IMSS Bienestar: amplía infraestructura, pero falla en distribución de medicamentos estratégicos
Mientras el Gobierno de México presume la inauguración de nuevos hospitales y la conclusión de otros que estaban en abandono, la centralización de los servicios de salud estatales mediante el nuevo modelo IMSS Bienestar implica, al mismo tiempo, una pérdida de eficiencia en la distribución de insumos y medicamentos estratégicos.
Además, los recursos per cápita que se invierten en la población sin seguridad social –a la que responde el órgano público descentralizado– siguen siendo mucho menores (3 mil 858 pesos) que aquellos destinados a las personas con seguridad social, que son 5 mil 127 pesos, según alerta el Coneval en su análisis cualitativo “Estudio sobre el derecho a la salud 2023”.
En el documento, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) advierte que la consolidación de compras de medicamentos, mediante la centralización de adquisiciones, ha significado una pérdida de eficiencia en la distribución de insumos que garanticen el derecho a la salud de las personas sin seguridad social.
“Esto significa que las instituciones que pertenecen al subsistema de salud de seguridad social erogan mayores recursos públicos en recursos humanos, infraestructura, insumos, etcétera, lo cual impacta directamente en la calidad y eficacia en la atención de la población con seguridad social, más que en la población que no cuenta con ella”, señala Coneval.
Animal Político publicó que es en esos servicios de salud estatales, hoy en transición a IMSS Bienestar, donde prevalecen carencias intermitentes en hospitales, desde los insumos más básicos hasta aparatos de diagnóstico. En su análisis cualitativo, Coneval destaca que para solucionarlo, es necesario reforzar los mecanismos de coordinación entre federación y estados.
Pese a las constantes quejas por inexistencias de insumos y medicamentos, en su quinto informe el Gobierno de México 2022-2023 destaca la inauguración de seis nuevos hospitales en Hermosillo, Sonora; Fresnillo, Zacatecas; Metztitlán, Hidalgo; Chetumal, Quintana Roo; Cuajimalpa, Ciudad de México y Juchitán, Oaxaca, además de la sustitución de uno en Coatzacoalcos, Veracruz y otro en Tlaxcala, a partir de la implementación del IMSS Bienestar, y que supuestamente mejorarán la calidad de la atención a las personas sin seguridad social.
Estos proyectos de equipamiento, describe el documento que engloba las acciones realizadas entre septiembre de 2022 y junio de 2023, fueron impulsados por el IMSS Bienestar para la transferencia de los servicios de salud, y suman 11 con una inversión de 6 mil 573 millones de pesos en 14 entidades federativas.
Tras la reforma a la Ley General de Salud que en 2019 desapareció el Seguro Popular y creó el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), a inicios de 2022 se anunció un proceso de federalización de los servicios estatales de salud para ser absorbidos por el organismo público descentralizado IMSS Bienestar, que hasta el 18 de julio sumó la transferencia de 253 hospitales, 21 unidades médicas de especialidades y 4 mil 146 centros de salud en 22 estados.
Según la administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, de diciembre de 2018 a junio de 2023, el entonces Insabi identificó obras sin concluir –con más de 10 años de abandono– y les asignó 13 mil 850 millones de pesos. Con ellos, se habrían recuperado 61 hospitales en 30 estados, y 129 centros de salud en 18 entidades.
Disminución de insumos especializados y medicamentos oncológicos
El Coneval apunta, sin embargo, que el nuevo modelo genera preocupación en las entidades federativas sobre la pérdida de eficiencia ante la centralización de las funciones, dadas las circunstancias que enfrenta cada estado y la velocidad de respuesta que requieren las contingencias sanitarias.
“Estos hallazgos sobre la centralización se complementan con la pérdida de eficiencia en la distribución y entrega de medicamentos que ocurrió con la consolidación de las compras”, puntualiza el organismo.
En su análisis, detalla que si bien en algunas entidades han mejorado algunos porcentajes de disponibilidad de medicamentos y número de claves, también existe una disminución en insumos especializados y medicamentos oncológicos, lo que ha representado un costo importante para los hogares.
Ante ello, el “Estudio sobre el derecho a la salud 2023: un análisis cualitativo” concluye que persiste un reto identificado de garantizar la distribución oportuna para que las entidades federativas dispongan de los insumos médicos necesarios para brindar una atención adecuada.
Pese a ello, el Quinto Informe de Gobierno presume los “ahorros” que reportaron las compras consolidadas de medicamentos e insumos para la salud en 2022 y la estrategia de compra plurianual 2023-2024. En esta última, los ahorros fueron equivalentes a 25% del valor de compra, y deberían asegurar el abasto en las instituciones públicas de salud hasta 2024, dice el documento.
Al cierre de junio de 2023, de acuerdo con el informe, el abasto de medicamentos e insumos se mantuvo igual o mayor a 95%, aunque se refiere únicamente a 11 entidades que cuentan con el Sistema de Abasto Institucional para monitoreo del surtimiento de recetas.
A pesar de las carencias que se han reportado en hospitales como el pediátrico de Coyoacán y el general de Balbuena, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México también afirma que el abasto de medicamentos e insumos se mantiene en un 90%.
Otros ejemplos de carencias de insumos
Para su análisis cualitativo, el Coneval seleccionó una muestra de entidades que iniciaron la transición al modelo IMSS Bienestar durante 2022 y principios de 2023: Michoacán, Chiapas y Baja California Sur, además de Tlaxcala y Nayarit.
En esos casos, documentó que si bien el modelo fortalece la disponibilidad hospitalaria para mejorar el primer nivel de atención y mejora la regularización del personal de base –aunque también se han presentado ya diversas quejas al respecto– implica centralización, problemas para el traspaso de infraestructura y se enfrenta a la heterogeneidad de las características socioeconómicas y demográficas de las regiones.
Además, algunas de las entidades todavía tienen incertidumbre acerca de cómo se implementará y operará el modelo, y cómo se adaptará a zonas urbanas, sumado a que la infraestructura es limitada para una atención generalizada.
Por ejemplo, de acuerdo con especialistas en salud, una diferencia importante respecto al desaparecido Seguro Popular es que al ser los servicios estatales preexistentes aquellos transferidos a IMSS Bienestar, la gente sin seguridad social no cuenta con acceso al tercer nivel de salud, ya que la infraestructura con la que estos contaban solo alcanza el segundo.
En tanto, en Querétaro, por ejemplo, el Coneval identificó que el mayor reto del primer nivel de atención está asociado a garantizar, precisamente, el abasto de insumos, pues en algunas unidades de salud no cuentan con insulina, medicamentos antihipertensivos o métodos anticonceptivos –insumos que se habían programado desde el todavía existente Insabi–.
“De igual manera, un punto que fue señalado como crítico es que, a pesar de que sí reciben los medicamentos, en ocasiones estos vienen con meses de retraso o reciben más de lo requerido, por lo que el tema de la capacidad es preocupante”, concluye el Coneval.
Entre inconformidades por nuevas contrataciones, dudas respecto a la operación del modelo e incertidumbre sobre si contribuirá a resolver las carencias de insumos y medicamentos, la transición de los servicios estatales continúa y permitirá que para 2024, el IMSS Bienestar absorba 106 mil 997 millones de pesos adicionales a los que tuvo en 2023, un crecimiento del 494% en términos reales.
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La desnutrición aguda, que ha causado estragos en Afganistán durante décadas, ha alcanzado un nivel sin precedentes.
“Esto es como el fin del mundo para mí. Siento tanto dolor. ¿Te imaginas por lo que he pasado viendo a mis hijos morir?”, dice Amina.
Ha perdido seis hijos. Ninguno de ellos vivió más allá de los tres años y ahora otra está luchando por sobrevivir.
Bibi Hajira tiene siete meses pero es del tamaño de una recién nacida. Sufre de una severa desnutrición aguda, y ocupa la mitad de una cama en el pabellón del hospital regional en Jalalabad, en la provincia oriental de Nangarhar, Afganistán.
“Mis hijos están muriendo de pobreza. Todo lo que les puedo dar de comer es pan seco y agua que caliento poniéndola al sol”, cuenta Amina, casi gritando de angustia.
Lo que es más devastador es que su historia no es para nada la única, y que muchas más vidas podrían salvarse con un tratamiento oportuno.
Bibi Hajira es una de 3,2 millones de menores que sufren de desnutrición aguda, que está causando estragos en el país. Es una condición que ha asolado Afganistán durante décadas, instigada por 40 años de guerra, pobreza extrema y una multitud de factores en estos años que el Talibán tomó control.
Pero la situación ha llegado a un abismo sin precedentes.
Demasiado débiles para moverse
Es difícil imaginar lo que 3,2 millones significan, así que las historias de apenas un pequeño cuarto de hospital pueden servir para entender este desastre en desarrollo.
Hay 18 menores en siete camas. No es un aumento temporal, es como es todos los días. No hay llantos ni balbuceos, el silencio enervante en el cuarto solo se rompe con el agudo pitido del monitor de pulso cardíaco.
La mayoría de los niños no están sedados ni tienen máscaras de oxígeno. Están despiertos pero demasiado débiles para moverse o emitir un sonido.
Sana, de tres años, que viste una túnica púrpura y se cubre la cara con su pequeñísimo brazo, comparte la cama con Bibi Hajira. Su madre murió dando a luz a su hermanita hace unos meses, así que su tía Laila cuida de ella. Laila me toca el brazo y levanta siete dedos; uno por cada hijo que ha perdido.
En la cama vecina está Ilham, de tres años, diminuto para su edad, con la piel descascarándose de sus brazos, piernas y cara. Hace tres años, su hermana murió a la edad de dos.
Es demasiado penoso el solo echarle una mirada a Asma, que tiene un año. Tiene unos hermosos ojos castaños y largas pestañas, pero están abiertos de par en par, casi sin parpadear, respirando con dificultad en una máscara de oxígeno que cubre casi toda su pequeña cara.
El doctor Sikandar Ghani, que la observa, sacude la cabeza. “No creo que vaya a sobrevivir”, vaticina. El cuerpito de Asma ha entrado en shock séptico.
A pesar de las circunstancias, hasta ese momento, había estoicismo en el cuarto; las enfermeras y las madres haciendo su trabajo, alimentando a los niños, consolándolos. Todo se detiene, una mirada descompuesta se fija en muchas caras.
Nasiba, la madre de Asma, está llorando. Levanta su velo y se agacha para besar a su hija.
“Siento como si la carne se me estuviera derritiendo. No puedo soportar verla sufrir así”, gime. Nasiba ya ha perdido tres hijos. “Mi esposo es un jornalero. Cuando le dan trabajo, comemos”.
El doctor Ghani nos cuenta que Asma podría sufrir un ataque cardíaco en cualquier momento. Salimos del cuarto. Menos de una hora más tarde, ha muerto.
Caída de la financiación internacional
700 niños han muerto en los últimos seis meses en este hospital, más de tres por día, nos informó el departamento de Salud Pública del Talibán en Nangarhar. Una cifra abrumadora, pero habría muchas más muertes si esta instalación no se mantuviera funcionando con el financiamiento del Banco Mundial y UNICEF.
Hasta agosto de 2021, los fondos internacionales que se entregaban directamente al gobierno anterior financiaban casi todo el cuidado de salud pública en Afganistán.
Cuando el Talibán retomó el control, el dinero dejó de entrar debido a las sanciones internacionales que les impusieron. Eso desató el colapso del sistema sanitario. Las agencias de socorro actuaron para proveer lo que se suponía que era una respuesta temporal de emergencia.
Siempre ha sido una solución insostenible y, ahora, en un mundo distraído por tantas otras cosas, los fondos para Afganistán se han encogido. De la misma manera, las políticas del gobierno del Talibán, específicamente sus restricciones contra las mujeres, significan que los donantes están renuentes de dar financiación.
“Heredamos un problema de pobreza y desnutrición, que se ha vuelto peor por los desastres naturales como las inundaciones y el cambio climático. La comunidad internacional debería incrementar la ayuda humanitaria, no deberían vincularla a los asuntos políticos e internos”, nos comentó Hamdullah Fitrat, el vocero encargado del gobierno talibán.
En los últimos tres años hemos ido a más de una decena de centros de salud en el país y hemos visto un rápido deterioro de la situación. Durante cada una de nuestras recientes visitas a hospitales, hemos visto niños muriendo.
Pero también hemos visto evidencia de que el tratamiento adecuado puede salvarlos. Bibi Hajira, que estaba en un estado frágil cuando llegó al hospital, se encuentra mucho mejor ahora y ha sido dada de alta, nos confirmó el doctor Ghani por teléfono.
“Si tuviéramos más medicamentos, instalaciones y personal, podríamos salvar a más niños. Nuestro personal está fuertemente comprometido. Trabajamos incansablemente y estamos listos a dar más”, aseguró.
“Yo también tengo hijos. Cuando un niño muere, también sufrimos. Entiendo lo que debe estar pasando en los corazones de los padres”.
Un niño tras otro
La desnutrición no es la única causa del auge en la mortalidad. Otras enfermedades prevenibles y curables también están matando a los niños.
En la unidad de cuidados intensivos, al lado del pabellón de desnutrición, Umrah, de seis meses, está luchando contra una pulmonía severa. Llora intensamente a medida que una enfermera le inyecta un suero intravenoso en el cuerpo. Nasreen, la madre de Umrah, está sentada a su lado, con lágrimas rodándole por la cara.
“Cómo quisiera morir en lugar de ella. Tengo tanto miedo”, dice. Dos días después de que visitamos el hospital, Umrah murió.
Estas son las historias de aquellos que pudieron llegar a un hospital. Innumerables otros no pueden. Sólo uno de cada cinco niños que requieren tratamiento hospitalario pueden recibirlo en el hospital de Jalalabad.
La presión sobre el centro es tan intensa que casi inmediatamente después de que Asma muriera, una pequeñita bebé de tres meses, Aaliya, fue trasladada a la mitad de la cama que Asma había dejado vacía.
Nadie en el cuarto tuvo tiempo de procesar lo que había pasado. Había otra menor seriamente enferma que había que tratar.
El hospital de Jalalabad sirve a la población de cinco provincias, que el gobierno del Talibán estima en unos cinco millones de personas. Y ahora la presión ha aumentado. La mayoría de los más de 700.000 refugiados afganos que fueron forzosamente deportados por Pakistán desde finales del año pasado permanecen en Nangarhar.
En las comunidades que rodean el hospital, encontramos evidencia de otra estadística alarmante divulgada esta año por la ONU: que 45% de los niños menores de 5 años en Afganistán tienen retraso en el crecimiento; son más pequeños de lo que deberían ser.
Mohammed, el hijo de Robina de 2 años, no puede pararse solo todavía y mide mucho menos de los que le corresponde.
“El doctor me dice que si recibe tratamiento durante los próximos tres a seis meses, estará bien. Pero ni siquiera podemos comprar comida. ¿Cómo vamos a pagar el tratamiento?”, se pregunta Robina.
Ella y su familia tuvieron que irse de Pakistán el años pasado y ahora viven en un asentamiento seco y polvoriento en el área de Sheikh Misri, a poca distancia en auto de Jalalabad por enlodados caminos.
“Temo que se vuelva discapacitado y nunca sea capaz de caminar”, indica Robina.
“En Pakistán, también tuvimos una vida difícil. Pero había trabajo. Aquí mi esposo, un jornalero, escasamente consigue empleo. Lo hubiéramos podido llevar a tratamiento si todavía siguiéramos en Pakistán”.
UNICEF afirma que el retraso en el crecimiento puede causar severos daños físicos y cognitivos irreversibles, cuyos efectos pueden durar toda la vida y hasta afectar la siguiente generación.
“Afganistán ya está enfrentando problemas económicos. Si amplias secciones de nuestra futura generación está física o mentalmente discapacitada, ¿cómo podrá ayudarles nuestra sociedad?, cuestiona el doctor Ghani.
Mohammad puede ser salvado de sufrir daños permanentes si recibe tratamiento antes de que sea demasiado tarde.
Pero los programas comunitarios de nutrición administrados por las agencias de socorro en Afganistán han sufrido los recortes más dramáticos, muchos de ellos han recibido apenas una cuarta parte de la asistencia necesaria.
En cada calle de Sheikh Misri nos encontramos con familias con niños desnutridos o con retraso de crecimiento.
Sardar Gul tiene dos hijos desnutridos: Umar de 3 años y Mujib de 8 meses, un niño pequeños con ojos brillantes que carga en su regazo.
“Hace un mes, el peso de Mujib se redujo a menos de tres kilos. Una vez que pudimos registrarlo con una agencia de socorro, empezamos a recibir paquetes de comida. Eso verdaderamente lo ha ayudado”, afirma Sardar Gul.
Mujib ahora pesa seis kilos, todavía un par de kilos por debajo del peso normal, pero significativamente mejor.
Es evidencia que la intervención oportuna puede salvar a los niños de la muerte y la discapacidad.
*Con información adicional de Imogen Anderson y Sanjay Ganguly
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