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Familias recurren a mercados ilegales en internet de compra de sangre en Chihuahua
Familias recurren a mercados ilegales en internet de compra de sangre en Chihuahua
En hospitales públicos y privados de México, los pacientes deben entregar unidades de sangre para sus intervenciones médicas. Foto: Lilette A.Contreras, GPJ México
6 minutos de lectura

Familias recurren a mercados ilegales en internet de compra de sangre en Chihuahua

Familiares de pacientes recurren a donaciones de sangre a cambio de un pago, impulsados por la desesperación y el desconocimiento sobre alternativas legales. En México, comprarla es una actividad penada con cárcel.
10 de junio, 2024
Por: Lilette A. Contreras, Global Press México

CHIHUAHUA, MÉXICO — En octubre de 2023, Rebeca recurrió a la compra de sangre, una actividad tipificada como delito en México, para salvar la vida de su hermano.

El hombre había sido ingresado con una herida de bala a un hospital público en la ciudad de Chihuahua, en el norte de México. El personal médico lo intervino quirúrgicamente para salvarle la vida; sin embargo, esto implicó que su familia adquiriera una deuda no monetaria con el hospital.

Debían sangre.

“Después de la operación, mi hermano se puso mal y lo tuvimos que volver a internar”, cuenta entre lágrimas Rebeca. Esta habitante de Chihuahua, como muchos otros entrevistados para este artículo, pide no revelar su apellido por temor a represalias legales. “Le tenían que realizar una segunda operación, pero nos la pospusieron porque debíamos unidades de sangre de la vez pasada y necesitábamos aún más”.

Chihuahua se ubica en el tercer lugar nacional en donación de sangre altruista, es decir, que sirve para atender la emergencia de cualquier persona. En México, apenas el 6.8% de la sangre entra en esa categoría. El resto es obtenida por los seres queridos de cada paciente. Eso obliga a muchas personas a pagar para conseguirla, una actividad penada con cárcel, según lo establecido en la Ley General de Salud, el conjunto de leyes y normas sanitarias nacionales.

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Sillones especiales para las personas que van a hacer donación altruista de sangre en el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea en Chihuahua, México. Foto:
Lilette A.Contreras, GPJ México

A pesar de que el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS) se encuentra al 70% de su capacidad, según cifras oficiales, muchas personas recurren a donaciones a cambio de pago, impulsados por la desesperación y el desconocimiento sobre alternativas legales.

En agosto de 2023, la legisladora local Ana Georgina Zapata Lucero presentó una iniciativa para crear la Ley para el Fomento de la Cultura de Donación Voluntaria y Altruista de Sangre en el estado de Chihuahua, con la que se pretende impulsar este tipo de actividades y asegurar que haya suficiente sangre para la población en la entidad.

Zapata no estuvo disponible para comentar. Sin embargo, en su iniciativa de ley expone la importancia de “institucionalizar la cultura de la donación de sangre” y de facilitar la donación por reposición familiar para apoyar oportunamente a quienes la necesiten.

Lee más | No fuimos Dinamarca: gobierno de AMLO deja sin consulta médica a 46% de enfermos pobres y sin cirugía a 500 mil personas

Medidas desesperadas

En el caso del hermano de Rebeca, el hospital, Hospital General Regional No. 1 Unidad Morelos, requería 10 unidades de sangre para poder operarlo. Entre familiares y amigos únicamente lograron reunir ocho (una unidad equivale a 450 mililitros de sangre). Sintiéndose a contrarreloj, la mujer entró a una de las muchas páginas de Facebook donde los participantes – que van desde 600 a 7,200 por página – suelen recibir una remuneración económica por donar.

Rebeca sabía que estaba cometiendo un delito. “En esos momentos no te importa nada, lo que quieres es tener la sangre que te piden. Mi hermano podía haber muerto”, cuenta.

Dos personas accedieron a hacer una donación sanguínea para su hermano a cambio de 500 pesos mexicanos (aproximadamente 29 dólares estadounidenses cada uno). Así, se realizó la operación.

Miriam Márquez Córdova, coordinadora estatal de laboratorios de la Secretaría de Salud de Chihuahua, dice que, aunque conseguir sangre “no debería ser una condicionante para realizar las intervenciones [quirúrgicas], es una práctica común” de los hospitales ante la falta de donaciones altruistas.

Lee más | Compras públicas de salud: entre la vida y la muerte

“En el hospital, te dicen que no hay sangre y tú la buscas por donde sea”, dice Francisco, otro residente de Chihuahua. Él ofreció 500 pesos como recompensa para quienes donaran sangre para su padre, quien acababa de sufrir un infarto. En ese momento, no sabía que se trataba de un delito y asegura que lo movió la desesperación por garantizar el bienestar de su familiar.

En las páginas de Facebook que revisó Global Press Journal, y que buscan donaciones para personas que viven o están internadas en el estado de Chihuahua, existen publicaciones con ofertas de recompensa que van desde los 250 hasta los 1,500 pesos (entre 14 y 88 dólares, aproximadamente) por cada unidad de sangre.

Vender sangre

Alondra dona sangre a cambio de dinero. Cuenta que comenzó en este negocio ante la desesperación por no encontrar un empleo. Al poco tiempo, su marido y sus dos hijos, mayores de edad, se unieron a ella.

“Sabemos que la gente lo necesita. Así ayudamos nosotros y ellos le echan la mano a uno”, comenta.

En México, la edad mínima para la donación sanguínea es de 18 años y es necesario gozar de buena salud, entre otros requisitos. Los donadores no deben consumir bebidas alcohólicas 48 horas antes del procedimiento ni haber tenido intervenciones quirúrgicas en al menos seis meses, ni haberse tatuado o perforado en los 12 meses previos. No deben consumir drogas. Además, no deben padecer epilepsia, tuberculosis o enfermedades cardiacas graves, ni infecciones como hepatitis B o C, VIH-SIDA, enfermedad de Chagas o sífilis, según las especificaciones de la Secretaría de Salud.

Alondra asegura que, debido a que por motivos de salud es necesario dejar pasar al menos dos meses entre transfusiones, no considera la venta de sangre un empleo, sino un ingreso extra que le permite sacar adelante los gastos de su hogar.

Gilberto Grijalva Saavedra, director del CETS de Chihuahua, el organismo público encargado de las donaciones de sangre, dice que la institución no tenía conocimiento previo sobre estas prácticas. No obstante, asegura que comprende un riesgo para los pacientes, pues quienes donan con este fin pueden ocultar su estado de salud con tal de obtener el dinero prometido.

“Ahora, en lugar de recurrir a los bancos de sangre, las personas acuden a las redes sociales y eso no es lo ideal porque facilitan a que sucedan estas prácticas no recomendables”, considera.

El funcionario piensa que, en muchos casos, las personas no recurren al CETS, ya que no saben que pueden hacerlo. Sin embargo, dice, es una opción segura.

Crimen y consecuencias

La Ley General de Salud impone penas de entre seis y 17 años de prisión y multas de entre 8,000 a 17,000 días de salario mínimo a quien comercialice con órganos y tejidos, incluyendo la sangre. Un salario mínimo es la cantidad más baja que se puede recibir por cada jornada laboral y está fijada en 248.93 pesos (15 dólares, aproximadamente) para este año. Adicionalmente, si quien comete este delito es personal o técnico auxiliar de salud, es inhabilitado de cinco a 14 años de su cargo.

Sin embargo, en algunos casos, la venta de sangre se registra en el interior de los hospitales. En mayo de 2023, Sandra Chairez, otra residente del estado de Chihuahua, recurrió a las páginas de Facebook para buscar donadores sanguíneos para su padre. Cuenta que, tras compartir sus datos en una publicación, una persona se comunicó con ella, presentándose como un trabajador del banco de sangre del hospital del IMSS donde su padre estaba internado.

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Estante con unidades de diferentes tipos de sangre en el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea en Chihuahua, México. Foto:
Lilette A.Contreras, GPJ México

“Me escribió por WhatsApp y me dijo que él me podía hacer el proceso como si ya hubieran donado a favor de mi papá y que estarían las unidades de inmediato después de realizar el pago de 500 pesos”, dice.

Ni la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, organismo de procuración de justicia local, ni el IMSS accedieron a comentar para este artículo.

Chairez dice que identificó visualmente a la persona y verificó que tenía un cargo en el banco de sangre. Sin embargo, antes de realizar el pago, su padre murió.

Lilette A. Contreras es reportera de Global Press Journal, y se encuentra en Cuauhtémoc, México.

Global Press Journal es una premiada publicación internacional de noticias con más de 40 oficinas de noticias independientes en África, Asia y América Latina.

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Imagen BBC
Muere Fujimori: las masacres y secuestros por los que fue condenado a 25 años de prisión
6 minutos de lectura

El expresidente peruano Alberto Fujimori fue sentenciado a 25 años de cárcel por los casos de dos masacres y dos secuestros llevados a cabo con su aval en la década de 1990. En diciembre de 2023 quedó en libertad.

12 de septiembre, 2024
Por: BBC News Mundo
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Nueve meses después de su puesta en libertad por razones de salud, el expresidente de Perú Alberto Fujimori murió este miércoles 11 de septiembre a los 86 años.

Su hija Keiko comunicó la noticia a través de X, en un mensaje en el que se despidió de su padre y pidió una oración por el descanso de su alma.

La salida de prisión de Fujimori se produjo el 6 de diciembre de 2023, 14 años después de ser sentenciado a 25 años de cárcel por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado por trato cruel.

Aunque en 2017 fue liberado por un indulto presidencial, el Tribunal Supremo requirió al siguiente año nuevamente su encarcelamiento al reconsiderar argumentos presentados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

Sin embargo, el Tribunal Constitucional dictaminó el 5 de diciembre de 2023 “la falta de competencia de la CorteIDH” sobre este caso y desechó la orden de reencarcelamiento.

Fujimori fue declarado culpable de ordenar a un escuadrón de la muerte, conocido como el Grupo Colina, llevar a cabo dos masacres, así como por su participación en los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, ambos en 1992.

Los crímenes de los que se le acusó sucedieron en el marco del conflicto interno de Perú en el que el gobierno realizó una campaña contra el insurgente grupo armado Sendero Luminoso.

Estos fueron los casos que llevaron por primera vez a un presidente de América Latina a la cárcel por crímenes de lesa humanidad.

Masacre de Barrios Altos

El 3 de noviembre de 1991, seis hombres enmascarados irrumpieron en una fiesta en un pequeño apartamento del distrito Barrios Altos, una zona de clase baja, aledaña al Palacio Presidencial.

Los hombres eran miembros del escuadrón de la muerte que llegó a conocerse como el Grupo Colina.

Según el testimonio de uno de los integrantes, el objetivo era capturar a sospechosos de Sendero Luminoso pero, a medida que se acercaba la hora del operativo, se dio cuenta de que el propósito era matarlos.

Jesús Sosa Saavedra al ser arrestado
AFP
Jesús Sosa Saavedra fue el último miembro del Grupo Colina en ser arrestado, en 2008.

Los enmascarados dispararon contra los asistentes, matando a 15 personas —incluyendo un niño de 8 años— e hiriendo gravemente a cuatro.

Pero la masacre de Barrios Altos fue un error. Mala información de inteligencia hizo que el escuadrón confundiera la fiesta con una reunión secreta del grupo insurgente y matara a civiles inocentes.

El mismo testigo describió cómo él y sus compañeros del escuadrón bebieron cerveza y brindaron en la playa horas después de la matanza.

Masacre de La Cantuta

En la madrugada del 18 de julio de 1992, miembros del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y de la Dirección Nacional contra el Terrorismo (Dincote), la mayoría miembros del Grupo Colina, forzaron su entrada en las residencias estudiantiles de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta.

El operativo era en respuesta a una explosión en el barrio de Miraflores, reivindicada dos días antes por Sendero Luminoso, que fue uno de los ataques más mortales de una campaña de atentados con bomba de la organización insurgente, que dejó 25 muertos y más de 200 heridos.

En La Cantuta, las tropas ordenaron a los estudiantes abandonar sus habitaciones y los colocaron bocabajo en el piso. Nueve individuos fueron separados del grupo y llevados a la fuerza.

Trabajos de exhumación por el caso de La Cantuta
Getty Images
La exhumación de víctimas de La Cantuta se llevó a cabo en 2007, pero fue difícil identificar los cuerpos que habían sido incinerados.

Entre tanto, un grupo de soldados irrumpió en la residencia del profesor Hugo Muñoz Sánchez. Tras el registro de la propiedad, también se lo llevaron.

Según la Fiscalía que investigó el caso, los nueve estudiantes y el profesor fueron desaparecidos forzosamente y asesinados.

El Grupo Colina había quemado los cadáveres, por lo cual se había hecho difícil su identificación. En 1995, Fujimori declaró una amnistía que cobijó a los miembros del escuadrón.

Secuestro del periodista Gustavo Gorriti

Gustavo Gorriti es un periodista que se destacó en los 80 reportando sobre el conflicto entre el gobierno y Sendero Luminoso, reconocido por su conocimiento de dicha organización.

También fue un crítico del gobierno fujimorista.

En 1992, publicó una serie de artículos en la revista Caretas donde vinculó al gobierno con organizaciones narcotraficantes, implicando en particular a Vladimiro Montesinos, el “hombre fuerte” de Fujimori y director del Servicio de Inteligencia del Ejército entre 1990 y 2000.

En reacción a los artículos, el 6 de abril de 1992, una unidad del ejército peruano lo arrestó en su casa y lo llevó a los sótanos del Servicio de Inteligencia.

Gustavo Gorriti
Getty Images
Gustavo Gorriti reportó ampliamente sobre Sendero Luminoso y fue un crítico del gobierno de Fujimori.

El secuestro sucedió durante el llamado “fujimorazo” o autogolpe, una crisis constitucional en la que Fujimori disolvió el Congreso y detuvo a varias figuras de la oposición.

La esposa de Gorriti alertó a la prensa y a gobiernos extranjeros, incluyendo Estados Unidos. La presión internacional causó que el periodista fuera trasladado a un lugar de detención oficial y dos días después de su secuestro fue puesto en libertad.

Gorriti vivió en el exilio durante los 90, primero en EE.UU. y luego en Panamá.

Secuestro del empresario Samuel Dyer

El 27 de julio de 1992, Samuel Dyer se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Lima, dispuesto a viajar a Estados Unidos.

Sin orden judicial, fue impedido de abordar un avión por personal del SIN y llevado a las oficinas de migración donde le informaron que tenía una orden de captura.

De ahí fue trasladado violentamente a los calabozos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), donde permaneció privado de libertad y fue interrogado sobre su presunta colaboración con Sendero Luminoso.

La sede del Servicio de Inteligencia del Ejército en 2000
Getty Images
La sede del Servicio de Inteligencia del Ejército estuvo protegida por policías antimotines en septiembre de 2000, cuando se aproximaba el fin de la Era Fujimori.

El empresario fue sometido a una investigación de cuatro días, sin justificación ni pruebas, hasta que no tuvieron forma de encontrar “vínculos terroristas”.

La SIE lo sacó subrepticiamente de su sede, lo dejó en una calle y lo “hizo huir”. Dyer se refugió temporalmente en la embajada de México en Lima y poco después salió a EE.UU. con su familia.

Varios militares recibieron duras condenas por su participación en estos delitos, incluyendo Julio Salazar Monroe, exjefe del SIN, y Juan Rivero, exjefe del SIE.

Fujimori fue encontrado culpable de ordenar las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, así como de avalar los secuestros de Gorriti y Dyer.

* Esta nota fue publicada originalmente a raíz de la orden de libertad para Fujimori y actualizada el 11 de septiembre de 2024 con su muerte.

Línea gri
BBC

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