La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, aseguró que no conoce a Aldo Díaz Pérez, socio de su yerno y dueño de dos empresas que vendieron medicamentos al gobierno federal con un sobreprecio de hasta 885% por cada pieza.
En entrevista con el medio Sistema Informativo Nuestras Noticias, la mandataria comentó que no ubica a la persona a la que se hace referencia y acusó falta de seriedad al involucrarla.
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“Yo tengo un yerno y el artículo habla que un amigo del amigo de mi yerno de Monterrey tuvo un negocio con el Seguro Social, una persona que yo no conozco, una persona que no ubico, una persona que no tengo idea, al ratito van a decir que mi vecino o mi vecina o el de enfrente hacen o dejan de hacer y también es mi responsabilidad, pues eso es falta de seriedad y de profesionalismo”.
Dijo que si Aldo Díaz es amigo de su yerno, cada quién debe hacerse responsable de sí mismo e insistió en que no tiene ninguna relación con el dueño de las empresas Ethomedical SA de CV y Abastecedora de Medicinas y Materiales SA de CV. que recibieron 761 adjudicaciones directas por parte de delegaciones del IMSS.
“Simple y sencillamente son personas que no conozco, que no están ligadas a mí y que si son amigos del amigo de mi yerno, pues a lo mejor, yo no sé. Así cada quien se hace responsable de uno mismo. Pero es parte de es parte de también llevar el nivel de comunicación este subir el nivel de de comunicación en Veracruz. Yo respeto mucho a la prensa y la prensa puede decir y escribir lo que sea”, respondió Nahle al ser cuestionada.
La gobernadora mencionó que desde la campaña ha recibido muchos ataques y que incluso interpusieron denuncias en su contra ante la Función Pública, las cuales, aún estando en funciones, todavía está solventando. “Estoy atendiendo porque así es la ley. Y estoy solventando y estoy dando cara. Así es la ley”.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, mientras pacientes se quedaron sin tratamientos porque los hospitales no los tenían, el gobierno federal entregó casi mil 200 millones de pesos en contratos sin licitación para adquirir medicamentos e insumos médicos a dos empresas que vendieron hasta 885% más caro cada pieza.
Las empresas pertenecen a la familia de Aldo Díaz Pérez, quien es socio de Fernando Bilbao, yerno de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, en otras dos compañías (Comercializadora Delta Dibal, SA de CV y Servicios y Premezclados Forte, SA de CV). Díaz Pérez también fue funcionario de Segalmex, cuando en esa institución se desviaron 17 mil millones de pesos en el sexenio pasado.
Se trata de Ethomedical SA de CV y Abastecedora de Medicinas y Materiales SA de CV, que recibieron 761 adjudicaciones directas por parte de las delegaciones del IMSS en al menos 20 entidades del país entre 2020 y 2024. Por esto, el gobierno habría pagado 500 millones de pesos ‘de más’ a causa del sobreprecio.
Además de los precios elevados, en otros casos, ni siquiera hay pruebas de que los pedidos fueran entregados completos.
La experiencia de la proveedora Ethomedical se resumía en dos contratos por 2 millones de pesos en 2015, pero en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se convirtió en una de las favoritas.
Fue contratada de manera directa una y otra vez hasta acumular mil 134 millones de pesos entre 2020 y 2022. Año en que, además, fue enlistada por la Cofepris como proveedor irregular por incumplir medidas sanitarias.
La bonanza de Ethomedical coincidió con la compra de acciones en 2020 por parte de María Teresa Muñoz Caraveo, esposa de Aldo Díaz Pérez, y en 2022 sumó al hijo de ambos, Daniel Díaz Muñoz, quien desde 2020 también era socio de la empresa Comercializadora Delta Dibal.
En 2022 crearon Abastecedora de Medicinas y Materiales, donde participan Muñoz Caraveo y sus otros dos hijos, Andrés Díaz Muñoz e Isabel Díaz Muñoz.
En su investigación, Animal Político revela que los socios de Bilbao Arrieta también fueron favorecidos con contratos directos en al menos 20 Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS (OOAD), antes conocidas como delegaciones estatales: Baja California, Ciudad de México, Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, y Veracruz.
Así, obtuvo 334 millones de pesos en contratos en 2020; el año siguiente, 461 millones de pesos y en 2022, 339 millones de pesos.
Y una vez que Ethomedical fue impedida para comprarle por sus irregularidades sanitarias, entró al negocio Distribuidora de Medicinas y Materiales, SA de CV, nuevamente vendiendo a sobreprecio. Pero esta vez también fue contratada por Birmex. Sólo en 2023 y 2024 sumó 63 millones de pesos.
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El ataque aéreo fue lanzado en la mañana de este miércoles contra puntos de “infraestructura terrorista”. Pakistán niega cualquier relación con los ataques de hace dos semanas.
Dos semanas después del mortal ataque militante a turistas en la región de Cachemira administrada por India, este país ha lanzado una serie de bombardeos en Pakistán y en la zona de Cachemira administrada por Pakistán.
De acuerdo al reporte oficial, al menos 26 personas murieron en el ataque aéreo indio.
El ministro de Defensa de India señaló este miércoles que los bombardeos -de la llamada operación Sindoor- hacen parte del “compromiso” de “hacer responsables” a las personas que perpetraron el ataque del 22 de abril, que causó la muerte de 25 ciudadanos indios y un nepalí.
Pero Pakistán, que ha negado cualquier responsabilidad en el hecho, ha descrito las incursiones aéreas como “no provocadas”.
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anotó que este “atroz ataque de agresión no quedará impune”.
El ejército de Pakistán señaló que había derribado cinco aviones de guerra indios y un drone. Hasta el momento, no se conoce una respuesta de India.
El vocero del ejército de Pakistán, el general Ahmed Sharif Chaudhry, anotó que al menos 26 personas habían muerto y otras 46 habían resultado heridas.
Por su parte, India reportó la muerte de 10 personas en su país debidos a avances del ejército paquistaní en la frontera.
En BBC Mundo te explicamos lo que se sabe hasta ahora de esta tensión entre ambas naciones.
India señaló que nueve posiciones en Pakistán y la zona de Cachemira administrada por Pakistán fueron blanco de los ataques aéreos en la madrugada de este miércoles.
Y anotó que los blancos hacían parte de la “infraestructura terrorista” donde los ataques contra India se “planeaban y producían”.
El gobierno en Nueva Delhi señaló que no atacó instalaciones militares de su país vecino y añadió que sus acciones “han sido enfocadas, medidas y sin escaladas”.
De acuerdo con el gobierno de Pakistán, tres zonas del país resultaron afectadas por los ataques: Muzaffarabad y Kotli, en la región de Cachemira administrada por Pakistán, y Bahawalpur, en la provincia paquistaní de Punjab.
Su ministro de Defensa, Khawaja Asif, le dijo a la cadena de televisión GeoTV que los ataques alcanzaron áreas civiles y añadió que eran falsos los reclamos de India de que los blancos atacados eran “campamentos terroristas”.
La avanzada india ocurre semanas después de un aumento de tensiones entre ambos países -que tienen programas nucleares- y tras los ataques que dejaron 26 turistas muertos en el pintoresco poblado vacacional de Pahalgam.
En esos hechos del 22 de abril, por los que se responsabiliza a un grupo de militantes extremistas, murieron 26 personas, con testigos que afirman que los atacantes estaban señalando particularmente como blanco a hombres hindúes dentro del grupo.
Se trata del peor ataque contra civiles en la región en cerca de 20 años y generó una ola de fuertes rechazos en India.
El primer ministro Narendra Modi afirmó que el país perseguiría a los sospechosos “hasta el fin del mundo” y que quienes lo planearon y llevaron a cabo recibirán “un castigo inimaginable”.
Sin embargo, India no ha identificado a ningún grupo sospechoso de perpetrar el ataque en Pahalgam.
Pero la policía india ha alegado que dos de los atacantes eran ciudadanos paquistaníes, y Delhi señala a Pakistán de apoyar a los militantes extremistas, una acusación que Islamabad niega.
Las autoridades paquistaníes han señalado que no tienen nada que ver con los atentados del 22 de abril.
En las dos semanas transcurridas desde entonces, ambos países han tomado represalias, incluyendo la expulsión de diplomáticos, la suspensión de visas y el cierre de cruces fronterizos.
Pero muchos ya esperaban que la situación escalara hasta convertirse en una especie de ataque transnacional, como se había visto tras los atentados de Pulwama, que dejaron 40 paramilitares indios muertos en 2019.
Cachemira es reclamada en su totalidad por India y Pakistán, pero administrada solo parcialmente por cada uno de ellos desde su partición tras la independencia de Gran Bretaña, en 1947.
Ambos países han librado dos guerras por ella.
Pero más recientemente, han sido los ataques de militantes extremistas los que han llevado a los países al borde del abismo.
La Cachemira administrada por India ha sido escenario de una insurgencia armada contra el gobierno indio desde 1989, con extremistas que atacan tanto a las fuerzas de seguridad como a la población civil.
El de este año fue el primer ataque de gran escala contra civiles desde que India revocó el Artículo 370, que otorgó a Cachemira el estatus de semiautónoma en 2019.
Tras la decisión, la región fue escenario de protestas, pero también de un declive en la militancia radical y un enorme aumento en el número de turistas que la visitan.
En 2016, tras la muerte de 19 soldados indios en Uri, India lanzó “ataques preventivos y específicos” a través de la Línea de Control – la frontera de facto entre India y Pakistán- contra centros de operaciones de militantes extremistas.
En 2019, el atentado de Pulwama, que dejó 40 paramilitares indios muertos, derivó en ataques aéreos en Balakot – en lo que fue la primera acción de este tipo en Pakistán desde 1971-, y esto desencadenó incursiones de represalia y un combate aéreo.
Ninguno de estos ataques llevó hacia algo más grave, pero el mundo entero está ahora en alerta ante lo que podría suceder ocurriera una escalada. Diversos gobiernos y diplomáticos de todo el mundo han intentado detener el deterioro de relaciones a partir de la situación actual.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ya ha pedido “máxima moderación”, mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que esperaba que los combates “terminen muy pronto”.
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