Pese a que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) anunció este martes el fin de la suspensión a la empresa Psicofarma, el colectivo Medicamentos para Mentes Libres MX advirtió que los psiquiátricos liberados han sido insuficientes, que no están llegando a todas las entidades del país y que el abasto de productos como adepsique, metadona y leptopsique sigue siendo nulo.
En otros estados, algunas medicinas como la risperidona han elevado su precio entre ocho y diez veces, denunciaron los activistas.
Consultada directamente sobre el asunto, Cofepris aseguró que los sellos en las instalaciones de Psicofarma se retiraron el martes. Sin embargo, ni esta dependencia ni la Secretaría de Salud han informado cuál ha sido el impacto para el sector público de la suspensión por casi cinco meses a la empresa, de la que más de 20 dependencias dependen para el abasto de medicamentos psiquiátricos.
“Tenemos conocimiento dentro del colectivo de que en el sector público se está orillando a los pacientes a hacer cambio de medicación, sin tomar en cuenta su opinión cuando ellos han expresado ya que dicho cambio les ha generado consecuencias en su bienestar y salud general”, señaló el colectivo. Es el caso que denunció María Luisa Magdaleno, de Jalisco, afuera de las instalaciones de Cofepris el viernes pasado, cuando las autoridades de salud —una vez más— se negaron a recibir a los manifestantes.
En ese estado, hace ocho meses los pacientes se dieron cuenta de que empezaba a escasear la clozapina. El hermano de María Luisa necesita 400 gramos al día de ese medicamento. Mientras en las farmacias ya había muy poco, en el sector público llevaban tres años negándoselo. Hace un mes, tras su cita en el IMSS, le administraron finalmente otra marca, que fue rechazada por su organismo. “Ya no se puede hablar de desabasto como tal, pero sí de insuficiencia”, reclamó.
De acuerdo con los datos disponibles en Compranet, tan solo en 2022 Psicofarma suscribió 55 contratos con 24 dependencias federales por 624 millones 591 mil 901 pesos para el abasto de medicamentos como captopril, levodopa y carbidopa, carbonato de litio, oxicodona y clorhidrato de metadona, entre otros. Los contratos de mayores montos correspondieron al IMSS y al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
Otras dependencias que han suscrito contratos con Psicofarma para la adquisición de medicamentos psiquiátricos, por diversos montos, son el Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente, el Hospital Juárez de México, el Hospital Infantil Federico Gómez, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Instituto Nacional de Pediatría, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, el ISSSTE, la Secretaría de Marina y los Centros de Integración Juvenil.
Luego de que el 22 de febrero de este año Cofepris hiciera pública una carta de hallazgos de riesgo sanitario, que detallaba el resultado de dos visitas a las plantas de fabricación de Psicofarma, la empresa aseguró que atendería las observaciones, defendiendo que hasta entonces llevaba 50 años de dedicarse exclusivamente a los psicofármacos. Aseguró, además, que operaba con base en las mejores prácticas y con apego a las normas sanitarias nacionales e internacionales.
El 19 de abril, la empresa informó que había entregado la documentación necesaria a Cofepris, con la que mantenía comunicación para atender sus requerimientos. Más tarde, el 5 de mayo aseguró que había tenido dos reuniones técnicas con diversos equipos de la dependencia. Diez días después confirmó la autorización para comercializar solo algunos medicamentos, que se distribuirían en las principales farmacias, hospitales y distribuidores en cuanto concluyera el muestreo solicitado por Cofepris.
A partir del 22 de mayo, la disponibilidad de clonazepam, carbonato de litio y metilfenidato empezó solo en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Otros se han agregado después y paulatinamente, como el alprazolam, amitriptilina, clozapina, imipramina y lorazepam. En tanto, las manifestaciones del colectivo Medicamentos para Mentes Libres MX, conformado este año a partir del desabasto y que continúa denunciando insuficiencia de medicamentos y desabasto en ciertas entidades, no se han detenido y, en su mayor parte, han sido ignoradas por las autoridades.
“No se ha resuelto del todo el tema de desabasto de medicamentos psiquiátricos, ya que esta autoridad Cofepris ha sido omisa cuando le preguntamos vía telefónica o a través de correos electrónicos cuándo se retirarán los sellos de la empresa Psicofarma, ya que tememos que haya una segunda ola de desabasto, debido a que la empresa nos comentó que persisten sellos que impiden la fabricación de medicamentos como el adepsique y el leptopsique, que en las liberaciones previas no se pudieron comercializar. Los lotes que liberó Cofepris, y que ya se comercializaron, se están agotando”, señaló Elías Téllez, de Medicamentos para Mentes Libres MX, el viernes 28 de julio afuera de Cofepris.
Agregó que el colectivo no está en contra de que las autoridades actúen en caso de riesgo sanitario; sin embargo, los denunciantes —recordó— han pasado cuatro meses tocando la puerta de muchas instancias, incluidas Psicofarma, la Secretaría de Salud, Cofepris, Presidencia y el Congreso. Casi nunca recibieron respuestas, acusó, pues parecía ya una mala costumbre para las autoridades de salud dejar plantados a los manifestantes.
“Esta lucha es únicamente porque estamos muy necesitados de nuestros medicamentos”, añadió. Ese día, la protesta había llegado hasta las puertas de Cofepris porque representantes del colectivo en Jalisco, Guanajuato y Estado de México habían recibido una respuesta positiva para una reunión con autoridades de salud para ese viernes a las 11:00 horas. Sin embargo, una noche antes, ya con los boletos y gastos para viajar a la Ciudad de México, recibieron una cancelación de última hora. “Nos quedamos en las mismas”, lamentó Magdaleno.
La organización Cero Desabasto, que ha acompañado todas las protestas del colectivo, recordó que el desabasto de medicamentos es una problemática generalizada que afecta a personas que padecen todo tipo de enfermedades en todo el país, sin importar si tienen derechohabiencia o no. Este persiste y se ha documentado en los últimos años tanto en el sector público como en el privado, y no solo implica afectaciones al derecho a la salud de las personas, sino que también tiene impacto en la economía y las dinámicas propias de las familias, así como todas las esferas que conforman su vida.
Ocho días antes, integrantes de Medicamentos para Mentes Libres MX habían irrumpido en una conferencia de prensa encabezada por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en la que desplegaron una manta y expresaron las mismas preocupaciones. Ahí, autoridades de salud les pidieron no prolongarse más de dos minutos, mientras que el funcionario les respondió que opacaban las demandas de otros asistentes que eran igual de legítimas que las suyas.
El colectivo calcula que, mientras unos 42 mil pacientes han sido afectados en estos cuatro meses, la Secretaría de Salud nunca incentivó que mediante un convenio otros laboratorios pudieran vender medicamentos o importarlos. Recordó que en ese periodo han tenido que buscar en donde haya, y ejemplificó con el caso de una persona del colectivo que viajó de la CDMX a Yucatán en autobús solo para conseguir dos cajas de clozapina. “El desabasto de medicamentos psiquiátricos es cruel e inhumano; necesitamos que nos vuelvan a dar estos productos que mejoraban nuestra calidad de vida”, insistió el viernes pasado.
En el comunicado difundido por la agrupación tras el anuncio de Cofepris este martes, además de exigir que se informe oficialmente el retiro de los sellos, sus integrantes aprovecharon para pedir a López-Gatell que reagende la cita que formalmente se había confirmado para el viernes 28 de julio, y que fue cancelada horas antes sin justificación. “No existe ley, procedimiento, término o reglamento que sea más importante que la salud mental de cada uno de nosotros, los afectados”, subrayaron los activistas.
Ovidio Guzmán, uno de los hijos del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue extraditado el 18 de septiembre a Estados Unidos y desde entonces está arrestado en una cárcel de Chicago.
Apodado el “Triángulo de Hierro”, el Centro Correccional Metropolitano es un rascacielos de 28 pisos ubicado en el centro de la ciudad estadounidense, un imponente edificio triangular de hormigón diseñado por el arquitecto Harry Weese e inaugurado en 1975.
El edificio tiene pequeñas rendijas verticales de 13 de ancho por 2,30 metros de alto que funcionan como ventanas irregulares hacia el exterior y que conforman una especie de monolito perforado.
Las ventanas, así diseñadas para evitar fugas, no tienen rejas, como es habitual en las cárceles.
En su momento costó US$10,2 millones, según el periódico local Chicago Tribune, cifra que hoy equivaldría a casi US$60 millones.
Esta cárcel fue concebida como parte de un programa del gobierno para construir nuevas prisiones entre 1968 y 1978, y suponía un modelo de centro de detención diferente para aquellos que están aguardando su juicio o que han recibido una condena breve.
Cuando se inauguró, William Nelson, su primer director, dijo: “Este edificio es completamente seguro, pero fue construido de manera eficiente y teniendo en cuenta la dignidad humana“.
El entonces juez James B. Parsons del Tribunal de Distrito de Estados Unidos lo describió como “lujoso”.
“No hay rejas”, dijo. “Las puertas se abren y cierran libremente. Los pisos están alfombrados. La comida es muy buena y las instalaciones recreativas son excelentes”, afirmó, según recogió el Chicago Tribune en un artículo publicado en 1995.
Al menos en aquel momento, los presos podían ir al patio -ubicado en la azotea- solo dos veces a la semana porque permitían estar 20 personas al mismo tiempo como máximo.
El patio está totalmente cubierto por un alambrado, para evitar que lleguen helicópteros a llevarse a alguno de los presos.
Allí se puede jugar al baloncesto, vóleibol o hacer ejercicio.
También podían visitar la biblioteca, la videoteca y la capilla tres veces por semana.
Algunas medidas de seguridad se han añadido después de su inauguración, ya que hubo episodios de fuga.
Por ejemplo, en diciembre de 2012 dos presos se escaparon desde el piso 17 haciendo un boquete en la pared y arrojando una cuerda tejida a partir de sábanas e hilo dental y sujetada de las literas de la celda.
De acuerdo al registro público de la Oficina Federal de Prisiones, que administra este centro, Ovidio Guzmán López, de 33 años, es uno de los 486 hombres y mujeres allí recluidos.
Originalmente había sido construido para albergar a 400 presos.
Desde el arresto de “El Chapo” Guzmán en 2016 y su posterior extradición a Estados Unidos, cuatro de sus hijos, conocidos como Los Chapitos, supuestamente asumieron roles protagónicos en el cartel.
Los agentes de la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA) dicen que el cártel de Sinaloa es la fuente de gran parte del fentanilo ilícito que se introduce de contrabando en Estados Unidos.
Según la jefa de la DEA, Anne Milgram, “Los Chapitos fueron pioneros en la fabricación y el tráfico de la droga más mortífera que nuestro país haya enfrentado jamás”.
Después de que su padre fuera condenado en EE.UU. a cadena perpetua en 2019, Ovidio Guzmán, alias el Ratón, era considerado uno de los líderes del cartel de Sinaloa y fue acusado por Washington de conspiración para distribuir drogas para ser importadas a EE.UU.
En su primera comparecencia ante un juez en Chicago el 5 de septiembre, Guzmán se declaró no culpable de los cargos que enfrenta por narcotráfico.
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