El IMSS suma 300 amparos de pacientes que demandan atención médica; 35 han fallecido mientras esperaban tratamiento
A Bertha, originaria de Mexicali, le diagnosticaron cáncer de colon a los 73 años. Al poco tiempo la operaron en el IMSS para extirpar el tumor, aunque se encontraba alojado en una parte delicada y no pudieron quitarlo totalmente. Le dijeron que lo podrían atacar con radioterapias.
Pero sólo podían aplicarle ese tratamiento en Tijuana, lo que implicó más gastos para el viaje, cuenta Norma, su hija, quien pidió que sus nombres no fueran publicados porque actualmente trabaja en el IMSS y teme ser despedida al exponer su caso.
Después de las radioterapias, debía someterse a un tratamiento de quimioterapias, pero “le empezaron a decir que no había medicina, que su medicamento no estaba. Y sí, empecé a ver que los pacientes también decían ‘no hay, no hay para mi quimioterapia’. Había mucha gente que se quejaba”.
Después de cuatro meses de estar esperando, una compañera de trabajo le dijo que había una asociación de abogados que tramitan amparos para obtener los tratamientos que los hospitales les negaban.
Con esa esperanza, acudieron a Justicia vs Cáncer, una agrupación que reúne a 81 firmas legales y casi 300 abogados en todo el país trabajando pro bono, es decir, sin cobrar honorarios por esos trámites.
Interpusieron el recurso judicial y, aunque el juez falló a su favor, la clínica no le entregó el medicamento, con el mismo pretexto: no tenían y no podían conseguirlo.
Mientras tanto, le habían practicado una colostomía, se trata de una abertura en el abdomen para crear un conducto del intestino grueso hacia el exterior y drenar las heces en una bolsa. Sin embargo, cuenta Norma, el estado de su madre había empeorado.
“En ese lapso, el cáncer ya había avanzado. Avanzó mientras no le dieron la medicina. Mi mamá empezó a alucinar y gritaba toda la noche, yo no podía dormir tampoco. (Norma intenta seguir narrando, pero no aguanta el llanto al recordar). En su desesperación se le zafaba la bolsita y yo la limpiaba; y también eran gastos porque esas bolsitas no te las da el seguro, costaban 100 pesos cada una y usaba 3 diarias”.
A los siete meses, con un estado de salud más deteriorado, Bertha sufrió una caída y se fracturó la cadera. Nuevamente interpusieron amparo, porque Norma ya sabía de casos en los que hubo pacientes esperando fecha para cirugía durante un mes. La intervinieron y le pusieron una prótesis y durante su recuperación, según le informaron a su hija, la quimioterapia ya había llegado, pero no se la podían aplicar porque necesitaba cicatrizar la intervención.
La quimioterapia nunca llegó para Bertha. Murió en agosto de 2023 a causa del cáncer. Pasó ocho meses esperando tratamiento.
Como Bertha, al menos 35 pacientes del IMSS que tuvieron que tramitar un amparo para recibir atención médica fallecieron esperando la atención que demandaron por la vía judicial.
Animal Político solicitó postura al IMSS sobre esta situación, pero el área de comunicación social respondió que debía conocer cada uno de los casos en los que los derechohabientes tramitaron amparos para poder dar una respuesta puntual.
Víctima y trabajadora
Norma se quedó sola criando a su bebé y aún llorando la muerte de su madre. Las carencias no sólo las experimentó como la hija de una usuaria, sino también es testigo como trabajadora del IMSS.
“La gente se queja y muchas personas que trabajan allí reciben los gritos y desesperación de la gente, pero ellos no pueden realmente hacer nada. A veces los doctores dicen que ya no quieren trabajar en el Seguro porque dicen que cualquier cosa que pase pues les van a quitar su cédula”.
Norma explica que en la clínica donde trabaja solamente queda un oncólogo, un neurocirujano pediátrico y un ginecólogo. “Y la gente es la perjudicada. Llegan y me dicen’ señorita, tengo cáncer o tengo alguna enfermedad crónica y no me dan cita’. Yo les digo, es que solo hay un médico y ya tiene 100 pacientes, ¿cómo le hago señora? ¿qué hago?”.
Justicia vs el cáncer
Por eso, organizaciones como Justicia vs el cáncer ha sido una esperanza para que las instituciones de salud cumplan con su obligación de proveer los servicios que los enfermos requieren.
La organización ha interpuesto casi 300 amparos para lograr atención médica y otros 283 exclusivamente para defender a pacientes con cáncer a los que se les negó la atención en el actual sexenio.
Gracias a estos amparos, el Estado mexicano se vio obligado a desembolsar un aproximado de 93 millones de pesos en la subrogación de servicios y la compra urgente de medicamentos para cumplir el mandato de los jueces y, sobre todo, atender a los enfermos.
Sin embargo, aún con el fallo de un juez de por medio, 35 personas murieron mientras esperaban a que los servicios de salud públicos cumplieran con la atención médica que demandaron. Esto representa 11% del total de amparos interpuestos por la organización.
Se trata del peor escenario, justamente el que el Derecho trata de impedir y la razón del trabajo de estas centenas de abogados. “Son casos muy desafortunados en donde malamente llegamos a destiempo, aún con una promoción o una demanda de amparo recibida ante el juez de distrito, hemos tenido casos en donde no se alcanzó a llegar con el tratamiento al paciente”, lamenta María Fernanda Rizo, coordinadora nacional de Justicia vs Cáncer.
La organización ha detectado que esas fatales consecuencias se derivan de “peloteos administrativos entre las instituciones de salud pública para cumplimiento (de amparos). Este es uno de los obstáculos que hemos tenido el día de hoy, en donde vemos como las instituciones hacen lo posible para retardar el servicio médico que requiere o que demanda el paciente”, explica Rizo en entrevista con Animal Político.
¿Cómo generar una demanda de amparo?
Justicia vs Cáncer mantiene en su página de internet un formato para que cualquiera pueda generar su demanda de amparo.
Incluso hicieron un tutorial en video para que puedan seguir los pasos para armar el documento. Y si lo requieren, pueden tener atención personalizada de algún abogado que forme parte de la organización en su estado.
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Aunque han pasado muchas cosas en dos meses, la política venezolana este fin de semana parece haber vuelto al statu quo, donde Maduro luce fuerte e inamovible y la oposición contempla sus opciones.
“El 10 de enero de 2025 el presidente electo Edmundo González Urrutia será juramentado como presidente constitucional de Venezuela”.
Con estas palabras, la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, reaccionó a la salida del país del candidato opositor de 75 años, sobre quien pesaba una orden de detención de las autoridades.
El sábado, España concedió asilo político a quien ofició como candidato opositor en las elecciones del 28 de julio, día en que, según las actas publicadas por la oposición, González ganó con un 70% de los votos.
Nicolás Maduro, sin embargo, fue declarado vencedor por el Consejo Nacional Electoral y ratificado por un Tribunal Supremo de Justicia afín al oficialismo.
La salida de González, entonces, saca de la ecuación al que algunos consideran el presidente electo. Eso, en principio, parece una victoria para el chavismo, que en palabras de la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, permitió su traslado “en aras de la tranquilidad y paz política del país”.
La oposición, sin embargo, ha calificado el asilo político de su candidato como un “movimiento estratégico” como parte de su lucha para sacar a Maduro del poder.
Por eso, Machado, que se mantiene dentro del país de manera clandestina, reaccionó con un mensaje de esperanza para los millones que quieren un cambio.
El 10 de enero, el presidente electo debe juramentarse.
Y la oposición espera que, de aquí a entonces, se den las condiciones para que Maduro, o alguno de los grupos políticos y militares que sostienen su permanencia en el poder, promueva algún tipo de transición en un país sumido en la crisis económica y social.
“Hasta el final”
En su mensaje, Machado repitió el lema de este ciclo electoral: “Venezolanos, esta lucha es HASTA EL FINAL y la victoria es nuestra”.
El jueves, en una rueda de prensa virtual, la líder opositora aseguró “que las cosas se están moviendo y algunas no son obvias. Creo que la comunidad internacional está aumentando, lentamente, la presión, y creo que hay que hacerlo de manera más significativa”.
Machado se mantiene convencida de que en el entorno de Maduro hay descontento con una situación que ha vuelto a instalar al mandatario venezolano en el escenario internacional como un “dictador” y puede acentuar el aislamiento del país y reforzar las sanciones financieras sobre los líderes del chavismo.
“El régimen está muy preocupado porque saben que en el seno de las Fuerzas Armadas también perdieron toda legitimidad”, dijo Machado. Y añadió que la oposición se mantiene “abierta” a la negociación.
“Hemos sido claros en la postura de brazos abiertos y de no persecución ni venganza para los oficialistas”.
La dirigente espera que la presión diplomática, los mensajes conciliatorios hacia las Fuerzas Armadas y las salidas puntuales a protestar en las calles generen movimientos en el seno del oficialismo.
La apuesta es también que países como Estados Unidos, que tiene la capacidad de sancionar a funcionarios chavistas y a sus familias, o Colombia, que tiene canales de comunicación con el chavismo, sirvan de puente para que Maduro, o alguno de sus aliados, cambie de parecer.
Se mantiene el statu quo
Pero, contrario a lo que dice Machado, los expertos no ven señales de que el bloque chavista esté fragmentado o al borde de una sublevación interna, que ha sido, desde un principio, el desencadenante fundamental para pensar en una transición.
“El chavismo tiene una revolución enraizada por 25 años y absolutamente decidida a no dejarse sacar del poder, con costos de salida inmensos que nunca fueron realmente negociados”, le dice a BBC Mundo Luis Vicente León, encuestador y analista.
“Más allá de la opinión mediática, el chavismo ha logrado mantener su unidad y su respaldo militar”, añade.
Después de años de persecución y divisiones internas, la oposición venezolana ha quedado reducida a la figura de Machado, quien ahora concentra las decisiones de estrategia de un abigarrado conglomerado de fuerzas políticas.
Aunque el deseo de cambio de los venezolanos parece abrumador, los partidos que los representan están desprestigiados, han perdido a muchos de sus líderes y ahora deberán discutir el camino a seguir.
Para 2025 están pautadas elecciones regionales, locales y legislativas.
Después de lo que pasó el 28 de julio, cuando el CNE perdió la poca credibilidad que le quedaba entre un importante sector de los venezolanos, la oposición tendrá que volver a preguntarse si vale la pena abstenerse de participar en unas elecciones, cosa que en el pasado le costó años de irrelevancia política y desinterés en su electorado.
León añade: “En el mediano y largo plazo veremos un aumento de la apatía y algún regreso a momentos previos, donde habrá que producir otra vez negociaciones, pero más vinculadas a la preservación del país y su gente que a la salida de Maduro del poder”.
De volver a negociar, lo más probable es que Maduro no esté dispuesto a contemplar un reconocimiento de los resultados electorales del 28 de julio que plantea la oposición, sino, por ejemplo, la posibilidad de que no perseguir a los opositores, la liberación de los miles de manifestantes que han sido arrestados o una política de apertura económica que alivie la crisis.
Aunque el 28 de julio la oposición demostró su capacidad de organización y el enorme apoyo que mantiene entre la gente, todo indica que, con el retiro de González, se volvió a un punto inicial carente de opciones.
Le queda presionar a la comunidad internacional para que acorrale a Maduro y no aflojar en lo interno para que alguien dentro del chavismo rompa el statu quo.
Faltan 123 días para el 10 de enero de 2025. Tiempo suficiente para que pase cualquier cosa en la política venezolana.
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