El ginecólogo Jesús Luján Irastorza admitió en una grabación de 11 minutos en YouTube que cuatro denuncias en su contra derivaron en el cierre de su clínica Pronatal. Culpó a su situación personal, y señaló a la Fiscalía capitalina por arbitrariedad.
“En marzo de este año salieron a luz pública artículos hablando de mi persona, refiriéndose a mi profesión, con el título del ‘rey del parto inducido’… Al día de hoy existen cuatro denuncias de pacientes. Derivado de una de las carpetas de investigación, el viernes 1 de diciembre del 2023, sujetos armados irrumpieron en nuestras instalaciones de forma arbitraria, buscando expedientes específicos sin una orden judicial apegada a la ley”, asegura en el video.
Además, dijo que las intenciones de los “autores intelectuales” del “allanamiento” –que en realidad fue un cateo hecho por la Fiscalía capitalina– y sus abogados era entrar a la clínica a arrestarlo, levantar una alerta amber por la desaparición de una de sus hijas y mientras él estuviera arrestado, evitar que él actuara e irrumpir con el pretexto de la búsqueda de su hija, llevársela y revocar los término de la custodia.
En el resto del video, el médico habla de su vida personal y de resguardar las muestras alojadas en la clínica y la necesidad de regular la reproducción asistida, mientras que le dedica un par de minutos a las acusaciones en su contra.
Porsu parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que su personal hizo una diligencia de cateo al interior de la clínica privada en seguimiento a una carpeta de investigación iniciada por el delito de responsabilidad profesional.
“De acuerdo con diversas denuncias, un médico que atendió los embarazos de cuatro mujeres posiblemente practicó cesáreas que no eran requeridas y las víctimas no habrán tenido acceso a sus expedientes clínicos”, indicó en una tarjeta informativa.
A ello agregó que la representación de la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales de la Coordinación General de Investigación Estratégica solicitó ante un juez de control una orden de cateo para la clínica localizada en la colonia El Yaqui, en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
“Tras la obtención del mandamiento judicial, agentes de la PDI localizaron diversos indicios, tales como dispositivos electrónicos, documentación, medicamentos y equipo para servicio médico. El lugar quedó bajo resguardo, como parte de la integración de la carpeta de investigación correspondiente”, informó la Fiscalía.
A Jesús Luján se le ha señalado, desde marzo de este año, por el suministro de medicamentos sin consentimiento o en dosis incorrectas –que pudo ser la causa del fallecimiento de un bebé, según consta en dos sentencias emitidas por una jueza y tres magistrados–, la práctica de intervenciones quirúrgicas innecesarias, complicaciones severas en procesos de fertilidad sencillos, retención de expedientes médicos y consecuencias fatales en el parto en cuatro casos.
Desde que Animal Político investigó los testimonios de 31 pacientes de Luján Irastorza, entre diciembre y enero pasado buscó la versión del médico, tanto en su oficina como a través de su coordinadora de comunicación, para una entrevista sobre los señalamientos en su contra. El 16 de enero, su equipo dejó de responder mensajes.
Los albergues en la frontera mexicana viven una situación inédita con la ausencia de migrantes. Pero eso no quiere decir que la migración se haya detenido.
Hubo momentos, hace no mucho, en que el piso del albergue Embajadores de Dios, en la ciudad mexicana de Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, casi no se podía ver: los colchones, carpas y camas de migrantes forraban el espacio.
Hoy, en cambio, el recinto se ve inmenso, la mitad de las camas disponibles están sin tender y en una esquina hay arrejuntados un puñado de colchones azules para los días de emergencia.
Pareciera que estos no son días de emergencia en una ciudad que no conoce la calma en materia migratoria.
Pareciera que el discurso de Donald Trump —que la amenaza de una deportación masiva y el cierre de mecanismos legales para migrar para contener lo que el considera una “invasión”— ha tenido efecto: la gente está cruzando menos.
“En este momento no hay llegadas importantes a México”, dice Silvia Garduño, portavoz en México de Acnur, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados. “Pero sabemos que las causas de salida se mantienen”.
Tijuana, que comparte área metropolitana con San Diego, es la ciudad más grande de la zona, nació como producto de la delimitación fronteriza y ha sido por siglo y medio el punto neurálgico del flujo migratorio hacia la mayor potencia del mundo.
Acá hay 44 espacios dedicados a la recepción y atención de migrantes y ninguno, según activistas que los recorren a diario, tiene ahora más de la mitad de ocupación.
BBC Mundo visitó cinco de ellos y en todos —más que la fila usual para usar el baño, las tomas eléctricas abarrotadas de celulares o el sonido de los niños jugando y corriendo— lo que encontramos fue silencio, carpas vacías, comedores desolados.
Según cifras de Acnur, el 90% de la población migrante en la ciudad está hoy por fuera de los albergues.
La situación se replica en las otras ciudades fronterizas como Tijuana.
Un silencio que no implica que la migración se haya detenido, advierten los activistas: significa, más bien, que los migrantes se están quedando en el camino, o están intentando cruzar ilegalmente.
Las causas de la migración —la violencia, la pobreza o la persecución en países como Haití, Venezuela o Nicaragua— están vigentes o incluso han empeorado con el cierre de la cooperación internacional estadounidense decretado por el gobierno de Trump.
El deseo y, para la gente perseguida, la necesidad de migrar hacia Estados Unidos es imposible de detener, señalan los expertos.
“La esperanza de migrar puede con todo”, dice Judith Cabrera, directora de Border Line Crisis Center, un albergue en Tijuana.
Cabrera se reúne con BBC Mundo una mañana fría y nublada en la que unas horas antes se había visto con un grupo de migrantes colombianas que fueron estafadas dos veces a cuenta de su obsesión por cruzar.
Los presuntos coyotes, relata la activista, primero les dijeron que las iban a cruzar por US$800 a través de un túnel; es decir, por una décima parte de lo que suele costar y a través de un túnel que, desde hace cuatro décadas, no existe.
“Las montaron en un carro, las pasearon por toda la ciudad y al final las dejaron donde las habían recogido”, señala Cabrera.
Luego, lo mismo: unos traficantes les prometieron el cruce por US$2.300. “Y claro, al ser más lana (dinero), ellas pensaron que era más certero, pero qué va, otra vez las estafaron”.
Cabrera se lamenta: “No hay nada que yo les diga que pueda evitarlo, y eso te muestra que el sueño americano no está roto (…) La gente quiere seguir insistiendo en cruzar y no se da cuenta de los peligros que implica porque prefieren mantener el sueño vivo”.
Y concluye: “Trump está desalentando la migración y eso es caldo gordo para los traficantes (favorece)”.
Los migrantes que no están intentando cruzar ilegalmente pueden estar esperando en el lugar donde están a ver cuándo surge una nueva oportunidad.
Trump cerró los sistemas de atención migratoria, como el CBP One, que permitía pedir una cita para pedir asilo antes de entrar en EE.UU. La apuesta de muchos —270.000 se quedaron varados por las cancelaciones— es que lo vuelva a abrir o cree algún mecanismo similar, lo que parece improbable.
“La decisión de quedarse donde están nunca es definitiva”, dice María de Lourdes Madrano, directora de Centro 32, una organización que apoya a los migrantes en los albergues.
“Siempre creen que al día siguiente pueden abrir y solucionarse la situación, y creen que alejarse de la frontera reduce la posibilidad… Porque, después de tanto lo que costó llegar acá, se piensa que irse es como renunciar al sueño”.
“Los albergues están vacíos, pero los colegios están llenos de extranjeros”, asegura, en referencia a los niños cuyos padres migrantes han decidido asentarse en Tijuana, así sea transitoriamente.
Wilker Hernández tiene 23 años; es oriundo del estado Mérida, en Venezuela, y lleva un año intentando cruzar a Estados Unidos, donde está una parte de su familia, mientras la otra sigue en su país. Tenía la cita para presentar documentos el 21 de enero, al día siguiente de la toma de posesión de Trump. Se la cancelaron.
Y desde entonces ha ido adaptándose a la idea de que su destino bien puede ser este: Tijuana, una ciudad que tiene la migración en su ADN, de la que se dice que “hay oportunidades para todos”, que reporta la tasa de desempleo más baja de México.
“Estamos como en un limbo de que no sabemos qué va a suceder”, dice Hernández, quien ha conseguido un trabajo como obrero en un albergue, Embajadores de Dios, donde están construyendo viviendas formales fuera de la zona de carpas.
El barrio que le rodea, conocido como el Cañón del Alacrán, ha vivido en los últimos dos años un boom de construcción de asentamientos relativamente formales de grupos migrantes que han decidido prolongar su estancia en Tijuana.
“Aún estoy indeciso, si intentar cruzar o devolverme”, añade. “Por ahora estoy trabajando porque qué más (…) Trump cerró la frontera, está sacando a todos los latinos, es un poco complicado, estamos acá y no sabemos qué hacer”.
El discurso de Trump ha calado entre los migrantes. Eso los puede poner en mayor riesgo ante las mafias y los coyotes, pero en todo caso reduce su esperanza de una mejor vida, una vida posible, en Estados Unidos.
El mandatario prometió una “deportación masiva” de personas indocumentadas que, aunque lejos de ser masiva, sí tiene un impacto disuasorio.
Cabrera, la activista tijuanense, lo pone así: “Más que una deportación masiva, lo que estamos viendo es una deportación mediática, y eso claro que tienen sus efectos, sobre el camino y la salud mental del migrante”.
En los albergues casi no hay migrantes, pero la situación del migrante es ahora más difícil.
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