La hostilidad contra la prensa sigue en aumento en México. De acuerdo con el más reciente informe de Artículo 19, durante el primer semestre de 2023 se registraron 272 ataques contra la prensa, con lo que se acumulan ya 2 mil 941 agresiones a periodistas en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Según el informe que será presentado este martes por la organización, estas cifras indican que se registra una agresión cada 16 horas en contra de periodistas mexicanos, que van desde la intimidación, la amenaza, los ataques físicos, el uso ilegítimo del poder público, y el homicidio.
En el reporte se da cuenta del asesinato de tres periodistas en el primer semestre del año: Marco Aurelio Ramírez Hernández, ocurrido en Puebla, el 23 de mayo; Luis Martín Sánchez Íñiguez, en Nayarit, el 7 de julio, y Nelson Matus Peña, en Guerrero, el 15 de julio; además de la desaparición de Juan Carlos Hinojosa, reportada en Veracruz el 6 de julio.
“Con estos casos, la lista de periodistas asesinados desde el año 2000 ascendió a 161, de los cuales, 41 ocurrieron en la actual administración; mientras que 32 periodistas permanecen desaparecidos, cinco desaparecidos en este gobierno”, señala el documento titulado Violencia contra la prensa, entre ataques, estigmatización y ausencia del Estado.
Esta nueva versión del estudio que desde 2019 lleva a cabo Artículo 19 hace énfasis en el uso ilegítimo del poder público en contra de periodistas, por parte de funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno.
De los 272 ataques documentados, 68 son por intimidación y hostigamiento y 61 por uso ilegítimo del poder público; mientras que 49 son amenazas, 25 son por bloqueo o alteración de contenido, 15 ataques físicos, 15 ataques a bienes materiales, 8 casos de privación de la libertad, 6 de allanamiento, entre los más graves.
En cuanto al uso ilegítimo del poder público, la mayor parte de los casos registrados (47 de 61) son por estigmatización contra periodistas; es decir, comentarios hostiles contra la prensa por parte de funcionarios públicos.
“En los últimos años, organizaciones de sociedad civil, así como la Relatoría Especial de Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han expresado su preocupación y rechazo a la continuidad de estos discursos y de su normalización”, señala el informe de Artículo 19.
Otra vertiente del uso ilegítimo del poder contra la prensa es la apertura de procesos judiciales, administrativos y ministeriales en contra de periodistas, de los cuales la organización logró documentar 12 procesos abiertos de enero a junio de 2023.
Ocho de esos 12 procesos de acoso judicial están vinculados a investigaciones de corrupción de los gobiernos locales o estatales; tres están vinculados a investigaciones o publicaciones sobre derechos humanos, como lo son las desapariciones y feminicidios, y uno más se vincula a publicaciones sobre la situación de inseguridad.
“ARTICLE 19 ve con preocupación este tipo de agresiones particularmente de cara al próximo proceso electoral que iniciará formalmente a finales de 2023 y continuará hasta las elecciones que se realizarán el 2 de junio de 2024”, advierte el informe.
El Estado, principal agresor de periodistas
En el informe de Artículo 19 se reporta que es el Estado mexicano uno de los principales perpetradores de los taques en contra de la prensa, pues en 140 de las 272 agresiones documentadas (esto es, el 51.4 por ciento) son autoridades las responsables del ataque.
De esos 141 ataques cometidos por autoridades, 102 fueron cometidos por funcionarios públicos civiles; 34 por fuerzas de seguridad civiles y 4 por integrantes de las Fuerzas Armadas.
De los tres niveles de gobierno, las personas servidoras públicas a nivel estatal son quienes más atacaron a la prensa, con 64 casos; le siguen los funcionarios federales, con ataques, y finalmente el nivel municipal, con 23 agresiones.
“Este periodo es la primera vez desde el año 2016 que la organización documenta que el nivel federal corresponde al segundo lugar en agresiones, siendo comúnmente el último; por lo que preocupa de sobremanera el continuo uso de la tribuna pública para estigmatizar o criminalizar a la prensa”, detalla el estudio.
“La prensa opera frente a un contexto de macrocriminalidad, donde autoridades, grupos criminales, empresas, entre otros, conjugan sus intereses. Esto genera un ambiente de permisividad para violentar a la prensa, dentro de un contexto de alta corrupción y marcada captura del Estado por parte de grupos de interés formales y fácticos. Por tanto, los diversos perpetradores no deben observarse de manera aislada”.
Esta advertencia del estudio corresponde, también, con la incidencia de ataques según lo que se esté cubriendo: en el primer semestre del año, la mayor parte de loa ataques ocurrieron por cobertura de corrupción y política (137 de 272 casos), seguido de temas de seguridad y justicia (67 casos), protesta o movimientos sociales (29) y derechos humanos (26).
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Exigen no criminalizar ni estigmatizar a periodistas desde el poder
Al final de su informe, Artículo 19 enumera una serie de peticiones a los gobiernos federal, estatales y municipales; a las Cámaras del Congreso de la Unión y los Congresos locales, a las Fiscalías, al Mecanismo de Protección de Periodistas y a las comisiones de víctimas.
Entre las recomendaciones figura la de detener la estigmatización y criminalización de periodistas desde el poder público.
“Generar e implementar políticas públicas integrales de prevención y protección a periodistas y medios de comunicación. Asumir una narrativa que reconozca la importancia de la labor de periodistas y medios de comunicación en un contexto democrático y abstenerse de emitir expresiones estigmatizantes, criminalizantes y de descalificación en su contra”, se exige a los Poderes del Estado.
Además, se recomienda a los Poderes Legislativos federal y locales derogar normas que restringen la libertad de expresión y la labor periodística, tales como las figuras de “ultraje a la autoridad”, “halconeo” o “delitos contra el honor”, vigentes en códigos penales estatales.
Y se pide legislar en favor de la libertad periodística y para establecer salvaguardas en contra de las denuncias frívolas por daño moral que sólo buscan inhibir a la prensa y asfixiar económicamente a periodistas y medios.
El informe completo de Artículo 19 puede consultarse aquí.
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La historia que derivó en una masacre empezó con una pelea de estudiantes en el centro de Ciudad de México.
El grupo antimotines de la policía capitalina, conocido como Cuerpo de Granaderos, intervino para calmar la riña. Pero lo hizo de manera brutal.
Golpeó a decenas de estudiantes y testigos de la pelea. Persiguió a los jóvenes hasta las escuelas donde buscaron refugio y también allí agredió a alumnos y profesores que impartían clase.
Era el 23 de julio de 1968. En esa época la policía mexicana tenía fama de cometer abusos, pero la agresión a los estudiantes fue excesiva.
Cuatro días después, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN) organizaron una marcha contra la violencia policial.
Pero la caminata, a la que se sumaron miembros del Partido Comunista Mexicano, fue reprimida por los granaderos.
A partir de ese momento empezó un movimiento estudiantil que en pocas semanas creció rápidamente. La UNAM, el IPN y otras universidades del país se declararon en huelga.
Las autoridades reportaron autobuses quemados y el estallido de artefactos explosivos. Decenas de jóvenes fueron detenidos y en el Zócalo, la plaza central del país, se desplegaron tanquetas y decenas de militares.
El Ejército ocupó las instalaciones de la UNAM y el IPN, pero no logró contener el movimiento agrupado en el Consejo Nacional de Huelga (CNH).
El rector de la Universidad Nacional, Javier Barros Sierra, renunció en protesta por la invasión a la autonomía universitaria.
El movimiento sólo fue contenido hasta la tarde del 2 de octubre. Ese día se había convocado una nueva marcha de protesta que partiría de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.
Cientos de soldados rodearon el sitio. Cuando los estudiantes anunciaban que se cancelaba la caminata para evitar violencia, inició una balacera contra la multitud.
Más de cincuenta años después, aún no está claro dónde empezaron los disparos. Tampoco se sabe realmente cuántas personas murieron o fueron heridas.
Pero el ataque se convirtió en un parteaguas en la historia del país. Desde el 2 de octubre de 1968 México fue otro, social y políticamente distinto al del día anterior.
La década anterior
Esta es la historia que se recuerda cada año durante el aniversario de la masacre.
Pero se habla poco del entorno social y político que había en el país por esos años, que motivó el acelerado crecimiento del movimiento estudiantil de 1968.
Un momento que explica también la fuerte reacción del gobierno del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz.
Desde los años 50 y en la siguiente década, en el país se registró una serie de movimiento de médicos, ferrocarrileros, electricistas, campesinos y estudiantes.
En todos los casos, las protestas fueron disueltas por policías y militares.
Las movilizaciones estudiantiles de 1968 fueron consecuencia de ese largo proceso, explica Gilberto Guevara Niebla, uno de los fundadores del CNH.
“El movimiento de 68 no se comprendería si no se considera que en esa época existía un régimen autoritario y represivo”, le dice a BBC Mundo.
“Sobre todo en los años 60 hubo una sucesión de intervenciones militares en las universidades, que fue creando un ambiente de descontento y de malestar entre la juventud”.
Ese 1956, por ejemplo, los estudiantes del IPN protagonizaron una huelga que terminó con la ocupación militar de sus instalaciones. La vigilancia de los soldados permaneció durante un año.
Otro caso fue la huelga de 1963 en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, también disuelta por el Ejército.
Dos años más tarde, hubo una serie de paros y marchas de médicos y enfermeras en demanda de mejor salario.
A las protestas se sumaron también estudiantes de la carrera de medicina.
Esos acontecimientos estaban muy presentes en el ánimo de los estudiantes en 1968, recuerda Rolando Cordera quien fue consejero por la Escuela de Economía ante el CNH.
“En algunos que se convirtieron en dirigentes de la movilización existía algún tipo de memoria”, le dice a BBC Mundo.
“Antes de nosotros hubo otros mexicanos que habían reclamado más o menos lo mismo: cumplimiento de la ley, respeto a los derechos y la Constitución”.
“Vivíamos un mar de estímulos”
Pero el enojo por las intervenciones militares y la decisión de las autoridades para disolver las protestas son una parte de la historia tras el movimiento de 1968.
Ese año en Europa ocurrió una serie de protestas estudiantiles, sobre todo en Francia. Un elemento que influyó en México, pero su impacto fue menor a lo que sucedía en Estados Unidos, recuerda Guevara Niebla.
En ese país había una intensa oleada de protestas contra la guerra en Vietnam, la lucha por los derechos civiles de algunas minorías así como un creciente proceso de liberalización sexual y feminismo.
“Coincidieron muchos factores”, recuerda el fundador del CNH. “A través de la televisión sabíamos lo que ocurría en Estados Unidos y con los jóvenes de Francia”.
“Los estudiantes de México vivíamos en un mar de estímulos que jugaron un papel decisivo para explicar la revuelta estudiantil”.
Rolando Cordera recuerda. “Los estudiantes del 68 en México se unieron a un reclamo internacional frente al orden existente en aquel tiempo”.
“En el caso nuestro era un orden muy autoritario, que no respetaba las movilizaciones de reclamo social”.
Con tal escenario el movimiento estudiantil creció en poco tiempo. A las primeras manifestaciones, en julio de ese año, acudieron cientos de jóvenes.
Al paso de los meses aumentó el número de asistentes. En la llamada Marcha del Silencio, el 13 de septiembre, participaron más de 150.000 personas.
No todos eran estudiantes. El movimiento logró el respaldo de sindicatos, grupos de vecinos y hasta amas de casa. Las protestas se extendieron por varias ciudades del país.
Las demandas del CNH también cambiaron. Al inicio era la disolución del cuerpo de granaderos, eliminar de las leyes el delito de disolución social y castigo a los responsables de agredir estudiantes.
Luego el pliego petitorio incluyó la liberación de todos los presos políticos, y un diálogo público y abierto del Consejo Nacional con el gobierno federal.
Juegos Olímpicos
Más allá de la creciente inconformidad, ¿por qué ocurrió la masacre en Tlatelolco?
Hubo varios elementos, coinciden algunos historiadores. Ese 1968 México era sede de los Juegos de la XIX Olimpiada, programada para empezar el 12 de octubre de ese año.
Semanas antes del evento llegaron periodistas enviados por medios internacionales. Además sería la primera vez que los Juegos Olímpicos se transmitirían por satélite a todo el mundo.
Para ese momento, las protestas estudiantiles eran más intensas. Muchos periodistas empezaron a cubrir las movilizaciones.
No era la imagen de país que pretendía enviar el gobierno de Díaz Ordaz. Además, el presidente estaba convencido que los estudiantes formaban parte de una especie de conjura comunista en contra de los juegos.
La decisión fue enviar un mensaje contundente para terminar con la rebeldía de varios años, señala Guevara Niebla.
“Después de 1968, Díaz Ordaz declaró que al enfrentar el conflicto se habían agotado los recursos políticos y se tuvo que acudir a la fuerza”, recuerda.
“Lo que se quería era destruir de un solo golpe el movimiento estudiantil para dar paso a las Olimpiadas. La represión tuvo lugar diez días antes de que empezaran, estaban obligados a sofocar las protestas, pero lo hicieron de una manera brutal”.
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