Alejandro batalló por meses tratando de conseguir tratamiento para prevenir la transmisión del VIH en diferentes instituciones del sector salud y nunca pudo obtenerlo, hasta que se acercó a una organización de la sociedad civil.

Radicado en Mazatlán, Sinaloa, relata que desde hace más de un año, en canales y podcasts sobre sexualidad comenzó a escuchar cada vez más el tema de cómo prevenir el VIH mediante profilaxis preexposición (PrEP), una pastilla que se toma diariamente para evitar contraer el virus.

Alejandro tenía dos empleos, en el sector público y privado, por lo que contaba con ambos servicios de seguridad social. Decidió probar primero en el IMSS, donde intuyó que el acceso quizá sería más fácil dada la magnitud de la dependencia.

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Llegó a su cita habitual en la clínica familiar y le preguntó a su doctor cuál era el procedimiento. “¿Qué es eso?”, respondió el médico internista, seguido de la afirmación de que en el instituto no existía ese tratamiento. Entonces, decidió acudir a Prevenimss, pero ahí tampoco sabían.

Así, optó por su segunda alternativa, que era el ISSSTE, aprovechando que acudiría a solicitar una incapacidad por otro asunto de salud. Comentó su interés en el PrEP con la médica familiar, a quien además le dijo que cada seis meses se hacía la prueba de VIH en laboratorios privados, pero preferiría “ahorrarse un dinerito”.

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En Prevenissste fue donde más le llamó la atención que la reacción fuera igual, sobre todo porque la instalación conservaba afuera un letrero enorme que anunciaba “accede a PrEP”. Alejandro promovió quejas en ambas instituciones para que al menos quedara como constancia la sugerencia de que hacía falta el medicamento.

“Pensé que en IMSS iba a ser más fácil porque tengo conocidos que viven con VIH, y han accedido a sus antirretrovirales por medio de IMSS, entonces pensé que iban a estar más avanzados, pero sorpresa, resulta que aquí en Mazatlán no”, lamenta.

Tampoco le quisieron hacer pruebas, mientras no presentara síntomas. Si bien el VIH puede desencadenar una sintomatología muy parecida a la de una gripe entre las 2 y 4 semanas de adquirido, después puede permanecer latente o asintomático durante mucho tiempo.

¿Qué es la PrEP y la PEP?

El tratamiento oportuno del virus con antirretrovirales desde su detección no solo impide que evolucione a su fase final, sino que reduce la carga viral hasta un nivel indetectable e intransmisible. Es decir, las personas que viven con VIH y mantienen una carga baja gracias a los medicamentos no pueden transmitirlo por la vía sexual.

En tanto, la PrEP y la PEP son herramientas seguras y efectivas para reducir la posibilidad de transmisión antes o después de una potencial exposición. Están recomendadas para hombres que tienen sexo con hombres, mujeres transgénero, personas trabajadoras sexuales, aquellas que tienen mucha actividad sexual y un uso irregular de condón, quienes practican intercambio de parejas o consumo de sustancias, han tenido infecciones de transmisión sexual o tienen una pareja que vive con VIH. Su efecto preventivo es de más del 94%; su disponibilidad pública y gratuita podría evitar millones de transmisiones.

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Sin pruebas disponibles en el sector público ni tratamiento pre o post exposición, Alejandro no quiso hacer más intentos que los más de tres que ya había destinado, pero llegó la ocasión en la que requirió PEP. Este tratamiento antirretroviral preventivo debe tomarse antes de que se cumplan 72 horas después de haber tenido una práctica de riesgo.

Su suerte fue la misma en el IMSS, el ISSSTE e incluso en Capacits, que son centros especializados en la atención de VIH e ITS, donde le negaron el tratamiento dado que él es derechohabiente del sector salud. Alejandro les explicó su situación, pero también la PEP fue imposible en todos lados: “no lo tenían, no existe, no sabemos qué es”, resume.

Desesperado porque ya habían pasado las primeras 24 horas de la exposición, le escribió a Alain Pinzón de VIHve Libre, organización radicada en la Ciudad de México. Mediante un intercambio con otro usuario en Mazatlán, le consiguieron la PEP muy rápidamente, y después le ofrecieron enrolarlo a PrEP. Ahora, recibe un envío cada tres meses por parte de la organización, con las pastillas suficientes para ese periodo y pruebas rápidas de sífilis, hepatitis y VIH.

“Yo le comenté el proceso tan fácil que es en VIHve Libre: por qué no todo México estamos inscritos con ustedes –ríe–. A pesar de que me facilitan todo, yo sigo insistiendo en mis instituciones de salud del gobierno, porque a final de cuentas es un derecho… Cada visita que yo hago es una queja que levanto, que no sé si vaya a servir de algo, pero por lo menos que haya una quejita. Esperemos que la tomen en cuenta”, dice. 

“Los Capacits ya se quedaron cortos”: Censida

Según Ricardo Hernández Forcada, director de prevención y participación social del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el sida (Censida), esas quejas sí son tomadas en cuenta. Pide a quienes no encuentren PrEP y PEP, o les sea negado, lo reporten al 55 19 46 97 72 y al correo electrónico [email protected]. Además, reconoce que el alcance de las instituciones de salud ya no es suficiente.

De acuerdo con el funcionario, los programas estatales enlazados a Censida hasta finales de agosto de este año están otorgando tratamientos PrEP a 18 mil 515 personas, el IMSS a 5 mil 559 personas y el ISSSTE a 222. Admite que el trabajo de los centros comunitarios es necesario para quienes nunca se acercarán a un Capacits, y asegura que Censida colabora para que nuevas organizaciones que se tienen que constituir como tales lo hagan.

En entrevista, sostiene que más de 200 asociaciones siguen colaborando con los programas estatales, pese a que en todo el gobierno federal ya no existen apoyos directos. Al mismo tiempo, desplaza la responsabilidad a los estados sobre la decisión de con quiénes y cómo trabajan. “Me da mucho gusto que a pesar de que no existen estos financiamientos del esquema anterior, el compromiso y la voluntad de los activistas sigue presente en diversos estados”, señala.

Respecto a la suficiencia de los medicamentos, Hernández Forcada la achaca a la distribución más que al desabasto: “de acuerdo con la información que nos reportan los programas estatales como las instituciones de seguridad social, llevamos años con abastos promedio de cuatro a cinco meses de todas las claves de profilaxis como de atención”.

Aunque reconoce que hubo una crisis en 2019 que afectó a los programas estatales y al IMSS, porque la industria farmacéutica dejó de proveer una clave, asegura que se ha superado. “Más que un tema de abasto, suele haber un tema en la distribución final de los fármacos”, dice. Así ocurrió con una queja que llegó de Ciudad Juárez, donde todas las piezas de medicamento se encontraban en la capital de Chihuahua y no habían llegado a centros más lejanos.

“Eso desde luego es una omisión, es algo que no debe pasar y Censida distribuye todo a los programas estatales, pero los programas estatales nos dicen las cantidades, los puntos de distribución y tenemos la posibilidad de hacerlos llegar a los puntos que nos indiquen –justifica–. Ahí hay una corresponsabilidad, también en el caso del IMSS, que tienen que tener actualizados sus padrones de derechohabientes y los consumos promedios mensuales”.

De acuerdo con el funcionario, Censida está buscando que haya más puntos de distribución de la PreP. “Para nosotros, los Capacits ya se quedaron cortos, ya no alcanzan a llegar a la población que lo necesita; tenemos una población de millones de personas que podrían beneficiarse de este programa de prevención”, admite.

La estimación de las poblaciones que se denominan “clave” para PrEP y PEP, es decir, que tienen prevalencias de VIH superiores a las de la población general, alcanza cantidades millonarias, alrededor de un 11% de la población total del país, es decir, por lo menos 12 millones.

“Me da hasta pena decirlo, tengo 18 mil fuera de la seguridad social, que reporta también escasos; si sumamos todos, nos estamos quedando muy cortos”, añade. Se estima que en México 320 mil personas viven con VIH, de las cuales 6 de cada 10 están vinculadas a tratamiento.

Sin embargo, organizaciones en diferentes estados de la República aseguran que la falta de financiamientos sí ha afectado de manera importante el trabajo comunitario que hacen y que permite llegar a sitios a los que no llegan los servicios estatales, como publicó Animal Político.

A esto se suma que cada vez se generan más obstáculos, como los oficios expedidos por Cofepris –el último con fecha del 20 de agosto de 2024– que plantean que solo los establecimientos clasificados como farmacia hospitalaria, que cuenten con licencia sanitaria, podrán distribuir medicamentos antirretrovirales para prevención y tratamiento del VIH.

Ante ello, más de 30 organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la prevención y atención del virus en todo el país hicieron pública una carta hace unas semanas, dirigida al equipo de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, para pedir que se priorice como política de salud replicar el modelo de la Ciudad de México en el resto de los estados.