La Secretaría de Salud dio por terminada la emergencia sanitaria por COVID-19, iniciada el 23 de marzo de 2020, sin embargo la pandemia ha dejado un exceso de casi 700 mil muertes en México, una de las cifras más altas en el mundo.
De acuerdo con reportes de la propia secretaría, desde el inicio de la pandemia, en febrero de 2020, hasta el 8 de mayo de 2023, en el país fallecieron 333 mil 961 personas por COVID-19.
Pero, más allá de las cifras acumuladas, el impacto que dejó la pandemia en México se puede valorar con el exceso de mortalidad, el indicador más preciso para medir el impacto de la pandemia en las naciones, según la propia Organización Mundial de la Salud (OMS).
Esta cifra es la diferencia entre el número de muertes que se reportaron realmente y el número que se esperaría en ausencia de la pandemia basándose en los datos de años anteriores.
El exceso de mortalidad es la cifra que señala cuántas personas han muerto desde que comenzó la pandemia, aunque la causa de muerte no se haya confirmado o reportado directamente por SARS-CoV-2.
Hasta 2022, autoridades de Salud estimaron que en el país se registrarían 2 millones 351 mil 067 defunciones; sin embargo, ocurrieron poco más de 3 millones, es decir, un exceso acumulado de 650 mil 602 muertes.
De éstas, el 77% estuvieron relacionadas con COVID-19, de acuerdo con datos oficiales actualizados hasta enero de 2023.
“Estos datos aleccionadores no solo señalan el impacto de la pandemia, sino también la necesidad de que todos los países inviertan en sistemas de salud más resilientes que puedan mantener los servicios de salud esenciales durante las crisis, incluidos sistemas de información más fuertes”, dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS al referirse al exceso de mortalidad registrado a nivel mundial durante el primer año de la pandemia.
Entre 2020 y 2021 se registró el mayor número de defunciones asociadas a COVID.
En 2020 las autoridades estimaron que se reportarían 770 mil 762 muertes, pero ocurrieron 1 millón 087 mil 507, un exceso de 316 mil 745; de estas 215 mil 617 estuvieron asociadas a la pandemia, es decir un 68%.
Para 2021, la estimación de la mortalidad en México era de 777 mil 860 defunciones, pero se registraron 1 millón 095,480; 249 mil 466 estuvieron asociadas a COVID-19, un 78%.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) también detectó exceso de muertes relacionadas con la pandemia. De enero de 2020 a diciembre de 2021 se calculaba tener cerca de 1 millón 500 mil defunciones, pero ocurrieron 2 millones 194 mil 713.
Con base en estos datos se tuvo un exceso de mortalidad, por todas las causas, de 704 mil 358, lo que representa un exceso de 47.26%.
De enero de 2020 a septiembre de 2022, se esperaban cerca de 2 millones 100 mil defunciones. Al final ocurrieron 2 millones 820,990 muertes, un exceso de hasta 793 mil 625 muertes.
Estas cifras podrían aumentar, pues los datos corresponden a un informe preliminar que se dará a conocer de manera completa hasta octubre de este 2023.
En México, el punto máximo de la pandemia se vivió justamente en 2021, cuando aún no había vacunación masiva.
Según datos del Inegi, en 2021 la primera causa de muerte en México fue COVID, pues se registraron 238 mil 772 defunciones por esta enfermedad, 38 mil muertes más que en 2020.
Ciudad de México, Morelos, Baja California Sur, Estado de México y Colima fueron las entidades más afectadas por dicha enfermedad.
Del total de defunciones por la COVID-19 (238 772), 39.2 % (93,652) correspondió a mujeres y 60.8% (145,115), a hombres.
La población de 65 años y más fue la que más falleció por esta causa, con 49.2 % (117 361).
En 2020, la COVID fue la segunda causa de muerte, solo debajo de las enfermedades relacionadas con el corazón.
El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al virus SARS-CoV-2, el cual produce la enfermedad de COVID-19, una emergencia de salud pública y de importancia internacional, pero fue hasta marzo de ese año cuando la consideró pandemia, en razón a la capacidad de contagio del virus entre la población a nivel mundial.
Las alertas derivaron en una serie de disposiciones sanitarias como el cierre de fronteras, negocios y restricciones de viaje en muchos países y ciudades, además de una carrera entre naciones para descubrir alguna vacuna para mitigar el impacto de la enfermedad.
Aunque México nunca cerró sus fronteras, sí tomó algunas medidas extraordinarias como el cierre de negocios no prioritarios, cierre de escuelas, así como la implementación de cubrebocas en transporte público y lugares cerrados.
Al igual que en el resto del Mundo, en México se dejaron de hacer actividades al aire libre y se dio paso a modalidades en línea para tomar clases, cursos e incluso trabajar.
También se implementaron jornadas informativas de salud y se creó un semáforo epidemiológico para dar a conocer a la población el estatus de la enfermedad.
Durante la pandemia, autoridades de Salud y el gobierno federal insistieron que los servicios de salud nunca se vieron rebasados.
El presidente Andrés Manuel López Obrador incluso ha asegurado que “a ningún enfermo le falte atención médica y hospitalaria”.
En medio de una nueva ola de detenciones y de un gran despliegue militar y policial, Nicolás Maduro espera iniciar este 10 de enero su tercer sexenio al frente del país suramericano. El opositor Edmundo González también dice que se va a juramentar.
Este 10 de enero debe iniciarse en Venezuela un nuevo período presidencial que arranca con tensión e incertidumbre.
La detención y posterior liberación este jueves de la líder opositora María Corina Machado fue un avance del creciente conflicto político que este viernes vivirá una jornada clave.
Se espera que Nicolás Maduro asuma un tercer mandato en la tradicional ceremonia de investidura en el Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento unicameral venezolano.
Y a su vez, Edmundo González, considerado como presidente electo por la oposición y gobiernos internacionales, afirma que regresará a Venezuela a juramentarse al haber demostrado su triunfo en las presidenciales de julio con la publicación de las actas.
Ante esta nueva fase del conflicto, el país está sumido en la incertidumbre y bajo un gran despliegue militar y policial que no impidió que este jueves miles de manifestantes salieran a las calles a protestar contra Maduro.
También los simpatizantes del gobierno mostraron fuerza en las calles y están llamados a hacerlo de nuevo este viernes.
“Estamos a partir de hoy en una nueva fase”, dijo este jueves Machado.
Pero, ¿por qué este día 10 es significativo?
“El candidato elegido tomará posesión del cargo de Presidente de la República el 10 de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional”.
Esto establece el artículo 231 de la Constitución de 1999 y para dar cumplimiento a dicho mandato, Maduro acudirá este viernes al Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento unicameral venezolano, para asumir su cargo ante los diputados.
El formalismo, sin embargo, se ha visto empañado por las dudas que, dentro y fuera del país, hay sobre la anunciada victoria del actual mandatario en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el oficialismo, el aspirante a la reelección se impuso con el 52 % de los votos.
Sin embargo, el organismo no ha presentado hasta el momento los resultados detallados que certifiquen esa declaración.
En contraposición, la oposición asegura que el ganador de los comicios fue su abanderado, el diplomático Edmundo González Urrutia, quien habría obtenido casi el 70 % de los votos, según el 80 % de las actas de escrutinio obtenidas por la alianza antichavista.
La veracidad de las actas en poder de la oposición fue corroborada por el Centro Carter, uno de los pocos veedores internacionales independientes que fueron invitados por las autoridades a seguir el proceso.
González Urrutia, a quien Estados Unidos y varios gobiernos latinoamericanos ya han reconocido como presidente electo, ha asegurado que regresará este viernes a Venezuela para ceñirse la banda presidencial.
En septiembre salió de Venezuela y se instaló en España ante la amenaza de ser arrestado.
Las autoridades han advertido al excandidato opositor que será detenido si pone un pie en Venezuela.
Desde principios de año la presencia policial y militar se ha visto reforzada en toda Venezuela, pero particularmente en Caracas.
Miles de uniformados han sido desplegados en los alrededores del Palacio presidencial de Miraflores, así como del cercano Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento, ambos en el centro histórico de la ciudad.
Por su parte, en las autopistas para acceder a la capital y en sus principales calles los militares y policías han instalado puntos de control para revisar los vehículos que transitan por ellas y a sus ocupantes, aseguraron a BBC Mundo, fuentes en el terreno que pidieron reservar su identidad.
La presencia policial fue notable en las protestas de este jueves.
“La derecha venezolana está como nerviosa por un despliegue de las fuerzas policiales y militares que es muy normal”, dijo esta semana el ministro del Interior, Diosdado Cabello.
“A Venezuela van a venir presidentes y representantes de más de 100 países para la toma de posesión y tenemos que garantizar la seguridad a esos invitados, pero también de los venezolanos”, justificó el funcionario, que aseguró que hay en marcha planes desestabilizadores y “golpistas”.
Aunque Cabello calificó de “normal” el operativo, hay elementos inusuales. Uno de ellos es la participación de los miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), uno de los dos organismos de inteligencia venezolanos.
El DGCIM, junto al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Policía Nacional, figura entre los cuerpos de seguridad señalados por instancias como la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela de Naciones Unidas de cometer torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y otros crímenes de lesa humanidad.
En un video difundido por el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofan), uno de los directivos del organismo de inteligencia, el coronel Alexander Granko Arteaga, justificó esta actuación porque “el país está amenazado”.
Esta explicación fue respaldada por Maduro, quien este miércoles anunció la detención de siete “mercenarios extranjeros”, los cuales engrosarían la lista de 150 aprehendidos en los últimos meses.
“Siguen las capturas, porque una información lleva a otra. Buena información hay para desmantelar lo que estamos desmantelando, una conspiración internacional financiada por el gobierno saliente de Estados Unidos”, declaró.
Pero no solamente presuntos mercenarios han sido arrestados. Hasta el miércoles, partidos opositores y organizaciones de derechos humanos habían contabilizado que más de una decena de políticos, dirigentes vecinales y activistas de derechos humanos habían sido detenidos en al menos tres estados del país.
Entre estas aprehensiones destacan la de Rafael Tudares, yerno de González Urrutia; la del excandidato presidencial Enrique Márquez y del activista de derechos humanos Carlos Correa.
Las autoridades han confirmado las aprehensiones y las justificaron diciendo que los arrestados forman parte de una “conspiración”.
Hasta el momento no han revelado el paradero de los detenidos ni les han permitido contactar a sus familiares, por lo cual defensores de derechos humanos han calificado los casos como “desapariciones forzadas”.
El martes Maduro dio un paso más en su “unión cívico militar policial” al activar la Organización de Defensa Integral (ODI), instancia que, según explicó, “integra a todo el poder político, el poder popular, a la Fuerza Armada, a la Milicia y a todas las fuerzas policiales”.
En un acto celebrado en el Palacio de Miraflores, el gobernante juramentó a los cuerpos de combatientes de las distintas empresas públicas, los cuales están integrados por trabajadores y a quienes se les vio portando armas de guerra.
Asimismo, desde el miércoles, grupos de motociclistas simpatizantes del oficialismo, conocidos como “colectivos”, han sido vistos recorriendo las calles de Caracas y otras ciudades.
“El enorme despliegue militar y policial busca inhibir cualquier tipo de protesta contra toma de posesión”, explicó a BBC Mundo un funcionario judicial, el cual pidió reservar su identidad por razones de seguridad.
Sin embargo, María Corina Machado, la líder opositora a las que las autoridades venezolanas no dejaron competir en las presidenciales de julio pasado, pidió a los venezolanos vencer el miedo provocado por las más de 2.000 detenciones ocurridas tras los comicios y los numerosos casos de torturas y malos tratos.
“Llegó la hora (…) Todos sabemos que esto se acabó”, dijo al instar a sus compatriotas salir en masa a las calles del país para manifestarse en contra de la posesión de Maduro.
“Que el miedo nos tenga miedo”, planteó.
El llamado fue atendido y este jueves se registraron decenas de protestas en todo el país, de las cuales 11 fueron reprimidas, según datos provisionales de la organización Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).
Pero la estrategia opositora no solo busca “calentar las calles” para forzar un quiebre en la coalición que sostiene a Maduro en el poder, sino que también ha estado maniobrado internacionalmente con el mismo fin.
González Urrutia realizó en los últimos días una gira que lo llevó a Argentina, Estados Unidos, Panamá y República Dominicana para recabar apoyos.
Asimismo, el excandidato opositor ha anunciado que volverá al país para juramentarse y ha dicho que irá acompañado por varios exmandatarios hispanoamericanos.
Desde Caracas, por su parte, han advertido que este plan supone un “gravísimo riesgo” para los implicados, quienes serían considerados “invasores” y tratados como tales.
“Le recomiendo que no se pongan a inventar”, afirmó el ministro Cabello, quien recordó que en los últimos años la Fuerza Aérea ha derribado 400 aeronaves que han ingresado ilegalmente al territorio venezolano.
El funcionario también ha asegurado que el verdadero plan opositor es que González Urrutia se juramente en alguna de las embajadas venezolanas que el gobierno no controla desde 2019.
La analista Carmen Beatriz Fernández dice que la doble estrategia opositora tiene por propósito crear “un momentum político entorno a la figura de Edmundo González Urrutia”
“Lo que no sabemos es si esa estrategia será tan exitosa como para conseguir su objetivo: su juramentación”.
“En el mejor de los casos, el plan está conduciendo a un quiebre (dentro del chavismo) y a una negociación que permita la asunción de González Urrutia, el día 10 o después. Y en el peor de los casos le hace la vida más difícil a Maduro para seguir en el poder”, precisó a BBC Mundo la profesora de Comunicación Política de la Universidad de Navarra (España).
Las autoridades venezolanas han asegurado que unos 2 mil invitados de 100 países asistirán a la tercera toma de posesión de Maduro desde 2013, pero solo cinco son presidentes.
La prensa venezolana dio por hecho que los gobernantes de Cuba y de Nicaragua, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega, respectivamente, asistirán.
Luis Arce, presidente de Bolivia, otro de los aliados de Venezuela, ha anunciado que no asistirá, pese a reconocer el cuestionado triunfo de Maduro. Su ausencia se deberá a la presencia de su rival y otrora mentor político, el expresidente Evo Morales.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó este miércoles su ausencia y la atribuyó no solo a la negativa de las autoridades venezolanas a mostrar las actas que corroborarían el triunfo de Maduro en las elecciones, sino también a la reciente ola de detenciones.
La reelección de Maduro ha sido cuestionada por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea (UE) y por un número importante de países latinoamericanos.
Los gobiernos antes mencionados han descartado enviar a representantes a la posesión y algunos de ellos ya consideran a González Urrutia como el presidente electo de Venezuela.
La decisión de países como Paraguay de reconocer al opositor como el vencedor de los comicios desató la ira de Maduro, que decidió romper relaciones diplomáticas con ese país.
Rusia, Irán y China, por su parte, han reconocido la reelección de Maduro y enviarán delegaciones a la ceremonia.
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