Magali ha sido enfermera del Instituto Nacional de Cancerología (InCan) los últimos seis años, en los que ha sufrido por la falta de instrumentos básicos de trabajo. “A veces no tenemos cubrebocas, incluso plumas u hojas para hacer anotaciones”, lamenta.
La falta de insumos provoca que Magali llegue a invertir hasta 200 pesos a la semana para comprar sus propias herramientas de trabajo. Su gasto incrementa cuando, por tráfico o bloqueo de calles, toma un taxi para evitar que le descuenten su sueldo por llegar tarde.
“Han ido afectando a nuestra economía como trabajadores por cosas muy muy básicas”, expresa Magali bajo condición de anonimato, pues teme que el InCan o la Secretaría de Salud tome represalias en su contra por hablar de las carencias que tienen.
La falta de insumos médicos en el InCan no solo afecta a sus trabajadores. En los casos más extremos, las familias asumen el costo de comprar objetos que son necesarios para sus pacientes, por ejemplo, hieleras para guardar los medicamentos que van a utilizar.
Lejos de que estos problemas se vayan a resolver, el panorama no luce alentador. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 (PPEF 2025) plantea un recorte de 30 mil millones de pesos a la Secretaría de Salud, lo que tendría un impacto directo en 16 de sus hospitales e institutos.
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Un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) muestra que el siguiente año algunos de estos hospitales e institutos tendrán recortes presupuestales que llegan a superar los 300 millones de pesos. El peor caso es el del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” al que le reducirían 600 millones de pesos respecto a 2024.
En el caso del InCan, su recorte ascendería a 340 millones de pesos, una noticia que cae como como balde de agua fría a Magali, quien ya de por sí batalla con sus herramientas de trabajo para atender a los pacientes.
“Es muy preocupante porque este año que hemos cursado se ha visto mucha carencia, la carencia que ya existía de años pasados, entonces el que nos avisen que el siguiente año estará peor… de por sí no tenemos muchas cosas con las que trabajar, todo es muy limitado”, expresa Magali.
En la zona de hospitales de Tlalpan, donde se encuentra el InCan y otros institutos que serían afectados por el recorte presupuestal del 2025, las opiniones coinciden. El personal médico advierte de la falta de herramientas para atender a sus pacientes y de la necesidad de que las familias compren sus propios insumos.
En ese contexto, Magali lanza un mensaje a la Cámara de Diputados que la siguiente semana arrancará la discusión del PPEF 2025, en la que todavía le podrían regresar a los hospitales los recursos económicos que el gobierno federal propuso quitarles.
“Ojalá que sí consideren las necesidades de la ciudadanía y de los trabajadores de la salud. Nosotros siempre terminamos aceptando lo que se nos da y ahora ya le toca a los pacientes, ahora se les da lo que se les puede dar y no lo que necesitan”, critica Magali.
El primer presupuesto de la presidenta Claudia Sheinbaum destaca por ser más austero incluso que los presentados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La presidenta propuso acrecentar la austeridad en la mayor parte de las dependencias de gobierno, y los hospitales de la Secretaría de Salud no son la excepción.
Según el estudio del CIEP, los más afectados por recortes serían el Hospital General de México, el InCan, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, y el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez.
Otras instituciones que sufrirían recortes presupuestales son el Hospital General Gea González, el Hospital General de México, el Hospital Infantil de México, el Hospital Juárez de México, el Instituto Nacional de Cardiología, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y el Instituto Nacional de Geriatría.
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Además, el Instituto Nacional de Medicina Genómica, el Instituto Nacional de Pediatría, el Instituto Nacional de Perinatología, el Instituto Nacional de Psiquiatría, el Instituto Nacional de Rehabilitación y el Instituto Nacional de Salud Pública.
En la Cámara de Diputados se tiene previsto que dentro de PPEF 2025 sean reasignados unos 20 mil millones de pesos que saldrán, principalmente, de los recursos que originalmente estaban destinados a los organismos autónomos cuya desaparición fue recientemente aprobada, al Instituto Nacional Electoral y al Poder Judicial.
Ricardo Monreal, coordinador de los diputados federales de Morena, explicó que los 20 mil millones de pesos podrían servir para aminorar el recorte al sector salud, aunque todavía no especifica de qué manera lo harán.
Andrea es una doctora que recién comenzó a laborar en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Antes tuvo la oportunidad de estar en centros de salud de Puebla, Tlaxcala y Veracruz, donde se enfrentó a un problema similar: la falta de insumos para el personal médico y los pacientes.
“En algunos de estos hospitales no había vendas, jeringas, algodón, tomografía o ni alcohol. Hay pacientes que deben comprar antibióticos de unos 500 o 600 pesos porque en los hospitales no los tienen”, comenta Andrea sobre su experiencia.
La doctora advierte que el desabasto de medicamentos e insumos médicos lo ha visto de forma gradual a raíz de la desaparición del Seguro Popular en 2019, un programa de salud que primero fue sustituido con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y luego por el IMSS-Bienestar debido a que no se consolidó.
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Para Andrea, el recorte presupuestal para los hospitales de la Secretaría de Salud es un tema grave, ya que a estas instituciones llegan personas de los niveles socioeconómicos más bajos y sin seguridad social para recibir una atención especializada.
“Hay que recordar que todo lo concerniente a la Secretaría de Salud tiene que ver con los no derechohabientes, los que perciben un salario incluso más por debajo que el salario mínimo, es la población más vulnerable y se les estaría afectando”, comenta Andrea, también bajo condición de anonimato.
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El recorte presupuestal a hospitales e institutos médicos es la punta del iceberg del recorte a este sector en el PPEF 2025, especialmente dentro de la Secretaría de Salud.
El análisis del CIEP exhibe un recorte de diez mil millones de pesos en 2025 para el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia), la dependencia encargada de implementar las políticas de vacunación en el país.
Otras instituciones del sector salud que sufrirán recortes son las que atienden temas de salud sexual y reproductiva, prevención y control del VIH, la salud mental y las adicciones.
En el proyecto del presupuesto del próximo año desaparecieron todos los recursos que se destinaban a seis Hospitales Regionales de Alta Especialidad de Chiapas; Ciudad Victoria, Tamaulipas; Ixtapaluca, Estado de México; Oaxaca, la Península de Yucatán y el Bajío.
Estos hospitales regionales “desaparecieron” del presupuesto de la Secretaría de Salud porque fueron integrados al IMSS-Bienestar, lo que impide conocer con certeza cuántos recursos se le asignará a cada uno de estos centros especializados.
Desde Abraham Lincoln hasta la actualidad, qué mandatarios completan la lista de gobernantes que han salvado a parientes y allegados de terminar tras las rejas.
La despedida de Joe Biden de la Casa Blanca continúa siendo controvertida.
Tras permitirle a Ucrania utilizar los misiles de largo alcance que le ha suministrado contra el territorio ruso, ahora el presidente de Estados Unidos ha sorprendido al concederle un “indulto total e incondicional” a su hijo Hunter, quien estaba a la espera de conocer las sentencias en los dos casos penales por los que fue condenado.
“Espero que los estadounidenses comprendan por qué un padre y un Presidente tomaría esta decisión”, declaró el domingo el mandatario al anunciar la medida con la que dijo corregiría “un error de la Justicia”.
Sin embargo, el demócrata no es el primer gobernante en adoptar una decisión similar a lo largo de los más de 200 años de historia que tiene este país.
El reverenciado Abraham Lincoln (1809-1865) fue el primer presidente estadounidense del que se tiene constancia que haya hecho uso de la prerrogativa constitucional de conmutar penas o poner fin a juicios para favorecer a un pariente.
En diciembre de 1863, el mandatario le concedió el llamado “perdón presidencial” a Emily Todd Helm, quien era media hermana de su esposa, Mary Todd.
¿Cuál fue el motivo del indulto? Todd Helm, de 26 años, era la esposa del general Benjamin Hardin Helm, quien había luchado del lado de los confederados en la Guerra de Secesión, que en ese entonces desangraba al país, escribió el historiador estadounidense Ron Soodalter en un artículo publicado en el diario “The New York Times”.
Al inicio del conflicto, Lincoln le ofreció a Helm un puesto en el ejército unionista. Sin embargo, el uniformado, oriundo del sureño estado de Kentucky, rechazó la propuesta.
Pero Helm no solo desechó el oferta presidencial, sino que se sumó a la causa que se oponía a los planes del presidente de abolir la esclavitud y que pretendían separar a los estados del sur de EE.UU para crear un nuevo país.
La decisión del general le valió ser calificado como un “traidor” desde Washington.
Sin embargo, en septiembre de 1863 el general Helm cayó en combate y, al enterarse de la noticia, el mandatario, visiblemente conmovido, decidió invitar a la viuda a la Casa Blanca.
“El señor Lincoln y mi hermana me recibieron con el más cálido afecto”, escribió Todd Helm en su diario.
“Al principio, estábamos demasiado afligidos como para poder hablar. Yo perdí a mi marido, ellos perdieron a su hermoso hijito Willie, y Mary y yo perdimos a tres hermanos en el servicio confederado”, agregó la viuda.
Al día siguiente del encuentro, la mujer recibió una carta escrita de puño y letra por el mandatario, en la que éste le concedía un indulto total, relató Soodalter.
Lincoln tomó la decisión pese a que la viuda jamás firmó el Juramento de Lealtad, un requisito exigido por Washington a los confederados derrotados para obtener la gracia.
El siguiente caso de un presidente que perdonó a un familiar se produjo más de 150 años después del que Lincoln hiciera uso de dicha potestad en favor de su cuñada.
En enero de 2001, en su último día en la Casa Blanca, el saliente presidente Bill Clinton firmó 140 indultos, pero uno de ellos provocó controversia porque estaba dirigido a un familiar: su medio hermano menor, Roger Clinton.
Roger, quien es hijo del padre del mandatario, Roger Clinton, y de la enfermera Virginia Dell Cassidy, es un músico y un actor de televisión.
A lo largo de los años, el medio hermano del hoy exmandatario ha provocado titulares, pero no por su carrera profesional, sino por su comportamiento. Así, en 1985 fue arrestado y condenado por dos cargos relacionados con narcotráfico (conspirar para distribuir cocaína y distribuir cocaína).
Sin embargo, estos antecedentes criminales fueron eliminados de los registros de Clinton gracias a un perdón presidencial, se lee en la página Oficina del Abogado de Indultos del Departamento de Justicia de EE.UU.
La decisión provocó revuelo, pues a lo largo de la presidencia de Clinton (1993-2001) su medio hermano estuvo involucrado en varios hechos polémicos.
El historiador Robert Watson, en su libro Life in the White House: A Social History of the First Family and The President’s House (Viviendo en la Casa Blanca: La historia social de la primera familia y la casa presidencial), recordó que Clinton recibió relojes de los hijos de Rosario Gambino, la líder de un clan mafioso encarcelada.
Asimismo, dio cuenta que el problemático artista incluso abogó para que ella y decenas de personas más fueran excarceladas ante distintas instituciones judiciales y también ante su hermano.
Algunos de estos señalamientos terminaron siendo investigados por el Congreso a principios del siglo, reportó en su oportunidad la cadena estadounidense CNN.
El 23 de diciembre de 2020, Donald Trump, quien acababa de perder la reelección con Biden, firmó 26 perdones.
Entre los beneficiados figuraba Charles Kushner, suegro de su hija, Ivanka. Así se lee en la página de la Oficina del Abogado de Indultos del Departamento de Justicia.
El padre de Jared Kushner, quien fue consejero de la Casa Blanca durante la primera presidencia de Trump, fue condenado en 2004 a dos años de prisión por evasión de impuestos, financiación irregular de campañas electorales y manipulación de testigos, informó la BBC.
Los cargos de manipulación de testigos surgieron luego de que se conocieran las represalias de Kushner contra el esposo de su hermana, William Schulder, quien estaba cooperando con las autoridades en su contra.
Según admitió el propio empresario a la justicia, él contrató a una prostituta para seducir a su cuñado, grabó el encuentro y se lo envió a su hermana.
A finales del pasado mes de noviembre, Trump anunció que Kushner era su candidato para ser embajador en Francia.
“Es un gran líder empresarial, filántropo y negociador, que será un firme defensor de nuestro país y de sus intereses”, escribió el mandatario electo en su cuenta de Truth Social.
El ahora candidato a embajador donó más de un millón de dólares a la campaña de Trump, reveló el diario londinense “The Guardian”.
La potestad presidencial de perdonar delitos o conmutar penas fue propuesta en 1787 por Alexander Hamilton, quien consideró que la misma podrían ayudar a “restablecer la tranquilidad de la mancomunidad” en tiempos de rebelión.
Así, la sección 2 del artículo 2 de la Constitución se estableció que el presidente “estará facultado para suspender la ejecución de las sentencias y para conceder indultos tratándose de delitos contra EE.UU., excepto en los casos de acusación por responsabilidades oficiales”.
El concepto no era nuevo: las leyes inglesas otorgaban desde hacía tiempo a los monarcas el poder de conceder clemencia a sus súbditos y la práctica se extendía a los gobernadores de las colonias británicas en América.
El primero en ejercer este poder fue George Washington, quien en 1795 indultó a dos hombres que orquestaron la llamada “Rebelión del Whisky”, una insurrección contra la decisión del gobierno de imponer un impuesto a esta bebida alcohólica.
Volviendo al presente, Hunter Biden se declaró culpable de nueve delitos de fraude fiscal federal en septiembre, por los que se enfrentaba a hasta 17 años de prisión.
Y antes, en junio, otro tribunal lo declaró culpable de tres delitos graves relacionados con la compra de un arma, por los que se exponía a una pena de hasta 25 años de prisión.
Las sentencias por estos casos estaban previstas para los días 12 y 16 de diciembre.
No obstante, la decisión de su padre lo salva de terminar tras las rejas.
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