La Secretaría de Salud aplazó cinco días más el fallo de la licitación para abastecer hasta 3 mil 900 claves de medicamentos para la compra consolidada 2025-2026 del sector salud. Eso a pesar de que en diciembre ya se había retrasado la emisión de la convocatoria.
A través de una ficha informativa, la dependencia que dirige David Kershenobich detalló que se recibieron más de 400 ofertas para abastecer 98.5 % de los medicamentos que se necesitan para el periodo, cantidad que calificaron de “histórica” y fue esa la razón que le dieron al aplazamiento.
A pesar de los retrasos de diciembre y este nuevo, la dependencia aseguró que la ampliación del plazo para definir qué proveedores serán los adjudicados no afectará los tiempos de entrega de los medicamentos.
Esta compra consolidada se da en el marco de un nuevo sistema de compra, que el gobierno presentó en octubre pasado. En ese momento se informó que la convocatoria de la licitación debía publicarse el 2 de diciembre, pero hasta el día 10 no se había publicado.
Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo de Salud, detalló el pasado 31 de octubre (cuando se presentó el nuevo proceso) que el nuevo modelo de compra busca implementar sistemas digitales en todo el proceso para garantizar la transparencia y la máxima participación nacional e internacional de proveedores.
Clark aseguró que la planeación a largo plazo, con compras cada dos años, ayudará a garantizar el abasto. Además, explicó que los pedidos no se realizarán basados en cuánto medicamento habían podido adquirir las unidades médicas con su presupuesto en años anteriores, sino en cuántos insumos necesitan para atender a la población de acuerdo con los equipos médicos con los que cuentan.
De acuerdo con Eduardo Clark, la Secretaría de Salud será la encargada de todo el proceso en la compra de medicamentos para el IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y otras instituciones médicas de gobierno.
Las instituciones de salud definirán cuántos medicamentos requieren, de qué tipo y en dónde los requieren. Posteriormente, la Secretaría de Salud verificará si los medicamentos solicitados son relevantes terapéuticamente, si la calidad y la cantidad son correctas, y qué posibilidades tienen de negociar los precios.
Una vez concluida la planeación, el equipo de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), hace la compra. Para ello invita a proveedores a ofertar sus medicamentos y adjudica a los mejores postores los contratos.
La Secretaría de Salud detalló que el pasado 1 de enero inició el proceso administrativo para que Birmex realice la adjudicación de las piezas y se contará con el acta de fallo concluida el 13 de enero.
Dado que solo se recibieron ofertas para 98.5 % de los medicamentos que se necesitan y la dependencia solo negoció 348 claves directamente con laboratorios que manejan patentes especiales, se deberá abrir un nuevo proceso para cumplir con el 100 % de los medicamentos que se necesitan a nivel nacional.
“Iniciaremos un nuevo proceso enfocado en cubrir el porcentaje restante. Desde el 26 de diciembre hemos llevado a cabo reuniones con la industria y con las instituciones del sector salud para iniciar este proceso a partir del día 17 de enero iniciar la segunda ronda”.
En marzo de 2024, Animal Político publicó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dejó de surtir 15 millones de recetas de pacientes de los servicios médicos públicos, una cifra que representa 5 veces más que las recetas no surtidas en 2018, último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando fueron 3.1 millones.
Y aun cuando no hay abasto de medicinas, tampoco se han conseguido ahorros. Hoy se gasta 29% más de lo que se gastó el sexenio pasado, aunque se compran menos medicinas.
El resultado: los pacientes gastaron 39% más en la compra de medicinas en 2022 que en 2018, en términos reales, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022.
Trump ordenó la paralización por 90 días de esta ayuda para evaluar qué proyectos continuarían y cuáles se cerrarían.
Desde el principio, Donald Trump está dejando claro que su nuevo mandato en la Casa Blanca será contundente y disruptivo.
Nada más jurar su cargo, se apresuró a firmar decenas de órdenes ejecutivas que ya se están aplicando, como la de devolver a migrantes a sus países de origen.
También la de congelar la ayuda exterior que Estados Unidos aporta. Esta medida, que se anunció la semana pasada, se aplicará, por ahora, por 90 días en los que se revisará qué aportes continúan y cuáles no.
La administración Trump dice que ordenó la pausa de la ayuda extranjera para darle tiempo de decidir cuáles de los miles de programas humanitarios, de desarrollo y de seguridad seguirán recibiendo dinero de Estados Unidos.
Aunque se han filtrado varios memorandos en los que se especifica que no se frenará la financiación a cuestiones que tengan que ver con alimentación y ayuda humanitaria, la información, resaltan las fuentes consultadas por BBC Mundo, no es clara ni completa y por ende, reina la incertidumbre.
Estados Unidos es el mayor donante de ayuda internacional del mundo, con un gasto de 68.000 millones de dólares en 2023, según cifras del gobierno. El aviso del Departamento de Estado parece afectar todo, desde la asistencia para el desarrollo hasta la ayuda militar.
América Latina no es el principal destinatario de esta financiación, pero este aporte supone un ingreso importante para la región y su desarrollo en materia de derechos humanos, derechos civiles, agricultura, seguridad, educación, migración o derechos reproductivos.
Aun cuando está por ver hasta dónde llegarán los recortes en la región y su alcance real después de los 3 meses de paralización, ya hay organizaciones que recibieron la notificación del cese de financiamiento, ha habido despidos no solo en Estados Unidos sino de personal latinoamericano.
En este escenario, BBC Mundo preguntó a varios expertos y afectados sobre esta decisión y las consecuencias que para América Latina puede tener la paralización de la ayuda al desarrollo decretada por Trump.
“La suspensión es gravísima. Hablamos de fondos importantes y difíciles de sustituir de la noche a la mañana. Implica la suspensión de actividades fundamentales para gobiernos que reciben asistencia humanitaria, pero también para la sociedad civil”, explica a BBC Mundo Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
“No hay detalle de qué significa el congelamiento ni de quién hará la revisión. Hay mucha incertidumbre por la falta de información. Y es histórico”, apunta Jiménez.
La asistencia a América Latina y el Caribe por parte de Estados Unidos tiene décadas. Desde 1946 a 2002 se estima que ha invertido alrededor de 104 mil millones de dólares. Para el ejercicio fiscal de 2025, la administración Biden había pedido unos US$2.000 millones con este fin.
“La ayuda en el mundo, pero sobre todo en América Latina, viene siempre con un intento de cambiar la realidad del hemisferio. Esto no tiene que ver con Trump, es anterior. No olvidemos la Alianza para el progreso (fondo de ayuda económica, política y social de 1961 a 1970) impulsado por J.F. Kennedy para contrarrestar el comunismo de la Unión Soviética y Cuba”, explica Ivan Briscoe, del Crisis Group y experto en América Latina.
Esos fondos han cambiado a la largo de la historia.
“En los últimos años se hizo énfasis en lo humanitario, por ejemplo, en ayuda tras el huracán Mitch o el terremoto de Haití. Ahora en ayuda para migrantes, temas de democracia y derechos humanos”, recalca Jiménez Sandoval.
“¿Como se van a reprogramar en estos 90 días? No sabemos”, dice.
En un primer momento se tuvo poca información de a qué tipo de organismos y rubros afectará y solo trascendió que la única excepción a este freno solo se haría para la ayuda alimentaria de emergencia y la financiación militar para Israel y Egipto, según información que pudo comprobar BBC.
Más tarde, dio marcha atrás y publicó que eximirá de este congelamiento a los “programas básicos para salvar vidas” que involucran medicamentos, servicios médicos, alimentos y refugio, según un memorando del secretario de Estado Marco Rubio publicado el martes pasado.
“Hay poca claridad, van midiendo reacciones y pareciera que van improvisando”, señala Carolina Jiménez Sandoval.
Aunque hay cosas que parece ya claro que se frenarán y van en sintonía con el discurso de esta administración.
“Tenemos programas cuyo destino está relativamente contado, como cualquier cosa que tenga que ver con lo que llaman la “cultura woke”, temas de “ideología de género”, con programas polémicos para los republicanos de salud femenina y aborto estarán cerrados, protección de medio ambiente”, apunta Ivan Briscoe.
Jiménez Sandoval remarca otras órdenes ejecutivas que tienen que ver con que se acepten solo dos sexos biológicos y se elimine el concepto de género en el gobierno federal y que esto tendrá impacto en el corte de financiamiento.
“El apoyo que vemos de Estados Unidos a personas y grupos LGTBI+ en la región está en serio cuestionamiento en este momento”, dice.
La ayuda según el país es dispar. Uno de los que más recibe es Colombia, que se sitúa en el puesto 14 de países que reciben ayuda de Estados Unidos. Solo el monto de 2023 llegó a los US$740 millones. Le sigue Haití con US$440 millones y Ecuador con US$250 millones .
“Esto tiene implicaciones profundas y serias. Dependerá de la duración y de qué cancele”, nos explica Raj Kumar, presidente y editor en jefe de Devex, empresa social y una plataforma enfocada en temas de desarrollo internacional.
“En Colombia hay muchos programas de USAID que se están frenando. Y, además, están sacando a gente que trabaja en Estados Unidos y Latinoamérica”, añade.
La empresa colombiana de la que es director Santiago Borda, Instintivo, ya está sufriendo estos recortes.
Prestan servicios a USAID en reducción de discriminación conta migrantes venezolanos, promoción de transparencia en entidades públicas o aumentar la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia. Tenían dos procesos ya adelantados con USAID, pero esta semana les llegó la notificación de que se suspendían. Era su principal cliente.
“Sin esa financiación muchos de esos proyectos no se hacen, porque solo una entidad así de grande puede o tiene el interés de costearlos”, nos cuenta.
¿Es posible que se reemplace de algún modo esta financiación? Complicado.
Las entidades que aportan dinero a la región en términos de ayuda que no sean créditos es la Unión Europea y Estados Unidos. “Poco más. Luego están los créditos multilaterales que dan el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial o CAF”, enumera Briscoe.
Pero apunta: “La Unión Europea no puede reemplazar toda la ayuda que Estados Unidos da en América Latina. Además, están bajo mucha presión porque Gaza, Ucrania o Sudán son la prioridad y no tienen tantos recursos. Y queda la incógnita de cuál será el papel de China en esto”.
Carolina Jiménez Sandoval cree que el grueso de la financiación no se va a poder recuperar y que tocará a organizaciones y gobiernos tener estrategias para adaptarse. Y apunta a otros actores para que tomen acción.
“Es el momento para que la propia filantropía privada reconsidere cuáles son sus prioridades y vaya de la mano con las organizaciones de sociedad civil de la región. Va a ser importante que de nuevo miren a la región”.
Uno de los objetivos que dejó claro Trump tanto en su discurso como en sus acciones posteriores es cerrar las fronteras de Estados Unidos y frenar la migración a ese país.
Sin embargo, todos los expertos consultados concuerdan que esta medida puede que logre el efecto contrario a corto y mediano plazo.
“Es complicado querer reducir la migración cuando dejarás a países sin fuente importante de ingresos y ayuda en ese aspecto”, apunta Jiménez Sandoval.
Habla de fondos que reciben los albergues, programas de atención médica, de atención a mujeres y niñas migrantes, otros fondos más a mediano plazo hechos para la integración en las comunidades receptoras.
“En general toda suspensión de lo humanitario tiene consecuencias humanitarias”, señala.
Por ejemplo, explica Ivan Briscoe, ONU trabaja fuertemente en materia de refugiados en el Tapón del Darién, en Panamá, y da “ayuda humanitaria esencial en una zona de enorme movimiento donde, además, el gobierno panameño está endureciendo las condiciones”.
Si se cortan las ayudas en este sentido, “los migrantes corren un peligro enorme y no sólo en esta zona”.
Y donde se genera la necesidad, para otros aparece una oportunidad.
“Si no hay una alternativa de cuidado oficial o provisión de ayuda en estos lugares, la alternativa es ilícita y criminal. Grupos como el clan del Golfo, que se encarga del tráfico de migrantes en la frontera de Colombia con Panamá, se puede presentar como una “organización de caridad” que brinda ayuda esencial para migrantes, obviamente pagando”, detalla.
“Puede que las consecuencias sean graves, visibles y con consecuencias graves para el gobierno de Estados Unidos”, remarca Briscoe.
Pero no solo se trata de que haya freno a programas que ayudan explícitamente a la población migrante en América Latina. También otras inversiones.
“Muchas son para ayudar a las comunidades de base, mucho programa social, o programas de agricultura en Centroamérica. Si esto se frena, la gente deberá buscar otros empleos y saldrá a buscar otras oportunidades. No frenará la migración, posiblemente la impulsará”, declara Kumar.
Aún es pronto para entender cuál será la magnitud real y el impacto que este congelamiento y el posible cese de algunas actividades tendrá, pero todos los expertos consultados apuntan que es un duro golpe para la región.
“Organizaciones civiles más pequeñas y locales serán las que más sufran, las que no tendrán recursos y puede que no sobrevivan. Y será grave si esas organizaciones son defensoras derechos humanos, civiles y prensa libre”, enumera Kumar.
Más allá, dice que “habrá gente que tendrá momentos en los que no podrá acceder a los recursos que necesita para sobrevivir. No va a ser algo estable por meses”.
También hay ya organizaciones que se dedican a la información en distintos países de la región a las que han cortado la financiación.
“La prensa independiente, que sabemos que es crítica con del poder en gobiernos en donde hay fuertes autoritarismos o que se están creando, pero que son aliados del trumpismo, ¿qué pasará ahí? ¿Le conviene que se financie a la prensa crítica? ¿Pedirá que se programen esos fondos? Está en el aire”, mantiene Jiménez Sandoval.
Por otro lado, Kumar establece que este arranque no es una buena manera de empezar la nueva administración con respecto a América Latina porque “la fe en Estados Unidos como un socio en temas de desarrollo internacional va a estar roto con esta situación así tan rápido, tan fuerte, sin noticias y con un grave impacto en las organizaciones”.
Y augura que esto será bueno para China, “que tiene relaciones con varios países de la zona y es lo opuesto, piensa a largo plazo y en estable. Ya sin hacer nada más, China gana”.
Si uno de los lemas bandera de Trump es “America First” (Estados Unidos primero), es de esperar que las políticas que haga vayan en este sentido: en primar los asuntos domésticos a todo nivel. Lo que aún se perfila es el alcance total y, en este sentido, la revisión de la ayuda exterior.
“No sabemos con Trump hasta qué medida va a restringir la ayuda y la enfocará en intereses primordiales para él como la migración o seguridad, o si va a intentar abrazar el modelo general de desarrollo y progreso hemisférico que supuestamente favorece a los intereses estadounidenses que aplicaron administraciones anteriores”, señala Briscoe.
Kamar apunta que la realidad es que “los objetivos no son fuera, como la migración, sino domésticos. Como reducir el tamaño y dinero que paga Estados Unidos. Pero también, es el Congreso quien decide cómo y a quién va la financiación. Aquí ahora decide él. Centra el poder en la presidencia”.