
La Secretaría de Hacienda entregó contratos por más de 340 millones de pesos (mdp) para comprar sábanas, batas, uniformes, blancos, ropa quirúrgica y otros insumos sanitarios, a una empresa que ofreció descuentos por arriba del 40%, pero que entregó a hospitales públicos productos que encojen y se rompen a las tres primeras lavadas –cuando la vida útil debe ser al menos entre 100 y 200– y que, además, no cumplen con las medidas establecidas en la licitación ni en la normativa, generando un presunto desfalco al erario.
Lo anterior fue corroborado en entrevistas realizadas por Animal Político con derechohabientes y personal que labora en hospitales públicos, y con un peritaje realizado por un laboratorio textil al que este medio tuvo acceso y guarda copia.
Antes de recibir más de 300 millones de pesos de recursos públicos, la empresa beneficiada, Industrias Mediasist, llevaba más de una década sin ganar una licitación pública con el Gobierno Federal, según los registros en el portal de compras gubernamentales, Compranet.
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Asimismo, a finales de 2014, la compañía fue sancionada e inhabilitada, tal y como consta en un oficio publicado en el Diario Oficial de la Federación, en el que se pedía a todas las dependencias de gobierno que se abstuvieran de aceptar propuestas ni firmar contratos con esta razón social.
“Es una ropa de pésima calidad y que no es digna para los derechohabientes, pues les deja al descubierto sus partes íntimas porque encogen mucho a las primeras lavadas”, señaló en entrevista un trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), instancia que cedió el proceso de licitaciones a la Secretaría de Hacienda en el marco del nuevo esquema de compras que puso en marcha el gobierno de López Obrador, el cual busca generar ahorros y evitar actos de corrupción.
El mismo trabajador también denunció que algunas prendas fueron confeccionadas con menos cantidad de algodón del que establece la norma y con materiales sintéticos como el poliéster, por lo que existe el riesgo de que ante un posible incendio la ropa se quede pegada a la piel de los pacientes o del personal médico que la utiliza.
Previo a la publicación de este reportaje, Animal Político buscó una postura de la Secretaría de Hacienda y del IMSS, pero no obtuvo respuesta.
En cuanto a Industrias Mediasist, este medio se puso en contacto vía telefónica con la compañía por medio de una empleada, quien se limitó a proporcionar un correo electrónico donde recibieron la solicitud de entrevista. Sin embargo, la empresa tampoco ofreció respuesta alguna.
A finales de 2022 y en 2023, la Secretaría de Hacienda sacó a concurso tres licitaciones públicas (una en noviembre de 2022, y las otras en abril y noviembre de 2023) para la adquisición sectorizada de blancos, colchas, sábanas, fundas, almohadas, y cobertores, para proveer de estos insumos a los ramos de Educación Pública, Salud, Seguridad y Protección Ciudadana (Guardia Nacional), así como a 50 hospitales en todo el país del IMSS y otros 51 del ISSSTE.
Una de las empresas beneficiadas en esas licitaciones es Industrias Mediasist SA de CV, que obtuvo contratos luego de ofrecer descuentos muy elevados para algunos insumos y productos.
Por ejemplo, tal y como consta en el fallo de la licitación pública nacional LA-006000993-E22-2022, ofreció hasta un 44.30% de descuento en sábanas hospitalarias para cama, tanto con logo como sin logo, mientras que en sábanas de tamaño matrimonial también ofreció un descuento de casi el 40%, y lo mismo en sábanas para incubadoras. Mientras que en la licitación pública LA-06-700-00600993-N-3-2023, llegó a ofrecer descuentos del 61.5% en ropa quirúrgica para el ISSSTE.
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De acuerdo con el portal oficial de compras del gobierno, Compranet, esta compañía ganó 11 contratos entre finales de 2022 y 2023 por 340 millones 147 mil pesos, siendo los del Seguro Social y el ISSSTE los más cuantiosos.
Según la información de la misma plataforma gubernamental, la última vez que había ganado contratos con el Gobierno Federal fue diez años atrás, en 2013, y en ese entonces solo obtuvo algo menos de 15 millones de pesos, aunque entre 2012 y 2011 ganó 7 contratos por casi 76 millones.
A finales de 2014, Industrias Mediasist fue inhabilitada y sancionada con no poder ofrecer sus servicios ni productos durante medio año en la administración pública, como quedó establecido en el Diario Oficial de la Federación, en una publicación fechada el 16 de enero de 2015, y que puedes consultar íntegra en este enlace.
En uno de los contratos que obtuvo entre 2022 y 2023, Industrias Mediasist debía surtir a diferentes centros del IMSS en el país algo más de un millón de sábanas hospitalarias a cambio de un monto máximo (sin IVA) de 96 millones de pesos. El tamaño especificado por norma debe ser de 2.92 metros de largo, por 1.84 de ancho, con un dobladillo de 1 centímetro en las partes perimetrales y de otros 5 centímetros en la cabecera.
Sin embargo, en una visita realizada a almacenes y centros de lavado del IMSS en la capital mexicana se constató que las sábanas con etiqueta de este proveedor medían menos de lo estipulado.
En uno de esos almacenes, la persona encargada de recibir los insumos de blancos y ropa hospitalaria, que pidió anonimato por temor a represalias laborales, mostró con una cinta métrica en mano que las sábanas medían 1,78 metros de ancho (cuando la norma establece 1,84), que la cabecera medía 4 centímetros (la norma establece 5) y que de largo medía 2.88 metros (4 centímetros menos de lo que dicta la norma).
En total, el proveedor se está ahorrando unos 11 centímetros por sábana.
“Por eso suena lógico que puedan hacer descuentos tan elevados, porque se están ahorrando material. Y, además, no le están entregando al IMSS lo que el Instituto está pagando, que es una sábana de 1.84 por 2.92. Para mí, eso es un robo al erario”, denunció otro proveedor de ropa hospitalaria consultado para este reportaje, que lamentó que “no hay igualdad de condiciones para competir”.
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Sobre el precio de las sábanas, cabe señalar que, de acuerdo con el fallo de la licitación, la empresa dio la pieza en 89.76 pesos, mientras que, según la plataforma QuiénEsQuién.Wiki, de la organización civil Poder, el precio promedio que se pagó a otros proveedores en años pasados, entre 2015 y 2018, fue de algo más de 125 pesos por unidad.
“Están ofreciendo descuentos muy altos, pero están dando menos centímetros de sábana”, recalcó el contratista que prefirió no dar tampoco su nombre ni el de su empresa, quien calculó que 11 centímetros menos por pieza, multiplicado por algo más de 1 millón de sábanas contratadas, el presunto desfalco al erario podría oscilar entre los 6 y 7 millones de pesos solo en en un contrato.
“Todos los proveedores tenemos prácticamente los mismos precios en las materias primas, porque a todos nos venden igual el algodón y el hilo. Pero hay proveedores que encontraron la forma de dar mucho más barato quitándole medida y peso. Para mí eso es una competencia desleal”, hizo hincapié.

En otra entrevista aparte, uno de los encargados de almacén del IMSS en la Ciudad de México lamentó que “quien paga todo esto es el derechohabiente”.
“En la planta nosotros metemos las sábanas y los camisones a las lavadoras y decimos: ‘pues ya está lavado, no hay problema, aquí la tienes.’ Pero si no son las medidas correctas, y además el producto encoge porque la tela es de muy mala calidad, pues el perjudicado final siempre va a ser el paciente”, enfatizó.
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Al margen de los testimonios, también se llevaron varias sábanas a un laboratorio textil para que analizara las dimensiones de las piezas compradas por la Secretaría de Hacienda a Industrias Mediasist. En un informe, del que este medio guarda copia, queda corroborado que, en efecto, las sábanas miden 11 centímetros menos de lo que dicta la norma.
Todo lo anterior se produjo a pesar de que en las normas de la licitación pública queda asentado por escrito que los proveedores participantes deben entregar una manifestación de que todos los bienes que entregan “cumplen con la totalidad de especificaciones técnicas” y “que cumplen con las unidades de medida y cantidades”.
Javier no se llama así, pero pidió que se le modificara el nombre para no tener represalias en su trabajo. Es uno de los cientos de empleados que trabaja en el Hospital de La Raza del IMSS, uno de los centros médicos públicos más grandes de la capital mexicana y de todo el país, donde a diario se atienden a miles de derechohabientes.
Sobre una mesa, extendió una sábana y una bata para pacientes; ambas fueron tomadas al azar de un montón de ropa hospitalaria almacenada.
“Ayer en la planta (de lavado) hubo una junta después de unas pruebas que se les hizo a las prendas. Y la queja siempre era la misma: en 3 lavadas se rompen por lo corriente y la mala calidad de la tela, cuando una prenda de estas debe aguantar mínimo entre 100 y 200 lavadas”, expuso Javier, que subrayó: “todas las prendas que nos están llegando de ese proveedor (señala la etiqueta de un camisón que dice Industrias Mediasist) son de muy mala calidad”.
Dentro del complejo sanitario de La Raza, donde hay varios hospitales, el primero en alzar la voz, dijo Javier, fue el Hospital General, pues ellos tienen sus propias lavanderías para atender a los pacientes de 750 camas hospitalarias, a diferencia de otros centros que mandan la ropa a la planta de lavado del IMSS y de ahí pasan al almacén para luego regresar al centro.
“Ellos se dieron cuenta inmediatamente con el camisón mediano, porque lo mandaron a lavar y de una día para otro regresaban bien chiquitos porque encogen. Y cuando regresaban la ropa a planta, pues resulta que había encogido un 50% y el paciente se quejaba porque iba enseñando todas sus partes íntimas”.

Además de que encogen, Javier comentó que la tela con la que están confeccionadas las prendas tiene menos hilos de los que debería incluir, lo que la hace una prenda “rasposa” e “incómoda” para el paciente.
“Parece de esa tela áspera con la que hacen las artesanías”, señaló el empleado, que puso al trasluz una sábana de otro proveedor que tiene unos ocho años de antigüedad, y que tiene un tacto mucho más suave y que casi no deja pasar la luz. A continuación, hizo lo mismo con una sábana nueva del proveedor Industrias Mediasist, que es casi transparente y de un tacto mucho más rugoso.
Javier también señaló que a pesar de que han tratado de regresar algunas de esas prendas, personal directivo del hospital ha negado la petición.
“Nos están obligando a recibir la ropa así”, sentenció.
Eleazar tampoco se llama así, pero pidió anonimato por los mismos motivos de evitar represalias laborales. Él también trabaja en el complejo de hospitales de La Raza.
“Está muy mal la ropa nueva, nadie la quiere. No sé por qué cambiaron, pero ya hay muchos problemas con los pacientes que se quejan”, planteó.
“Tiene poco que llegó esa ropa nueva, como el año pasado. Cuando la vi dije: ‘ay, está muy grande’. Pero en dos semanas se encogió y la jalamos y se nos rompía en las manos”, agregó.
“De hecho, las enfermeras nos decían que por qué les dábamos ropa de niños para adultos, pero no, es ropa de adulto que a la tercera o cuarta lavada ya encoge mucho y no sirve”.
Miguel, otro empleado, explicó que, además de mala calidad en la ropa para pacientes, también está llegando ropa así para el personal médico.
“Aquí recibimos también ropa para cirujanos y pues viene siendo lo mismo porque tampoco cumplen con el porcentaje de algodón que se pide por norma, y eso, además de hacer más incómoda la ropa, es peligroso porque puede provocar una fricción por estática. Y al estar operando en el quirófano y con los aparatos que usan, se puede generar un problema”.
–O sea, que sí es muy importante que traiga el porcentaje correcto de algodón… –se le comentó al empleado.
–Sí, porque acá lo que hacen es meterle más poliéster –respondió con una bata en la mano del proveedor Industrias Mediasist–. Y ante un posible incendio, por ejemplo, lo hace más riesgoso porque la prenda se te pega a la piel porque trae más poliéster y es inflamable.
–¿Por qué la ropa está llegando ahora así? –se le vuelve a cuestionar.
–Supongo que Hacienda no sabe comprar ropa de este tipo. No tiene conocimiento de productos para hospitales, o no el conocimiento que sí tiene el IMSS. Y como no sabe, pues llega y compra lo más barato que le presentan. Pero hay ciertas normas que se deben cumplir para respetar la calidad del producto que le vas a dar a los pacientes, que, por otra parte, podemos ser todos.
–Es decir –añade–, Hacienda quiso acaparar todas las compras que antes hacía directo el IMSS, y pues aquí está el resultado de la gente que no sabe comprar y de esta nueva política del Gobierno –concluye el empleado, que tiene en sus manos una de las batas que asegura que encogió con tan solo un par de lavadas.

El cuerpo creado para vigilar las fronteras internacionales del país ha terminado siendo empleado por Trump en su cruzada nacional contra la inmigración ilegal.
La muerte de un segundo ciudadano estadounidense en menos de un mes en el marco de redadas migratorias en Mineápolis no solo ha provocado airadas protestas y condenas en el país, sino que también ha puesto la atención en el comportamiento de los agentes de uno de los organismos que participa en la ofensiva contra la inmigración ilegal impulsada por el gobierno de Trump: la Patrulla Fronteriza.
El enfermero Alex Pretti, de 37 años, murió el sábado a consecuencia de los disparos que le propinaron agentes de esa fuerza.
Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) afirmaron que los uniformados utilizaron sus armas de fuego en defensa propia después de que Pretti, quien según ellos tenía una pistola, se resistiera a sus intentos de desarmarlo.
Sin embargo, videos y testigos indican que lo único que el enfermero sostenía en su mano era su teléfono celular, con el cual estaba grabando las acciones de los agentes.
¿Qué es la Patrulla Fronteriza y en qué se diferencia del no menos controvertido Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que ha venido ocupando los titulares en los últimos meses?
La Patrulla Fronteriza “es la rama policial móvil y uniformada de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés)”, se lee en el sitio web de esta dependencia adscrita al Departamento de Seguridad Nacional.
Con más de 60.000 empleados, la CBP asegura tener bajo su mando a una de las organizaciones policiales “más grandes del mundo” y su misión es “la gestión y el control de fronteras”.
Su tarea abarca el combate contra el contrabando de productos y mercancías y garantizar la seguridad agrícola y sanitaria mediante la vigilancia de sus puertos y aduanas; la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y la inmigración ilegal, y facilitar los viajes de turismo y negocios a EE.UU.
La Patrulla Fronteriza, que es parte de la CBP, nació en 1924, aunque sus orígenes se remontan a décadas anteriores.
Uno de los antecedentes del cuerpo fueron los Vigilantes Montados del Servicio de Inmigración, unos oficiales que desde 1904 patrullaban a caballo la frontera con México para prevenir los cruces ilegales, en especial de personas provenientes de China, se lee en el sitio web de la CBP.
Sin embargo, la combinación de unas leyes migratorias más duras y de la prohibición de la producción y venta de alcohol que entró en vigor en 1920 en EE.UU. impulsó la creación de un organismo que se dedicara a la vigilancia permanente de las zonas fronterizas.
Frank W. Berkshire, un funcionario del servicio de inmigración nacido en Kentucky en 1870, es considerado el padre de la Patrulla Fronteriza de EE.UU., pues fue él quien a finales de la década de 1910 comenzó a escribir a sus superiores sobre la necesidad de establecer una fuerza que vigilara las fronteras terrestres, en particular la del sur con México, según documentos disponibles en el Archivo Nacional de Washington.
Con el paso del tiempo, los legisladores fueron ampliando las facultades del cuerpo.
“En 1952, se permitió por primera vez a los agentes de la Patrulla Fronteriza abordar y registrar un medio de transporte en busca de inmigrantes ilegales en cualquier lugar de EE.UU. Por primera vez, quienes ingresaran ilegalmente al país podían ser arrestados”, se lee en su sitio web.
Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, el sistema de control migratorio estadounidense fue reformando, con más fondos y la creación de nuevas estructuras, como el Departamento de Seguridad Nacional y el ICE.
Aunque nació para vigilar las fronteras internacionales e impedir el ingreso ilegal de productos y personas a EE.UU., la Patrulla Fronteriza también puede actuar dentro del territorio estadounidense.
Los agentes del cuerpo pueden realizar patrullajes en las zonas y barrios en los que pueda haber inmigrantes ilegales, y pueden establecer puestos de control, tanto fijos como temporales, según se explica en el sitio web de la CBP.
Lo anterior es posible porque el artículo 287 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad autoriza a los integrantes de la Patrulla a realizar procedimientos, incluidas detenciones, sin necesidad de una orden judicial “dentro de una distancia razonable de cualquier límite externo de EE.UU.”.
La legislación fija en 160 kilómetros esa “distancia razonable” a cualquier límite fronterizo, explica la organización de derechos humanos American Civil Liberties Union (ACLU, por sus siglas en inglés) en su sitio web.
A pesar de que la frontera con Canadá más cercana a Mineápolis está a unos 500 kilómetros de distancia, la ciudad cuenta con un aeropuerto internacional que es un paso fronterizo internacional y ello explicaría por qué los agentes del cuerpo están en la ciudad.
No obstante, esta interpretación no es compartida por organizaciones como el Consejo Estadounidense para la Inmigración, desde donde aseguraron que la administración de Trump ha recurrido al cuerpo simplemente por sus facultades.
“La zona de los 160 kilómetros limita la autoridad de la Patrulla Fronteriza hasta cierto punto: no pueden abordar autobuses ni trenes fuera de la zona, ni establecer puntos fijos de control vehicular. Sin embargo, sí tienen la facultad de detener a un conductor e interrogarlo sobre su estatus migratorio si tienen una ‘sospecha razonable’ de que no es ciudadano”, explicaron en un artículo disponible en su sitio web.
Esta tesis fue confirmada recientemente por el gobierno de Trump.
“Su capacidad para operar en todo el país garantiza que la Patrulla Fronteriza pueda hacer cumplir las leyes de inmigración, combatir el contrabando y hacer frente a las amenazas a la seguridad nacional en cualquier lugar de EE.UU”, afirmó Tricia McLaughlin, vocera del Departamento de Seguridad Nacional.
“Y la aplicación de las leyes de inmigración no se limita a las regiones fronterizas, pues las personas que evaden la detección en la frontera pueden ser detenidas en otros lugares”, agregó.
A lo largo de los años la actuación del cuerpo ha sido cuestionada.
“Los agentes de la Patrulla Fronteriza han estereotipado y deshumanizado a quienes son objeto de sus acciones (…) Los agentes de la Patrulla Fronteriza rara vez son sancionados por mala conducta , incluso cuando esta resulta en muerte”, denunció el Consejo Estadounidense de Inmigración.
Por su parte, la ACLU aseguró que ha registrado 372 muertes a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza desde 2010, de las cuales 79 fueron por uso de arma de fuego y 49 afectaron a ciudadanos estadounidenses o residentes legales.
El ICE y la Patrulla Fronteriza son ambos policías migratorias, aunque la última -como ya se mencionó- también es responsable de luchar contra el contrabando de bienes y productos, contra el terrorismo y de asegurar el normal ingreso y salida de visitantes extranjeros a EE.UU.
El ICE se creó como parte de la Ley de Seguridad Nacional de 2002, en respuesta a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.
Sus más de 20.000 agentes tienen la facultad de detener y arrestar a personas sospechosas de estar en EE.UU. sin la documentación necesaria, para lo cual pueden realizar redadas en casas o lugares públicos en cualquier parte del país, se explica en su página web.
El año pasado, la Corte Suprema emitió un fallo que allanó el camino para que los agentes de este cuerpo pudieran utilizar la raza, el acento y el lugar de trabajo como factores para decidir a quién detener. Fue una decisión que activistas de derechos humanos han calificado de discriminatoria.
Asimismo, el ICE investiga delitos relacionados con inmigración como la trata de personas y fraude de documentos y, también puede detener a ciudadanos estadounidenses en circunstancias limitadas; por ejemplo, si una persona interfiere en un arresto o agrede a uno de sus agentes.
¿Cómo distinguir a un agente de la Patrulla Fronteriza de otro del ICE? Los agentes de la Patrulla Fronteriza suelen vestir de color verde oscuro o con ropa de camuflaje, y a menudo identifican en sus chalecos en los que se lee: U.S. Border Patrol (Patrulla Fronteriza).
Sin embargo, en los últimos meses se ha visto en varias operaciones a agentes que no van uniformados ni exhiben ninguna identificación del cuerpo al que pertenecen y que, además, portan lentes de sol o máscaras que cubren sus rostros.
Con la administración de Trump, el ICE se ha convertido en una de las agencias de seguridad mejor financiadas del país, por encima del FBI y la DEA, con un presupuesto que asciende a unos US$ 84.000 millones, de acuerdo con los datos de USASpending, una organización independiente que monitorea el gasto público estadounidense.
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