IMSS Bienestar debe informar tiempo de espera para una cita médica y cuántas recetas dejó sin surtir en 2024, ordena el INAI
Para entender mejor
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó al IMSS Bienestar informar cuánto tiempo deben esperar las personas para una cita médica, así como el número de recetas y medicinas que se dejaron de surtir del 1 de enero al 19 de diciembre de 2024.
Esto, luego de que una persona pidió al IMSS-Bienestar esa información, pero la institución se declaró incompetente al argumentar que sólo atiende a personas sin seguro médico, por lo que le recomendó pedir los datos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En un comunicado, el INAI informó que se analizó el caso y encontró que aunque la persona pidió información textualmente sobre “derechohabientes”, en realidad se refería a todos los pacientes que atiende el IMSS-Bienestar.
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La ponencia determinó que el IMSS-Bienestar empleó un criterio de interpretación erróneo y restrictivo, pues sólo tomó en consideración que su sistema de atención médica no contempla la atención a derechohabientes.
“Los argumentos utilizados para declarar su incompetencia los basa en el uso especializado de términos que el solicitante no está obligado a conocer”, indicó la comisionada Norma Julieta del Río Venegas.
La petición ciudadana se da en un contexto de denuncias por falta de insumos y quejas por tener que esperar varios meses por una cita médica.
A inicios de este año, al menos seis hospitales que pasaron a manos del IMSS Bienestar, denunciaron escasez de víveres para brindar servicios de alimentación tanto al personal como a pacientes, así como deficiencias en el suministro de medicamentos.
Algunos problemas se han presentado en el Hospital de la Mujer y Neonatología de Tehuacán; en los hospitales generales de Tehuacán, de Huejotzingo, de Teziutlán y del Sur, así como en el Hospital de la Mujer en la ciudad de Puebla. En Oaxaca, el Hospital General Aurelio Valdivieso suspendió cirugías por falta de insumos.
Entrega de medicamentos bajó en el gobierno de AMLO
Recientemente, Animal Político publicó que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se registró la mayor caída en el surtimiento de recetas en siete años en los hospitales del IMSS-Bienestar, antes Seguro Popular, donde atienden a la población sin seguridad social.
De acuerdo con informes de la institución, el surtimiento de recetas completas fue de 76 % a nivel nacional en 2020, el menor número registrado desde 2014, cuando comenzó la aplicación de encuestas a los usuarios de las Unidades Médicas Rurales y de las que se desprenden estos resultados.
En contraste, en 2016, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue el año con mayor porcentaje de surtimiento de recetas, pues entregaron todos los medicamentos recetados en 9 de cada 10 recetas.
Aunque el lema del gobierno morenista ha sido “primero los pobres”, la atención médica que recibe esta población ha ido en decremento, como lo denuncia personal médico de diversos hospitales y usuarios.
Además, como lo reveló la investigación No fuimos Dinamarca, el expresidente Andrés Manuel López Obrador dejó sin consultas médicas a la mitad de los enfermos más pobres del país; dejó de hacer 20 millones de estudios de laboratorio; y al comparar con el sexenio pasado, medio millón de personas más no pudieron lograr que les hicieran una cirugía que necesitaban.
El número de consultas en los servicios que ofreció la Secretaría de Salud pasó de 95 millones en 2018 a 51 millones en 2022. Una caída de 44 millones, es decir, 46 % menos consultas para quienes no tienen seguridad social, como demuestran cifras oficiales, esto bajo el pretexto de austeridad que afectó a servicios tan básicos como el agua.
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Si se aplican, como ha prometido hacerlo Trump el 1 de febrero, los aranceles tendrán efecto en México y Canadá, pero también perjudicarán el bolsillo de los estadounidenses.
No es raro pensar en los aranceles como una especie de “castigo” a los productos extranjeros y a los países que los fabrican.
Sin embargo, el “efecto lavadora” ayuda a explicar por qué también las empresas nacionales y los consumidores locales terminan pagando los costos de los aranceles.
Antes de llegar ahí, vale la pena revisar en qué está la discusión actual.
En los últimos días, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que está considerando imponer el 1 de febrero un 25% de aranceles a todos los productos mexicanos y canadienses, y un 10% a los productos provenientes de China.
La medida está relacionada con la percepción del mandatario estadounidense sobre la mala gestión de los gobiernos de esos países en relación con la migración y el narcotráfico.
Inesperadamente, la amenaza también le cayó a Colombia, cuando el presidente de EE.UU. amenazó a ese país con imponer un 25% de impuesto a sus exportaciones, luego de que el gobierno de Gustavo Petro se negara a autorizar el aterrizaje de dos aviones militares con ciudadanos colombianos deportados.
Sin embargo, todo quedó en nada, porque Petro terminó aceptando a sus deportados y Trump no le impuso ningún arancel.
La postura de Trump sobre el tema migratorio ha sido bastante clara: “Como todo el mundo sabe, miles de personas están entrando en masa a través de México y Canadá, llevando el crimen y las drogas a niveles nunca vistos”.
Los aranceles permanecerán, advirtió, “hasta que las drogas, en particular el fentanilo, y todos los extranjeros ilegales pongan fin a esta invasión de nuestro país”.
Sobre la imposición de un arancel tan alto como un 25% -y tan amplio que abarcaría todos los productos mexicanos y canadienses-, expertos en comercio y relaciones internacionales entrevistados por BBC Mundo han expresado un cierto nivel de escepticismo.
“El arancel ligado a la migración y al fentanilo es una especie de extorsión”, le dice a BBC Mundo el economista mexicano Luis de la Calle, quien participó en las negociaciones con Estados Unidos y Canadá en el anterior tratado de libre comercio, NAFTA.
Otros economistas, como Gerardo Esquivel, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), piensan que una amenaza de esa magnitud “no es creíble”. “Lo que quiere es empezar una negociación con ventaja”.
Así también le comenta a BBC Mundo Joan Domene, economista jefe para América Latina de Oxford Economics, quien tampoco vislumbra una aplicación generalizada a todos los productos mexicanos.
¿Qué tiene que ver todo esto con las lavadoras?
La retórica de Trump es que los aranceles les quitan dinero a las empresas extranjeras para “enriquecer a los estadounidenses”.
La duda que surge con esa afirmación es que, al mirar las experiencias pasadas, ese no siempre ha sido el caso, dado que los aranceles que Trump aplicó en su primer gobierno, además de afectar a empresas extranjeras, también perjudicaron a compañías locales y a los propios consumidores estadounidenses, según varias investigaciones académicas.
Lejos de enriquecerlas, las familias tuvieron que pagar precios más altos. Y la recaudación tributaria producto de la imposición de los aranceles fue muy baja en comparación a lo que recauda el gobierno a través de impuestos individuales y corporativos.
Un ejemplo que sirve para ilustrar esto es el caso del impuesto a las lavadoras extranjeras que Trump aplicó en 2018 durante su primer mandato.
Una investigación elaborada por tres reconocidos economistas, Aaron Flaaen, Ali Hortacsu y Felix Tintelnot, llegó a la conclusión de que el precio de las lavadoras en Estados Unidos subió 12% como efecto directo de ese arancel.
La idea del arancel, que es un impuesto a los productos importados, era proteger a los productores locales contra el masivo ingreso de lavadoras muy baratas desde el exterior, en lo que se conoce como un caso de competencia desleal o dumping.
“Aunque se crearon algunos empleos, los consumidores pagaron un costo muy alto”, le dice a BBC Mundo Felix Tintelnot, profesor de la Universidad de Duke en EE.UU. y coautor de la investigación.
Los estadounidenses en su conjunto pagaron cerca de US$820.000 más en la compra de lavadoras, por cada empleo creado. “No fue un buen negocio para ellos”.
Eso es precisamente lo que hemos llamado el “efecto lavadora”: el aumento de precios que pagaron las familias estadounidenses.
Así también lo explica Inga Fechner, economista senior de Comercio Global del equipo de investigación del banco ING en Alemania.
En última instancia, “los consumidores cargan el costo del conflicto comercial”.
Una de las lecciones que dejó esa experiencia es que no solo subió el precio de las lavadoras importadas, sino que los productores locales también los aumentaron.
Sí, es cierto que no todos los aranceles son iguales. Y que la amenaza actual de Trump contra México y Canadá no tiene nada que ver con las acusaciones de competencia desleal, dirigidas especialmente contra los productos chinos.
Sin embargo, el caso de las lavadoras no es un ejemplo aislado.
No es un caso aislado
Si miramos lo que pasó en el primer gobierno de Donald Trump, abundan los análisis de datos que muestran cómo la imposición de aranceles también tuvo efectos negativos sobre la economía y los consumidores estadounidenses.
“Un estudio tras otro han demostrado que los aranceles estadounidenses aplicados desde 2017 han sido transferidos en su totalidad a los compradores estadounidenses”, argumentan Kimberly Clausing y Mary Lovely, economistas del Peterson Institute for International Economics (PIIE), un centro de investigación independiente con sede en Washington D.C.
Otros centros de estudio, como el conservador Tax Foundation, llevan años publicando investigaciones sobre los perjuicios económicos ocasionados por los aranceles dentro de EE.UU.
“Han tenido un impacto negativo neto en la economía del país”, asegura un reciente análisis de Erica York, vicepresidenta de Política Fiscal Federal de la organización.
“Los aranceles han elevado los precios y reducido la producción y el empleo”, agrega.
Esas conclusiones son refutadas por aliados del presidente Trump como Peter Navarro, actual asesor comercial del gobierno.
Su planteamiento es que los aranceles no subieron ningún precio durante el primer gobierno del mandatario.
“Tuvimos cero inflación debido a los aranceles”, dijo en declaraciones a la prensa local, sin entregar más detalles.
Romper un acuerdo comercial
Aunque sin duda el arancel le provoca daño al país afectado, el primero que tiene que pagar ese impuesto es el importador estadounidense en la aduana cuando ingresa los productos extranjeros.
Si se aplica un arancel de 25%, por ejemplo, el importador estadounidense que ingresa aguacates, tomates, partes de automóviles, cerveza, acero, o cualquier otro producto mexicano, tiene que pagar ese valor extra.
Como al importador le resulta más caro ingresar el producto, una parte del sobreprecio o todo el costo extra, suele ser traspasado al consumidor final, en este caso el estadounidense, generando un aumento de la inflación.
En el caso de los productos mexicanos y canadienses, la situación es más compleja porque los tres países de América del Norte han mantenido acuerdos de libre comercio desde hace tres décadas. El primero fue el NAFTA y el segundo, que continúa vigente, es el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC.
Aplicar aranceles “sería romper con la idea de un acuerdo comercial”, explica Valeria Moy, directora general del Centro de Investigación en Política Pública, IMCO. “Es como decir ‘no me interesa'”.
Pero los tres países se necesitan mutuamente porque han construido cadenas de producción que a través de los años se han enlazado estrechamente, con empresas binacionales o fábricas que dependen de las exportaciones y las importaciones.
El principal socio comercial de Estados Unidos es México, país que destina más del 80% de sus exportaciones al mercado estadounidense.
Muchas de las empresas estadounidenses dependen de la manufactura que hacen en México y, si ya no pueden ingresar los productos a un precio competitivo, estarán en serios problemas.
“No creo que el presidente Trump no tenga ganas de hacerlo, pero no creo que un arancel universal sea viable”, dice Moy.
Para ella, sí es más viable un arancel específico sobre determinados bienes.
¿Qué pasó en el primer gobierno de Trump?
“Esto ya ocurrió antes”, le dice a BBC Mundo Xóchitl Pimienta, directora del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política del Tecnológico de Monterrey en Ciudad de México.
Durante su primer gobierno, en 2018, Trump impuso temporalmente aranceles de 25% al acero y de 10% al aluminio, una medida que provocó alarma en empresas mexicanas y estadounidenses, pero que además terminó encareciendo los productos que compran las familias estadounidenses.
Pimienta explica que se hicieron muchas investigaciones sobre el efecto en los precios que terminó pagando el consumidor final en EE.UU.
Una de ellas arrojó que algunos productos como autos, lavadoras, licuadoras y muchos otros, subieron de precio entre 8% y 20% en EE.UU., tras la imposición de los aranceles a esos productos metálicos.
Otro estudio determinó que el aumento arancelario les costó a las familias estadounidenses alrededor de US$1.200 al año en sus compras.
En el pasado también hubo amenazas. Trump le advirtió a México que aplicaría un arancel de 5% a todos los productos mexicanos, si el gobierno no tomaba medidas para frenar la migración.
Pero a final de cuentas, ese arancel no se concretó. Sin embargo, el solo anuncio generó incertidumbre y cierto nivel de especulación de precios, comenta la experta.
Si esta vez el gobierno aplica aranceles a México, como lo ha prometido, los más afectados serán el sector automotriz, el agrícola, los productos alimentarios (como el aguacate, los tomates, las fresas, los pimientos), la cerveza y el tequila, el sector de electrónica (como las pantallas para celulares) y el manufacturero, además del petrolero.
Una vez más, dice Pimienta, “el consumidor final en Estados Unidos se verá afectado”.
Ante un escenario como ese, Trump tendría que lidiar con presiones inflacionarias que él prometió bajar durante su campaña, una promesa electoral que le ayudó a regresar a la Casa Blanca en medio de un clima de insatisfacción por el alto costo de la vida.
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