Ginecólogo Jesús Luján Irastorza, el “rey del parto inducido”, acepta cuatro denuncias en su contra
El ginecólogo Jesús Luján Irastorza admitió en una grabación de 11 minutos en YouTube que cuatro denuncias en su contra derivaron en el cierre de su clínica Pronatal. Culpó a su situación personal, y señaló a la Fiscalía capitalina por arbitrariedad.
“En marzo de este año salieron a luz pública artículos hablando de mi persona, refiriéndose a mi profesión, con el título del ‘rey del parto inducido’… Al día de hoy existen cuatro denuncias de pacientes. Derivado de una de las carpetas de investigación, el viernes 1 de diciembre del 2023, sujetos armados irrumpieron en nuestras instalaciones de forma arbitraria, buscando expedientes específicos sin una orden judicial apegada a la ley”, asegura en el video.
Además, dijo que las intenciones de los “autores intelectuales” del “allanamiento” –que en realidad fue un cateo hecho por la Fiscalía capitalina– y sus abogados era entrar a la clínica a arrestarlo, levantar una alerta amber por la desaparición de una de sus hijas y mientras él estuviera arrestado, evitar que él actuara e irrumpir con el pretexto de la búsqueda de su hija, llevársela y revocar los término de la custodia.
En el resto del video, el médico habla de su vida personal y de resguardar las muestras alojadas en la clínica y la necesidad de regular la reproducción asistida, mientras que le dedica un par de minutos a las acusaciones en su contra.
Porsu parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que su personal hizo una diligencia de cateo al interior de la clínica privada en seguimiento a una carpeta de investigación iniciada por el delito de responsabilidad profesional.
“De acuerdo con diversas denuncias, un médico que atendió los embarazos de cuatro mujeres posiblemente practicó cesáreas que no eran requeridas y las víctimas no habrán tenido acceso a sus expedientes clínicos”, indicó en una tarjeta informativa.
A ello agregó que la representación de la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales de la Coordinación General de Investigación Estratégica solicitó ante un juez de control una orden de cateo para la clínica localizada en la colonia El Yaqui, en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
“Tras la obtención del mandamiento judicial, agentes de la PDI localizaron diversos indicios, tales como dispositivos electrónicos, documentación, medicamentos y equipo para servicio médico. El lugar quedó bajo resguardo, como parte de la integración de la carpeta de investigación correspondiente”, informó la Fiscalía.
A Jesús Luján se le ha señalado, desde marzo de este año, por el suministro de medicamentos sin consentimiento o en dosis incorrectas –que pudo ser la causa del fallecimiento de un bebé, según consta en dos sentencias emitidas por una jueza y tres magistrados–, la práctica de intervenciones quirúrgicas innecesarias, complicaciones severas en procesos de fertilidad sencillos, retención de expedientes médicos y consecuencias fatales en el parto en cuatro casos.
Desde que Animal Político investigó los testimonios de 31 pacientes de Luján Irastorza, entre diciembre y enero pasado buscó la versión del médico, tanto en su oficina como a través de su coordinadora de comunicación, para una entrevista sobre los señalamientos en su contra. El 16 de enero, su equipo dejó de responder mensajes.
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El perdón otorgado por el presidente de EU al exmandatario hondureño condenado por traficar toneladas de cocaína contrasta con su defensa de la mano dura al narco en la región.
Donald Trump, el presidente de Estados Unidos que asegura combatir los carteles de drogas en América Latina, liberó de la cárcel a alguien condenado por liderar todo un “narcoestado” en la región.
Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras que cumplía una pena de 45 años de prisión en EE.UU. por narcotráfico, recibió un perdón oficial de Trump el lunes por la noche y quedó en libertad, según varias fuentes.
La Oficina Federal de Prisiones de EE.UU. señala en su sitio web que Hernández dejó el mismo lunes la cárcel de Hazelton en West Virginia, donde cumplía su sentencia emitida el año pasado.
“Mi esposo Juan Orlando Hernández VOLVIÓ a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el Presidente Donald Trump”, escribió la esposa del exmandatario hondureño, Ana García, en su cuenta de la red social X el martes.
Trump había anticipado su decisión el viernes, mientras su controvertida ofensiva militar contra presuntos traficantes de drogas en América Latina suma al menos 83 muertos en ataques a barcos en aguas del Caribe y el Pacífico.
El presidente afirmó el martes que EE.UU. empezará además a realizar “ataques por tierra” que podrían dirigirse a Venezuela o a cualquier país que considere produce o vende drogas ilegales a EE.UU.
Su gobierno sostiene que esas acciones letales son legales, en defensa de estadounidenses que podrían ser envenenados por drogas ilícitas.
Pero algunos expertos advierten que los ataques a civiles pueden constituir ejecuciones extrajudiciales e ilegales, y otros sospechan que el propósito de EE.UU. es presionar al presidente venezolano Nicolás Maduro para que deje el poder.
Varios analistas, e incluso miembros del Partido Republicano de Trump, ven una paradoja entre esas acciones de mano dura y el indulto a alguien que ayudó a meter más de 400 toneladas de cocaína en EE.UU., según los propios fiscales de este país.
“Realmente crea una incoherencia: vemos usar la fuerza letal contra presuntos traficantes de nivel bajo y medio en el mar” y “a un jefe de Estado condenado por posibilitar las mismas rutas (de drogas) ser tratado de forma muy diferente”, señala Rebecca Bill Chavez, presidenta de Diálogo Interamericano, un centro de análisis regional en Washington.
“Esto hace que la misión antinarcóticos, o al menos su narrativa, parezca mucho más selectiva y motivada por razones políticas”, dice a BBC News Mundo quien fuera subsecretaria de Defensa de EE.UU. para el Hemisferio Occidental entre 2013 y 2016.
“En sus narices”
Las pruebas presentadas contra Hernández en una corte federal de Nueva York el año pasado alcanzaron para que el jurado lo declarara culpable por unanimidad.
De hecho, el juicio a JOH (como también se lo denomina por sus iniciales) fue una suerte de radiografía de lo que los fiscales definieron como un “narcoestado” latinoamericano en pleno siglo XXI.
Si bien siendo presidente hondureño entre 2014 y 2022 Hernández se mostraba como aliado de Washington, en privado hablaba de “meter la droga a los gringos en sus narices”, según uno de los testigos del caso.
El mismo testigo, un excontador hondureño que se presentó con nombre ficticio y protegido por el gobierno de EE.UU., relató que vio a Hernández recibir maletines de dinero del narco Geovanny Fuentes Ramírez.
Alexander Ardón, otro hondureño que estaba preso por narcotráfico, testificó que financió campañas de Hernández y que con la ayuda del poder hondureño movió toneladas de cocaína en sociedad con criminales como Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa condenado a cadena perpetua en EE.UU.
Según Ardón, “El Chapo” entregó US$1 millón a la campaña presidencial del exmandatario en 2013 a través de Tony Hernández, un exdiputado hermano de Juan Orlando que también cumple cadena perpetua en EE.UU. por narcotráfico.
La droga cruzaba Honduras por tierra, aire y mar rumbo a EE.UU., con carreteras pavimentadas por el gobierno en zonas remotas para facilitar su traslado, pistas de aterrizaje y puertos estratégicos controlados por narcos, y fuerzas de seguridad del Estado que en realidad protegían las cargas ilícitas.
En el juicio también hubo indicios de cómo la violencia se disparó en Honduras hasta tener la mayor tasa de homicidios del mundo en la década pasada, según datos de las Naciones Unidas.
Devis Leonel Rivera, un exlíder del grupo criminal hondureño Los Cachiros que también está preso en EE.UU., testificó haber sobornado a Hernández y cometido 78 asesinatos según su propia cuenta.
“Un mensaje horrible”
Hernández se ha declarado inocente desde que fue acusado por EE.UU. y extraditado a Nueva York en 2022 hasta ahora.
En una carta que envió a Trump en octubre, sostuvo que fue víctima de una “persecución política” por parte del anterior gobierno estadounidense de Joe Biden.
“Como usted, fui atacado imprudentemente por fuerzas radicales de izquierda que no podían tolerar el cambio, que conspiraron con narcotraficantes y recurrieron a acusaciones falsas”, señala la misiva del expresidente hondureño divulgada por medios estadounidenses.
Luego del indulto, Trump dijo sentirse “muy bien” por su decisión y se refirió al proceso contra Hernández como “una horrible caza de brujas” del gobierno de Biden.
Hernández “era el presidente, y había algunas drogas siendo vendidas en su país, y como él era el presidente fueron a por él”, afirmó Trump en declaraciones a la prensa el martes.
Sin embargo, exfuncionarios del gobierno de Biden como su consejero de seguridad nacional para América Latina, Juan González, han indicado que buena parte de la investigación fiscal de EE.UU. sobre Hernández ocurrió durante el primer mandato de Trump (2017-2021).
El anuncio del indulto a Hernández levantó cuestionamientos de la oposición demócrata y dentro del propio partido republicano.
“¿Por qué indultaríamos a este tipo y luego perseguimos a Maduro por traficar con drogas en Estados Unidos?”, preguntó el senador republicano Bill Cassidy en X el domingo.
Otro senador republicano, Thom Tillis, sostuvo que el indulto a Hernández “es un mensaje horrible”.
“Es confuso decir, por un lado, que deberíamos potencialmente incluso considerar invadir Venezuela por el tráfico de drogas y, por otro lado, dejar ir a alguien”, declaró Tillis a periodistas el martes.
Trump acusa a Maduro de liderar uno de los grupos latinoamericanos de narcotráfico que ha designado como “terroristas”, el Cartel de los Soles, algo que el mandatario socialista venezolano rechaza y considera un pretexto para intentar derrocarlo.
Washington considera a Maduro un presidente ilegítimo y, durante una reciente conversación telefónica que tuvo con él, Trump le dio a un ultimátum para dejar Venezuela antes del viernes pasado, según medios estadounidenses.
Desde el inicio de los ataques militares contra presuntos traficantes de drogas en el Caribe en septiembre, varios expertos advierten que la droga ilegal más peligrosa que llega a EE.UU. es el fentanilo que nunca se produjo masivamente en Sudamérica.
Christopher Sabatini, investigador principal para América Latina de Chatham House, un influyente centro de análisis británico, cree que para Trump esto “no se trata en realidad de una guerra contra las drogas”.
“Si así fuera, estaría dirigiendo sus fuerzas a otra parte y, obviamente, no estaría indultando a un expresidente condenado por facilitar la entrega de hasta 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos”, dice Sabatini a BBC Mundo.
“Se trata de partidismo. Se trata de aliados. Y lo que es más importante”, agrega, “se trata de forzar a otros gobiernos de la región para que le apoyen”.
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