Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, 37 periodistas han sido asesinados y cinco más están desaparecidos. El presidente incumplió la promesa que hizo en 2018 de acabar con los homicidios contra periodistas y no hizo ninguna propuesta de reforma para protegerlos; en cambio, ha mantenido un discurso agresivo y hostil contra su trabajo, principalmente en sus conferencias matutinas, de acuerdo con la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF).
En las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se registraron récords de asesinatos contra comunicadores, pero el balance al final del sexenio de López Obrador es similar al de su antecesor.
Con Enrique Peña Nieto (2012-2018) se registraron 38 asesinatos de periodistas; mientras que los seis años de Felipe Calderón (2006-2012) fueron los más mortíferos en los últimos 30 años con 51 homicidios.
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De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, desde 1995, al menos 156 periodistas –143 hombres y 13 mujeres– han sido asesinados por investigar temas relacionados con el crimen organizado, la inseguridad o el narcotráfico.
Guerrero, Veracruz y Tamaulipas son los estados más peligrosos para ejercer el periodismo, ahí se concentra el 42% de los profesionales de los medios asesinados desde 1995 (66 en total).
Normalización de la violencia desde el gobierno
“Andrés Manuel López Obrador se acerca al final de su mandato dejando tras de sí un dramático balance, fruto de la normalización de la violencia contra los periodistas. No ha priorizado su protección y ha permitido que prospere una espiral de violencia contra la prensa y un mayor número de ‘zonas de silencio’, erosionando el derecho a la información en el país”, alertó la organización.
Asimismo, señaló que López Obrador y otras figuras destacadas del Estado han adoptado una retórica tan violenta como estigmatizante contra los periodistas, a los que acusan regularmente de apoyar a la oposición.
“Cada miércoles, el gobierno organiza una sesión de ¿Quién es quién en las mentiras de la semana?”, un espacio más en el que se intenta desacreditar a la prensa. En sus más de cuatro años de mandato, el presidente ha criticado a los periodistas por su falta de profesionalidad y ha calificado a la prensa mexicana de parcial”, “injusta”, y de “desecho del periodismo”, destacó en su informe.
Preguntas en sus conferencias matutinas por parte de los representantes de los medios de comunicación han desatado calificativos como: hampa del periodismo, prensa fifí, conservadores, chayoteros, maiceados y señalarlos en tono sarcástico como paladines de la transparencia y la honestidad, e incluso decir que “le muerden la mano a quien les quitó el bozal”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había alertado también que los discursos de dicha sección dificultan los esfuerzos para combatir la violencia hacia periodistas, incrementa la hostilidad y fomenta un contexto de autocensura para reportar asuntos de relevancia pública.
Aunque el organismo reconoció que es legítimo que las autoridades se pronuncien sobre cuestiones de interés público y se defiendan ante cuestionamientos de la prensa, destaca que al hacerlo, no deben desacreditar a quien lo cuestiona, sino que deben evitar discursos que puedan alentar violencias contra periodistas.
Durante la administración de López Obrador, el número de solicitudes de protección a periodistas rechazadas ha aumentado, al pasar de 68 en el sexenio anterior a 113, mientras que seis comunicadores han muerto bajo su protección.
Pide a candidatos protección a periodistas
Asimismo, Reporteros sin Fronteras señaló que los candidatos presidenciales de México deben comprometerse a que, de llegar al poder, tomarán medidas para la protección de periodistas.
Destacó que si bien el combate a la inseguridad es un tema central en las campañas de los tres candidatos presidenciales, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, ninguno se pronunciado sobre la situación de los periodistas en México.
“Se hace indispensable que incluyan propuestas concretas al respecto en sus programas electorales y en sus propuestas de campaña”, añadió.
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El Departamento de Seguridad Nacional dijo que la medida solo afectará a un grupo pequeño de personas, pero no dio el alcance real de su magnitud.
“Identificar y eliminar más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad” para Estados Unidos.
Ese es el objetivo de la última medida para el control migratorio en la frontera sur que presentó este jueves el gobierno de Joe Biden, que se rechacen las peticiones de asilo más rápidamente y, a su vez, que se aceleren las deportaciones.
La regla, dicen, aplicará a un grupo pequeño de personas. En específico, para quienes puedan suponer “un riesgo para la seguridad nacional y pública”.
Esta medida se toma en un momento en que la inmigración es un tema caliente de cara a las elecciones de Estados Unidos el próximo noviembre.
Mientras que los republicanos critican constantemente a la administración Biden por ser laxa en este tema y haber empeorado la situación de la frontera sur, desde las filas demócratas progresistas se pide más atención y protección a los migrantes.
Pero, qué cambia con esta nueva regla y a quiénes afectará.
Un cambio en los tiempos
La regla, expuesta por el Departamento de Seguridad Nacional, afectará a aquellas personas que se cree que han cometido delitos graves.
Así, expone que se aplicará a “condenados por delitos particularmente graves”, relacionados con terrorismo o que hayan “participado en la persecución de otros”.
También incluye a aquellos “para quienes existen motivos razonables para considerarlos un peligro para la seguridad de Estados Unidos.”
Esto en sí no es un cambio sustancial, puesto que ya la ley federal ya recoge la negación de asilo en Estados Unidos quienes se consideran una amenaza pública.
El punto clave de la reforma es el cuándo ocurre esta negación de asilo.
Hasta ahora, cuando alguien llegaba a la frontera, se le detenía, y si solicitaba asilo pasaba un tiempo largo hasta que se estudiaba su caso y, si se determinaba que el solicitante había cometido delitos, se le detenía para su posterior deportación.
Según la regla propuesta, ahora los agentes de migración de la frontera, que atienden los casos en su etapa más inicial, podrán determinar si una persona tiene o no causa de asilo o decidir si el detenido es una amenaza para Estados Unidos.
“Miedo creíble”
En específico, esto se dará en una etapa inicial del proceso de asilo que se llama “evaluación de miedo creíble”, y que ocurre unos días después de que alguien sea detenido en la frontera.
Según el derecho internacional y de Estados Unidos, cualquiera que llegue al país puede solicitar asilo. Para que se les conceda, deben demostrar que sufren persecución o temor a ser perseguidas en su país de origen por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política.
Es aquí cuando entra esa “evaluación de miedo creíble”, en la que se exponen las razones por las que se solicita asilo.
Hasta ahora, tras esa fase previa el caso podía pasar a un agente de asilo y, si era necesario, ante un tribunal de inmigración, que decide si el solicitante permanece o no en Estados Unidos.
El proceso para finalmente ser asilado puede durar años en tribunales de inmigración saturados.
La mayoría de las personas que lo solicitan no califican para obtenerlo y, en el camino, explicaron en el Departamento, se detiene y expulsa a quien tiene a antecedentes.
Ahora, los agentes en frontera podrán considerar en esa entrevista si la persona tiene antecedentes penales o vínculos terroristas sin pasar por esos trámites y, si la decisión lleva a negarle la entrada, se procederá a su deportación expedita.
La agencia no dio cifras sobre cuántas personas se verían afectadas, pero dijo que era pequeña.
En general, los defensores de la inmigración se han mostrado reacios a cualquier medida que busque hacer más difícil la evaluación inicial y creíble del miedo, según recoge agencias, por ser el de la entrevista un momento de alta vulnerabilidad tras sobrevivir a un viaje largo y peligroso hasta llegar a Estados Unidos.
Más medidas de cara a las elecciones
“La regla propuesta que hemos publicado hoy es un paso más en nuestros esfuerzos continuos para garantizar la seguridad del público estadounidense identificando y eliminando más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad y no tienen base legal para permanecer aquí”, dijo el Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas.
“Seguiremos tomando medidas, pero fundamentalmente solo el Congreso puede arreglar lo que todos coinciden en que es un sistema de inmigración fallido”, agregó.
Más de 6,3 millones de migrantes han sido detenidos tratando de entrar de forma ilegal a EE.UU. durante el mandato de Biden, una cifra mayor que en las administraciones anteriores, tanto de Trump, como las de sus antecesores Barack Obama y George W. Bush.
SI bien alcanzaron un nivel récord en diciembre, los cruces fronterizos bajaron en los últimos meses, en gran parte debido a la aplicación de la ley por parte del gobierno mexicano.
Además, ya el gobierno de Biden había anunciado el año pasado otra norma mucho más amplia que la anunciada ahora para restringir el asilo
La regla hizo que fuera extremadamente difícil para los migrantes que llegan directamente a la frontera sur obtener asilo a menos que usaran una aplicación del gobierno para programar una cita o que ya hubieran intentado buscar protección en otro país en su camino a Estados Unidos.
Con el tema migratorio sobre el tapete electoral, se espera que, antes del 5 de noviembre, el gobierno sopese una acción más amplia para restringir más la inmigración en la frontera.
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