María cuenta conteniendo las lágrimas que su marido, un policía poblano de 41 años, fue víctima de una cadena de negligencias médicas que se prolongó por más de un año, producto de una ‘bacteria de quirófano’, y que concluyó la tarde del pasado 4 de marzo, cuando falleció luego de pasar horas sentado en una silla, semiinconsciente, agonizando, y sin que nadie del hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Puebla (ISSSTEP) lo atendiera hasta que ya fue demasiado tarde.
“Fue una negligencia total. Mataron a mi esposo y destruyeron a una familia dejando huérfanos a dos niños de tres años y a una esposa desamparada”, denuncia María, que pide que su nombre real y el de su esposo queden bajo resguardo para no entorpecer el proceso legal del caso.
Acompañada en la terraza de un hotel de la capital poblana por dos abogados del despacho Define Justicia Médica, que asesoran su caso, María toma una bocanada de aire para comenzar a narrar que todo empezó hace un año, cuando su marido Pedro sufrió una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.
Tras ir a consulta, en la que le dijeron que debía someterse a una intervención quirúrgica debido a la gravedad de la lesión, el ortopedista del ISSSTEP, José Alejandro R., operó el 12 de febrero del año pasado a Pedro, a quien le colocó unos tornillos en la articulación y lo mandó días después de vuelta a casa, sin que ese doctor, ni ningún otro, le comentara a María que su esposo padeciera de alguna otra condición médica relevante, como la diabetes. Un dato, apunta la mujer, que más adelante cobrará importancia en el relato.
A los pocos días de estar dado de alta y en casa, el policía estatal comenzó a sufrir mucho dolor en la rodilla y a tener fiebre. La herida no cerraba bien y comenzó a supurar líquido. Pedro iba a las consultas de revisión con el ortopedista del ISSSTEP, quien, ante la complicación de la rodilla, según cuenta María, ahí mismo en su consultorio le extraía el líquido con una jeringa, “sin medidas sanitarias adicionales, ni aviso previo”.
En otra ocasión, la mujer narra que Pedro ya no aguantaba más el dolor en la rodilla, que estaba inflamada, y acudió a urgencias del hospital público. Pero ahí le dijeron que no podían atenderlo y que regresara a su cita programada.
“Mi esposo estuvo soportando días el dolor”, lamenta María, hasta que finalmente acudió a su cita y el doctor le dijo que tendría que operarlo de nuevo, porque quizá los tornillos “no eran compatibles con su cuerpo” o porque quizá “debían recortarlos” para que no rozaran el ligamento.
El 28 de octubre del año pasado, Pedro pasó de nuevo por el quirófano del doctor José Alejandro. Pero, a la salida del hospital, lo mismo: a los pocos días, el policía poblano volvía a tener la rodilla inflamada, con líquido, y con mucho dolor.
“Entonces, la solución que le dieron en el hospital fue que en casa él se apretara la herida para que saliera el líquido, y que se pusiera una pomada para cicatrización profunda que no tenían en el hospital y que tuvimos que comprar por fuera”, expone María.
Pero el dolor continuaba. Tanto, que un día de diciembre pasado Pedro comenzó a gritar espantado por una hemorragia en la rodilla. De inmediato, él y su esposa fueron a urgencias del hospital del ISSSTEP. Ahí, cuenta María, fue cuando su marido conoció en el área de espera de consulta a otro grupo de pacientes.
Tras platicar sus respectivos casos, los afectados ataron cabos, pues todos tenían historias muy similares: todos tenían dolencias en articulaciones, principalmente en rodillas y codos, todos habían sido operados en el mismo hospital y por el mismo doctor, y todos tenían el problema de que tras las operaciones las heridas llevaban meses sin cerrar bien, generándoles mucho dolor y hemorragias. Algunos de estos pacientes, incluso, temían que pudieran llegar a perder las extremidades lesionadas.
Tras meses de mucho dolor, inflamaciones y hemorragias, ocho afectados se organizaron y fueron a quejarse ante la dirección del hospital público, y llamaron a los medios de comunicación para exponer sus historias. Eso fue el 20 de diciembre de 2024.
“El ISSSTEP ofreció revisar los casos y resulta que salieron positivos a una bacteria de quirófano por el material quirúrgico que utilizaron en las operaciones, la cual ya llevaba alojada en ellos tiempo atrás y no había sido detectada, o al menos no les mencionaron nunca que la tuvieran”, explica María.
Animal Político buscó al ISSSTEP para pedirle una postura sobre este tema. Por medio de un escrito, la dependencia señaló que, en efecto, el especialista en Traumatología y Ortopedia del hospital solicitó el pasado 24 de septiembre del año pasado por medio de un reporte que se revisara “el proceso de esterilización de los equipos quirúrgicos utilizados” por “eventos adversos” en las cirugías de artroscopía realizadas a varios pacientes entre agosto de 2023 y marzo de 2024.
Asimismo, el ISSSTEP señaló en el escrito que se inició una investigación “del proceso de esterilización”, aunque no especificó en el texto cuál o cuáles fueron los resultados de esa investigación, ni las medidas que se tomaron.
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A partir de las quejas de los pacientes, entre los que se encontraba Pedro, la Dirección del hospital señaló en el escrito enviado a este medio que giró órdenes para asignar a un médico ortopedista a cada uno de los ocho afectados, y a todos se les realizó una nueva cirugía.
Tras esa operación, a Pedro lo volvieron a internar por 13 días en los que le suministraron antibióticos para la bacteria, y comenzó a mejorar de la herida en la rodilla. Pero el tratamiento no estaba completo. La esposa del policía cuenta que “una infectóloga externa al ISSSTEP, y contratada de forma subrogada por ese hospital público” le recetó un tratamiento posterior a base de Levofloxacino por un periodo que, asegura, se fue extendiendo hasta por más de 40 días; tratamiento con el que, según María, no estuvo de acuerdo el doctor del hospital encargado de atender a Pedro.
“El doctor Moreno nos hizo mención de que él no compartía que el suministro fuera por un tiempo tan largo, porque consideraba que podía dañar órganos internos, como riñones o el hígado, y que no se hacía responsable”, señala María.
Por su parte, el ISSSTEP confirmó en el escrito a este medio que se contrató “de forma subrogada la atención médica de una especialista en infectología clínica, quien proporcionó su opinión médica e indicó tratamiento antibiótico”, aunque no hizo mención sobre la duración del tratamiento.
Pedro, ante la desesperación por casi un año de no recuperarse, comenzó a tomar el antibiótico. Pronto empezó a experimentar fuertes dolores de estómago, al punto de ya no querer comer, y a tener vómitos. Pero la herida de la rodilla mejoraba rápidamente y el policía decidió continuar con el medicamento.
Pero el pasado 3 de marzo de este año, el hombre de 41 años salió de su casa para asistir a su consulta periódica de revisión, y ya no regresó a su casa.
Apretando los puños por la rabia, María cuenta que en este punto comenzó la segunda parte de la pesadilla médica. Su esposo se despidió de ella ese día con normalidad para dirigirse al hospital del ISSSTEP, en el fraccionamiento Rincón Dorado, en Puebla. Tenía la cita programada para las 16:30 horas.
En la tarde, Pedro se comunicó con María para comentarle que ya había pasado a la consulta y que se dirigía de vuelta a casa. Pero a lo largo de cuatro horas agónicas, el policía dejó de comunicarse y de responder a los mensajes de su esposa, hasta que a las 21:59 de la noche –María dice que recuerda muy bien el detalle–, Pedro la llamó y le dijo que se encontraba desorientado en su coche, muy cerca del área de Urgencias del Hospital, sobre la avenida Emiliano Zapata.
“Le dije que se fuera de regreso a Urgencias, pero a los minutos me volvió a marcar diciéndome que los vigilantes no le dieron acceso porque, según, no había espacio en el estacionamiento, y porque lo vieron en estado inconveniente, creyendo que iba alcoholizado”, plantea María, que cuenta que, poco después, su esposo le volvió a marcar diciéndole que ya no podía manejar y que “estaba vomitando negro”.
Con trabajo, Pedro le atinó para compartir su ubicación con su esposa, que se trasladó al lugar con su hermano, para auxiliarlo. Cuando llegó, se encontró con la puerta del conductor abierta y con Pedro desmayado encima del volante.
A las 11 de la noche, María accedió con su esposo a Urgencias. En el área de espera, primero sentaron a Pedro en una silla de ruedas, para luego quitársela y dejarlo en una silla, a pesar de su estado crítico. La mujer dice que pasó más de una hora sentado ahí, hasta que alguien se acercó a tomarle los signos vitales.
“Esto, a pesar de que en su expediente luego me di cuenta de que estaba la indicación de que podía acudir a Urgencias en el momento que se requiriera por una diabetes diagnosticada anteriormente, de la cual yo desconocía, pues sus médicos nunca me hicieron mención de ello, ni en sus muchas hospitalizaciones, ni en las consultas de rutina”, cuenta María.
Pasó otra hora, y Pedro perdía el conocimiento por momentos sobre la silla. Así, hasta que finalmente pasaron al consultorio número 1, donde, según el testimonio de María, la doctora en el turno de Urgencias dijo que no lo podía atender ante la gravedad del asunto y dio aviso a la Subdirección del hospital. Entonces, tras esperar más tiempo, bajó un miembro de esa área, que detectó que Pedro tenía los niveles de azúcar muy altos en la sangre y le suministró insulina.
“Para ese entonces, mi marido ya solo balbuceaba ‘ayuda, por favor, ayuda’”, cuenta María aguantando las lágrimas, a la par que recuerda que en ese momento comenzó a gritar desesperada para que ayudaran a su esposo.
“Pero mientras yo pedía ayuda, los médicos lo amarraron en la camilla porque decían que estaba muy inquieto, y comenzaron a acusarme sin ningún fundamento de haberle suministrado alguna sustancia que lo llevó a ponerse grave”.
Mientras tenía lugar la discusión, Pedro comenzó a convulsionar.
Poco después, entró en paro cardíaco.
A la mañana siguiente, a las 13.10 de la tarde del 4 de marzo, Pedro finalmente no resistió más, y aunque en la noche previa había aguantado el paro cardiaco, falleció.
María asegura que, tras la muerte, el forense del hospital le dijo de viva voz a ella y a familiares de Pedro que éste presentaba daños en el hígado, riñones y el corazón, aunque aún no cuentan con el informe forense como tal, donde podrán consultar a detalle las causas del fallecimiento. No obstante, a falta de ese informe, María apunta que su esposo no presentaba dolencias en esos órganos, por lo que sospecha que esos daños pudieron haber sido ocasionados por el medicamento recetado por la infectóloga para combatir a la bacteria que contrajo en el quirófano del ISSSTEP, y que se tomó por mucho más de 15 días.
Sobre esto, el ISSSTEP solo refirió en su escrito que Pedro falleció a causa de “una acidosis orgánica con perfil toxicológico positivo”. Es decir, que murió por una sustancia tóxica, aunque el instituto de salud no especificó sí se debió al consumo de alguna droga (ni cuál), medicamento, o producto de alguna afección como pancreatitis, que de acuerdo con especialistas médicos consultados también puede generar una intoxicación en la sangre que lleve a la muerte.
María, por su parte, rechaza que su esposo consumiera drogas. “El punto central es que mi esposo murió por una cadena de negligencias médicas, que empezó con una bacteria, siguió con un medicamento que le hizo mucho daño, y terminó ese último día estando horas sin ser atendido en Urgencias hasta que falleció”, dice.
Por todo lo anterior, la mujer tomó la decisión de interponer una denuncia ante el Ministerio Público por el homicidio culposo de su marido.
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Carlos Espinosa Reyna es abogado del despacho Define Justicia Médica, que colabora con diversas asociaciones civiles para apoyar a víctimas por temas de negligencia médica y Responsabilidad Patrimonial del Estado, mismo que está asesorando a María en la denuncia por homicidio culposo.
En entrevista, Espinosa recalca que, una vez analizado el caso y a reserva de que el estudio dé mayores elementos, parece un caso de “daños por malpraxis médica; así como de múltiples negligencias administrativas y médicas por mal manejo del instrumental quirúrgico que, al parecer, no estaba bien esterilizado y que desencadenó en infecciones en las cirugías de varios pacientes”.
Hasta el momento, el abogado señala que tienen conocimiento de, al menos, 17 casos en total que fueron atendidos por el mismo doctor ortopedista del ISSSTEP –“todos llegaron con dolencias en articulaciones, principalmente, en rodillas, codos y tobillos”– y que resultaron contagiados por diferentes tipos de bacterias, provocándoles diversas complicaciones. Aunque, hasta ahora, el caso más grave ha sido el de Pedro, ya fallecido, que además presenta la particularidad de otra posible negligencia al recibir un tratamiento muy agresivo por más días de los establecidos en la normativa médica.
“Está indicado que sean 15 días para que el tratamiento sea efectivo. Luego, se suspende, se deja descansar el organismo, y luego se puede retomar. Pero en este caso (de Pedro), nos comentan que se lo llegó a tomar por más de 40 días, pudiendo haber llegado, incluso, hasta los 90”, plantea el abogado, que denuncia que “las autoridades no han prestado la atención suficiente a este caso”.
“No es un tema ni una tragedia menor. Ya hubo una defunción por estas negligencias, y hay pacientes en riesgo de perder una extremidad”, recordó Espinosa, especialista en derecho de daños, responsabilidad civil, derecho sanitario y Director de Define Justicia Médica.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, congeló más de US$2 mil millones en fondos federales para Harvard y amenaza con quitarle exenciones fiscales. ¿Podrá la universidad resistir la presión gracias a su inmenso patrimonio?
Harvard no solo es la universidad más prestigiosa de Estados Unidos, sino también la más rica de ese país y del mundo.
La institución acumula un endowment (fondo patrimonial propio que invierte para financiar sus actividades) de US$53.000 millones, más que el producto interno bruto de 120 países, entre ellos Islandia, Bolivia, Honduras o Paraguay.
Donaciones millonarias, inversiones exitosas y una estricta gestión han hecho de Harvard una entidad con recursos suficientes, en teoría, para resistir presiones políticas y económicas que harían tambalear a otras universidades.
Esa capacidad se puso a prueba esta semana cuando el presidente Donald Trump anunció la congelación de US$2.200 millones en fondos federales destinados a Harvard por no aceptar una serie de exigencias sobre cómo debe operar, contratar y enseñar.
Este ataque, unido a amenazas de retirarle las exenciones fiscales y vetar la admisión de estudiantes extranjeros, se interpreta como parte de una ofensiva más amplia contra instituciones educativas de élite señaladas por Trump como bastiones de ideas progresistas y de izquierdas.
En todo caso, mientras otras han cedido a las amenazas del presidente, Harvard le ha mantenido el pulso.
La Universidad de Harvard se halla en el centro de una batalla política sin precedentes con el presidente Donald Trump, quien recientemente ordenó la congelación de US$2.200 millones en subvenciones y US$60 millones en contratos destinados a la institución.
El mandatario anunció la medida después de que Harvard se negara a acatar una serie de exigencias del gobierno que, bajo el argumento de combatir el antisemitismo, incluían cambios en políticas de contratación, admisión y contenidos académicos.
El presidente de Harvard, Alan Garber, rechazó públicamente estas condiciones y defendió la autonomía intelectual de la universidad: “Ningún gobierno, sin importar el partido que esté en el poder, debe dictar lo que pueden enseñar las universidades privadas”, escribió en un mensaje a la comunidad universitaria.
Como respuesta, Trump intensificó sus ataques al afirmar que la institución con sede en Boston “enseña odio y estupidez” y “ya no merece recibir fondos federales”.
También amenazó con retirar su estatus de exención fiscal, un privilegio de las universidades que ahorró a Harvard unos US$158 millones en impuestos sobre propiedades en 2023, según estimaciones de Bloomberg.
“Eso sería aún más grave. Las instituciones de educación superior no pagan impuestos sobre la renta, ni sobre propiedades, y además los donantes reciben deducciones fiscales, lo que incentiva las donaciones. Perder esa exención sería una señal de advertencia para todo el sistema universitario y tendría un efecto paralizador”, explica a BBC Mundo Steven Bloom, vicepresidente adjunto de relaciones gubernamentales del Consejo Estadounidense sobre la Educación, que aglutina a 1.700 universidades.
Las tensiones escalaron aún más cuando el Departamento de Seguridad Nacional, liderado por Kristi Noem, amenazó este jueves a Harvard con retirarle el permiso para matricular estudiantes extranjeros -actualmente más del 27% del alumnado- si no presenta un informe sobre las supuestas “actividades ilegales y violentas” de algunos de ellos.
Expertos señalan que este conflicto no es un hecho aislado.
Trump ha intensificado recientemente sus ataques a las instituciones de educación superior, a las que acusa de promover una agenda progresista, y ha amenazado en varias ocasiones con recortar la financiación pública a aquellas que, en su opinión, censuran voces de derecha o permiten protestas contra Israel.
Desde que en 2023 comenzaran las protestas pro palestinas en campus de todo el país por la guerra en Gaza, estudiantes judíos denunciaron sentirse inseguros, mientras otros se mostraron neutrales o se unieron a las manifestaciones.
Harvard respondió con concesiones, como suspender programas acusados de sesgo antiisraelí y resolver dos demandas por antisemitismo -sin admitir culpabilidad-, pero en todo momento rechazó la injerencia del gobierno de Trump sobre su gestión interna.
Con un fondo patrimonial de US$53.000 millones, Harvard es la universidad más rica del mundo, muy por encima de otras de la llamada Ivy League como Yale, Columbia o Princeton.
Este capital conocido como endowment, que constituye el corazón financiero de la institución, se ha construido durante siglos a través de donaciones privadas e inversiones.
“No ocurrió de la noche a la mañana, es un proceso largo. Harvard existe desde hace casi 350 años. Han demostrado una gran capacidad para atraer apoyo. Exalumnos, donantes y muchas otras personas han estado muy comprometidas con la institución”, explica Steven Bloom.
El endowment de Harvard funciona, en esencia, como un fondo mutuo compuesto por numerosos subfondos, cada uno de ellos sujeto a condiciones específicas impuestas por los donantes.
Este fondo se invierte y genera rendimientos: en 2024 fue del 9,6% y el año anterior del 2,9%.
Y, si bien se trata de una cantidad astronómica, más del 80% está legalmente restringido a usos concretos como becas, cátedras, investigaciones médicas, programas académicos o ayuda financiera.
“Mucha gente malinterpreta lo que es un endowment. Piensan que es como una cuenta corriente, pero en realidad no puedes sacar una tarjeta de débito e ir a retirar dinero para cualquier propósito”, indica el representante del Consejo Estadounidense sobre la Educación.
Bloom puntualiza que la universidad “puede recibir demandas judiciales si no gasta el dinero según las instrucciones del donante”.
Además, una parte considerable de su presupuesto (cerca del 16%) depende de los fondos federales, destinados principalmente a investigación científica.
Entonces, ¿cómo afectará a Harvard el recorte de US$2.200 millones en fondos federales?
Al no poder usar libremente su patrimonio, la universidad tendría poco margen de maniobra ante una emergencia presupuestaria, según Bloom.
Además, existen restricciones legales sobre cuánto se puede retirar del endowment cada año: “En educación superior, lo común es no gastar más del 5% anual y algunos estados incluso lo restringen aún más. Si solo puedes usar el 5% necesitarías US$40.000 millones en fondos no restringidos para cubrir US$2.000 millones de gastos”, explica.
En todo caso, Harvard ha desarrollado en las últimas décadas un sistema financiero sólido que, a priori, le permitiría afrontar situaciones difíciles sin demasiadas complicaciones.
La institución goza de un superávit de US$45 millones, calificación crediticia AAA, US$61.000 millones en activos líquidos e inversiones, y acceso a una línea de crédito rotativa de US$1.500 millones, según los últimos informes financieros.
Así, expertos señalan que Harvard puede recurrir fácilmente a financiación a corto plazo o emitir bonos, lo que le permitiría preservar su liquidez sin recurrir directamente al endowment.
Aun así, si las presiones del gobierno persisten, podría abrirse una etapa de incertidumbre.
“Durante la pandemia, Harvard y otras universidades bien financiadas pudieron aumentar temporalmente el gasto de sus fondos, pero eso no es sostenible a largo plazo”, expone Bloom.
Y si a eso se sumara una eventual pérdida de la exención fiscal, advierte, el panorama se complicaría aún más.
Harvard también es una de las universidades más caras del mundo: la matrícula y tasas superan los US$79.000 anuales, una cifra muy por encima de la media en Estados Unidos.
Si recibe altos ingresos de las matrículas, así como donaciones de entidades y particulares, ¿por qué también necesita fondos públicos financiados por los contribuyentes?
Primero, no todos sus alumnos lo pagan: la mayoría de las familias con ingresos bajos o medios accede a una educación gratuita o subvencionada.
Los estudiantes de familias que ganan menos de US$85.000 al año no pagan y aquellos cuyos ingresos están entre US$85.000 y US$150.000 aportan como máximo el 10% de sus ingresos anuales.
Harvard destinó en 2023 más de US$850 millones a ayudas financieras, cubiertas en gran parte con los ingresos generados por su fondo patrimonial.
Por otro lado, expertos señalan que la aportación del gobierno federal es crucial para la institución, especialmente en el ámbito de la investigación científica y médica.
“Los fondos federales no van a cubrir el costo de la matrícula, sino a sostener su enorme actividad científica y de investigación, al igual que muchas grandes universidades”, señala Bloom.
El experto destaca que gran parte de esos recursos ni siquiera van directamente a Harvard, sino a hospitales afiliados como el Massachusetts General Hospital, que son legalmente independientes y lideran investigaciones sobre enfermedades como el cáncer, el sida o los trasplantes de órganos.
Argumenta que la relación entre el Estado y las universidades no se basa en una simple lógica de subsidio, sino en una colaboración público-privada que desde hace décadas ha permitido avances científicos fundamentales para la sociedad.
Así, sentencia, eliminar ese apoyo de forma permanente supondría no solo un golpe para Harvard, sino también para los programas de investigación nacionales que dependen de esa infraestructura académica.
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