
Hace 17 años, el bebé de Ixchel sobrevivió de milagro. Hace ocho, el de Fernanda también. Apenas hace unos días, ambas supieron cómo pudo haber terminado su historia, reconocieron los rasgos de un modus operandi e incluso ciertas violencias que entonces parecían normalizadas. Vieron su historia reflejada en supuestas trombofilias, infartos placentarios y otros aspectos que otras mujeres han descrito al señalar las malas prácticas en los partos “humanizados” de Jesús E. Luján Irastorza.
A partir de las historias documentadas por Animal Político en torno a este médico, conocido como “rey del parto inducido”, otras 17 mujeres señalaron la violencia obstétrica y las negligencias que vivieron con él: bebés que por poco lograron sobrevivir, cesáreas no aclaradas, tratamientos experimentales no consentidos, una bebé que vivió tres semanas tras el diagnóstico tardío del Síndrome de Edwards, otro que sufrió epilepsia por parto en sus primeros años de vida y un niño de ocho años que hoy vive con parálisis cerebral severa como consecuencia de la falta de oxígeno al nacer.
Desde diciembre, antes de la publicación de los reportajes, este medio buscó a Luján para una entrevista sobre los señalamientos en su contra. Se le contactó nuevamente en enero y a mediados de mes su equipo dejó de responder mensajes. Recientemente, su equipo se contactó y ofreció hablar con él, hasta después de las vacaciones de semana santa argumentando poco espacio en su agenda, aunque la página Top Doctors indica que tiene citas disponibles desde el 27 de marzo en varios horarios.
En una primera entrega, Animal Político documentó que en México, los médicos que violentan a una paciente o llevan a cabo malas prácticas pueden tener la certeza de no enfrentar consecuencias: las víctimas que recurren a una demanda civil o a una denuncia penal terminan viviendo procesos largos y revictimizantes, y en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) descubren que la voluntad del médico es indispensable para lograr únicamente una conciliación, mientras órganos colegiados niegan la existencia de violencias específicas, como la obstétrica.
En 2009, Andrea vivió su embarazo en principio con aparente normalidad. Sin embargo, a partir del cuarto mes, comenzó a experimentar inflamación abdominal, dificultad para digerir los alimentos y mucha dilatación con poco movimiento fetal. En la semana 16, era tiempo de hacer un cuádruple marcador —un examen de sangre para determinar si hay riesgos de defectos congénitos—, pero Luján decía que ella estaba bien y había que intervenirla lo menos posible.
En los ultrasonidos, el médico llegó a comentar que la medida del cráneo de Micaela, su hija, era más grande de lo normal. Cuando finalmente llegó la semana 38, Andrea no se sentía bien. Su pediatra le comentó que casi no había movimiento fetal y el corazón de la bebé se escuchaba muy bajito. Andrea acudió con Luján y tuvo una cesárea de urgencia; su bebé fue llevada directo a terapia intensiva. El médico llegó tardíamente solo a informarle que su hija tenía Síndrome de Edwards.
Este síndrome es una alteración genética causada por la presencia de tres cromosomas 18 e implica una alta mortalidad para los recién nacidos. Es detectable en exámenes que pueden realizarse en el primer y hasta el segundo trimestre, cuando el médico observa un útero inusualmente grande y exceso de líquido amniótico. A Micaela la operaron a corazón abierto a los tres días de nacida. A las tres semanas, falleció.
“Le dije ‘Desde cuándo sabemos esto’; me contestó ‘No, es que todo iba perfecto en tu embarazo y mira, la verdad es que yo te puedo decir que las mujeres que se han atrevido a tener estos bebés especiales tienen un karma increíble en la vida’. Me empezó a echar un choro que yo le dije ‘Oye, entiendo todo lo que me estás diciendo, pero a mí me hubiera gustado decidir si yo quería tener una bebé así’… Es un síndrome incompatible con la vida”, relata Andrea.
Unos años después, ‘Paz’ —cuyo nombre fue cambiado para resguardar su anonimato— tuvo a su hijo en Bité Médica a principios de 2015. Durante un parto mal llevado, el bebé no pudo respirar lo suficiente, presentó hipoxia y, como consecuencia, a sus ocho años vive con parálisis cerebral severa. Ella subraya lo sana que era cuando decidió embarazarse; después, en el transcurso de la gestación, siempre le dijeron que estaba bien y su parto fue natural.
Sin embargo, lo recuerda largo: las contracciones, ya muy intensas, llegaron a las 3:00 de la madrugada y su hijo nació casi a las 9:00 de la noche. Cuando se lo dieron, “estaba morado y parecía un muñeco de hule”. No lloró y Luján solo dijo “Viene lentito”. Estuvo cinco días en terapia intensiva y 10 en el hospital. Como su primer parto y siendo su único hijo, al principio las lesiones no fueron tan evidentes, pero más adelante una neuróloga hizo el diagnóstico.
“Me lo quitan y desde ahí empezó toda una historia muy diferente a la que una como mamá espera, y lo que yo no puedo entender es que cuando le preguntábamos mi esposo y yo qué había pasado (a Luján), él contestaba que no sabía por qué… Al año ya se notaba que no tenía el desarrollo normal y tenía parálisis cerebral severa. Fue consecuencia de un parto muy largo, no bien llevado… Si yo pudiera regresar el tiempo, les hubiera dicho ‘Hazme ahorita una cesárea’, pero siempre me dijeron ‘Va bien, va bien’”, lamenta ‘Paz’.
En 2012, a sus 26 años, Fernanda experimentó una compilación similar. Un parto que Luján calificó con un 9 de 10 —con contracciones que ella describe como muy fuertes y aceleradas y con las que, aun así, la mandaron a esperar— terminó en una cesárea tardía.
Al ver que en sus primeros años de vida su hijo tenía convulsiones, su persistencia para investigar con varios neurólogos finalmente llevó al diagnóstico de epilepsia por sufrimiento fetal. Esta afectó a su hijo mayormente en sus primeros seis años; aunque después encontraron la dosis de medicamentos necesaria para que llevara una vida normal, aún resiente algunos efectos.
“Como consecuencia del parto, del sufrimiento y de la falta de oxigenación, el diagnóstico por las convulsiones es epilepsia… Durante muchos años no tuvo un diagnóstico y una dosis exacta, convulsionaba muchísimo. Ahorita tiene TDA, dificultad al aprender, tiene muchas consecuencias que yo no se las atribuyo, no le voy a echar la culpa de todo, pero es una reacción a las medicinas neurológicas”, cuenta.
Las historias ligadas a quien excolegas y excolaboradoras conocían como “el rey del parto inducido”, sin embargo, datan de mucho más tiempo atrás. Ixchel tenía 23 años en 2006 cuando decidió embarazarse —el testimonio de mayor antigüedad del que este medio ha tenido conocimiento hasta ahora—. Una doula le recomendó al médico por ser el más respetuoso de los partos naturales y pionero del parto “humanizado”.
Al principio le generó mucha confianza porque “te habla al oído”. Ya cerca del término de su embarazo, un día sintió un cólico que no se quitaba y duró toda la noche. Luján diagnosticó que podía ser la antesala del parto, o bien, contracciones que surgen cuando el bebé se reacomoda. A la mañana siguiente había pasado, pero en ese momento, el médico llamó a Ixchel para decirle que debía viajar a Sonora por una emergencia familiar, por lo que la citó en el hospital.
Una vez ahí, en un parto que supuestamente sería “humanizado”, le hicieron un tacto. Le informaron que ya tenía nueve centímetros de dilatación, pero las horas pasaban y no había signos de que el parto estuviera próximo. Finalmente, le rompieron la fuente para apresurarlo. Ya durante la expulsión en agua, Luján le pidió que dejara de pujar y, cuando el bebé salió, estaba “total y absolutamente morado, sin ninguna señal de vida”.
Luján se fue a atender su emergencia cuando Ixchel todavía ni siquiera había terminado de expulsar la placenta. En cambio, el neonatólogo atinó a llevarse rápidamente a su bebé para darle la atención que necesitaba; ella está convencida de que eso le salvó la vida. Carlo había nacido con una doble circular del cordón umbilical —cuando está enrollado en el cuello—, estuvo cinco días en terapia intermedia y sobrevivió.
Ixchel creía que lo que había sucedido en su parto era normal, por lo que siguió acudiendo a algunas citas con Luján, pero un tiempo más tarde, él le diagnosticó ovario poliquístico —después descartado por otra ginecóloga—. Al hacerlo, se dirigió a la pareja de ella mientras le comentaba que las mujeres con ese padecimiento tenían un nivel de hormonas distinto, por lo cual atraían a los hombres; “así que no la culpes”, añadió. Ella se sintió invadida y finalmente abandonó su consulta.
“Nunca juzgué el proceso del parto porque tú les crees (a los médicos) hasta después que fui con la maestra de mi hermana, que estudiaba partería. Mi bebé nació a las 5:00 de la madrugada de un sábado; ahí supe que yo desde el jueves estaba en trabajo de parto; cuando llegué al hospital, (el bebé) tenía día y medio queriendo nacer y nunca lo monitorearon, incluso consumió meconio”, relata Ixchel.
Aunque su hijo sobrevivió y no tuvo consecuencias en su salud, hace unos días —lamenta— supo cómo pudo haber terminado su caso. ‘Patricia’, cuyo nombre fue cambiado, sí puede contar esa historia. Ella tenía un parto programado para la segunda mitad del año. Faltaba cerca de un mes cuando tomó la decisión de cambiar de médico. La razón fue una insistente recomendación, en el lugar al que acudían al psicoprofiláctico, del doctor supuestamente más adecuado para un parto natural y humanizado: Jesús Luján.
A sus 35 años, el médico la dejó llegar a la semana 41.3 de embarazo. La programó un miércoles a la 1:00 PM para inducir el parto en su consultorio, al lado del hospital donde la atendería; sin embargo, la regresó a su casa. Después, ‘Patricia’ tiene algunas lagunas en sus recuerdos. Cerca de las 4:00 de la tarde, comenzó a sentir contracciones. Como madre primeriza, no sabía si lo que estaba sintiendo era normal o no, pero a las 7:00 de la noche ya estaba segura de que algo iba mal.
“Él me indujo un parto y no tenía ni idea de cómo me estaba yendo. Esto sucedió en mi casa, no en el hospital”, recuerda. Tras meterse a bañar, según le recomendó Luján luego de hablar con él, sintió una baja de presión y decidió ir al hospital. Llegó cerca de las 9:00 de la noche. Ahí, su estado empeoró. Cuando llegó el médico, le dijo que tendrían que “sacarlo por la pancita”. A partir de ahí, describe los hechos como una carnicería.
Recuerda que su bebé se veía morada y no lloraba. ‘Patricia’ pedía explicaciones; después, quedó inconsciente tras la aplicación de más medicamento. La llevaron a terapia intensiva y le dijeron que estaba viva, lo que le dio un poco de alivio. “Nunca pensé en el desenlace; yo quise pensar que todo estaba bien”, cuenta. Cuando recobró la conciencia, se convirtió en la noche más larga para ambos.
En el resto de las horas que pasaron después, mientras pensaba en llevarla a otro hospital, Luján solo repetía que la niña estaría bien. Luego de que fuera un embarazo completamente normal, la familia no entendía qué había sucedido. Todo había transcurrido como si se fuera a recuperar, incluso la preparación para la lactancia. A la mañana siguiente, con el resto de su familia ya ahí, le informaron que la niña había fallecido.
Cuando ‘Patricia’ recurrió a otro ginecólogo para tratar su posparto, le mostró el documento que le había dado Luján, a lo que él replicó: “Las probabilidades de que esto suceda son extremadamente remotas, y la verdad es que al haberte dejado llegar a la semana 41 con tres días, teniendo 35 años, lo más probable es que la placenta no estuviera en óptimas condiciones. En el momento en que te indujeron el parto, no oxigenó bien, y como no te estaban monitoreando, no se dieron cuenta; hubo un sufrimiento fetal irreversible”.
A Alexandrina, Fernanda, Teresa, Olga, ‘Lucía’, ‘Alma’ y ‘Daniela’ —los tres últimos nombres fueron cambiados porque prefirieron el anonimato— las une hoy la certeza de que ellas fueron un caso más de los “miércoles de Luján”, que algunas doulas que se alejaron del médico por estar en desacuerdo con sus prácticas relataron. Con tés, tactos o “gotitas”, reconocen un modo de operar que se aleja del parto “humanizado” que promete Bité Médica, donde Luján es socio.
Los tiempos en sus partos, la misma sucesión de hechos y, sobre todo, la coincidencia en el día y el repentino tránsito de la ausencia o levedad de contracciones a dolores tan fuertes, que en algunos casos conducían al mareo y al vómito, les han hecho ver que su parto no fue humanizado, sino inducido.
“No sé si alcances a dimensionar todos los veintes que me cayeron y dije ‘Ya entendí todo con este cuate, toda su forma de funcionar’; imagínate que yo di a luz hace dos años y medio y no me había dado cuenta hasta ahorita”, dice Fernanda, cuyo caso es de los más recientes, de 2020. Para esta publicación, otras dos doulas que pidieron reservar su identidad, también inconformes con las prácticas de Luján, confirmaron lo que algunas ya habían revelado.
A las mujeres se les citaba comúnmente los miércoles —tuvieran o no manifestaciones de la proximidad del parto— para inducirlos. Presumiblemente y sin consentimiento, se les daba misoprostol o prostaglandina diluida en un té o en un gel utilizado para realizar algún tacto.
Partos como los de ellas tuvieron buen término; sin embargo, el engaño en torno al parto “humanizado” y la aplicación de medicamentos sin consentimiento es su reclamo. Uno de sus excolegas explicó que el parto inducido sin el monitoreo adecuado puede terminar bien nueve de cada 10 veces. En el resto de los casos, las complicaciones no detectadas a tiempo tienen consecuencias graves.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la información que se da a los pacientes debe cumplir con todos los requisitos que establece la ley y la carta de consentimiento informado para que resulte válida y acredite fehacientemente los términos en que fue recomendado cierto tratamiento por el médico, excluyendo toda mala praxis, error, impericia, imprudencia o negligencia por la cual se ocasione un daño físico o moral al paciente.
A Alexandrina, durante todo su embarazo, le hicieron advertencias de una supuesta placenta envejecida y riesgo de preeclampsia que no tenían ningún sustento y posteriormente fueron descartadas por otros especialistas. Luego de su parto, tuvo que regresar a los cuatro días al hospital. La sometieron a una intervención quirúrgica, en la que le extrajeron una acumulación de sangre derivada de la inadecuada sutura del desgarre que tuvo.
A ‘Daniela’, después de dos abortos espontáneos, le recomendaron que viera a un especialista en biología de la reproducción. Luego de descartar a uno y tener una mala experiencia con otro que le hizo una fertilización in vitro y una transferencia no exitosa, conoció a Luján. Lo primero que le dijeron fue que las trombofilias eran la causa.
Determinaron hacerle una inseminación artificial y aplicarle una vacuna con el plasma de su esposo. Finalmente, quedó embarazada y le empezaron a suministrar anticoagulantes por las trombofilias. El día de su parto, no dejaron pasar a sus doulas porque no trabajaban en el equipo de Luján.
Ahora tiene la presunción de una inducción sin consentimiento tras el suministro de gotas. En dos horas, las contracciones se recrudecieron, incluso con vómitos. Al final, fue necesaria una cesárea de emergencia que nunca le explicaron. Él argumentó que se le había infartado la placenta.
“Me estoy dando cuenta de muchas cosas que pasaron que no me gustaron, no me hicieron sentir como él dijo, que me iba a tratar como parte de su familia. No me sentí así, me sentí abandonada, el personal del hospital muy mal, nadie me explicó que iba a una cesárea, no se lo explicaron a mi esposo, y hasta ahorita no entiendo qué pasó ni qué me inyectaron, que fue algo que prepararon ahí”, señala.
“Hasta hace una semana, mi esposo y yo confiábamos ciegamente en el doctor Luján y su equipo, pero nunca estuvimos claros de lo sucedido el día de mi parto. Cuando leí el artículo, quedé sin palabras y totalmente desconcertada de cómo un ser humano puede ser capaz de engañar y de jugar con la vida de los demás”, relata ‘Alma’ en su narración sobre cómo la citaron un miércoles, le hicieron un tacto con el argumento de acomodar al bebé y en cinco horas ya estaba sintiendo contracciones muy intensas que después se potenciaron mucho más. Luego de que finalmente le hicieran una cesárea, su bebé tardó 10 días en poder respirar bien y el diagnóstico fue el clásico que otras han escuchado: trombofilias, después descartadas por los análisis que le hicieron para su siguiente embarazo.
Olga vivió la misma historia pero además no pudo lactar. Los médicos de Luján argumentaron que a su hija había que darle fórmula porque existía un riesgo de que se le bajara la glucosa —lo cual fue descartado por un pediatra—. Tampoco supo a ciencia cierta por qué su parto terminó en el sufrimiento fetal y una cesárea de emergencia, de la que su hija nació morada y tardó en llorar.
“Lo que digo es ‘Haz cesáreas’, igual puede dar un chorro de plata decir ‘Yo no hago más que cesáreas programadas’, y se vale que hagas tu lana, pero no se vale que te vendas de una manera y violentes de esa manera a alguien cuando está tan vulnerable”, reclama Olga.
Los partos de Paola, Sara y ‘Julia’, por diversos motivos, no ocurrieron en miércoles, pero también estuvieron rodeados de ausentismo, falta de información y sutiles violencias que no siempre se reconocen a la primera. En el caso de ‘Julia’, el parto ocurrió un viernes fuera de Bité Médica porque aún era época de pandemia, en 2021.
Le hicieron una maniobra mediante un tacto dos veces, durante la labor de parto la dejaron esperando sin saber lo que pasaba, usaron un vacuum o ventosa obstétrica —práctica contraria al parto “humanizado”—, perdió mucha sangre y después, recién suturada, uno de los ayudantes de Luján le hizo otra maniobra mediante tacto porque su útero, según le dijo, no se había reacomodado tras el parto.
“Tuve su mano como una hora adentro; me sentí violadísima, ya mi cuerpo no era mío, ya era de ellos… Mi doula me confirmó que todo lo que había vivido era violencia obstétrica, pero todo lo había normalizado… Fue muy traumático, yo tuve mucho rechazo a mi hija porque sentía que me había hecho mucho daño”, relata ‘Julia’. Luján incluso le recetó un medicamento psiquiátrico solo durante un mes; cuando dejó de tomarlo, tuvo una crisis de ansiedad que la llevó a urgencias. Hoy sigue en tratamiento de su depresión posparto.
En cambio, Mariana y ‘Adriana’ llegaron a su consulta por su dificultad para quedar embarazadas. A sus 40 años, Mariana ha tenido cinco pérdidas, la última con Luján, quien al llegar a su consulta le aseguró que, después de unos análisis, la posibilidad de que volviera a abortar se reduciría al 3% con el tratamiento adecuado. El médico concluyó que la causa eran trombofilias y auguró un tratamiento parecido a los que ella había recibido anteriormente.
En noviembre pasado finalmente se embarazó. En el transcurso de esos meses, la atendieron dos médicos distintos a cargo de Luján. Entre diciembre y año nuevo, tuvo un aborto espontáneo. Para ese último embarazo, le pusieron una vacuna LIT, no aprobada en su totalidad e incluso prohibida en países como Estados Unidos, sin avisarle de ese estatus. La pérdida se le complicó mucho más que las anteriores, y el legrado de emergencia que requería fue retrasado hasta que ella decidió irse.
En tanto, ‘Adriana’ perdió la cuenta de cuántas transferencias de embriones tuvo, pero calcula que son por lo menos 15 en dos años y medio. Prácticamente solo había un mes de descanso entre ellas. Le ofrecían paquetes en los que el cobro estaba enfocado en las consultas y las transferencias. Además del excesivo gasto y desgaste para su cuerpo, el cobro de congelación de embriones que ella nunca pidió y de los que no tenía conocimiento, reclama también el diagnóstico erróneo mediante estudios sin formalidad que muestran resultados distintos a los de un laboratorio certificado.
Hoy, ‘Paz’, con un hijo de ocho años que vive con parálisis cerebral severa, concluye: “Creo que no es un error de una vez (el de Luján)… cuando lees que es un caso, y otro y otro, y con temas distintos y mujeres de diferentes edades, diferente tiempo, diferentes años, habla de que él algo está haciendo mal. Entonces, la verdad creo que es muy difícil que pueda pasar algo, pero por lo menos que las mujeres que piensen ir con él, a ese hospital, al tratamiento que sea, lo piensen dos veces”.

Hasta 7 naciones o territorios en el Caribe están dando apoyo logístico al ejército estadounidense en su despliegue militar.
La creciente campaña de presión militar del presidente estadounidense Donald Trump sobre Nicolás Maduro en Venezuela cuenta con la oposición de muchos líderes latinoamericanos, pero el apoyo logístico de varias naciones en el Caribe.
En el arco geográfico que va de República Dominicana a Trinidad y Tobago han surgido distintos aliados a la “Operación Lanza del Sur” de Estados Unidos con roles disímiles.
El enorme despliegue de fuerzas militares de la primera potencia del mundo necesita todo tipo de asistencia: pistas de aterrizaje, puntos de abastecimiento, radares en puestos avanzados, maniobras o campamentos para sus soldados. También misiones de reconocimiento o espacio para almacenar equipos.
En agosto de este año, Trump ordenó el envío de tres buques de guerra de la Armada al Caribe Sur para interceptar embarcaciones sospechosas de transportar drogas que salían de Venezuela. Hasta la fecha Estados Unidos realizó más de 20 ataques contra estos botes en aguas internacionales, que causaron la muerte de más de 80 personas.
Desde entonces, el despliegue acumula en aguas de la región al menos 12 buques de guerra, un submarino nuclear, aviones, helicópteros y drones, además dos portaviones: el USS Gerald R. Ford y el Iwo Jima. Se cree que el número de efectivos militares supera ya los 15.000.
“En general, es probable que los aliados en el Caribe proporcionen vigilancia, logística o apoyo de contingencia, siendo la República Dominicana la nación que más explícitamente lo está haciendo”, le dice a BBC Mundo Evan Ellis, profesor e investigador de estudios latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos.
“Pero todos evitarán ser puntos de lanzamiento de ataques ofensivos, a menos que las circunstancias cambien”, añade.
Washington asegura que su objetivo es frenar el tráfico de drogas hacia EE.UU., pero tanto Caracas como numerosos observadores creen que lo que se pretende es forzar un cambio de gobierno en Venezuela.
De hecho, la mayor parte del tráfico de drogas que los carteles latinoamericanos envían al norte el pasa por el Océano Pacífico oriental -el 74% de los envíos según la DEA- y no es ahí donde se concentran ahora mismo las operaciones militares.
“El hecho de que la administración Trump presente las operaciones antidroga como un acto de autodefensa nacional marca un giro profundo en la política exterior estadounidense”, afirma Björn Beam, responsable de Investigación Tecnológica y analista geopolítico senior de la firma Arcano Research.
Beam explica que al declarar un “conflicto armado” contra actores no estatales que operan desde territorio venezolano, Washington ha difuminado la frontera entre la lucha contra el terrorismo y el cambio de régimen.
“El resultado es una operación jurídicamente flexible, que podría evolucionar desde ataques limitados en el mar hasta acciones selectivas en tierra, todo ello sin necesidad de contar con la aprobación del Congreso”, añade.
Hasta el momento, además de Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, República Dominicana y Trinidad y Tobago le han dado acceso a EE.UU. a sus infraestructuras, pero hay más.
Estas son hasta la fecha las islas y territorios que están dando cobertura al ejército estadounidense:
Aruba, Curazao y Bonaire están a 80 kilómetros de Venezuela. Son territorios de ultramar que pertenecen a los Países Bajos y aunque poseen un estatus especial y de autogobierno, su uso para cualquier ataque requeriría, en teoría, autorización del país europeo.
Estados Unidos tiene una base de operaciones avanzada en Curazao y una más pequeña en Aruba. Su misión, según fuentes oficiales, es la detección y monitoreo aéreo de presuntas actividades de narcotráfico aéreo y marítimo.
En sus conversaciones con diplomáticos y altos rangos del ejército, Ellis nota nerviosismo.
“Creo que parte de su preocupación radica en que si Venezuela percibe que apoyan militarmente a Estados Unidos, podría dirigir operaciones contra ellos. Aunque probablemente Maduro no sería tan insensato, hay inquietud ante un posible escenario como este”, dice el experto militar.
Hace tan solo unas semanas, el portal de monitoreo aéreo Flightradar24 documentó la presencia de bombarderos estadounidenses sobrevolando el espacio aéreo entre Aruba y Curazao.
A 11 kilómetros de la costa este venezolana, estas islas son las más cercanas a Venezuela y por lo tanto las más expuestas. Durante mucho tiempo han sido uno de los países más perjudicados por el flujo de migrantes venezolanos y las actividades de diferentes grupos criminales.
El gobierno de Kamala Prisad-Bisisier -que asumió en mayo- ha mostrado posiciones muy proestadounidenses desde el principio. En sus primeros meses al frente del país, se reunió con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, para estrechar lazos y favorecer el intercambio de datos de inteligencia militar.
Recientemente el gobierno de Trinidad y Tobago recibió buques de guerra estadounidenses y facilitó entrenamiento de fuerzas especiales de Estados Unidos. Prisad-Bisisier confirmó que infantes de marina estadounidenses operan en el aeropuerto de Tobago, trabajando en una pista, en una carretera y que están instalando y modernizando un radar. Además, varios aviones militares han usado la isla para reabastecerse de combustible.
El gobierno justifica el proyecto como parte de la seguridad nacional y la lucha contra el narcotráfico en sus aguas.
“Han apoyado mucho la operación de las fuerzas estadounidenses y ven con buenos ojos la presencia de infantes de marina en el territorio, pero han dejado muy claro que, a menos que Venezuela los ataque, no se lanzarán operaciones ofensivas estadounidenses desde su territorio. Esa es la línea trazada”, explica Ellis.
Es otro de los países que se ha visto gravemente afectado por el flujo de drogas, el crimen organizado y la migración en la región y es el que más abiertamente ofreció apoyo logístico a la “Operación Lanza del Sur”.
Desde la primera administración de Trump, el gobierno de Luis Abinader siempre ha estado muy alineado con Washington. República Dominicana se beneficia enormemente del turismo que llega desde Estados Unidos y del acceso al mercado estadounidense a través del Tratado de Libre Comercio CAFTA-DR.
“Esta lucha contra el narcotráfico constituye una prioridad para su administración [la de Trump], por tratarse de una amenaza que afecta la estabilidad nacional y regional”, afirmó Abinader.
“Esta lucha es esencial para proteger a nuestras familias y para preservar la estabilidad. Ningún país puede ni debe enfrentarla sin aliados”, añadió.
En medio de la escalada con Venezuela, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, visitó República Dominicana y firmó una serie de acuerdos, que incluían el uso militar de zonas restringidas de la Base Aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional de Las Américas.
Además, República Dominicana permite el reabastecimiento de combustible a naves estadounidenses, traslado de equipos y de personal técnico a través de su territorio.
“A Abinader le interesa la cooperación de Trump para contener el problema de Haití, pero la estrategia de las autoridades de República Dominicana de posicionarse como un aliado clave de Washington responde a la ambición de tener un papel más importante en los asuntos regionales”, estima el profesor de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos.
“Por ejemplo, recientemente, el país solicitó integrarse como miembro asociado de Caricom, un espacio clave para el comercio y la cooperación de las naciones del Caribe, lo que aumentaría considerablemente su cooperación en temas como el intercambio de información de inteligencia contra el crimen organizado”, dice Ellis.
El apoyo a las operaciones de Estados Unidos se presenta como temporal, técnico y limitado, enfocado en reforzar vigilancia aérea y marítima contra el crimen organizado transnacional.
La distancia entre la isla de Granada y Venezuela es de aproximadamente 145 km en línea recta a través del mar Caribe.
EE.UU. solicitó instalar equipos de radar y personal técnico de forma temporal en el Aeropuerto Internacional Maurice Bishop. Ellis señala que esta solicitud se remonta al mandato de Biden o incluso antes, pero al parecer está siendo efectiva ahora.
“Como parte de la lucha contra el narcotráfico, Granada necesita un radar para su aeropuerto que le dé visibilidad sobre vuelos con posibles cargamentos. El ejército estadounidense estaba de visita, pero no ha trascendido públicamente si era para la instalación o se llevaron a cabo conversaciones técnicas que ayuden a instalarlo”, afirma Ellis.
Washington es uno de los principales socios comerciales de Granada. El país se beneficia de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), que otorga entrada libre de aranceles a muchos de sus productos.
Granada y Estados Unidos han firmado varios tratados para facilitar la cooperación policial y el intercambio de información y el ejército de EE.UU. ha proporcionado capacitación y equipo a las fuerzas de seguridad granadinas.
Los dos territorios estadounidenses, que se encuentran aproximadamente a 800 kilómetros de Venezuela, se están utilizando para albergar personal militar y brindar apoyo logístico a las operaciones.
Según una investigación gráfica realizada por la agencia Reuters, la estación naval estadounidense Roosevelt Road -una antigua base de la Guerra Fría clausurada en 2004- se encuentra en proceso de modernización, con la repavimentación y la ampliación de las pistas, en las que ya están operando aeronaves de gran tamaño, como el gigantesco Boeing C-17 Globemaster, usado por las fuerzas estadounidenses para el transporte rápido de tropas y de suministros.
Además, la Administración Federal de Aviación (FAA) anunció una zona de vuelo restringida que afectará el espacio aéreo frente a la costa sureste de Puerto Rico desde el 1 de noviembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026.
Esto facilitaría las operaciones militares de alta intensidad cerca del Aeropuerto José Aponte de la Torre. Allí han sido desplegados los cazas F-35 de última generación movilizados por el Pentágono y se han visto operaciones de aviones de combate y transporte.
En estas instalaciones se queda la mayor parte del personal terrestre.
También hay registro de aviones militares en el Aeropuerto Henry E. Rohlsen de Islas Vírgenes, que funciona como plataforma operativa y logística para despliegues regionales.
En Saint Croix, la mayor de las Islas Vírgenes estadounidenses, se aloja personal militar adicional en el “Man Camp” de Port Hamilton Refining and Transportation (PHRT).
Y el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) reportó que la Base Naval que Estados Unidos tiene en la Bahía de Guantánamo (Cuba) ha aumentado el número del personal militar estacionado permanentemente.
Todo este progresivo aumento de fuerzas lleva a una pregunta. Si hay una operación de Estados Unidos, ¿cuál es el punto en el que se lanzararía?
“Cualquier operación se lanzaría desde múltiples puntos. Personalmente, creo que podríamos ver ataques terrestres limitados antes de una operación de derribo importante”, cree Ellis.
“Si hubiera ataques terrestres limitados, probablemente provendrían de misiles estadounidenses, tal vez los misiles Tomahawk. Porque Venezuela aún tiene algunas defensas aéreas bajo su control. No son las mejores, pero los sistemas rusos S-300, por ejemplo, representan una amenaza para las aeronaves de Estados Unidos”, añade.
Por eso, cree el experto, no se lanzarían los F-18 de los portaaviones mientras esas defensas aéreas siguieran funcionando.
“Quizás podríamos ver el despliegue militar de algunas Fuerzas de Operaciones Especiales en el terreno, pero si tuviera que adivinar, diría que los ataques iniciales serían con misiles, simplemente porque es la forma más segura de hacerlo”.
“También se podrían lanzar misiles desde submarinos, ya que con un submarino se puede llegar relativamente cerca. Pero si se realizara una operación mayor, probablemente se necesitarían múltiples bases”.
Según el CSIS, las fuerzas estadounidenses comprometidas actualmente son insuficientes para un desembarco anfibio o una invasión terrestre. Esto requeriría al menos 50.000 soldados. “Sin embargo, los recursos aéreos y navales acumulados en los últimos tres meses han proporcionado suficiente potencia de fuego al Caribe para lanzar ataques aéreos y con misiles contra Venezuela”, explican los expertos del think tank.
Mapas por Caroline Souza y diseño de imagen por Daniel Arce, del Equipo de periodismo visual de BBC Mundo
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