Alumnas del IPN denuncian a estudiante que creó con inteligencia artificial más de 50 mil imágenes con contenido íntimo
Ocho alumnas de la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) denunciaron a Diego N., un compañero de clase que presuntamente tenía en su celular más de 50 mil imágenes de desnudos de mujeres creados con inteligencia artificial. En algunas de estas fotografías, aparecían las denunciantes.
Las afectadas procedieron formalmente los días 6 y 7 de octubre del 2023, obteniendo un total de ocho denuncias formales asentadas en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).
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Sin embargo, en un primer momento las alumnas acusaron que el agente del Ministerio Público en la colonia Doctores que las atendió, luego de realizar la inspección correspondiente de los dispositivos, les notificó que ya no había ninguna foto en ellos, por lo que determinó que no había delito que perseguir y por tanto lo dejaron en libertad.
Además, de acuerdo con la colectiva Red de Género Edith Gutiérrez, el carpetazo ocurrió después de que abogados del Área Central del IPN les confirmaron que existiría apoyo jurídico para su denuncia, pero el acuerdo se desvaneció. Por lo tanto, durante el proceso las estudiantes tampoco recibieron acompañamiento por parte del instituto.
Autoridades del IPN consultadas por Animal Político aseguraron que ya se analiza la conducta del alumno para determinar su grado de responsabilidad y la sanción correspondiente ―que podría ir desde un apercibimiento hasta su baja definitiva del plantel―, pero informaron que hasta el momento el alumno no ha sido llamado a declarar.
Las investigaciones iniciales arrojan que Diego N. vendía las imágenes en grupos de Telegram, algunas de ellas obtenidas de manera ilegal y otras tomadas de sus redes sociales, de acuerdo con declaraciones de las víctimas.
¿Qué ocurrió en la ESCA de Santo Tomás?
De acuerdo con el testimonio de estudiantes de la ESCA de Santo Tomás, durante una clase del pasado viernes 6 de octubre algunas alumnas se percataron que entre la galería del celular y tablet de Diego N., habían diversas imágenes de desnudez completa de varias mujeres, entre ellas compañeras de su propio salón.
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“El presunto agresor tenía en su posesión una tableta digital iPad, la cual contenía la compilación, manipulación, venta y difusión de fotografías íntimas reales y manipuladas con inteligencia artificial de al menos mil mujeres. La carpeta virtual encontrada dentro de la tableta de Diego N. contenía hasta 50 mil fotos manipuladas con fines de explotación sexual digital, conversaciones de grupos privados donde se ofertaban a otros alumnos, además de la compilación de imágenes alteradas de mujeres sin su consentimiento”, señalaron a través de un perfil de instagram nombrado “asamblea_justicia_digital_ipn”, creado exclusivamente para informar sobre el caso.
Por esta razón, un grupo de estudiantes llevaron ambos dispositivos ―que estaban desbloqueados― a la jefa de la carrera de Mercadotecnia Digital, quien les dijo que esa acción era “baja definitiva del plantel”.
“Diego N. al verse descubierto se alteró y fue violento con las compañeras. Ante esta situación se puso a disposición de las autoridades escolares tanto la custodia de pruebas en la tableta digital propiedad de Diego N. así como el agresor”, señalaron.
Las alumnas fueron revictimizadas y abandonadas por autoridades escolares, mientras que Diego N. fue liberado, señalan
En primera instancia las estudiantes recibieron apoyo y acompañamiento por parte del director del plantel, Alonso Rojas Rodríguez, y distintas autoridades de la ESCA de Santo Tomás, mismas que solicitaron el apoyo de los abogados del Área Central, ubicadas en Zacatenco.
En tanto, Diego N. fue detenido y llevado a instalaciones del Ministerio Público en donde algunas de las afectadas dieron su testimonio hasta las tres de la madrugada, pero sin la compañía de abogados del Área Central.
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“Las compañeras de la colectiva ‘Red de Género Edith Gutierrez’ de la ESCA de Santo Tomás solicitaron al director el número de esta abogada para pedir el acompañamiento el día lunes, a lo que ella contestó que le correspondía a otro abogado, que las alumnas debían estar al pendiente y en comunicación con el director de la escuela, esta falta de acción y atención es la causa principal de que el compañero esté libre”, señaló la colectiva mediante un comunicado.
Por su parte, las estudiantes señalaron que las autoridades escolares asistieron para dar parte al Ministerio Público de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia. “Sin embargo, sufrimos diversas revictimizaciones que asentamos el día de hoy 12 de octubre ante la misma Fiscalía de la CDMX y autoridades del IPN”.
Además, las estudiantes señalaron que el Ministerio Público les notificó que al momento de realizar la inspección de los dispositivos ya no había ninguna foto, por lo que lo dejaron en libertad.
Presuntamente Diego N. tenía vinculados sus dispositivos a una cuenta iCloud, razón por la cual pudo haber borrado las fotos de manera remota y con ayuda de alguien más.
“Gracias a Dios mis compañeras notaron que el dispositivo se estaba quedando sin pila y se enviaron entre ellas sus propias fotos. Ellas tienen el respaldo de algunas fotos de que sí se cometió este delito, obviamente”, señaló una de las estudiantes que pidió mantener su anonimato.
Afectadas llaman a asamblea estudiantil, piden dar difusión al caso
Por todo lo anterior, estudiantes de la ESCA de Santo Tomás convocaron a una asamblea el miércoles 11 de octubre afuera de las instalaciones del Canal 11 del Casco de Santo Tomás, donde entregaron un pliego petitorio en que varias escuelas pidieron visibilizar el caso y exigieron a las autoridades personal capacitado para la atención de estos casos, así como la mayor sanción a estos alumnos.
Por la tarde, las alumnas afectadas sostuvieron una reunión privada con la activista Olimpia Coral, impulsora de la llamada Ley Olimpia contra la violencia digital que sufren las mujeres, quien les ofreció su acompañamiento e incluso destacó el encuentro en su cuenta de X, antes Twitter.
“Una cosa nada más: Ya estamos organizadas y juntas ‘EL MIEDO CAMBIARÁ DE BANDO’ Justicia para nuestras compañeras del @IPN_MX #LeyOlimpia”, escribió.
En una publicación posterior, la activista explicó que tomar fotografías y alterarlas sexualmente con inteligencia artificial o cualquier otro medio digital es considerado como un delito contra la intimidad sexual considerado dentro de los supuestos de “real o alterado” y bien bajo el de “elaborar” en la definición del delito.
“La #LeyOlimpia contempla sanciones de tres a seis años de prisión para quienes realicen estás acciones y multas que van de 500 a 1,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA) […] Aquí el reto es la acreditación del delito cuando no contamos con una custodia de pruebas o no tenemos identificado a nuestro agresor. Por eso la acción de las plataformas resulta importantísima”, escribió.
Además, podría constituir un tipo de violencia digital reconocida en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En tanto, autoridades del IPN aseguraron que si se le encuentra culpable, Diego N. podría recibir desde un apercibimiento hasta la baja definitiva, “pero siempre dándole el beneficio de que él se defienda”.
“Paralelamente […] la Unidad de Gestión con Perspectiva de Género ya activó el protocolo cuando se suscitan estos casos y en esa instancia las siete alumnas ya interpusieron una denuncia contra el alumno”, señaló la fuente consultada.
Adicionalmente en las instalaciones de la ESCA en Santo Tomás ya se instaló una mesa de atención a denuncias por violencia de género, por si hay más casos.
Fiscalía capitalina investiga a estudiante del IPN que presuntamente modificó fotos de compañeras con inteligencia artificial
Una semana después de las primeras denuncias, la Fiscalía capitalina informó que personal de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas investiga ya los hechos relacionados a Diego N. y brinda atención a alumnas del IPN que se presentaron acompañadas de los abogados generales del instituto para dar seguimiento a denuncias relacionadas con la Ley Olimpia.
“En primera instancia, se acordó que se lleven a cabo todas las entrevistas de las víctimas, en compañía de la asesoría jurídica y psicológica, además de que la Policía Cibernética de la Policía de Investigación (PDI) lleve a cabo una exhaustiva revisión de imágenes que se encuentren en dispositivos móviles del investigado”, señaló mediante un comunicado difundido este viernes.
Además, informó que se instruyó a la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales otorgar de inmediato medidas de protección a las jóvenes, así como dar vista a la Unidad de Asuntos Internos, a efecto de que se determine si existió alguna irregularidad en la atención psicológica inicial de las víctimas.
Por su parte, los abogados del IPN señalaron que se otorgan las medidas de protección que le corresponden al instituto, aunque aún no han informado cuáles son.
El Protocolo para la Prevención, Detección, Atención y Sanción de la Violencia de Género del Instituto señala que entre las medidas de protección que deben ser implementadas en estos casos se encuentra impedir el acceso de la persona denunciada a las instituciones o ser acompañada por personal que la propia Secretaría General del IPN designe.
Asimismo, manifestaron que con reuniones de trabajo y de acuerdo a los protocolos de la institución, se dará el seguimiento necesario al tema, luego de escuchar las exigencias y denuncias de las alumnas.
IPN responde a estudiantes
En un breve mensaje publicado en Youtube, el director interino de la ESCA de Santo Tomás, Alonso Rojas Rodríguez dijo que de forma “inmediata”, a nivel interno, la institución aplicó las medidas de protección para cuidar la integridad de las víctimas.
“Una de ellas fue que el presunto agresor no tenga acercamiento alguno con las alumnas violentadas y se suspendieron sus derechos como alumno, enviando además el caso a la Comisión de Honor para que aplique la sanción correspondiente”, dijo.
Respecto al procedimiento iniciado ante la Fiscalía capitalina, aseguró que el IPN está brindando acompañamiento a la víctimas por parte del área jurídica para dar seguimiento a las carpetas de investigación.
“En el Instituto Politécnico Nacional reiteramos nuestro compromiso con las mujeres del país y de la institución para erradicar cualquier tipo de violencia”.
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Casi siete años después de la imposición de sanciones por parte de EU la exportación petrolera de Venezuela parece haberse recuperado de forma significativa gracias a la contribución de la llamada flota fantasma. BBC Mundo te cuenta de qué se trata.
Cuando en 2019 el presidente de EE.UU., Donald Trump, impuso sanciones a la industria petrolera de Venezuela para presionar al gobierno de Nicolás Maduro, las exportaciones de crudo venezolano cayeron hasta unos 495.000 barriles diarios. Seis años más tarde, las sanciones siguen en pie, pero las exportaciones petroleras de Venezuela han vuelto a crecer hasta ubicarse en torno al millón de barriles diarios.
Aunque se trata de una cantidad pequeña para un país que en 1998 -antes de la llegada al poder de Hugo Chávez- producía tres millones de barriles diarios, esta recuperación de parte de la exportación de crudo es un indicativo de que las sanciones contra Venezuela no están funcionando como EE.UU. esperaba.
Y es que el gobierno de Maduro ha ido encontrando la manera de ir reactivando la producción y de crear nuevas vías para vender el crudo venezolano esquivando las sanciones.
En esa tarea de comercialización ha jugado un rol central la llamada “flota fantasma”: una serie de tanqueros petroleros que por medio de distintas estratagemas logran ocultar su labor como barcos de transporte de petróleo sancionado por las autoridades estadounidenses.
Una de estas embarcaciones fue interceptada e incautada este miércoles por las fuerzas militares de EE.UU. cuando se encontraba en aguas frente a las costas de Venezuela.
“Acabamos de incautar un petrolero frente a la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande; de hecho, el más grande que se haya incautado jamás”, dijo Trump al anunciar la operación ante la prensa en la Casa Blanca.
El gobierno de Maduro reaccionó calificando la incautación como “un robo descarado y un acto de piratería” y dijo que acudirá ante instancias internacionales existentes para denunciar lo ocurrido.
Esta acción estadounidense aumenta las tensiones con Caracas que se han ido intensificando desde que en agosto de este año el gobierno de Trump inició un gran despliegue militar en aguas del Caribe con el objetivo oficial de combatir el narcotráfico, pero que muchos analistas creen que tiene como objetivo final forzar un cambio de régimen en Venezuela.
Más allá de su posible objetivo político, la medida tiene un impacto económico pues dificulta aún más las exportaciones petroleras venezolanas al meter presión sobre la flota fantasma.
Pero, ¿qué sabemos sobre cómo operan estas embarcaciones?
Un fenómeno en auge
La utilización de flotas fantasmas es un fenómeno en aumento que ocurre no solamente en el caso venezolano, sino también de otros dos países petroleros sometidos a sanciones por parte de EE.UU. y de potencias occidentales: Rusia e Irán.
La empresa de inteligencia financiera S&P Global estima que uno de cada cinco petroleros en el mundo son usados para vender de contrabando petróleo procedente de países bajo sanciones.
De estos, el 10% transportarían solamente crudo venezolano, un 20% haría lo mismo con el iraní, mientras que 50% se dedica en exclusiva al petróleo ruso. El 20% restante no estaría atado a ningún país en particular y puede transportar petróleo de más de uno de estos países.
Según estimaciones de la firma de análisis marítimo Windward, la flota clandestina cuenta con unas 1.300 embarcaciones.
Las sanciones petroleras buscan desincentivar a países o empresas a adquirir o involucrarse en cualquier operación relacionada con crudo procedente de los países castigados.
Ante ello, los países sancionados optan por ofrecer su petróleo con grandes descuentos para que haya operadores, empresas o países que estén dispuestos a correr el riesgo de comprarlo, aplicando -eso sí- algunos trucos para disimular su origen.
Barcos que engañan
Una de las estrategias más frecuentes que aplican estos tanqueros para evadir las sanciones es cambiar con frecuencia -a veces varias veces en un mes- de nombre o de bandera.
En el caso, por ejemplo, del petrolero incautado este miércoles, se trata de un barco llamado The Skipper, según informó CBS News, socia en EE.UU. de la BBC.
Esa misma cadena dijo que se trata de un barco sancionado por el departamento del Tesoro de EE.UU. desde 2022 debido a su supuesto rol en una red de contrabando de petróleo que ayuda a financiar a la Guardia Revolucionaria de Irán, así como a la milicia chiita libanesa Hezbolá.
CBS indicó que al momento de ser sancionado el petrolero tenía por nombre Adisa (inicialmente se llamaba The Tokyo) y era una de las embarcaciones vinculadas con el magnate petrolero ruso Viktor Artemov, quien también se encuentra bajo sanciones.
Al referirse a ese tanquero este miércoles, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, dijo en la red social X que esa nave era usada para transportar petróleo procedente de Venezuela e Irán, dos países bajo sanciones.
Un elemento interesante sobre The Skipper es que es un barco con 20 años de antigüedad y ese es otro elemento usual entre los tanqueros de las flotas fantasma: muchos son barcos viejos, pues las grandes navieras suelen deshacerse de estos barcos cuando tienen 15 años de servicio y luego de 25 años suelen ser enviados al desguace.
Justamente otro truco aplicado por estos barcos es usurpar la identidad de alguno de esos barcos enviados a desguace, emitiendo los números de registro únicos que la Organización Marítima Internacional le otorgó a esas embarcaciones. Así se convierten en lo que se conoce como barcos zombis, pues lo que hacen es similar a alguien que usa la identidad de una persona muerta.
Un caso de este tipo relacionado con Venezuela ocurrió en abril pasado cuando un barco llamado Varada llegó a aguas de Malasia, tras un viaje que había iniciado dos meses antes en Venezuela.
La embarcación juntaba dos elementos sospechosos: tenía 32 años y la bandera de las Comoras, popular entre barcos que no quieren ser detectados.
Una investigación de la agencia Bloomberg descubrió que se trataba de un barco zombi, pues el verdadero Varada había sido desguazado en 2017 en Bangladesh.
Otras formas habituales de operar de los barcos de flotas fantasmas consiste en “disfrazar” el origen del crudo transfiriéndolo en aguas internacionales a petroleros sin problemas legales con otras banderas, que son los que se encargan de llevar el crudo hasta su destino, presentándolo como procedente de un país no sancionado.
Ese fenómeno se produjo, por ejemplo, en el caso de las exportaciones petroleras venezolanas hacia China durante el primer gobierno de Trump. Según expertos consultados por BBC Mundo hubo un momento en el que en las estadísticas oficiales de comercio de China aparecía como si ese país no estaba adquiriendo crudo venezolano cuando, en realidad, sí lo estaba haciendo.
Esto era posible porque ciertas refinerías compraban el petróleo a estos barcos que habían adquirido la carga en aguas internacionales y que la presentaban como procedente de países no sancionados.
Un último truco usual entre este tipo de tanqueros consiste de desactivar el sistema de identificación automática, a través del cual se transmiten datos como el nombre, la bandera, la posición, la velocidad o el rumbo de la embarcación. La manipulación de estos datos permite ocultar la identidad, ubicación y rumbo de las naves.
Una flota fantasma en aparente crecimiento
La investigación de Bloomberg en abril detectó el caso de cuatro barcos zombis que transportaban crudo venezolano.
La agencia de noticias recurrió al análisis de imágenes satelitales y las comparó con fotos históricas de los cuatro barcos cuyos nombres y números de identificación estaban usando.
Más recientemente, la ONG Transparencia Venezuela emitió un informe basado en la observación de lo que ocurrió en los puertos petroleros de ese país en octubre de este año.
Según ese reporte, hubo 71 tanqueros extranjeros en modo visible en los puertos de la petrolera venezolana Pdvsa, de los cuales 15 están bajo sanciones y nueve se relacionan con flotas fantasmas.
Transparencia encontró que en promedio hubo 24 petroleros que estaban ubicados cerca de tres puertos en el occidente y oriente de Venezuela y que estaban operando en modo furtivo, pues no tenían activas sus señales reglamentarias de posicionamiento.
De igual modo, Transparencia afirma haber detectado seis operaciones de transferencia de carga de un buque a otro, cerca de la bahía de Amuay, en el occidente del país.
De igual modo, hubo una mayoría de barcos con banderas de países considerados como paraísos regulatorios, por tener normas de supervisión laxas, lo que termina facilitando las operaciones de este tipo de embarcaciones.
Así, de los 71 barcos, 29 tenían la bandera de Panamá, seis de las islas Comoras y cinco de Malta.
En su informe, Transparencia indica que 38 de estos petroleros pasaron más de 20 días sin tocar puerto, algo que contrasta con los barcos de la petrolera estadounidense Chevron (autorizada por Washington para operar en Venezuela) que al llegar toman su carga y se marchan en un plazo máximo de seis días.
“La permanencia extendida en las áreas portuarias del país, sin llegar directamente a las terminales petroleras, arroja serias dudas sobre el tipo de operaciones que esos buques realizan”, señaló Transparencia en relación con los barcos que tardaban muchos días sin tocar puerto.
En todo caso, dado que la operación de intercepción e incautación realizada este miércoles se originó en el portaviones Gerald Ford -el más grande del mundo-, que ahora forma parte del masivo despliegue de fuerzas realizado por EE.UU. en aguas del Caribe frente a Venezuela, es probable que la posibilidad del gobierno de Maduro de recurrir a la flota fantasma se vea limitada de una forma importante.
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