Luego de meses de dilaciones para evitar enfrentar el proceso penal que se sigue en su contra argumentando una y otra vez motivos de salud, un juez publicó un nuevo acuerdo para dar un ultimátum al ginecobstetra Jesús Luján, conocido como el “rey del parto inducido”, en el que advierte que si en los próximos días no se presenta ante la justicia, se reactivará la orden de aprehensión frente a la que permanece amparado.
Según el médico, sus complicaciones de salud se derivan de un accidente automovilístico que vivió en octubre de 2022, meses antes de que las acusaciones en su contra se hicieran públicas. Aunque dice haberlo minimizado, asegura que a mediados del año siguiente le desencadenó también una afectación emocional por estrés. Una lesión lumbar es lo que ahora limita su condición física, pretexta, luego de sufrir una nueva caída este año.
El ginecobstetra –al que se le acusa de práctica indebida del servicio médico– incluso refirió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que el derecho a la salud debe prevalecer sobre las exigencias procesales cuando está en riesgo la vida, la integridad o el bienestar, por lo que, según él, enfrentar la justicia agravaría su condición médica. Todo ello, dice, le impide acudir a registrar su firma, hacer videoconferencias o enfrentarse a una audiencia.
Animal Político dio a conocer el caso del “rey del parto inducido” en marzo de 2023. Poco después, se fundó el colectivo Con Ovarios y se iniciaron diversas investigaciones penales en su contra. Más de 30 testimonios expusieron las inducciones no consentidas del parto, intervenciones quirúrgicas innecesarias, complicaciones severas en procesos sencillos, retención de expedientes médicos y consecuencias fatales al momento del parto.
“No es posible tomar en consideración la información que proporciona para justificar su inasistencia a las instalaciones que ocupa este órgano jurisdiccional a plasmar su firma los lunes de cada semana o al día siguiente hábil si aquel no lo fuere, ni mucho menos impedir que el quejoso se ponga a disposición del juez de control (…) para los efectos de la continuación del procedimiento que se instruye en su contra”, respondió el juzgador al rechazar validar como acusadas de recibidas las justificaciones del médico.
En el nuevo acuerdo, además, destaca que la solicitud de presentarse ante la justicia fue emitida el 13 de mayo de 2024, cuando Luján obtuvo una suspensión definitiva para que no se cumpliera la orden de aprehensión que había girado la Fiscalía capitalina en su contra el 27 de marzo, bajo las condiciones de presentarse en un plazo de tres días ante el juez para establecer una fecha de audiencia inicial, entregar una garantía económica y acudir a firmar todos los lunes.
El juez resume las condiciones citadas por el médico y determina: “lo cierto es que estas circunstancias no pueden modificar las consideraciones que sustentaron la imposición de las medidas de aseguramiento decretadas en la resolución interlocutoria (…), ya que las ha externado con posterioridad a esta, lo que impide que se tomen en cuenta para modificar el cumplimiento de las medidas”.
Aun así, el acuerdo describe que su derecho a la protección de la salud ya ha sido privilegiado, pues derivado de las diversas constancias médicas exhibidas, se ha justificado su inasistencia todos los lunes anteriores, además de darle la opción de satisfacer la puesta a disposición ante el juez para continuar el proceso penal a través de las tecnologías existentes. Esto a pesar de que se comprobó que uno de esos justificantes fue alterado.
El juzgador retoma en su acuerdo que uno de los documentos presentados describe que debido a los medicamentos que está tomando el ginecobstetra, no es recomendable que participe en audiencias por videoconferencia debido al letargo mental y alteraciones en la percepción cognitiva que producen. Sin embargo, apenas el 11 de noviembre pasado Animal Político confirmó que su asistente seguía ofreciendo consultas médicas con Luján vía zoom.
“No es factible atender favorablemente la petición formulada por el peticionario del amparo, consistente en que se valoren los argumentos y documentales para justificar su inasistencia a las instalaciones que ocupa este órgano jurisdiccional a plasmar su firma los lunes de cada semana y ponerse a disposición del juez de control responsable para la continuación del procedimiento penal que se instruye en su contra”, señala el juez.
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Por lo tanto, requiere al quejoso “por última ocasión” que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del acuerdo se presente a registrar su firma en las instalaciones del juzgado y dentro de los tres días siguientes a esa fecha, comparezca para continuar el proceso. Al mismo tiempo, vuelve a ofrecer las facilidades para que las audiencias correspondientes se lleven a cabo mediante videoconferencias.
“En caso de no cumplir con lo señalado (…), o de no informar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización”, además de que la suspensión definitiva que se le concedió dejará de surtir efectos, es decir, se reactivaría la orden de aprehensión girada en su contra.
El pasado 11 de noviembre Animal Político estrenó el episodio “Con Ovarios, una lucha contra el abuso médico” como parte de la serie en podcast Tanto Coraje, coordinada por el Centro Latioamericano de Investigación Periodística CLIP, donde se retoma la historia de abuso de poder y evasión de la justicia que ha protagonizado Jesús Luján y cómo durante más de siete meses ha aplazado el proceso en su contra. La colectiva ha llamado a recabar evidencia que contribuya a presentarlo ante la justicia.
Luigi Mangione fue arrestado este lunes en una ciudad de Pensilvania, y en su mochila se encontró un arma fantasma que podría ser importante en el caso en su contra. Te explicamos por qué.
Cuando este lunes las autoridades capturaron a Luigi Mangione, un joven de 26 años sospechoso de asesinar de un disparo en Nueva York a Brian Thompson, director ejecutivo de la aseguradora UnitedHealth, encontraron entre sus pertenecías lo que se conoce como un arma fantasma.
El artefacto, que las autoridades creen que habría sido utilizado por el acusado para cometer el crimen, podría convertirse en una pieza clave en el proceso legal en su contra.
Mangione, un experto en programación, fue detenido en un McDonald’s de la ciudad de Altoona, en Pensilvania, tras ser reconocido por alguien en el restaurante.
El lunes fue acusado de asesinato y de otros cargos relacionados con la posesión ilegal de armas de fuego.
Además del arma, el presunto asesino también tenía en su mochila “varias identificaciones falsas” y un manifiesto escrito a mano de tres páginas que incluía quejas contra el sistema de salud de EE.UU.
“Estaba en posesión de una pistola fantasma que tenía la capacidad de disparar una bala de 9 mm”, dijo el lunes Joe Kenny, jefe de detectives del Departamento de Policía de Nueva York.
“Puede haber sido fabricada en una impresora 3D”, agregó.
El arma estaba cargada con seis balas de nueve milímetros. Además, la policía también encontró un silenciador, que de igual manera habría sido producido en una impresora 3D.
Para las autoridades podría ser un reto investigar el origen de la pistola.
Este tipo de armamento se conoce como armas fantasma precisamente porque, en su mayoría, son fabricadas por individuos que ensamblan las piezas en casa, por lo que pueden quedar fuera de los registros oficiales.
De acuerdo con el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos de EE.UU. (ATF, por sus siglas en inglés), las armas fantasma o armas de fabricación privada son completadas, ensambladas o producidas por cualquier persona que no sea un fabricante con licencia.
Son difíciles de rastrear porque hasta agosto de 2023 no era obligatorio colocarles un número de serie que permita seguir su rastro ni tampoco realizar una verificación de antecedentes al comprador.
En EE.UU., generalmente, los fabricantes e importadores de armamento colocan un número de serie y marcas en las armas de fuego, que identifican al fabricante o importador, marca, modelo y calibre, según explican reportes del Centro Ley Giffords para la Prevención de la Violencia con Armas.
“La investigación de delitos que involucran armas de fuego de fabricación privada no serializadas puede generar dificultades para rastrear el origen de las armas de fuego y vincularlas con delitos relacionados”, dice la página web de ATF.
Las autoridades las categorizan en diez tipos: pistola, revolver, rifle, escopeta, armazón o cajón de mecanismos, dispositivo de conversión de ametralladora, dispositivo destructivo, ametralladora, silenciador de arma de fuego y cualquier otra arma.
Elaborar un arma fantasma en EE.UU. es tan sencillo como comprar por internet un kit con las diferentes partes y herramientas.
Se han conocido incidentes en los que menores poseen este tipo de artefactos, así como personas con trastornos mentales.
Las partes con las que se fabrican no están técnicamente terminadas y requieren algunos pasos adicionales en el hogar, como perforar algunos agujeros, antes de que puedan usarse para hacer una pistola funcional.
Más de una decena de estados, incluyendo Nueva York, han establecido leyes para regularizar las armas sin número de serie, pero es difícil prevenir que se utilicen, pues sus partes pueden ser enviadas de forma individual a casi cualquier lugar.
El asesinato de Thompson renovó el escrutinio de las armas fantasma, que el gobierno de Biden trata de reglamentar para que sean consideradas de la misma manera que las armas de fuego disponibles comercialmente.
Los fabricantes de kits de armas fantasma ahora deben incluir números de serie en sus productos y realizar verificaciones de antecedentes a los compradores.
En octubre, la Corte Suprema evaluó los argumentos de este estatuto que fue retado en los tribunales, y pareció que una mayoría se inclinaba a apoyarlo.
Un fallo a favor marcaría un cambio para el grupo de nueve jueces de una supermayoría conservadora que ha sido en gran medida escéptica con las regulaciones de armas.
En cuanto a las armas en general, el presidente electo de EE.UU., Donald Trump, se ha posicionado como un firme defensor de la Segunda Enmienda, que otorga el derecho a portarlas.
A principios de este año, le dijo a la Asociación Nacional del Rifle (NRA) que era el mejor amigo del grupo.
Los expertos han calificado las armas fantasma como el problema de seguridad de armas de más rápido crecimiento en el país. Se han utilizado cada vez más en tiroteos de alto perfil.
Según cifras de la ATF, las fuerzas del orden encontraron 20.000 armas fantasma sospechosas en investigaciones criminales en 2022, un número diez veces mayor que en 2016.
Las autoridades dicen que sin números de serie en sus armazones, es prácticamente imposible rastrear a los comerciantes que venden estas armas ilegalmente a menores o a personas sin licencia.
Una exfuncionaria del gobierno estadounidense duda de que la gente cambie de opinión con el asesinato de Thompson.
“Las armas fantasma son un factor nuevo en un país muy complicado y violento”, le dijo Juliette Kayyem al programa Today de BBC Radio 4.
A EE.UU. le resulta “muy difícil” restringir las armas de fuego, añadió Kayyem, exsecretaria adjunta de política del Departamento de Seguridad Nacional.
Más de 48.000 personas murieron por armas de fuego en Estados Unidos en 2022, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).
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