Con la publicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SSA-2025, la Secretaría de Salud reconoció a la partería en la atención integral materna y neonatal; sin embargo, la Red Mexicana de Casas de Partería, integrada por trece colectivas, señala que con ella excluye y restringe el trabajo de aquellas que no sean consideradas “profesionales”.
La discusión de esta NOM comenzó en julio de 2024, cuando la Secretaría de Salud planteó el proyecto de norma en el que se establece que las parteras deben contar con una cédula profesional y realizar sus labores en establecimientos equipados como clínicas.
Desde entonces, la Red Mexicana de Casas de Partería expresó su rechazo a esta propuesta, al considerar que buscaba restringir la labor de parteras no reconocidas por la Secretaría de Salud y que no se contempla el quehacer de acompañamiento que realizan con las mujeres y personas con capacidad de gestar, más allá del alumbramiento, además de establecer sanciones para quienes no estén mencionadas en la regulación.
Por ello, las colectivas presentaron 580 comentarios y observaciones para que se modificara el proyecto, pero exponen que no fueron considerados por el gobierno.
“El gobierno no les tomó en cuenta y lo que les contestaron fue que no se aceptó el comentario, ni siquiera aquellos que hicieron las mujeres usuarias de servicios de partería, lo que demuestra que el gobierno no tiene interés de platicar con las mujeres, con las familias, ni con las mismas parteras“, lamentó Hannah Borboleta, directora de la asociación Casa Morada, integrante de la Red Mexicana de Casas de Parterías.
La NOM-020-SSA-2025, Para establecimientos de salud y el reconocimiento de la partería en la atención integral materna y neonatal fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 4 de marzo de 2025, y en ella se establecen los requisitos que deben cumplir los espacios donde se brinden estos servicios, así como las bases para regular a las parteras tradicionales.
De acuerdo con el texto publicado en el DOF, esta regulación tiene como objetivo atender el compromiso asumido por el país de lograr cero muertes maternas evitables, así como el reconocimiento de las parteras tradicionales para que contribuyan a garantizar que los partos sean seguros y representen una experiencia positiva para las mujeres o personas gestantes y sus familias.
Además, establece que los lugares en los que se puede brindar atención integral materna y neonatal deben ser unidades de salud de primer y segundo nivel, o casas de partería que cuenten con Salas Labor-Parto-Recuperación (SLPR) equipadas con tomas de oxígeno, de agua, aspirador para succión regulable, mesa obstétrica o cama hospitalaria, tensiómetro, estetoscopio, fonodetector, oxímetro, pinzas Rochester-Pean, campos quirúrgicos estériles, resucitador para recién nacidos, entre otros aditamentos y medicamentos.
En la NOM se reconocen dos categorías de parteras: las profesionales y las tradicionales. Las primeras son definidas como egresadas de programas oficiales en partería, de la licenciatura en enfermería y obstetricia, o de la especialidad de enfermería perinatal. Mientras que las parteras tradicionales son personas reconocidas por su comunidad, ya sea indígena o afromexicana, independientemente de si residen en áreas rurales o urbanas. Mientras que aquellas que ejerzan la labor de partería sin entrar en estas definiciones son consideradas como “personal no profesional autorizado”.
En el caso de las “personas no profesionales autorizadas para la prestación de servicios de partería“, señala que deberán recibir capacitación por parte de la Secretaría de Salud, y tendrán que contar con el permiso de las autoridades sanitarias estatales, mismo que deberán refrendar cada dos años; deben ser personas mayores de 18 años, e igual que las parteras tradicionales sólo estarán autorizadas para “atender embarazos, partos y puerperios de bajo riesgo que ocurran en su comunidad de afluencia”; los casos graves deberán ser atendidos por personal especializado.
En el proyecto de la NOM-020-SSA-2025, la Secretaría de Salud incluyó la posibilidad de recibir comentarios de interesados, lo que motivó a que la Red Mexicana de Casas de Partería enviara 580 mensajes para pedir que se modificara, a lo que las autoridades sanitarias dieron respuesta sin que se aceptaran las sugerencias.
En dichos comentarios, las interesadas expresaron su rechazo a la obligatoriedad de que quienes son encargadas de casas de partería deban contar con cédula profesional, a la restricción del uso de medicamentos para atención de emergencias, así como la exclusión de las “parteras autónomas” –que no son originarias de comunidades indígenas o afromexicanas–, ya que la NOM no las reconoce como “profesionales autorizadas”.
También hubo mujeres y personas gestantes que escribieron a la Secretaría de Salud para expresar su preocupación ante la posible aprobación del proyecto, ya que tuvieron a sus hijos con parteras y consideran que su trabajo debe ser reconocido y no restringido, ya que la atención que recibieron fue sensible y profesional.
Sin embargo, en la mayoría de los casos, Salud rechazó los comentarios, y sólo aceptó parcialmente otros, sin que ello se reflejara en cambios sustanciales de la NOM que se publicó. El argumento de las autoridades fue que estos “no tuvieron sustento“, y que con las definiciones establecidas en el proyecto pretendían “proporcionar mayor claridad sobre el rol de quienes ejercen la partería fuera del sistema formal, sin título y cédula profesional, ni reconocimiento comunitario”.
Acerca de la prohibición de las parteras tradicionales para el uso de medicamentos, en las respuestas enviadas por las autoridades sanitarias enfatizaron que “la NOM se fundamenta en ordenamientos jurídicos de mayor jerarquía”, por lo que la regulación en la materia se basa en la Ley General de Salud, e indicó que las casas de partería no deben ser “simplemente una casa o domicilio, sino un espacio de atención especializada en salud materna y neonatal… y por lo tanto deben cumplir mínimamente con requisitos en materia de infraestructura, equipamiento y personal capacitado”.
Para la Red Nacional de Casas de Partería, la publicación de la NOM ocurre en un contexto en el que la atención de partos privilegia las cesáreas, a lo que se suma el hecho de que sólo existen cuatro escuelas que expiden el título de partera, y un panorama en el que quienes trabajan de forma independiente enfrentan discriminación, exclusion y difamación que merman la confianza social en su trabajo.
“Hay muchas parteras que nos tendríamos que adecuar, o renombrar nuestra labor por no corresponder con la definición que el gobierno tiene de la partería y de los lugares donde se practica, porque su enfoque es el de concebir los partos como eventos medicalizados, pasando por alto que también son algo espiritual, emocional y social”, apuntó Hannah Borboleta, de Casa Morada.
Borboleta recordó que históricamente la legislación y las políticas sobre la partería “han sido peor una que la otra” y se han enfocado a restringir la labor de las parteras y las opciones de las mujeres. “Es una batalla contra los estereotipos y por medicalizar el parto”, dijo.
“(La norma) quiere regular lo que ocurre en una casa con los estándares de un espacio médico, y no son lo mismo. Evidentemente, para muchas sería muy difícil adaptarse por temas de dinero, pero también porque eso se aleja de la naturaleza de su labor. Nosotras no queremos ni pretendemos convertirnos en eso, porque no es lo que hacemos ni lo que somos”, agregó la partera.
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Respecto a la respuesta que la Secretaría de Salud dio a sus comentarios, la directora de Casa Morada indicó que “no hay un diálogo horizontal y vemos un gran interés en institucionalizar la partería“, por lo que “aunque para algunas resulta positivo que se hable de la partería en una norma oficial, es necesario remarcar que lo que está ocurriendo en los hechos es una exclusión y restricción de nuestro trabajo”.
Borboleta explicó que, como ocurre con todas las NOM, el incumplimiento de lo establecido implica sanciones, que en este caso significarían multas para aquellas parteras que no ejerzan su labor en las condiciones que establece la norma en la materia.
“Entre nosotras hemos conversado, pero seguimos en la incertidumbre sobre qué vamos a hacer frente a esta norma, y hay desesperanza, pero nos estamos asesorando, porque es un tema que compete a todo mundo y estamos convencidas de que se necesitan más espacios para los nacimientos en condiciones de dignidad y en entornos seguros”, comentó.
“Hay un dolor histórico en el gremio y hay mucho trabajo qué hacer, pero no es fácil frente a los continuos golpes políticos, la discriminacion social por el estigma hacia nuestra labor y la exclusión, porque dicen que nuestra palabra no vale lo mismo que la de un médico, pero seguiremos trabajando y haciendo activismo desde nuestros espacios”, enfatizó.
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Asimismo, reclamó que no se les tomara en cuenta para dialogar acerca de las regulaciones hacia la práctica de la partería, aún cuando las autoridades establecieron que se aceptarían comentarios sobre la norma, “porque eso demuestra que realmente no hubo interés en escucharnos y sólo querían pasar la NOM”.
“Nos dicen que se debe ejercer la partería en hospitales, pero no hay plazas ni partidas presupuestarias, o sea, no hay eso en realidad en los hospitales; aunque parece que el gobierno por fin se está interesando por nosotras, la realidad es que no”, concluyó.
En un comunicado, firmado por Casa Aramara, NaSer, Casa de Medicina Tradicional Ixchel, Naturelle Birth Center, Partería y Medicina Ancestral, Morada Violeta, Daniel Carrasco, Centro de la Mujer Yolocihuacalli, Tierra Fértil Partería, Costalegre Clínica de Maternidad AC y Dodima Casa de Partos, lamentaron que “mientras no se establezca un interés serio y honesto de diálogo horizontal y no desde el perjuicio, saldremos perdiendo las parteras y las mujeres y personas usuarias de nuestros servicios”.
Los ecuatorianos elegirán de nuevo a su presidente entre Noboa y González en una batalla mucho más reñida y un contexto distinto al de hace 18 meses.
Ecuador vuelve a elegir presidente en una segunda vuelta con los mismos protagonistas de los comicios de octubre de 2023: Daniel Noboa y Luisa González.
Las elecciones se celebran sin un claro favorito, ya que el actual mandatario y la líder de la oposición llegan a las urnas con empate técnico, según las dos encuestas más recientes.
La firma Comunicaliza, autorizada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), da a Noboa el 50.3% de los votos válidos y a González el 49.7%, mientras Telcodata apunta a una victoria de la opositora por 50.2% frente al 49.8% del presidente. Ambos pronósticos están dentro del margen de error.
El empresario y político de 37 años adscrito al partido Acción Democrática Nacional (ADN) y la candidata de Revolución Ciudadana, fundado por el expresidente Rafael Correa, fueron los más votados en la primera vuelta en febrero. Noboa sumó el 44.3% de los votos frente al 43.8% de González, según los resultados oficiales.
Ambos se medirán este domingo en una reedición de la segunda vuelta de las presidenciales de 2023, celebradas de forma excepcional para completar el inconcluso mandato de Guillermo Lasso después de que este disolviera el Parlamento en medio de un escándalo político.
Hace 18 meses Noboa se convirtió en el presidente más joven de la historia del país al derrotar a González por un ajustado 51.8% frente a 48.1% tras una campaña en la que las encuestas tampoco habían apuntado a un claro favorito.
La batalla está de nuevo tan reñida que pocos analistas se atreven a vaticinar un vencedor.
Sin embargo, tanto el contexto político, social y económico como el modo en que llegan los candidatos, su bagaje reciente y la percepción de la ciudadanía distan mucho de ser los mismos que en 2023.
El azote del crimen organizado y el narcotráfico en Ecuador, y la crisis económica y energética por la que ha atravesado el país en los últimos tiempos estarán muy presentes en la mente de los votantes este domingo.
“En 2023 había un desconocimiento generalizado sobre quién era Daniel Noboa”, indica a BBC Mundo la analista Caroline Ávila, experta en Comunicación Política.
Proveniente de una influyente familia de empresarios, Noboa había debutado en la política como asambleísta apenas dos años antes, y su avance a la segunda vuelta se consideró entonces una sorpresa.
Sin embargo, con una imagen fresca y un discurso centrado en seguridad, logró capitalizar el voto anticorreísta y proyectarse como una figura de renovación que finalmente ganó el apoyo del electorado.
“Noboa, que venía como 10 puntos debajo, logró subir y ponerse muy arriba porque logró catapultar en su propuesta todo el anticorreísmo. Y sus rivales de Revolución Ciudadana sabían que en la segunda vuelta serían todos contra el correísmo. Eso básicamente se dio en 2023”, afirma Ávila.
La situación es muy diferente en esta segunda vuelta: Noboa llega al balotaje con el desafío de defender su gestión tras casi 18 meses en el poder.
La carga del desgaste, las promesas incumplidas y las decisiones polémicas han cambiado su perfil ante el electorado, según Caroline Ávila.
“Noboa ahora tiene que arrastrar el desgaste de un año y medio de gestión en un periodo muy difícil. Es un presidente que ofreció cosas que no necesariamente pudo cumplir, y eso le está pasando factura”, afirma.
Los momentos iniciales de su gobierno estuvieron marcados por una alta popularidad atribuida a su respuesta a la crisis de seguridad, que fue decayendo a medida que los resultados no llegaban.
En este contexto, Noboa ha intentado reposicionarse, con una campaña centrada en reforzar su perfil de líder fuerte frente a la posibilidad del regreso del socialismo a la política de Ecuador.
“Pese a ser un presidente con resultados muy pobres y un personaje de poco carisma, sostiene un apoyo importante gracias a su equipo de campaña y al uso del aparato estatal”, indica a BBC Mundo el politólogo Andrés Chiriboga.
Chiriboga también subraya el respaldo que Noboa ha conseguido entre sectores clave del poder: “Cuenta con el apoyo de los altos mandos de la fuerza pública, del aparato judicial, y ha cultivado una relación muy cercana con Estados Unidos”.
El presidente ecuatoriano viajó a finales de marzo a Estados Unidos para reunirse con el presidente Donald Trump en su residencia de Mar-A-Lago.
Este encuentro se interpretó como un espaldarazo para Noboa, quien logró transmitir a la ciudadanía que, gracias a su relación cordial con Trump, Ecuador no será uno de los principales blancos de la cruzada arancelaria del mandatario estadounidense.
Luisa González, por su parte, era hace dos años una exasambleísta asociada directamente al expresidente Rafael Correa -y por tanto a la izquierda ideológica ecuatoriana y latinoamericana– sin apenas experiencia en campañas nacionales.
Su candidatura se presentaba como la continuidad directa del proyecto de la Revolución Ciudadana, con un discurso reivindicativo del legado del correísmo que no logró captar suficientes apoyos fuera de su electorado tradicional.
Dieciocho meses después, su perfil ha cambiado notablemente.
Revolución Ciudadana “ha hecho una apuesta interesante por dar a la candidata más independencia. La figura del presidente Correa está presente pero de una manera más sutil”, afirma Chiriboga.
El objetivo de esto es romper el llamado “techo” del correísmo, una opción política que cuenta con numerosos partidarios acérrimos pero le cuesta ganar votos de centristas e indecisos, cruciales para superar el 50% en la segunda vuelta electoral.
Uno de los aspectos más visibles de esta transformación es el giro ideológico de Luisa González, que ha variado su discurso para seducir a sectores más conservadores o moderados que tradicionalmente desconfían del correísmo.
“Ha hablado, por ejemplo, de que no se va a permitir que hagan operaciones trans a nuestros niños, en un discurso para acercarse al segmento más conservador, principalmente en Guayaquil”, indica Caroline Ávila.
También sostuvo que solo reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela para deportar a los venezolanos que residen ilegalmente en Ecuador, en un guiño a sectores del electorado críticos con la inmigración.
González también ha mostrado una actitud más combativa, marcando distancias con Noboa y proyectando una imagen de firmeza para capitalizar el descontento de parte de la ciudadanía hacia la actual administración.
“En el último debate que representó a ese votante que está muy molesto con Daniel Noboa. Fue la persona que llegó y le dijo: ‘Usted a mí me respeta, majadero'”, puntualiza Ávila.
Otro avance en su estrategia para ampliar apoyos ha sido la alianza firmada en marzo con el movimiento indígena Pachakutik y el influyente líder indígena Leonidas Iza, un sector hasta hace poco enfrentado al correísmo por sus políticas extractivistas pero que también se opone a Noboa.
El politólogo Andrés Chiriboga califica esta alianza como “muy importante para la campaña de González” pero advierte que “no garantiza el traslado automático de votos”.
Caroline Ávila, por su parte, opina que “Pachakutik, como partido político, no es de mucho confiar y existe todavía en las bases una gran resistencia al correísmo que no ha sido del todo subsanada”, por lo que no se puede garantizar que sus votantes de la primera vuelta apoyen masivamente a Revolución Ciudadana en la segunda.
Además, “se prevé que Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua y Bolívar, que son las provincias con alta presencia del voto de Pachakutik, le den una rotunda victoria a Daniel Noboa”, apunta Ávila.
La evolución de Luisa González también se refleja en su narrativa de campaña, más enfocada en lo económico en comparación a 2023 y en propuestas sociales concretas como el fortalecimiento de la educación pública o el impulso de energías renovables.
Aunque es una incógnita si la nueva versión de Luisa González logrará imponerse a Noboa en las urnas, Ávila coincide con la mayoría de analistas al afirmar que la candidata correísta llega más preparada y con una estrategia más ambiciosa que hace 18 meses.
La seguridad es la mayor preocupación de 4 de cada 10 ecuatorianos según las encuestas, una cifra similar a la de 2023.
Noboa enfocó su campaña anterior en la promesa de mano dura contra el crimen en pleno avance de las bandas criminales y violencia en las calles.
El asesinato del candidato Fernando Villavicencio había conmocionado al país semanas antes de aquellas elecciones y la sensación generalizada de inseguridad favoreció, según expertos, al entonces aspirante de ADN.
Después de 18 meses, los resultados en seguridad del gobierno de Noboa ofrecen un balance cuestionable.
Aunque logró ciertos avances iniciales, el “Plan Fénix”, que permitió la intervención de las Fuerzas Armadas en cárceles y calles no ha logrado la transformación que muchos esperaban.
El promedio de asesinatos diarios bajó de 22 en 2023 a 19 en 2024. Sin embargo, la violencia repuntó con fuerza a inicios de este año: enero y febrero acumularon 1.529 muertes violentas, una media de 26 por día.
Los dos analistas consultados por BBC Mundo creen que la lucha contra el crimen de Noboa no ha tenido efectos significativos, además de provocar abusos de derechos humanos.
El caso más grave fue el de los llamados “4 de Guayaquil”, cuatro menores de edad detenidos por militares tras jugar un partido de fútbol en diciembre de 2024, cuyos cuerpos aparecieron calcinados con signos de tortura.
Los expertos dudan, en todo caso, de que Luisa González logre capitalizar la falta de resultados de su oponente en materia de seguridad.
“La campaña de Luisa González no tiene la suficiente testosterona como para convencer al votante sobre planes de seguridad. No tiene un símbolo específico que le dé sentido al votante sobre por qué darle el voto a ella en materia de seguridad”, apunta Caroline Ávila
En el ámbito económico, la situación ha empeorado desde 2023: Ecuador entró en recesión técnica en 2024, con una caída del PIB del 0.4% en el año y un descenso del 1.5% en el último trimestre.
La crisis energética, consecuencia de una prolongada sequía y años de falta de inversión en infraestructuras, derivó en apagones de hasta 14 horas diarias que afectaron seriamente la producción y el empleo.
“Se estima una pérdida de 200.000 puestos de trabajo como consecuencia de los apagones. Solo con ese dato te puedes dar cuenta del efecto económico que está sufriendo la población”, indica Ávila.
A esto se suma un deterioro de las condiciones de vida en un país donde la canasta básica familiar roza los US$800 mensuales, el salario mínimo es de US$470 y la pobreza alcanza al 28% de la población.
“La situación económica sigue siendo difícil, sobre todo en términos laborales, y el desempleo y la precarización del trabajo formal son problemas serios”, destaca la politóloga.
Aunque el gobierno de Noboa logró un préstamo de US$4.000 millones del FMI y contuvo la inflación, explica, la percepción entre muchos votantes es de frustración por la falta de resultados.
A esto se suman otras controversias que han afectado a la imagen de Noboa en su corto mandato, como su conflicto con la vicepresidenta Verónica Abad o la crisis diplomática con México tras la irrupción de la policía ecuatoriana en su embajada.
Pese a ello, el presidente conserva un respaldo relevante y las encuestas le dan las mismas posibilidades de ganar que a su rival.
Luisa González, por su parte, no ha parado de señalar las carencias del gobierno actual, aunque sin ofrecer soluciones claras y convincentes en todos los frentes.
Los analistas creen que una parte importante del apoyo a González en esta segunda vuelta, específicamente entre los votantes no correístas, responderá más al rechazo a la gestión de Noboa que a una adhesión entusiasta a su persona, su partido y sus propuestas.
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