar la ciudadanía italiana”, expresó el ministro.
Por otro lado, “los descendientes de italianos obtendrán la ciudadanía automáticamente si nacen en Italia o si antes de su nacimiento uno de sus progenitores ciudadanos ha residido al menos dos años continuos en nuestro país”, informó Tajani.
Otra forma de que los hijos de aquellos que obtuvieron la ciudadanía italiana por ser descendientes de un italiano puedan convertirse en ciudadanos italianos será que se vayan a vivir dos años a Italia (salvo que hayan nacido en ese país).
El gobierno de Italia prometió revisar “los procedimientos para el reconocimiento de la ciudadanía”, y para ello anunció que los trámites de ciudadanía dejarán de hacerse en los consulados, sino que se harán en una oficina específica en Roma.
El gobierno de Giorgia Meloni espera que esa oficina funcione plenamente dentro de un año.
“Los consulados se concentrarán en la prestación de servicios a aquellos que son ciudadanos, no más en la ‘creación’ de nuevos ciudadanos”, señala un comunicado del ministerio.
“Se proporcionarán más actualizaciones a medida que estén disponibles”, señala el comunicado.
La medida podría tener un impacto significativo en Sudamérica, especialmente en Brasil y Argentina, países que recibieron grandes oleadas de inmigración italiana a finales del siglo XIX y principios del XX.
Los datos del Ministerio de Asuntos Exteriores italiano muestran un “importante aumento de los reconocimientos de ciudadanía” en estos lugares.
Desde finales de 2014 hasta finales de 2024, el número de ciudadanos italianos residentes en el extranjero aumentó de aproximadamente 4,6 millones a 6,4 millones, un incremento de 40%.
Según el ministerio, en Argentina el número de reconocimientos aumentó de alrededor de 20.000 en 2023 a 30.000 al año siguiente.
En Brasil, el total aumentó de 14.000 en 2022 a 20.000 el año pasado.
Venezuela tuvo casi 8.000 reconocimientos de ciudadanía italiana en 2024.
El gobierno italiano estima que, potencialmente, el número de descendientes de italianos en todo el mundo que podrían solicitar la ciudadanía se sitúa entre 60 y 80 millones, según la legislación vigente.
El gobierno italiano sostiene que la reforma “alinea los criterios para el reconocimiento de la ciudadanía italiana” con los de otros países europeos y “liberará recursos para hacer más eficientes los servicios consulares, permitiéndoles centrarse exclusivamente en quienes realmente lo necesitan, por su vínculo concreto con Italia”.
“El sistema actual afecta negativamente a la eficiencia de las oficinas administrativas o judiciales italianas, que se ven sometidas a presión por parte de quienes se trasladan a Italia únicamente para intentar acelerar el proceso de reconocimiento de la ciudadanía, fomentando además fraudes o prácticas irregulares”, concluye el ministerio.
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