Él mismo terminó autonombrándose “El Rey” en una imagen que puso como perfil de sus redes sociales en diciembre del año pasado. Hoy tiene tres días para responder a la justicia.
Así de clara es, coinciden sus denunciantes, su megalomanía, pero en realidad el mote de “rey” surgió del número de partos que atendía cada miércoles —una cantidad imposible, han señalado sus colegas— y la reputación que construyó en torno a su supuesta experiencia en partos humanizados.
De ahí que entre integrantes del gremio al ginecobstetra Jesús Luján Irastorza empezara a conocérsele de manera informal como “el rey del parto inducido”, hoy denunciado penalmente por su presunta responsabilidad en los delitos de práctica indebida del servicio médico y de responsabilidad profesional.
Pese a sus esfuerzos para evadirse, ayer le fue concedida una suspensión definitiva para que no se cumpla la orden de aprehensión que desde marzo pasado pesa en su contra, bajo las condicionantes de presentarse ante el juez en los próximos tres días, exhibir una garantía económica y acudir a firmar semanalmente.
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La ambición de atender a cada vez más pacientes y al mismo tiempo generar una imagen pública en congresos, seminarios y participaciones en medios de comunicación se tradujo, al final, en una atención menos personalizada y más apresurada para sus pacientes, aseguran algunas de sus denunciantes. Otras sostienen que eso, simplemente, nunca existió.
Para él, la historia empezó en 1992, cuando comenzó a estudiar la carrera de médico cirujano en la Universidad Autónoma de Guadalajara –originario de Nogales, Sonora, donde nació en 1973–. Para sus pacientes, y después denunciantes, la primera señal de violencia, de las hasta ahora documentadas, se presentó 14 años después, cuando Ixchel tenía 23 años y decidió embarazarse. Su bebé, aunque sobrevivió, nació en medio del riesgo por falta de monitoreo.
A ella, por ejemplo, el médico le generó mucha confianza porque “hablaba al oído”. Otras de las más de 30 mujeres que han acusado las irregularidades de su práctica médica lo describen como un hombre encantador, con la capacidad de enamorar a un salón entero, hábil para transmitir sensaciones de seguridad y cuidado. Al mismo tiempo, atraído por el reflector, la docencia y las apariciones públicas. Adulador y admirador del físico de sus pacientes.
Hoy, ellas mismas –que en un primer momento llegaron a su consultorio por recomendaciones o por sus participaciones como figura pública– le achacan desde el suministro de medicamento sin consentimiento o en dosis incorrectas hasta la práctica de intervenciones quirúrgicas innecesarias, complicaciones severas en procesos de fertilidad sencillos, retención de expedientes médicos y de óvulos congelados, y consecuencias fatales para la madre o los bebés al momento del parto.
En 2009, cuando él tenía ya cinco años de ser director de su Clínica Pronatal, llegó la primera demanda civil ganada, promovida por ‘Marina’, cuyo nombre fue cambiado. Después de enfrentar complicaciones en el parto que casi le costaron la vida, ella decidió formalizar su queja contra el médico. Recibió una compensación económica nueve años después –por la cadena de errores y de alarmas que se dejaron pasar–, pero el médico pudo continuar con su práctica sin consecuencias.
Según su propio currículum, en 2004 Luján fundó la Clínica Pronatal, de la que se volvió presidente en 2013, cuando también comenzó a estar al frente de Bité Sociedad Médica. El número de pacientes acumulado con los años, y la prioridad a su agenda pública –opina uno de sus ex colegas– fue lo que derivó en el uso no consentido de medicamento para que todos los partos ocurrieran el mismo día, los “miércoles de Luján”, como los llamaban las doulas que lo asistían y terminaron distanciándose de él por sus prácticas.
Para 2008 y 2009, ya había enfrentado las consecuencias de los dos partos –uno fatal para el bebé– que se convirtieron en demandas civiles formales, una con éxito y otra rechazada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación pese a haberse ganado en dos primeras instancias. Luego vinieron otros casos y testimonios, varios más a partir de la primera publicación de Animal Político –hasta sumar más de 30–, y finalmente se transformaron en denuncias penales.
Nada de eso forma parte de sus redes sociales, donde sigue compartiendo sus conocimientos sobre el embarazo, sus logros y hasta sus creencias espirituales acerca de “cómo es posible sanar con energía”. Incluso, se ha dado a la tarea de resaltar testimonios de pacientes que han resultado satisfechas con su servicio usando el hashtag #reydelpartoinducido.
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“El objetivo de este video es compartir mi experiencia, mi consternación en torno a lo que está sucediendo respecto a la campaña de desprestigio que está sufriendo el Dr. Jesús Luján”, se destaca en una imagen acompañada por la fotografía de una docente y ex presidenta del Club Rotario de México, así como el logo “The King” (El Rey), que él mismo creó a partir de las acusaciones.
Ahora a unos días de tener que presentarse ante el juez que ordenó su aprehensión, sigue describiéndose así en sus redes: “Fundador del Hospital Bité Médica, Clínica Pronatal, Centro de Reproducción Asistida, Helix y Fundación Pronatal. Estratega en la resolución de crisis y conflicto. Responsable, ético y comprometido. Especialista en Medicina centrada en la persona, analizando al paciente en todas sus dimensiones biopsicosociales y el impacto que tiene en su salud”.
Sin embargo, la mayoría de las pacientes que lo acusan lo han descrito más bien como un rockstar, que delega tiempo y responsabilidades a sus asistentes, para llegar al final “a platicar 15 minutos contigo; pagas por estar con un rockstar”. Uno que, además, ha construido toda una carrera empresarial en paralelo a su práctica médica.
Luján se ha convertido en empresario más de una vez, como accionista de cuatro empresas. La primera fue Centro Médico JGL, registrada el 15 de noviembre de 2011 en el Estado de México, pero con domicilio en la Ciudad de México, para la prestación de toda clase de servicios médicos, clínicos y hospitalarios, donde tenía un número de acciones mínimo frente a Mirna Elizabeth Irastorza Flores, la accionista mayoritaria, pero era administrador único con poderes generales, según consta en el Registro Público del Comercio.
El 14 de mayo de 2012 registró Promotora de Hospitales y Servicios Integrales, para la prestación de toda clase de servicios médicos en general, desde la instalación y operación de hospitales, clínicas, centros de rehabilitación y laboratorios hasta la importación, exportación y fabricación de todo tipo de productos farmacéuticos, en donde comparte sociedad con Joaquín y Patricia López Negrete Amtmann. En ambas, Guillermo Luján Irastorza ha fungido como apoderado o integrante de la asamblea.
El 7 de diciembre, también de 2012, fue registrada otra empresa de la que quedó como administrador único, Clínica de Reproducción Asistida Santa Fe, S.A. de C.V., para la prestación de toda clase de servicios médicos, clínicos y hospitalarios, y todo lo relacionado con la medicina en general, la cirugía, la reproducción humana asistida y la infertilidad, en la que comparte el mayor número de acciones con Guillermo Luján Irastorza.
En esa misma compañía también tienen acciones, minoritarias, Alfredo Gobera Farro, quien fue secretario de Salud y Coordinador General de los Servicios de Salud de Querétaro entre 2015 y 2018, y Francisco Rocha Cárdenas. Gobera Farro es también, según su propio currículum, consultor, socio fundador y director general de Hospital Bité Médica, sociedad que Luján preside.
Más tarde, el 28 de noviembre de 2014 quedó constituida la empresa Sociedad de Accionistas Luvosiiraro, S.A.P.I. de C.V., para la promoción de inversiones en edificación, construcción, equipamiento y diseño de clínicas, hospitales, consultorios y salas de cirugía para la atención de pacientes; el desarrollo de patentes, marcas, licencias y títulos, la comercialización de toda clase de bienes y servicios en las áreas de medicina y cualquier otra en general, de la que es el accionista principal.
Hoy, aunque son cuatro las denuncias penales que él mismo reconoce, más de 31 mujeres esperan justicia a través de ellas. A poco más de un año de que sus historias se hicieran públicas, los testimonios siguen acumulándose. El colectivo Con Ovarios –surgido a raíz de la publicación del caso– confía en que las autoridades protejan a las mujeres y madres víctimas de violencia obstétrica, asegurando que los responsables no queden impunes y que el daño sea reparado.
La cifra de personas asesinadas durante el fin de semana podría alcanzar hasta 184, de acuerdo con estimaciones de la ONU.
Algunos recibieron disparos, otros puñaladas o machetazos. Todos eran señalados de brujería.
Al menos 110 personas, en su mayoría de edad avanzada, fueron brutalmente asesinadas por miembros de pandillas en la capital de Haití, Puerto Príncipe, según un grupo de derechos humanos.
La Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH) dijo que un líder de una pandilla local los había atacado después de que su hijo enfermara y posteriormente muriera.
Según se informa, el líder de la pandilla consultó a un sacerdote vudú que culpó de la misteriosa enfermedad del niño a los ancianos locales que practicaban “brujería”
Naciones Unidas afirmó que el número de personas asesinadas en Haití en lo que va del año a causa de la creciente violencia de las pandillas había alcanzado “una asombrosa cifra de 5,000”.
Aunque todavía se están conociendo los detalles de la masacre, el alto responsable para los derechos humanos de la ONU, Volker Türk, elevó el lunes a 184 el número de personas asesinadas durante el fin de semana “en actos de violencia orquestados por el líder de una poderosa banda”.
Los asesinatos ocurrieron en el barrio Cité Soleil de la capital.
Según los informes, los miembros de la banda secuestraron a decenas de residentes mayores de 60 años de sus casas en la zona de Muelle Jérémie, los acorralaron y luego los mataron a tiros o a puñaladas, con cuchillos y machetes.
Los residentes informaron haber visto cuerpos mutilados quemados en las calles.
La RNDDH estimó que el viernes murieron 60 personas, mientras que el sábado se detuvo y asesinó a otras 50, después de que el hijo del líder de la banda muriera a causa de su enfermedad.
Si bien la RNDDH dijo que todas las víctimas tenían más de 60 años, otro grupo de derechos humanos dijo que también habían sido asesinadas algunas personas más jóvenes que habían tratado de proteger a los ancianos.
Los medios locales informaron que las pandillas habían buscado a personas mayores que se cree que practican el vudú porque al líder de la banda le habían dicho que la enfermedad de su hijo había sido causada por ellos.
Los grupos de derechos humanos dijeron que el hombre que había ordenado los asesinatos era Monel Felix, también conocido como Mikano.
Se sabe que Mikano controla Muelle Jérémie, una zona estratégica en el puerto de la capital.
Según Romain Le Cour Grandmaison, un experto en Haití de la Iniciativa Global contra el Crimen Transnacional (GI-TOC, por sus siglas en inglés), la zona es pequeña pero difícil de penetrar para las fuerzas de seguridad.
Los medios locales dijeron que la banda de Mikano había impedido a los residentes salir de Muelle Jérémie, por lo que la noticia de los asesinatos tardó en difundirse.
El grupo forma parte de la alianza de pandillas Viv Ansanm, que controla gran parte de la capital haitiana.
Haití se ha visto envuelto en una ola de violencia de pandillas desde el asesinato en 2021 del entonces presidente, Jovenel Moïse.
Los datos recopilados por GI-TOC muestran que hubo un descenso en la tasa de asesinatos entre mayo y septiembre de este año, después de que las bandas rivales alcanzaran una tregua incómoda.
Sin embargo, los intentos de las bandas de expandir su territorio más allá de sus bastiones en la capital han dado lugar a incidentes particularmente sangrientos en los últimos dos meses, en los que los residentes comunes son cada vez más los blancos de los ataques, en lugar de los miembros de bandas rivales.
El 3 de octubre, 115 habitantes locales fueron asesinados en la pequeña ciudad de Pont-Sondé, en el departamento de Artibonite.
Al parecer, la banda Gran Grif llevó a cabo esa masacre en represalia por el hecho de que algunos residentes se unieran a un grupo de vigilantes para resistir los intentos de Gran Grif de extorsionar a los lugareños.
Si se confirma la cifra de muertos que ha dado la ONU por los asesinatos de este fin de semana en Cité Soleil, se trataría del incidente más mortífero de lo que va de año.
Dado que las bandas controlan aproximadamente el 85% de Puerto Príncipe y zonas cada vez más extensas del interior, cientos de miles de haitianos se han visto obligados a huir de sus hogares.
Según la Organización Internacional para las Migraciones, más de 700.000 personas (la mitad de ellas niños) están desplazadas internamente en todo el país.
Los miembros de las bandas suelen recurrir al abuso sexual, incluida la violación en grupo, para sembrar el terror entre la población local.
En un informe publicado hace dos semanas, la investigadora de Human Rights Watch Nathalye Cotrino escribió que “el estado de derecho en Haití está tan quebrado que los miembros de los grupos criminales violan a niñas o mujeres sin temer ninguna consecuencia”.
Los intentos de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, dirigida por Kenia, de sofocar la violencia han fracasado hasta ahora.
La fuerza policial internacional llegó a Haití en junio para reforzar a la Policía Nacional Haitiana, pero no cuenta con los fondos necesarios ni con el equipo necesario para enfrentarse a las bandas fuertemente armadas.
Mientras tanto, el Consejo Presidencial de Transición (TPC, por sus siglas en inglés), el organismo creado para organizar las elecciones y restablecer el orden democrático, parece estar en crisis.
El TPC reemplazó al primer ministro interino el mes pasado y parece haber hecho pocos progresos en la organización de las elecciones.
“Reinan sobre una montaña de cenizas”, escribe Romain Le Cour Grandmaison, de GI-TOC, sobre el consejo en su informe.
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