Para entender mejor
Aún antes de que se apliquen los recortes al sector salud en el Presupuesto de Egresos de 2025, los servicios, atención y calidad ya enfrentan una situación crítica. Enfermeras y médicos de institutos y hospitales que sufrirán una disminución en sus presupuestos a partir de enero narran las circunstancias en las que sacan adelante su trabajo todos los días.
En el Presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, el nuevo gobierno aplicó una reducción de 12 por ciento en los recursos para la función Salud: en el decreto se estableció una partida de 165 mil 562 millones para IMSS-Bienestar y una cifra de 66 mil 693 millones de pesos para la Secretaría de Salud, con una disminución de 42% en términos reales a los recursos para el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), y de 98% para el rubro de Aportaciones a la Seguridad Social, respecto a lo aprobado en 2024.
Aunque el gobierno federal ha asegurado que no hay un recorte al sector salud, pues los recursos de la Secretaría se trasladaron al programa IMSS-Bienestar, el incremento de 31 mil millones no compensa los ajustes de 113 mil millones de pesos a los otros rubros.
Para Gabriel Pérez, médico en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), quien trabaja en un hospital en la Ciudad de México, la situación es preocupante y cada vez se agudiza más.
“La realidad que vivimos como personal de los hospitales es que no hay con qué trabajar, o sea, muchas veces los pacientes se inconforman y piensan que es responsabilidad del médico, la enfermera, pero no nos están dando los insumos, medicamentos, materiales, el equipo de diagnóstico terapéutico, todo lo que se requiere para la atención”, indica.
Expresa que en el hospital donde trabaja no hay tomógrafos ni aparatos de resonancia ni cirujanos. Considera que lo que hace el gobierno federal es contrario a lo que debería. En vez de reducir el presupuesto, acota, se requiere una inversión seria y bien planeada para brindar la atención que la gente merece y que el personal está comprometido a darla.
“Una cirugía que debería hacerse en días se termina postergando durante meses y eso a veces puede poner en riesgo la vida y a veces a lo mejor no, pero el grado de recuperación de la calidad de vida, que va a tener una persona que se le atiende tardíamente es menor, y eso le perjudica”.
El problema de la falta de insumos también impacta en los hospitales al interior del país. Ana María Tovar Durán, enfermera en el Centro de Salud Doctor Juan Manuel González Ureña en Morelia, Michoacán, relata las carencias que se enfrentan cada día.
Lee: Hospitales de alta especialidad pasan al IMSS-BIENESTAR, ¿Cuáles son y qué significa el cambio?
“En todos los hospitales como es el Hospital de la Mujer, el Hospital Civil, el Hospital Infantil, el Hospital de Oncología y los centros de salud estamos teniendo la falta de medicamentos y de insumos para la atención a los pacientes. Es una problemática muy grave porque tenemos una alta demanda”.
Tovar Durán señala que ante la situación están trabajando con sus propios recursos. “Nosotros mismos compramos manómetros, estetoscopios, cintas métricas, termómetros. Esto va a ser muy complicado, porque el recorte va a afectar mucho a la población, por lo cual invito al gremio de enfermería y de médicos a que nos unamos, porque todos vamos en el mismo barco y a todos nos va a afectar, al igual que a la sociedad, a quien están mintiendo, porque no tenemos una salud como en Dinamarca, eso es una mentira”.
También el área de psiquiatría se verá afectada con el recorte. De hecho, en la actualidad ya se sufren los estragos de reducciones anteriores. María de Lourdes González Jiménez, enfermera en el hospital psiquiátrico de Villa Ocaranza en Pachuca, Hidalgo, dice que las condiciones han empeorado cada vez más.
“La situación ha venido decayendo bastante. Hay mucha carencia de todo aunado a que en algún momento nos han enviando autoridades que desconocen por completo el manejo del paciente psiquiátrico y que en algún momento no respetan para nada nuestras condiciones generales de trabajo a las que todavía tenemos derecho como personal de salud”, señala.
A González Jiménez le preocupa la reducción presupuestal para el siguiente año, pues prevé que la crisis y falta de insumos se agudizará. “El año que viene ya con este recorte, que será mayor que este 2024, nos sentimos en la incertidumbre. Tenemos que estar muy a la expectativa de lo que vaya a pasar”, acota.
Reitera que los pacientes también resienten, sobre todo de escasos recursos, la falta de medicamentos, pues no tienen para solventar sus propios tratamientos.
“Si en este momento estamos colapsados con un presupuesto que se calculó el año pasado, pues con este recorte presupuestal nos va a ir peor y esto es en contra de los mexicanos, ya que se está violentando el artículo cuarto constitucional que es el derecho a la salud”, expresa Fabián Infante, enfermero en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca en el Estado de México perteneciente al IMSS Bienestar.
Ese hospital cuenta con 246 camas y 202 camas no censables. En la actualidad funciona al 25 por ciento de su capacidad.
“(El hospital) está colapsado, no hay tiempos quirúrgicos, no hay cirugías porque no hay con qué trabajar; el servicio de urgencias no es resolutivo, las camas están prácticamente vacías”, señala.
Infante expresa que el principal problema al que se enfrentan en el hospital es el desabasto de manera general, lo que ocasiona que a los pacientes con patologías de alta complejidad los están refiriendo a los institutos nacionales, no obstante también tienen problemas por la falta de recursos e insumos.
Además de los efectos negativos en el servicio y atención, Fabián teme que con la reducción presupuestal del 2025 las condiciones generales de trabajo de los profesionales de la salud serán afectadas porque son personal transferido al IMSS Bienestar.
Las pruebas contra Trump por intentar anular el resultado electoral en 2020 fueron “suficientes para obtener y mantener una condena”, escribió el fiscal especial Jack Smith en un informe divulgado parcialmente.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, habría sido condenado por intentar anular ilegalmente el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, que perdió, si no hubiera sido reelegido con éxito en 2024, afirmó el hombre que dirigió las investigaciones del gobierno estadounidense.
Las pruebas contra Trump fueron “suficientes para obtener y mantener una condena en el juicio”, escribió el fiscal especial Jack Smith en un informe divulgado parcialmente.
Trump respondió diciendo que Smith estaba “trastornado” y que sus hallazgos eran “falsos”.
El presidente electo fue acusado de presionar a funcionarios para revertir el resultado electoral de 2020, difundir deliberadamente mentiras sobre fraude electoral, y tratar de explotar los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Trump negó las acusaciones.
Trump, que era presidente en el momento de los presuntos crímenes, pasó cuatro años fuera del cargo, pero fue reelegido con éxito para la Casa Blanca en noviembre. Regresará a la presidencia el 20 de enero.
Después de su éxito en la votación de 2024, las diversas cuestiones legales con las que había estado luchando se han evaporado en gran medida. El caso sobre interferencia electoral ahora fue desestimado.
Smith dice en el informe que “respalda plenamente” los méritos de presentar la acusación y defiende la solidez del caso.
El fiscal especial continuó diciendo que fue sólo el hecho de que la Constitución de Estados Unidos prohíbe el procesamiento de un presidente en ejercicio lo que puso fin al caso.
“Pero para la elección del señor Trump (en 2024) y su inminente regreso a la presidencia, la oficina evaluó que las pruebas admisibles eran suficientes para obtener y mantener una condena en el juicio”.
Parte del material del informe de Smith ya se conocía gracias a una presentación pública en octubre, que daba detalles de los supuestos esfuerzos de Trump para revertir su derrota.
Pero el informe, que fue presentado por el Departamento de Justicia (DoJ por sus siglas en inglés) al Congreso, brinda más detalles sobre por qué Smith siguió adelante con el caso y finalmente lo cerró.
• Justifica el caso contra Trump acusándolo de “esfuerzos sin precedentes para retener ilegalmente el poder” mediante “amenazas y fomento de la violencia contra sus supuestos opositores“.
• Los “esfuerzos criminales” de Trump incluyeron acusaciones de fraude electoral que él sabía que eran falsas, agrega.
• El informe detalla los “desafíos importantes” que enfrentaron los investigadores, incluido el uso de redes sociales por parte de Trump para atacar a testigos, tribunales y empleados del Departamento de Justicia.
• Al negar que el caso tuviera motivaciones políticas, Smith dice: “La afirmación del señor Trump de que mis decisiones como fiscal fueron influenciadas o dirigidas por la administración (del presidente Joe) Biden u otros actores políticos es, en una palabra, ridícula”.
• Smith reflexiona además en una carta adjunta: “Aunque no pudimos llevar a juicio los casos que imputamos, creo que el hecho de que nuestro equipo defendiera el estado de derecho es importante”.
El documento de 137 páginas fue enviado al Congreso después de la medianoche del martes, tras un período de tira y afloje legal que culminó con una jueza allanando el camino para la publicación de la primera parte del informe de Smith.
La jueza, Aileen Cannon, también ordenó realizar una audiencia a finales de semana para decidir si se debe publicar la segunda parte del informe, que se centra en acusaciones separadas de que Trump guardó ilegalmente documentos gubernamentales clasificados en su casa en Florida.
En una publicación en su sitio web Truth Social, Trump mantuvo su inocencia, burlándose de Smith al escribir que el fiscal “no pudo hacer que su caso fuera juzgado antes de las elecciones, que gané de manera aplastante”.
Trump añadió: “¡¡¡LOS VOTANTES HAN HABLADO!!!”
Smith fue designado en 2022 para supervisar las investigaciones del gobierno estadounidense sobre Trump. El Departamento de Justicia elige fiscales especiales en los casos en que existe un posible conflicto de intereses.
En el caso sobre interferencia electoral, Trump fue acusado de conspirar para anular el resultado de los comicios de 2020, que perdió ante Joe Biden.
Tanto este caso como el de documentos clasificados resultaron en cargos penales contra Trump, quien se declaró inocente y trató de presentar los procesamientos como motivados políticamente.
Pero Smith cerró los casos después de la elección de Trump en noviembre, de acuerdo con las regulaciones del Departamento de Justicia que prohíben el procesamiento de un presidente en ejercicio.
El informe explica: “La opinión del departamento de que la Constitución (de EE.UU.) prohíbe continuar acusando y enjuiciando a un presidente es categórica y no gira en torno a la gravedad de los crímenes de los que se le acusa, la solidez de las pruebas del gobierno o los méritos de la acusación, algo que la oficina respalda plenamente.”
Agrega que los fiscales se encontraron en una encrucijada: “Los resultados electorales (de 2024) plantearon por primera vez la cuestión del procedimiento legal cuando un ciudadano privado que ya ha sido acusado es elegido presidente”.
La publicación del martes se produce después de un período de idas y venidas legales, durante el cual la jueza Cannon suspendió temporalmente la publicación del informe completo de Smith por temor a que pudiera afectar los procedimientos contra dos asociados de Trump acusados junto a él en el caso de documentos clasificados.
Walt Nauta, asistente personal de Trump, y Carlos De Oliveira, administrador de su propiedad Mar-a-Lago, están acusados de ayudar a Trump a ocultar los documentos.
A diferencia del caso de Trump, los suyos aún están pendientes y sus abogados argumentaron que la publicación del informe podría influir en un jurado y un juicio futuros.
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