Aumentan casos de enfermedades prevenibles con vacunación entre menores de hasta 5 años
Para entender mejor
Padecimientos prevenibles,cuyo crecimiento pudo ser frenado con una vacuna, como meningitis tuberculosa, Hepatitis B, tétanos y la enfermedad invasiva por neumococo registraron incrementos entre infancias de hasta 5 años de edad a partir de 2019, de acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Salud.
En meningitis tuberculosa se triplicaron los casos, si se revisa las cifras entre menores de un año. La Hepatitis B, por su parte, se multiplicó por 5, de acuerdo con el Anuario de morbilidad de la Secretaría de Salud que registra el número de casos por enfermedades y por edad.
En este anuario se consignan los casos registrados de cada enfermedad, incluidas aquellas que se consideran prevenibles, porque existen vacunas que evitar los contagios.
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De acuerdo con estos datos oficiales, por ejemplo, hubo un incremento en la meningitis tuberculosa en infancias de menos de un año de edad y de 1 a 4 años.
¿Qué es la enfermedad de meningitis tubercolusa?
Se trata de una enfermedad producida por una bacteria que casi siempre afecta a los pulmones, aunque en forma grave puede generar afectaciones en el sistema nervioso central. Se transmite vía aérea, cuando un contagiado tose, estornuda o habla, y se considera como la segunda enfermedad infecciosa más mortífera, sólo detrás de Covid-19.
En 2017, hubo 11 casos de meningitis tuberculosa entre niños menores de un año, y el año siguiente bajó a 7, en 2019 hubo 14; en 2020, 12. Pero para 2022, se registró el mayor número, con 35 casos.
Para niños menores de un año, la incidencia fue de 9 casos en 2017; el año siguiente bajó a 4 y en 2019 se registraron 3. Sin embargo, la incidencia nuevamente subió al registrarse 8 casos, y para 2021, sumaron 19, y en 2022, 6.
Animal Político publicó este lunes que el gobierno federal no compró la vacuna BCG para recién nacidos que previene la tuberculosis, lo que derivó en la mayor caída de cobertura de este biológico en los últimos 25 años.
Sin embargo, especialistas consultados precisan que el contagio de este padecimiento no solo obedece a estar o no vacunado, sino también el lugar de su vivienda o la alimentación, por lo que no podría atribuirse como único factor de riesgo la falta de vacunación que ocurrió en este sexenio.
Cobertura de vacunas en México
Según los datos oficiales, en 2019 sólo 76% de los recién nacidos recibieron esta vacuna, pese a que desde 1990 la cobertura se había mantenido entre 90% y 100%; y en 2020, la pandemia desplomó la aplicación aún más, llegando a 27%, de acuerdo con datos históricos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La cobertura se calcula entre el número de niños en edad de recibir cada biológico y los realmente vacunados. En el caso de este biológico, ocurren 2.2 millones de nacimientos al año, por lo que aún sigue habiendo rezagos, pese a que en 2022 la cobertura llegó a 102%. Es decir, vacunó a los nacidos este año y solo a 2% de los rezagados del año previo, por lo tanto, los nacidos en 2019 y 2020 carecían de la vacuna hasta 2021.
La Hepatitis B, cuya vacuna también se aplica a recién nacidos, registró 3 casos en 2017; 2 casos en 2018; 4, en 2019, pero para 2022 sumó 10 casos. El gobierno federal no compró esta vacuna en 2019.
Tétanos presentó 5 casos en 2019, pese a que en 2017 solo hubo un caso y en 2018, 2. Aunque para 2020 nuevamente bajó a 1, en los dos años siguientes hubo dos casos, respectivamente.
El biológico que previene esta enfermedad es DPT (difternia, tos ferina y tétanos). Sin embargo, la Secretaría de Salud tampoco adquirió este biológico en 2019, año en que la cobertura de aplicación bajó a 77%, y dejó a 502 mil infancias sin vacunar. Esta cifra igualó a México con Angola, país africano.
Mientras que la enfermedad invasiva por neumococo sólo había registrado hasta 3 casos en cinco años, pero en 2022 hubo 7 bebés enfermos menores de un año. Aunque la cobertura de la vacuna neumocócica fue de 89% en 2018, el año siguiente bajó a 86% y en 2020 descendió a 72%. Las adquisiciones de esta vacuna en 2019 ocurrieron con tres meses de retraso a lo habitual.
Cancelan la semana de vacunación
En 2019 y 2020, 6 millones de bebés y niños de hasta 6 años de edad no fueron vacunados, debido a que el gobierno federal no adquirió las vacunas o lo hizo con retrasos, al tratar de buscar ahorros en las compras y por un supuesto combate a la corrupción.
Además del desabasto, la Secretaría de Salud eliminó una estrategia que había funcionado durante 26 años: la Semana Nacional de Salud, la principal iniciativa de difusión a nivel nacional y de aplicación de biológicos de manera masiva que ocurría tres veces por año, en febrero, mayo y octubre, y a la que se debía el éxito, en gran medida, de la vacunación en el país.
Ese año la tercera semana de salud, de octubre, fue cancelada; decisión que fue tomada en agosto de ese año –justamente cuando las denuncias de desabasto se incrementaron– por parte del Grupo de Trabajo Interinstitucional (GTI), un organismo creado sin amparo legal y carente de algún reglamento que lo normara.
En su lugar, la Secretaría de Salud estableció las “Jornadas Nacionales de Salud Pública”, que hasta agosto de 2019 no tenía lineamientos, y comenzaron a operar tres meses después. Sin embargo, no solo incluyeron vacunación sino que promovían también los programas de salud reproductiva, mental, bucal, alimentación, activación física, entre otros. Además, las Jornadas solo tendrían dos periodos, en mayo y octubre, eliminando la semana de febrero.
A esto se sumó que en 2019 no hubo la habitual campaña de difusión en radio, televisión, medios impresos, y digitales para informar a la población sobre los beneficios de las vacunas y los riesgos de no inmunizarse, como documentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La poca difusión y la eliminación de un periodo de vacunación en el año disminuyó la posibilidad de que la población acudiera masivamente y demandara las vacunas que, en realidad no habían sido compradas o que llegarían tarde a sus estados.
En el gobierno de López Obrador, también dejó inoperante el Consejo Nacional de Vacunación (Conava), creado en 1991 para decidir y coordinar la política de vacunación en el país, y que debía ser dirigido por el secretario de Salud, Jorge Alcocer; el subsecretario de Prevención y Protección, López Gatell; representantes de (Cofepris) y los directores del IMSS, ISSSTE, el Instituto Nacional de Pediatría, de Salud Pública, y el Hospital Infantil de México.
De acuerdo con su reglamento, dicho organismo está obligado a sesionar al menos tres veces para definir las estrategias, e incluso solucionar cualquier problema que impidiera cumplir con la cobertura de vacunación.
Sin embargo, en cinco años del actual gobierno sólo sesionó dos veces, una para su instalación y la segunda para decidir a qué población vacunarían contra la Covid-19, según respondió la Secretaría de Salud a las solicitudes de sus actas de sesión.
Tanto la existencia del Consejo Nacional de Vacunación como de las Semanas de Salud eran consideradas como parte de “las fortalezas” del Programa Universal de Vacunación, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en su revisión hasta 2018.
Y para rematar, el Censia, el otro organismo creado en 2001 para establecer, difundir, evaluar las políticas de vacunación y estar en coordinación con las entidades federativas, por primera vez en su historia, estuvo sin titular durante dos años.
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Ecuador vive una de las peores sequías de los últimos 50 años, lo que ha conducido a una serie de apagones que tienen en una situación crítica al país.
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“Caminar sola es horrible, he visto robos”, comenta. Durán es un territorio de guerra de pandillas.
Hasta octubre de 2024, las muertes violentas en esa zona de la costa ecuatoriana superaban las 400, un aumento del 59% en comparación con 2023, de acuerdo con el think tank internacional InSight Crime.
El país, que sufre los estragos del crimen organizado, ahora también enfrenta una crisis energética que lo obliga a apagarse la mitad del día.
“Una crisis de gestión”
Este escenario es “el resultado de una crisis de gestión que Ecuador lleva arrastrando por décadas”, sostiene Jorge Luis Hidalgo, uno de los expertos en energía más respetados del país.
Ecuador enfrenta un déficit energético de 1.080 megavatios, un 20% de su capacidad de generación.
Aunque el gobierno ha intentado atribuirlo a la “grave falta de lluvias”, Hidalgo subraya: “No se trata de una simple sequía. Es un problema estructural que no se resolverá a corto plazo”.
El 90% de la energía en Ecuador depende de las centrales hidroeléctricas, pero Hidalgo sugiere que el país debe diversificar sus fuentes.
“Ecuador tiene un poderoso potencial hídrico, una ubicación en la línea ecuatorial ideal para aprovechar el sol, y recursos como biomasa, volcanes para geotermia, gas natural y viento”, explica.
“Hay una enorme oportunidad en Ecuador, pero también una muy mala gestión que no se solucionará a corto plazo”.
Resiliencia en medio del caos
A pesar de la adversidad, los ecuatorianos han tenido que adaptarse.
En el trabajo de Liz Orozco, por ejemplo, una constructora en Guayaquil, el edificio ha instalado generadores de energía diésel. “Es una orquesta a la que te tienes que acostumbrar”, describe.
El gerente de la empresa, Guillermo Jouvin Arosemena, dice que cada generador representa un gasto de diésel de unos US$8.000 por semana, sumado al mantenimiento mensual que puede llegar hasta US$550, dependiendo del equipo.
“La crisis energética está afectando en todos los sentidos”, afirma Jouvin. “El costo de inversión y mantenimiento no estaba previsto y está encareciendo las construcciones. No todas las empresas tienen capacidad para invertir”.
Este primer semestre de 2024, el sector de la construcción registró una caída del 17% en comparación con 2023. “Fue el sector más afectado de la economía ecuatoriana”, concluye.
El impacto también se siente en otros sectores.
Este viernes, Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, dijo en una entrevista que solo en los últimos dos meses las pérdidas en el sector industrial alcanzaron los US$4,000 millones y en el sector comercial, US$3.500 millones, lo que ha derivado en numerosos despidos.
“Estos cortes de energía son devastadores para el comercio y la industria”, asegura Heller. “Estamos viendo un impacto directo en los ingresos y en el empleo”.
Impacto más allá del bolsillo
Se pierden empleos, dinero, y también se arriesgan vidas. Fabricio Palma, paciente renal de 54 años que vive en el suroeste de Guayaquil, ha visto su tratamiento afectado.
“Normalmente son cuatro horas de diálisis por sesión, pero ahora solo me hacen tres horas”, cuenta. En una sesión reciente de madrugada, Palma presenció la muerte de un paciente.
“Los doctores dijeron que el cuerpo reacciona diferente cuando la diálisis se hace de noche”.
Estrés en el tráfico
La crisis también se refleja en el caos vial. Christian Calvache, agente de tránsito en Guayaquil, relata el desgaste de intentar regular el tráfico sin semáforos.
“El desgaste es tanto físico como emocional. Termino el turno con dolores de cabeza y la paciencia agotada”, confiesa Calvache.
La ciudad cuenta con más de 1.100 intersecciones semaforizadas, algunas de las cuales tienen sistemas de alimentación con baterías, pero “muchas no aguantan cuatro horas de corte”, reconoce.
Calvache insta a los conductores a tener paciencia, pero admite que “la falta de empatía es evidente”.
“Volver al siglo 18”
Allen Panchana y Daniela Sangurima, una pareja de esposos con tres hijas, han adoptado medidas para proteger a su familia. Viven en un conjunto residencial cerrado en Samborondón, una ciudad vecina a Guayaquil.
Pero los cortes los afectan diariamente.
“No podemos cocinar ni usar agua potable cuando no hay energía porque la cocina es de inducción y las bombas de agua necesitan motor. Durante los cortes, nos toca volver al siglo 18 y agarrar una jarrita”, comenta Allen.
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Sin embargo, admite que la falta de energía altera su descanso y hace que sus hijas se despierten agotadas.
Voz de aliento
Cuatro ministros han pasado por la cartera de Energía en el último año del gobierno de Daniel Noboa.
Uno de ellos enfrenta actualmente un juicio político. Inés Manzano, la actual ministra, ha prometido medidas a corto plazo, como la compra de energía a proveedores privados, pero la percepción general es que estas llegan tarde y de manera desigual.
Hasta el 17 de septiembre, los cortes serán de 12 horas. En esa fecha, el Ministerio de Energía decidirá si se mantienen o aumentan, dependiendo de las lluvias.
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