El IMSS suma 300 amparos de pacientes que demandan atención médica; 35 han fallecido mientras esperaban tratamiento
A Bertha, originaria de Mexicali, le diagnosticaron cáncer de colon a los 73 años. Al poco tiempo la operaron en el IMSS para extirpar el tumor, aunque se encontraba alojado en una parte delicada y no pudieron quitarlo totalmente. Le dijeron que lo podrían atacar con radioterapias.
Pero sólo podían aplicarle ese tratamiento en Tijuana, lo que implicó más gastos para el viaje, cuenta Norma, su hija, quien pidió que sus nombres no fueran publicados porque actualmente trabaja en el IMSS y teme ser despedida al exponer su caso.
Después de las radioterapias, debía someterse a un tratamiento de quimioterapias, pero “le empezaron a decir que no había medicina, que su medicamento no estaba. Y sí, empecé a ver que los pacientes también decían ‘no hay, no hay para mi quimioterapia’. Había mucha gente que se quejaba”.
Después de cuatro meses de estar esperando, una compañera de trabajo le dijo que había una asociación de abogados que tramitan amparos para obtener los tratamientos que los hospitales les negaban.
Con esa esperanza, acudieron a Justicia vs Cáncer, una agrupación que reúne a 81 firmas legales y casi 300 abogados en todo el país trabajando pro bono, es decir, sin cobrar honorarios por esos trámites.
Interpusieron el recurso judicial y, aunque el juez falló a su favor, la clínica no le entregó el medicamento, con el mismo pretexto: no tenían y no podían conseguirlo.
Mientras tanto, le habían practicado una colostomía, se trata de una abertura en el abdomen para crear un conducto del intestino grueso hacia el exterior y drenar las heces en una bolsa. Sin embargo, cuenta Norma, el estado de su madre había empeorado.
“En ese lapso, el cáncer ya había avanzado. Avanzó mientras no le dieron la medicina. Mi mamá empezó a alucinar y gritaba toda la noche, yo no podía dormir tampoco. (Norma intenta seguir narrando, pero no aguanta el llanto al recordar). En su desesperación se le zafaba la bolsita y yo la limpiaba; y también eran gastos porque esas bolsitas no te las da el seguro, costaban 100 pesos cada una y usaba 3 diarias”.
A los siete meses, con un estado de salud más deteriorado, Bertha sufrió una caída y se fracturó la cadera. Nuevamente interpusieron amparo, porque Norma ya sabía de casos en los que hubo pacientes esperando fecha para cirugía durante un mes. La intervinieron y le pusieron una prótesis y durante su recuperación, según le informaron a su hija, la quimioterapia ya había llegado, pero no se la podían aplicar porque necesitaba cicatrizar la intervención.
La quimioterapia nunca llegó para Bertha. Murió en agosto de 2023 a causa del cáncer. Pasó ocho meses esperando tratamiento.
Como Bertha, al menos 35 pacientes del IMSS que tuvieron que tramitar un amparo para recibir atención médica fallecieron esperando la atención que demandaron por la vía judicial.
Animal Político solicitó postura al IMSS sobre esta situación, pero el área de comunicación social respondió que debía conocer cada uno de los casos en los que los derechohabientes tramitaron amparos para poder dar una respuesta puntual.
Víctima y trabajadora
Norma se quedó sola criando a su bebé y aún llorando la muerte de su madre. Las carencias no sólo las experimentó como la hija de una usuaria, sino también es testigo como trabajadora del IMSS.
“La gente se queja y muchas personas que trabajan allí reciben los gritos y desesperación de la gente, pero ellos no pueden realmente hacer nada. A veces los doctores dicen que ya no quieren trabajar en el Seguro porque dicen que cualquier cosa que pase pues les van a quitar su cédula”.
Norma explica que en la clínica donde trabaja solamente queda un oncólogo, un neurocirujano pediátrico y un ginecólogo. “Y la gente es la perjudicada. Llegan y me dicen’ señorita, tengo cáncer o tengo alguna enfermedad crónica y no me dan cita’. Yo les digo, es que solo hay un médico y ya tiene 100 pacientes, ¿cómo le hago señora? ¿qué hago?”.
Justicia vs el cáncer
Por eso, organizaciones como Justicia vs el cáncer ha sido una esperanza para que las instituciones de salud cumplan con su obligación de proveer los servicios que los enfermos requieren.
La organización ha interpuesto casi 300 amparos para lograr atención médica y otros 283 exclusivamente para defender a pacientes con cáncer a los que se les negó la atención en el actual sexenio.
Gracias a estos amparos, el Estado mexicano se vio obligado a desembolsar un aproximado de 93 millones de pesos en la subrogación de servicios y la compra urgente de medicamentos para cumplir el mandato de los jueces y, sobre todo, atender a los enfermos.
Sin embargo, aún con el fallo de un juez de por medio, 35 personas murieron mientras esperaban a que los servicios de salud públicos cumplieran con la atención médica que demandaron. Esto representa 11% del total de amparos interpuestos por la organización.
Se trata del peor escenario, justamente el que el Derecho trata de impedir y la razón del trabajo de estas centenas de abogados. “Son casos muy desafortunados en donde malamente llegamos a destiempo, aún con una promoción o una demanda de amparo recibida ante el juez de distrito, hemos tenido casos en donde no se alcanzó a llegar con el tratamiento al paciente”, lamenta María Fernanda Rizo, coordinadora nacional de Justicia vs Cáncer.
La organización ha detectado que esas fatales consecuencias se derivan de “peloteos administrativos entre las instituciones de salud pública para cumplimiento (de amparos). Este es uno de los obstáculos que hemos tenido el día de hoy, en donde vemos como las instituciones hacen lo posible para retardar el servicio médico que requiere o que demanda el paciente”, explica Rizo en entrevista con Animal Político.
¿Cómo generar una demanda de amparo?
Justicia vs Cáncer mantiene en su página de internet un formato para que cualquiera pueda generar su demanda de amparo.
Incluso hicieron un tutorial en video para que puedan seguir los pasos para armar el documento. Y si lo requieren, pueden tener atención personalizada de algún abogado que forme parte de la organización en su estado.
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El Tribunal de Comercio Internacional dictaminó que una ley de emergencia invocada por la Casa Blanca no otorgaba al presidente la autoridad unilateral para imponer aranceles a casi todos los países. La administración Trump anunció que apelaría la decisión.
Un tribunal federal de Estados Unidos ha bloqueado los aranceles generalizados del presidente Donald Trump, asestando un duro golpe a un componente clave de sus políticas económicas.
El Tribunal de Comercio Internacional dictaminó que una ley de emergencia invocada por la Casa Blanca no otorgaba al presidente la autoridad unilateral para imponer aranceles a casi todos los países.
El tribunal, con sede en Manhattan, afirmó que la Constitución de EE.UU. otorga al Congreso poderes exclusivos para regular el comercio con otras naciones, y que esto no queda anulado por las facultades del presidente para proteger la economía.
La administración Trump anunció que apelaría la decisión minutos después de conocerse el fallo.
¿Quién presentó la demanda?
El fallo se basó en dos casos distintos. El Liberty Justice Center, una organización no partidista, presentó una demanda en nombre de varias pequeñas empresas que importan productos de países afectados por los aranceles. Al mismo tiempo, una coalición de gobiernos estatales de EE.UU. también impugnó los impuestos a la importación.
Estos dos casos representan los primeros desafíos legales importantes a los aranceles que Trump denominó como de “Día de la Liberación”.
Un panel de tres jueces dictaminó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), una ley de 1977 en la que Trump basó su justificación para imponer los aranceles, no le otorga el poder para aplicar impuestos de importación tan amplios.
El tribunal también bloqueó un conjunto separado de gravámenes que la administración Trump había impuesto a China, México y Canadá, en respuesta a lo que calificó como el inaceptable flujo de drogas e inmigrantes ilegales hacia Estados Unidos.
Sin embargo, el tribunal no abordó los aranceles aplicados a ciertos productos específicos, como automóviles, acero y aluminio, los que se amparan en una ley distinta.
¿Cuál ha sido la reacción?
La Casa Blanca ha criticado el fallo, aunque Trump aún no ha comentado directamente al respecto.
“No les corresponde a jueces no electos decidir cómo abordar adecuadamente una emergencia nacional”, dijo el secretario de prensa adjunto de la Casa Blanca, Kush Desai, en un comunicado.
“El presidente Trump prometió poner a Estados Unidos primero, y la administración está comprometida a utilizar todos los mecanismos del poder ejecutivo para enfrentar esta crisis y restaurar la grandeza estadounidense”, añadió.
Sin embargo, Letitia James, la fiscal general de Nueva York -uno de los 12 estados que participaron en la demanda- valoró la decisión.
“La ley es clara: ningún presidente tiene el poder de aumentar los impuestos de forma unilateral cuando le plazca”, afirmó James.
“Estos aranceles representan un enorme aumento de impuestos para las familias trabajadoras y las empresas estadounidenses, lo cual habría provocado más inflación, daños económicos a compañías de todos los tamaños y pérdida de empleos en todo el país de haberse mantenido”, agregó.
Los mercados globales han respondido positivamente al fallo. Las bolsas en Asia subieron el jueves por la mañana, las acciones a futuro en EE.UU. también repuntaron, y el dólar estadounidense ganó terreno frente a monedas más estables como el yen japonés y el franco suizo.
¿Qué pasa ahora?
La Casa Blanca tiene 10 días para completar el proceso burocrático para detener los aranceles, aunque la mayoría ya están suspendidos de todos modos.
El caso debe pasar por el proceso de apelación. Si la Casa Blanca no tiene éxito en su apelación, entonces la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) emitirá instrucciones a sus funcionarios, explicó John Leonard, ex alto cargo del CBP, a la BBC.
Dicho esto, un tribunal superior podría ser más favorable a Trump.
Pero si todos los tribunales confirman el fallo, las empresas que han tenido que pagar los aranceles recibirán reembolsos, con intereses, por los montos abonados. Esto incluye los llamados aranceles recíprocos, que se redujeron al 10% para la mayoría de los países, pero se elevaban hasta el 145% para productos chinos, y que ahora están en el 30%.
Leonard señaló que no habrá cambios inmediatos en la frontera, y que por ahora los aranceles se deberán seguir pagando.
Las reacciones del mercado reflejaron, en parte, cómo los inversores “respiraron aliviados tras semanas de volatilidad extrema provocada por el tira y afloja de la guerra comercial”, escribió Stephen Innes, de SPI Asset Management, en un comentario.
Innes afirmó que los jueces estadounidenses enviaron un mensaje claro:
“La Oficina Oval no es una mesa de operaciones bursátiles, y la Constitución no es un cheque en blanco”.
“La extralimitación del ejecutivo puede haber encontrado finalmente su límite. Y con ello, una nueva dosis de estabilidad macroeconómica, al menos hasta el próximo titular”.
Por su parte, Paul Ashworth, de Capital Economics, dijo que el fallo “obviamente desbaratará el intento de la administración Trump de cerrar rápidamente ‘acuerdos’ comerciales durante la pausa de 90 días en los aranceles”.
Ashworth predijo que otros países preferirán “esperar y ver” qué ocurre a continuación.
¿Cómo llegamos hasta aquí?
El 2 de abril, Trump presentó un régimen arancelario global sin precedentes al imponer impuestos a las importaciones provenientes de la mayoría de los socios comerciales de Estados Unidos.
Se estableció un arancel base del 10% para la mayoría de los países, junto con aranceles recíprocos más altos aplicados a decenas de naciones y bloques, incluidos la UE, Reino Unido, Canadá, México y China.
Trump argumentó que esta política económica generalizada impulsaría la manufactura estadounidense y protegería los empleos.
Los mercados mundiales se han sumido en la confusión desde el anuncio y, más tarde, después de que Trump diera marcha atrás y pausara los aranceles a medida que los gobiernos extranjeros acudían a la mesa de negociación.
A la confusión se sumó una prolongada guerra comercial con China, en la que las dos superpotencias económicas del mundo se enredaron en una escalada mutua de aranceles, que alcanzó su punto máximo con un impuesto estadounidense del 145% sobre las importaciones chinas y un arancel chino del 125% sobre productos estadounidenses.
Desde entonces, las dos mayores economías del mundo han acordado una tregua, con los aranceles de EE.UU. sobre China reducidos al 30%, y los aranceles chinos sobre algunas importaciones estadounidenses bajando al 10%.
El Reino Unido y EE.UU. también han anunciado un acuerdo para reducir los aranceles entre ambos gobiernos.
Trump amenazó con un arancel del 50% a partir de junio sobre todos los productos procedentes de la Unión Europea, tras expresar su frustración por el ritmo de las negociaciones comerciales con el bloque.
Sin embargo, luego acordó extender el plazo por más de un mes, después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmara que se necesitaba más tiempo.
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