El gobierno federal anunció la creación del programa “La Clínica es Nuestra” que busca la rehabilitación de 11 mil 913 unidades de salud en 27 estados, mejorando sus condiciones físicas, el equipamiento y el acceso a medicamentos de estas unidades de primer contacto.
De acuerdo con Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el programa se aplicará en 27 estados porque hay cuatro que no entraron en la federalización.
Con “La Clínica es Nuestra” serán los Comités de Salud para el Bienestar, integrados por trabajadores y ciudadanos, los que administren el presupuesto para mantenimiento, mobiliario y equipo médico.
Estos comités están integrados por un secretario técnico, tesorera y cinco vocales que identifican necesidades, ejercen los recursos y supervisan las mejoras de los centros de salud. Según las autoridades, hasta este 9 de abril se han realizado más de 6 mil asambleas.
“Tenemos una meta de 8 mil 176 asambleas y hasta el día de ayer ya habían llevado a cabo 6 mil 134. Es decir, ya llevamos un avance del 75%, vamos a concluir el resto en el mes de abril”, declaró Robledo.
“La Clínica es Nuestra” operará en 9 mil 489 unidades de uno y dos consultorios, en 937 será de tres a cinco consultorios, mientras que en 304 será de seis a nueve consultorios, además de 891 de 10 o más.
Zoé Robledo indicó que cada clínica atiende localidades donde viven entre 500 y 6 mil familias “y siempre deben contar con un médico y dos enfermeras” y debe aumentar la plantilla laboral conforme crecen los consultorios.
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este mecanismo contará con un presupuesto de 6 mil millones de pesos que se entregarán a los comités de manera directa.
“No hay ningún límite, ningún techo, tenemos presupuesto suficiente, porque como es notorio y de dominio público, porque la gente lo siente, lo percibe, y se sabe, aunque se oculte, la economía de México está fortalecida, y lo mismo sus finanzas públicas. No tenemos ningún problema para financiar el desarrollo”, declaró el mandatario.
López Obrador aseguró que con el programa “La Escuela es Nuestra” no se ha tenido ningún problema de desvío de fondos y por eso se replicará el programa al área de salud.
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Durante la conferencia matutina, el IMSS también anunció la convocatoria para contratar a 9 mil 860 médicos especialistas y generales para atender clínicas en zonas remotas del país.
La convocatoria, abierta a partir del 9 al 23 de abril, está dirigida a 4 mil 10 médicos y médicas de especialidades troncales como cirugía, anestesia, medicina interna, pediatría y médicos internistas y urgenciólogos.
Negar la ciudadanía por derecho de nacimiento requeriría el apoyo de 2/3 del Congreso y 3/4 de los estados de EE.UU.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que planea poner fin a la “ciudadanía por derecho de nacimiento”, en referencia a la ciudadanía estadounidense que se concede automáticamente a cualquier persona nacida en el país.
Trump firmó el lunes una orden ejecutiva que aborda la definición de ciudadanía por derecho de nacimiento, aunque los detalles hasta ahora no están claros.
La ciudadanía por derecho de nacimiento se deriva de la 14ª enmienda de la Constitución estadounidense, que establece que “todas las personas nacidas” en EE.UU. “son ciudadanos de Estados Unidos”.
Aunque Trump prometió poner fin a esta práctica, tratar de hacerlo supondría enfrentarse a importantes obstáculos legales. La Unión Americana de Libertades Civiles y otros grupos demandaron inmediatamente al gobierno de Trump por la orden ejecutiva.
La primera frase de la 14ª enmienda de la Constitución estadounidense establece el principio de “ciudadanía por derecho de nacimiento”:
“Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen”.
Los partidarios de la línea dura en materia de inmigración argumentan que la política es un “gran imán para la inmigración ilegal” y que anima a las mujeres embarazadas indocumentadas a cruzar la frontera para dar a luz, un acto que se ha denominado peyorativamente “turismo de natalidad” o tener un “bebé ancla”.
La 14ª enmienda se adoptó en 1868, tras el final de la Guerra Civil. La 13ª enmienda había abolido la esclavitud en 1865, mientras que la 14ª resolvía la cuestión de la ciudadanía de los antiguos esclavos liberados nacidos en Estados Unidos.
Decisiones anteriores del Tribunal Supremo, como Dred Scott contra Sandford en 1857, habían establecido que los afroamericanos nunca podrían ser ciudadanos estadounidenses. La 14ª enmienda anuló esa decisión.
En 1898, el Tribunal Supremo de Estados Unidos afirmó que la ciudadanía por nacimiento se aplica a los hijos de inmigrantes en el caso Wong Kim Ark contra Estados Unidos.
Wong era un joven de 24 años, hijo de inmigrantes chinos, que nació en EE.UU., pero al que se le denegó la reentrada cuando regresó de una visita a China. Wong alegó con éxito que, al haber nacido en EE.UU., la condición de inmigrantes de sus padres no afectaba a la aplicación de la 14ª enmienda.
“El caso Wong Kim Ark contra Estados Unidos afirmaba que, independientemente de la raza o el estatus migratorio de los padres, todas las personas nacidas en Estados Unidos tenían todos los derechos que ofrecía la ciudadanía”, escribe Erika Lee, directora del Centro de Investigación de Historia de la Inmigración de la Universidad de Minnesota.
“El tribunal no ha vuelto a examinar esta cuestión desde entonces”.
La mayoría de los juristas coinciden en que el presidente Trump no puede poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento con una orden ejecutiva.
“Está haciendo algo que va a molestar a mucha gente, pero en última instancia esto lo decidirán los tribunales”, señaló Saikrishna Prakash, experto constitucional y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia. “Esto no es algo que él pueda decidir por su cuenta”.
Prakash dijo que, aunque el presidente puede ordenar a los empleados de las agencias federales que interpreten la ciudadanía de forma más restrictiva -los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU., por ejemplo-, eso daría lugar a impugnaciones legales por parte de cualquier persona a la que se denegara la ciudadanía.
Esto podría dar lugar a una larga batalla judicial que acabaría en el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Una enmienda constitucional podría suprimir la ciudadanía por derecho de nacimiento, pero para ello se necesitarían dos tercios de los votos de la Cámara de Representantes y del Senado y la aprobación de tres cuartas partes de los estados de EE.UU.
Según el Centro de Investigaciones Pew, en 2016 nacieron en EE.UU. unos 250.000 bebés de padres inmigrantes no autorizados, lo que supone un descenso del 36% respecto al máximo alcanzado en 2007. En 2022, el último año del que se dispone de datos, hubo 1,2 millones de ciudadanos estadounidenses nacidos de padres inmigrantes no autorizados, según Pew.
Pero como esos niños también tienen hijos, el efecto acumulativo de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento aumentaría el número de inmigrantes no autorizados en el país a 4,7 millones en 2050, según el Instituto de Política Migratoria.
En una entrevista con el programa “Meet the Press” de la NBC, Trump dijo que pensaba que los hijos de inmigrantes no autorizados debían ser deportados junto a sus padres, aunque hubieran nacido en EE.UU.
“No quiero estar rompiendo familias”, dijo Trump el pasado diciembre. “Así que la única manera de no romper la familia es mantenerlos juntos y tienes que enviarlos a todos de vuelta”.
Más de 30 países -entre ellos Canadá y México- practican el “Ius soli” automático o “derecho de suelo” sin restricciones.
Otros países, como Reino Unido y Australia, permiten una versión modificada en la que la nacionalidad se concede automáticamente si uno de los progenitores es ciudadano o residente permanente.
*Este artículo fue escrito y editado por nuestros periodistas con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial para la traducción, como parte de un programa piloto.
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