La única escuela inicial de La Peñita no tiene niños. Solo hay una madre, un padre y dos maestras que caminan, a más de 30 grados de temperatura, en lo que deberían ser las aulas. Sofocados, esquivan los fierros, ensucian sus zapatos con la tierra, respiran el polvo. Si ellos no estuvieran aquí, esta estructura de cemento, ubicada en la región Piura, al norte del Perú, en la frontera con Ecuador, solo sería un almacén de materiales de construcción: hay carretillas en lugar de carpetas, cascos junto a escaleras de madera y un pantalón naranja —que antes le perteneció a algún trabajador de construcción civil— en lugar de libros. Todo en este lugar recuerda que la obra ha sido abandonada. 

El contrato para la reconstrucción de la institución educativa inicial Número 470 del centro poblado La Peñita se firmó el 5 de octubre de 2020, en medio de las dos olas más mortales de COVID-19. Debía estar lista en marzo de 2021, pero, ahora, dos años después, se encuentra paralizada al igual que otros dos colegios de Tambogrande, uno de los cinco distritos con presencia urbana que presentan el menor Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Perú. 

“El colegio anterior estaba ubicado acá mismo. Había un techito bien bonito, plataforma, baños. El colegio tenía más de 30 años. Ahora, en los otros locales, no hay espacio para la recreación, no hay juegos ni losas deportivas. Los niños tienen el recreo dentro de las aulas. Los papás se arrepienten de haber aceptado esta obra”, comenta la directora de la escuela 470, Lourdes Chiroque, mientras busca sombra en los muros sin terminar. El año pasado, con la construcción paralizada, sus 184 estudiantes de entre tres y cinco años debieron separarse y ser reubicados en dos salones comunales, tres ambientes del municipio —de apenas 40 metros cuadrados— y en la casa alquilada de un vecino.

Solo en Tambogrande hay otros 19 colegios públicos que aún están en proceso de construcción y esa infraestructura no podrá ser utilizada por más de 2 mil niños en el inicio de este año escolar, informó la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) a Ojo Público. 

“Sonríe, estás en Tambogrande”, dice el mensaje de bienvenida a un distrito que se sumergió en la tristeza en 2017, a causa del fenómeno de El Niño Costero. Entre enero de 2019 y diciembre de 2022, su municipio destinó la mayoría de sus recursos a educación: 32 millones de dólares solo para la rehabilitación de 75 colegios. Uno de ellos, el de La Peñita, finalmente, consiguió el presupuesto en 2020. Pero esto coincidió con una de las peores crisis sanitarias del planeta.

Mientras que en octubre de 2020, esta localidad, una de las más pobres del país, sorteaba el impacto de la pandemia y trataba de implementar proyectos para sus escuelas, el distrito limeño de La Molina, uno de los más ricos del Perú, firmaba —en solo cinco días— 10 contratos que sumaban más de 5.5 millones de dólares. Estos, sin embargo, no eran para educación, sino para mejorar el mantenimiento de sus parques y jardines.

El equipo de la Red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción (Red Palta) analizó los presupuestos y la ejecución de los recursos de los 30 distritos urbanos más pobres* y los 30 más ricos ubicados en Perú, Colombia, Uruguay, Chile, México y Guatemala, entre los años 2019 y 2022, e identificó grandes contrastes en el gasto durante la crisis sanitaria.

La investigación permitió conocer que municipios pobres de países como México, Chile y Colombia priorizaron el uso de sus recursos, desde la perspectiva social, en la compra de canastas de alimentos o ayudas económicas para cubrir las necesidades de los vecinos afectados por las restricciones de COVID-19. En tanto, algunas comunas ricas destinaron altos porcentajes de su presupuesto a actividades deportivas, recojo de basura u obras en sus bienes propios.

A esto se suma, en este tiempo, el uso indiscriminado de las contrataciones directas (sin competencia), motivadas por las declaratorias de emergencias en todos los países. Esto abrió el camino a contrataciones irregulares, a presuntos actos de corrupción que ahora se investigan y al incumplimiento en la entrega de obras públicas. Esto fue lo que ocurrió, por ejemplo, con las tres escuelas iniciales de Tambogrande, uno de los distritos más pobres del Perú.

Lee: Tras la pandemia, 520 mil alumnos dejaron la escuela, reconoce el Cuarto Informe de Gobierno de AMLO

Las prioridades frente a COVID-19

De las 60 localidades analizadas por la Red Palta, los dos que tienen el mayor ingreso per cápita en 2022 son justamente los que registran la menor tasa de fallecidos por 10 mil habitantes a causa del nuevo coronavirus: San Pedro Garza García, en México, y Vitacura, en Chile. En contraste, en lo más alto de la afectación por COVID-19 están cinco localidades con menos desarrollo o más pobres, ubicadas también en México, Chile y Perú. No obstante, hay otros de este último grupo que también registran bajos niveles de muertes.

En Chile, entre 2019 y 2022, las cinco comunas más ricas y las cinco más pobres gastaron más de 533 mil millones de dólares en compras públicas. Las primeras invirtieron 83 mil millones de dólares más que las más pobres, lo que equivale a un 37%.

Tres de las cinco comunas más pobres tuvieron sus mayores gastos en 2020, en comparación al resto de años analizados. Este aumento no solo está vinculado a COVID-19, dado que los municipios también tuvieron grandes compras en áreas como la manutención de áreas verdes o la construcción de un centro deportivo, además de otros servicios recurrentes como la recolección de residuos.

No obstante, al analizar las adquisiciones por rubro, La Bot detectó aumentos explosivos relacionados a la pandemia desde la perspectiva social: algunas comunas gastaron millones en la compra de canastas para cubrir las necesidades de los vecinos.

Por ejemplo, en la comuna de Cerro Navia —con la más alta tasa de fallecidos por COVID-19 (64 por 10 mil habitantes) entre los municipios analizados en ese país— una revisión preliminar muestra que el gasto en el rubro social aumentó más de ocho veces por la contratación directa de casi 20 mil cajas de alimentos luego de que disminuyera la movilidad e ingresos de los vecinos por la pandemia.

En algunos de los sectores más ricos de Chile, sin embargo, parte del gasto social tuvo un mayor componente de usos recreativos como adquisición de materiales para actividades deportivas. La mayor inversión en estos municipios se concentra en 2022. Una de las comunas gastó cuatro veces más que el año anterior, otras tres gastaron el doble y una mantuvo los montos similares a años anteriores. 

En este país, en 2022, el presupuesto ejecutado per cápita en Vitacura, uno de los distritos ricos, ascendía a los mil 658 dólares. En tanto, para Conchalí era apenas 381 dólares. 

En México, durante 2020, en plena ola de contagios y antes de que llegaran las primeras vacunas al territorio nacional, los cinco municipios urbanos más pobres redireccionaron su presupuesto hacia las ayudas sociales, como transferencias electrónicas y entrega de despensas (pago en especie que puede ser canjeado por alimentos u otros productos) con el fin de enfrentar la pandemia. 

El análisis hecho por Animal Político identificó que en León, estado de Guanajuato, el municipio con la mayor cantidad de personas en condición de pobreza multidimensional (816 mil 934), los recursos destinados a las ayudas sociales y las obras públicas, como parques, mercados y plazas se duplicaron en 2020. En el primer rubro pasaron de 3 millones 682 mil 503 dólares a 5 millones 735 mil 086 (con base al tipo de cambio de ese año), lo que representa un incremento del 55%. En tanto, en el segundo aumentó de 25 millones 322 mil 010 dólares a 53 millones 286 mil 784; es decir, poco más del doble.

“Debido a la contingencia hemos destinado recursos públicos a la prevención para frenar los contagios, pero también a apoyar a quienes resultaron más afectados por las consecuencias de la enfermedad”, informó el gobierno de León, Guanajuato.

Una situación similar se ha registrado en los otros cuatro municipios más pobres de México, país que hasta febrero último reportó más de 333 mil víctimas de COVID-19. Por ejemplo, solo en 2020, Ecatepec, en el Estado de México, aumentó sus gastos en la puesta en marcha de contratos para ayudas sociales.

De esta manera, implementó el Plan Ehécatl, 30 acciones contra la pandemia que incluyó la entrega de paquetes básicos familiares. También se destinaron recursos para comprar 300 mil kits de higiene. Para ello se redireccionó más de 75 millones de pesos mexicanos (3.5 millones de dólares).

Por su parte, la alcaldía de Iztapalapa, la más poblada de la Ciudad de México, brindó apoyos funerarios a familias vecinas y puso en marcha la acción social Mercado, Comunidad, Abasto y Alimentación (Mercomuna), con la entrega de vales por 350 pesos, lo que equivale a menos de 20 dólares, para productos de primera necesidad en los negocios de barrio.

En contraste a esta situación, los dos municipios más ricos, Benito Juárez, en la Ciudad de México, y San Pedro Garza García, en Nuevo León, redujeron el presupuesto destinado a ayudas económicas y realizaron obras públicas como la rehabilitación de pavimento y banquetas, la intervención a parques públicos y la adecuación de cruces seguros. 

En Benito Juárez, destaca además la rehabilitación de mercados públicos y la compra de equipos deportivos, electrónicos, de radiocomunicación y hasta vehículos para equipar casas de cultura como áreas dentro del organigrama, por ejemplo, al área de comunicación social. 

En Colombia, el análisis de los 10 municipios urbanos con mayor y menor pobreza multidimensional (de acuerdo con proyecciones al 2022) reveló que ninguno tuvo una cantidad significativa de contratos vinculados a la COVID-19.

Solo Maicao y Tumaco, dos de los distritos pobres, firmaron en 2021 más contratos para desinfección de espacios públicos, alcaldías o colegios, así como compra de elementos de bioseguridad y paquetes de alimentos para las personas más vulnerables. Ambos justamente registraron las más altas tasas de letalidad (porcentaje de defunciones entre los casos positivos) por el virus entre los municipios analizados.

En tanto, se observa que los municipios con menos pobreza, como Funza o Sabaneta, contrataron servicios de mayor complejidad como adaptación de salas de cuidados intensivos o seguimiento de los casos positivos en las viviendas. Sus tasas de letalidad por COVID-19 fueron menores que las de Maicao y Tumaco.

Si se toma en cuenta el gasto en servicios públicos, se ve marcada la diferencia entre los municipios con más pobreza, que todavía están resolviendo la falta de un servicio básico, como el agua, y los menos pobres. Esto porque la infraestructura de acueducto y alcantarillado no abarca aún todo el municipio o el suministro de agua es intermitente. Algo parecido ocurre con la electricidad y el depósito de basura. 

En aquellos distritos con mayor pobreza multidimensional, como Maicao o Villanueva, en la Costa Caribe, o Tumaco, en la Costa Pacífica, la mayoría de contratos relacionados con servicios públicos durante los cuatros años analizados fueron para el suministro de agua en carrotanques, así como para la construcción o extensión de un acueducto rural o la extensión de la conexión a determinados barrios. En Clemencia Bolívar (región Caribe), el contrato de mayor cuantía en 2019 fue para redes de alcantarillado (mil 200 millones de pesos colombianos, o sea, 251 mil 586 dólares).

En cuanto al gasto social, en el periodo analizado, la mayoría de los contratos de los municipios más ricos están destinados a centros para el cuidado de los niños de cero a seis años (primera infancia), a los adultos mayores, a las personas con alguna discapacidad y sus cuidadores, así como a las madres de familia.

Precisamente, en Cajicá, en dos de los cuatro años analizados, sus contratos más cuantiosos fueron para programas destinados a personas con discapacidad (2020) y para la construcción del centro de desarrollo infantil (2022).

En tanto, en el municipio de Envigado, en el departamento de Antioquia (región Andina), uno de los menos pobres, el mayor monto de 2021 en el rubro social fue de casi 17 mil millones de pesos colombianos (más de 3.5 millones de dólares) para fomentar el deporte. 

A diferencia de los otros países, en Uruguay no hay grandes distancias entre el tipo de gasto de los municipios más ricos y los más pobres. Las intendencias departamentales, con excepción de la capital Montevideo, no destinaron grandes recursos a la mitigación de la pandemia. 

La intendencia de Montevideo aumentó el gasto en salud de 13 millones de dólares en 2019 a 17 millones en 2022. La mayor parte de esto se destinó a la red de atención (policlínicas).

El gasto de políticas sociales pasó de 5 millones de dólares en 2019 a USD 16 millones en 2021. El grueso de este aumento se dio por la implementación del Plan ABC (Apoyo Básico a la Ciudadanía), un programa que tiene como eje la generación de empleos temporales y atención a la salud, creado en el marco de la crisis sanitaria.

Sin embargo, La Diaria también pudo detectar que en Artigas, Rivera y Cerro Largo, tres de los departamentos más afectados por COVID-19, el gasto entre 2020 y 2021 (sin contar el costo de funcionamiento) fue casi exclusivamente a maquinaria pesada.

Y, similar a lo que ocurrió en otros países de la región, en Uruguay los mayores recursos para combatir los efectos de la pandemia provinieron del gobierno central a través del Fondo Covid. En este caso, las intendencias destinaron un total de 15 mil puestos de trabajo del programa del gobierno nacional Jornales Solidarios para aquellos desempleados que no percibieran otra prestación social del Estado.

En el Perú, el país que registró una de las más altas tasas de mortalidad por el nuevo coronavirus en el mundo, el rubro salud tampoco fue una prioridad en los últimos años para los 10 distritos analizados. Los cinco más pobres, entre ellos Tambogrande, usaron solo el 3% (6 millones de dólares) y los cinco más ricos el 0.91 % (2.8 millones de dólares).

De ese total, los municipios con menor IDH invirtieron 475 mil 624 dólares en la atención a la pandemia, mientras que los de mayor IDH apenas destinaron 112 mil; es decir, menos de la cuarta parte. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) peruano no detalla con exactitud cómo se usaron los recursos que forman parte de esta partida llamada “Prevención, control y tratamiento de la COVID-19”.

Lo que sí se evidencia al revisar los gastos durante la crisis sanitaria son aquellas obras o proyectos de gran inversión que, dos años después, ya no se ajustan a las necesidades de la población. Por ejemplo, en 2021, la municipalidad distrital de Tambogrande adquirió una planta de oxígeno con el objetivo de abastecer de este insumo a los ciudadanos

A unos metros de dicha planta, en la puerta del Centro de Salud Materno Infantil Carlos Schaefer de Tambogrande, su entonces director Ricardo Remicio recuerda que en las dos primeras olas de COVID-19 colapsó el sistema, pero ahora, pasada la quinta ola, ya no registran una alta demanda de infectados. “En ese momento, no teníamos oxígeno. Ahora ya nos sobra. Ya tenemos una planta de producción con más de 100 balones”, dijo el médico una semana antes de su salida del cargo.

En esa localidad, el virus apareció en el área urbana y escaló hasta sus más de 180 centros poblados, donde apenas se consigue agua en los canales provenientes de los ríos o pozos para trasladarlos en burros hacia las viviendas. En escuelas, como La Peñita, los padres deben comprar agua potable para sus hijos. 

Si bien durante la emergencia sanitaria la prioridad era la atención en materia de salud, en países como Perú, México, Uruguay o Colombia, este rubro recayó, sobre todo, en el gobierno central o regional, así como en los estatales y el federal, según cada caso.

“Los presupuestos a nivel local son ínfimos y con eso no se puede hacer mucho (en salud durante la pandemia). Claramente todo es el gobierno central. Un tema importante, además, es la heterogeneidad en la distribución del presupuesto. Los gobiernos locales tienen una participación mínima con sus recursos propios. En muchos casos, el ingreso es un porcentaje del Impuesto General de las Ventas (IGV) y está relacionado a qué tanto se consume. Entonces, los más pobres van a terminar recaudando menos que los más ricos”, señala Carlos de los Ríos, economista de la sede peruana del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), organismo internacional que creó el indicador del IDH.

Por su parte, para la economista especialista en desarrollo humano de Oxfam Perú, Catherine Eyzaguirre, las diferentes prioridades de gasto entre los gobiernos locales durante la pandemia han estado vinculadas al rol que cumple lo público en los distintos sectores socioeconómicos en América Latina. “La idea de privatizar el acceso a los derechos ha hecho que muchas personas cubran su demanda por salud, educación o transporte desde lo privado. En los distritos mesocráticos, como algunos de Lima, la mayoría de su población hace eso. No requiere que su municipio les otorgue algún apoyo. Quizá lo que reclaman son, más bien, temas vinculados a áreas verdes, seguridad ciudadana, mayor cantidad de patrulleros”, señala la también oficial de proyectos de justicia económica de la mencionada organización.

En cambio, agrega, en los distritos donde hay mayor demanda de servicios públicos, justamente por la incapacidad adquisitiva de poder autofinanciárselos, sí hay una presión de las mismas comunidades hacia las autoridades locales para recibir algún tipo de ayuda. “Lo que ha ocurrido en la pandemia es un buen reflejo: las familias ricas podían pagarse una clínica, comprarse los alimentos en el supermercado, pero los hogares con menor cantidad de ingresos requerían medidas de ayuda, bonos. Han requerido más de lo público”, sostiene.

Contrataciones directas y gasto no COVID-19

Durante la pandemia, al declararse el estado de emergencia, los gobiernos apostaron por las compras y contratos a través de adjudicaciones directas.

Entre el 2020 y 2022, en Guatemala se adjudicaron 3 mil 510 contratos, de los cuales 2 mil 584 lo hicieron los cinco municipios urbanos más ricos y 926 los otros cinco más pobres. El primer grupo representó un monto total de mil 327 millones 446 mil 073 quetzales (170 millones 093 mil 517 dólares) mientras en el segundo gastaron 457 millones 394 mil 090 quetzales (58 millones 603 mil 996 dólares).

La compra más frecuente entre los 10 municipios analizados muestra que se priorizaron las construcciones (47% de contratos). Los más pobres se concentraron más en arreglar sus calles, arrendar agua, así como construir y reparar instalaciones de edificios de instituciones públicas ya existentes. 

Los municipios más ricos, en cambio, se enfocaron en mejorar servicios básicos, como extracción de basura, electricidad y alumbrado público. Las obras más destacadas fueron en la línea de comprar materiales por separado y construir todo tipo de edificios nuevos. También en adquirir nuevos transportes.

Las adquisiciones relacionadas a la salud e insumos de limpieza fueron la minoría. San Andrés Itzapa, en el departamento de Chimaltenango, es uno de los distritos más pobres y con una tasa de fallecidos por COVID-19 de 60 por cada 100 mil habitantes. Ahí, las autoridades dirigieron 56 de sus 84 compras en tres años al mejoramiento de calles. 

Entre el 2019 y 2022, en Colombia —cuyo análisis se ha basado en el desempeño de cada alcaldía con recursos propios— el 72% de los contratos celebrados por los municipios con mayor y con menor pobreza multidimensional fueron contrataciones directas.

Todos los municipios analizados tienen muchos contratos para el funcionamiento de las entidades; sin embargo, en el caso de los menos pobres, la distribución de su contratación es un poco más diversa. Así como gastan en papelería, carros, equipos, aseo, también invierten en infraestructura pública, en educación, en programas sociales, culturales y hasta de ciencia y tecnología. 

En tanto, los más pobres celebran muchos contratos para mantener su burocracia, para obras pequeñas, y menos para otros rubros. El caso de Maicao, un municipio en el norte de la costa Caribe colombiana, en la Guajira, con una pobreza multidimensional de 60%, en 2021, cerca de un 21% de contratos fue para asuntos administrativos como seguros de vida de los funcionarios públicos, seguridad para el alcalde, aires acondicionados, neveras y muebles para las oficinas.

Educación en tiempos de pandemia

En Perú, entre 2019 y 2022, hubo niños que se trepaban de los árboles o iban a los cerros para captar internet y recibir clases virtuales. Otros, como Lyane, el hijo del mototaxista Wilmer Villegas, volvieron a la presencialidad en locales comunales o en casas alquiladas.

El análisis de los presupuestos de Ojo Público a los municipios con menor IDH muestran que Tambogrande, La Arena, La Unión, todos en la región Piura, así como Pichanaqui y Perené, en la selva de Junín, destinaron el mayor porcentaje de sus recursos (27%) a educación, lo cual incluye infraestructura, mobiliario y capacitaciones.

A diferencia de las prioridades de los distritos más pobres, los municipios de mayor IDH en Perú, que son La Molina, Jesús María, Lince, Magdalena y Pueblo Libre, todos ubicados en Lima (capital del Perú) gastaron sobre todo en planeamiento y gestión (33%), ambiente (26%, que incluye recojo de residuos o áreas verdes), orden público y seguridad (15%), vivienda y desarrollo humano (8%).

Entre 2019 y 2022, los cinco con presencia urbana más pobres tuvieron un presupuesto total (PIM) de 331 millones 283 mil 437 dólares, mientras que los cinco más ricos tuvieron 472 millones 283 mil 150 dólares, es decir, un 42% más. Con esas cifras, mientras que los primeros usaron más de 61 millones 407 mil 351 dólares en educación, los ricos usaron solo 131 mil 775 (0.03%).

El economista del PNUD Carlos de los Ríos subraya que existe una gran desigualdad de la distribución del presupuesto per cápita en los distritos y que, además, no hay una correlación entre el IDH de estas localidades y la presencia del Estado. “Uno pensaría que si tengo lugares con peor IDH o mayor pobreza, ahí inyecto más dinero, porque es donde se necesitan más activos públicos para que la gente salga de la pobreza. Carreteras, salud y demás. Pero eso no pasa. No hay correlación”, señala.

De los Ríos, quien hace este análisis con base a cifras nacionales, añade que esta poca eficiencia del gasto público para traducirse en mejores IDH puede ser una situación que comparten varios países de la región. No obstante, también precisa que puede darse casos en los que aquellos municipios distritales donde se ha gastado, por ejemplo, en áreas verdes o recojo de basura, de repente, lo hayan hecho porque el gobierno central les había destinado dinero a productos como canastas alimentarias. “El alcalde ve toda la fuente de ingreso. Es un elemento central para la toma de decisiones. Si se ve como gasto nacional, a nivel local, se debería encontrar gastos importantes en cosas productivas”, dice.

En el país vecino de Colombia, los municipios con mayor pobreza multidimensional hicieron contratos para alimentación de los niños, adecuación o mantenimiento de colegios, transporte escolar, así como preparación de pruebas para ingresar a la educación superior. 

En tanto, los de menor pobreza van más allá de cubrir necesidades básicas: implementan programas de inglés, jornadas complementarias (en el municipio de Cajicá se identificó una en robótica) y actividades de plan de vida, como en el municipio de Funza. En esta última comuna y en Sabaneta se cuenta, por ejemplo, con un contrato para la construcción de un centro de innovación y tecnología en plenos años de la crisis sanitaria.

En Chile, los municipios también invirtieron en educación en el periodo analizado. Los contratos con mayor monto corresponden a comunas pobres, que priorizaron obras de conservación y mejoramiento en jardines y escuelas, algunos realizados en la época más álgida de la pandemia. La comuna de La Pintana fue la que hizo más gastos en esta línea, con la contratación de servicios para normalizar el cableado eléctrico en algunas de sus escuelas. 

Para algunas de las comunas ricas, el gasto se centró en la adquisición de laptops y servicios de transporte para actividades en los colegios. En Vitacura, uno de los municipios con mejor situación económica, incluso se contrató un servicio de evaluaciones para medir el estado y progreso de aprendizaje de los estudiantes de algunos establecimientos municipales. 

Irregularidades en contratos

El distrito peruano de Tambogrande produce mangos, limones y uvas, pero no tiene agua potable para sus 122 mil habitantes. En el 2002, su población logró el retiro de una empresa minera tras el histórico rechazo en una consulta popular. El 2017 fue derrotado por las lluvias e inundaciones del fenómeno de El Niño Costero.

Desde 2019 hasta 2022, su municipio distrital destinó el 40% de sus recursos a infraestructura educativa. Un equipo de Ojo Público visitó escuelas que debían ser reconstruidas en este distrito, a más de mil kilómetros de Lima, e identificó el incumplimiento de la fecha del contrato para entrega de obras. Entre ellas están los tres colegios paralizados 470 La Peñita, 481 Ayar Uchu y 907 San Fernando Olivares, cuya unidad ejecutora era el municipio distrital.

“Esta obra, como la puede ver, se inició en septiembre de 2020. Con mucha ilusión, con mucha alegría pusieron la primera piedra. Se nos dijo que la entregarían en marzo de 2021. Entonces ya era tiempo de pandemia, donde pasaron tantas cosas. Luego la paralizaron. Antes era una escuela que no tenía lujos, pero alegraba a muchos niños y los hacía felices”, dice Elizabeth Aguilar, directora del colegio inicial de Ayar Uchu, donde los padres también tuvieron que pedir prestado un local comunal y alquilar sus predios a vecinos. 

Desde el Palacio Municipal, Segundo Meléndez, alcalde de Tambogrande, argumenta que existe responsabilidad de las empresas ejecutoras, así como de las gestiones anteriores, a las cuales acusa de haber recibido obras sin concluir. “No solo es un tema de gestión, es un problema de país. El Estado tiene recursos, los asigna, pero son las instituciones, desde los ministerios, gobiernos locales, regionales, hasta el propio ciudadano que se ha acostumbrado a hacer las cosas de forma incorrecta. Ahora hay entrampamientos y burocracia”, sostiene en su segundo mes en el cargo. 

Dos de las tres obras paralizadas, a cargo del municipio, tuvieron a un mismo contratista: JF Proyectos y Construcciones SAC, la cual no reporta inhabilitación por parte del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

Otras empresas con retrasos han argumentado dificultades económicas por la pandemia. “Los costos variaron. El costo del cemento ha subido. En el expediente figura 19 soles (cuatro dólares)  y en el mercado cuesta 22 (5.80 dólares). El alza de los costos ha influido en que no tengan liquidez”, señala un trabajador que prefiere no ser identificado, responsable de la obra en el Colegio Nuestra Señora de Fátima 14140, Tambogrande. Esta escuela debió estar lista  en enero pasado y hoy registra un 53% de avance financiero. 

Los incumplimientos en las obras públicas, así como deficiencias detectadas por este equipo periodístico han sido reconocidos por la UGEL de Tambogrande, por su alcalde distrital y por la Contraloría General de la República de Perú en determinados casos.

El análisis del gasto social en América Latina confirma que hay distritos ricos que invirtieron en servicios públicos como recojo de basura o actividades deportivas, mientras que los más pobres en derechos elementales como educación, aunque no todos cumplieron a cabalidad los contratos.

Entre los territorios analizados en esta investigación, también se identificó que el país centroamericano de Guatemala registra los distritos de menor gasto público per cápita de 2022: Cobán y Jalapa, ambos considerados pobres. En tanto, al otro lado de la frontera, México tiene el de mayor per cápita: San Pedro Garza García, considerado de mayor riqueza. Así, mientras que para un habitante de este último distrito se invirtió mil 666 dólares el año pasado, para uno de Jalapa apenas 65 dólares.

Cuando COVID-19 llegó a la región, en el Perú, el presidente Martín Vizcarra, involucrado en el caso Vacunagate, decía que este virus era “absolutamente democrático” en alusión a que cualquier persona, independientemente de sus condiciones socioeconómicas, podía contagiarse. Wilmer Villegas, del centro poblado La Peñita, no lo ve así.

Mientras que los vecinos de los distritos más ricos se quedaban en casa y se lavaban las manos para evitar contagios, él tenía que tramitar un permiso especial para trabajar en la ciudad y recoger agua de los canales de río para asearse. Sus tíos se contagiaron y fallecieron. Su hijo no aprendió a estudiar desde el celular.

Wilmer, con el rostro bronceado, se apoya cansado en uno de los muros del colegio que aún no se reconstruye. Y solo respira el polvo. En América Latina, la pandemia pasa, pero las desigualdades quedan.

Metodología del reportaje

Para esta investigación periodística de la Red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción (Red Palta) —realizada por Ojo Público (Perú), La Bot (Chile), Animal Político (México), La Diaria (Uruguay), Ojo con mi pisto (Guatemala) y La Silla Vacía (Colombia)— se identificó a los cinco distritos más pobres y cinco menos pobres (más ricos) de los seis países de América Latina.

El reportaje se propuso analizar el gasto público y los contratos en estos 60 municipios de Perú, Colombia, Uruguay, Chile, México y Guatemala, entre los años 2019 y 2022.

Uno de los retos para ubicar a los distritos más pobres y ricos fue la identificación de tipos de medición similares, pues no todos los países contaban con el mismo tipo de indicadores metodológicos. 

Entonces, para la clasificación de los distritos o comunas como pobres o ricas, en Perú y Uruguay se tomó como referencia el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del 2019 (el último informe disponible), mientras que en Guatemala se usó el del 2018 (el último informe disponible). En el caso de Chile, Colombia y México se recurrió a las cifras de pobreza multidimensional. Esto debido a que no contaban con informes de IDH.

Para ambos indicadores, se analizó a la unidad subnacional política más pequeña, como distrito o comuna. Sin embargo, en aquellos países donde no se cumplió con ese criterio, se usó la información disponible para cada caso, como solo a nivel de región o provincia. Las localidades analizadas son urbanas o tienen presencia urbana.

Para calcular la tasa de fallecidos por COVID-19 se recolectó información oficial de los decesos registrados por esta enfermedad —desde el inicio de la pandemia hasta diciembre de 2022— y las cifras de población de acuerdo al último censo realizado en cada territorio.

Para la estandarización del presupuesto en dólares americanos, se usó el promedio anual de cada moneda local a la divisa estadounidense elaborado por el Banco Mundial en el caso de México. Para el resto de países se usó la tasa de cambio al cierre de la edición.

Créditos

Edición y coordinación del reportaje latinoamericano: Nelly Luna Amancio (Ojo Público)

Investigación periodística: Milagros Berríos y Gianfranco Huamán (Ojo Público), Dalila Sarabia (Animal Político), Ignacia Velasco (La Bot), Javier Revetria (La Diaria), Natalia Arbeláez (La Silla Vacía) e Isaías Morales (Ojo con mi pisto)

Redacción y análisis de datos: Milagros Berríos y Gianfranco Huamán (OjoPúblico)

Editores país: Francisca Skoknic (Chile), Ana Carolina Alpírez (Guatemala), Mauricio Torres (Animal Político), Juanita León (La Silla Vacía) y Natalia Uval (La Diaria)

Ilustraciones: Claudia Calderón (Ojo Público)

Redes sociales: Isaías Morales (Ojo con mi pisto)

Un proyecto de Red Palta

Con el apoyo de Open Contracting