Ginecólogo Jesús Luján Irastorza, el “rey del parto inducido”, acepta cuatro denuncias en su contra
El ginecólogo Jesús Luján Irastorza admitió en una grabación de 11 minutos en YouTube que cuatro denuncias en su contra derivaron en el cierre de su clínica Pronatal. Culpó a su situación personal, y señaló a la Fiscalía capitalina por arbitrariedad.
“En marzo de este año salieron a luz pública artículos hablando de mi persona, refiriéndose a mi profesión, con el título del ‘rey del parto inducido’… Al día de hoy existen cuatro denuncias de pacientes. Derivado de una de las carpetas de investigación, el viernes 1 de diciembre del 2023, sujetos armados irrumpieron en nuestras instalaciones de forma arbitraria, buscando expedientes específicos sin una orden judicial apegada a la ley”, asegura en el video.
Además, dijo que las intenciones de los “autores intelectuales” del “allanamiento” –que en realidad fue un cateo hecho por la Fiscalía capitalina– y sus abogados era entrar a la clínica a arrestarlo, levantar una alerta amber por la desaparición de una de sus hijas y mientras él estuviera arrestado, evitar que él actuara e irrumpir con el pretexto de la búsqueda de su hija, llevársela y revocar los término de la custodia.
En el resto del video, el médico habla de su vida personal y de resguardar las muestras alojadas en la clínica y la necesidad de regular la reproducción asistida, mientras que le dedica un par de minutos a las acusaciones en su contra.
Porsu parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que su personal hizo una diligencia de cateo al interior de la clínica privada en seguimiento a una carpeta de investigación iniciada por el delito de responsabilidad profesional.
“De acuerdo con diversas denuncias, un médico que atendió los embarazos de cuatro mujeres posiblemente practicó cesáreas que no eran requeridas y las víctimas no habrán tenido acceso a sus expedientes clínicos”, indicó en una tarjeta informativa.
A ello agregó que la representación de la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales de la Coordinación General de Investigación Estratégica solicitó ante un juez de control una orden de cateo para la clínica localizada en la colonia El Yaqui, en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
“Tras la obtención del mandamiento judicial, agentes de la PDI localizaron diversos indicios, tales como dispositivos electrónicos, documentación, medicamentos y equipo para servicio médico. El lugar quedó bajo resguardo, como parte de la integración de la carpeta de investigación correspondiente”, informó la Fiscalía.
A Jesús Luján se le ha señalado, desde marzo de este año, por el suministro de medicamentos sin consentimiento o en dosis incorrectas –que pudo ser la causa del fallecimiento de un bebé, según consta en dos sentencias emitidas por una jueza y tres magistrados–, la práctica de intervenciones quirúrgicas innecesarias, complicaciones severas en procesos de fertilidad sencillos, retención de expedientes médicos y consecuencias fatales en el parto en cuatro casos.
Desde que Animal Político investigó los testimonios de 31 pacientes de Luján Irastorza, entre diciembre y enero pasado buscó la versión del médico, tanto en su oficina como a través de su coordinadora de comunicación, para una entrevista sobre los señalamientos en su contra. El 16 de enero, su equipo dejó de responder mensajes.
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Zamora, que destapó importantes casos de corrupción, denuncia una persecución política por parte de la fiscalía guatemalteca.
Un juez de Guatemala ordenó este lunes el regreso a prisión preventiva de José Rubén Zamora, un laureado periodista al que fiscales acusan de lavado de dinero en un proceso ampliamente señalado como una persecución política.
Zamora, fundador del desaparecido diario El Periódico en el que destapó importantes casos de corrupción, calificó la resolución como “arbitraria” durante su comparecencia en el tribunal.
También afirmó que el juez no tenía otra opción: “Lo dejaron acorralado, sin salida”, declaró”.
La orden del magistrado llegó después de que un tribunal superior revocara la medida de arresto domiciliario que se le había concedido previamente.
Prisión preventiva
El periodista, que durante sus más de 40 años de carrera había recibido constantes amenazas y ataques, entró en prisión preventiva en julio de 2022, acusado de lavado de dinero por la venta de un cuadro por valor de unos US$30.000.
En junio de 2023 lo condenaron a seis años de prisión, pero un tribunal de apelaciones revocó la sentencia por errores en el proceso y está a la espera de un nuevo juicio.
El 18 de octubre del año pasado, cuando llevaba 813 días entre rejas, un juez dictó que José Rubén Zamora pasara a arresto domiciliario al considerar que no tenía sentido mantenerlo en prisión preventiva.
Un mes después el tribunal superior ordenó su regreso a la cárcel, pero los abogados de Zamora habían logrado retrasar la aplicación del fallo en los últimos meses.
Zamora aseguró haber sufrido torturas durante su estancia de más de dos años en prisión y denunció ser víctima de un montaje a cargo del Ministerio Público.
Este organismo está liderado por la fiscal Consuelo Porras y su mano derecha, el fiscal Rafael Curruchiche.
Ambos figuran en las listas de “actores corruptos” de Estados Unidos y la Unión Europea por presuntamente usar la justicia para beneficiar a aliados y perseguir a disidentes desde el anterior gobierno del presidente Alejandro Giammattei.
Bajo la mira de los fiscales
El periodista guatemalteco había destapado varias tramas corruptas vinculadas al expresidente Giammattei, entre ellas la presunta concesión de una explotación minera a una empresa rusa mediante sobornos.
La fiscalía guatemalteca sostiene que el proceso contra Zamora está completamente desvinculado de su actividad periodística, pero en la comunidad internacional se considera ampliamente una represalia y un intento de amordazarlo.
Amnistía Internacional considera las causas contra él “infundadas”, en línea con otras organizaciones internacionales.
Estas han denunciado en los últimos años una campaña represiva del anterior gobierno y los fiscales contra funcionarios, jueces y medios de comunicación independientes, con decenas de ellos en la cárcel o en el exilio.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, también considera que Zamora es víctima de una persecución política de la fiscalía.
Arévalo, que asumió el cargo en enero de 2024, mantiene un tenso enfrentamiento con el Ministerio Público, dominado aún por los citados fiscales afines a Giammattei que han tratado de destituirlo del cargo en varias ocasiones.
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