La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, anuló el procedimiento de compra consolidada que incluía la adquisición de 4 mil 982 millones de piezas de medicamentos, tras detectar una supuesta venta a sobreprecio por parte de algunos proveedores; además de múltiples irregularidades cometidas por Birmex durante la organización de todo el procedimiento.
Esto, pese a que desde el 14 de enero ya habían sido elegidas las empresas proveedoras para el 73% del pedido total, mismas que debían distribuir las medicinas a 26 instituciones de salud de todo el país a partir de marzo; incluyendo al IMSS, con la mayor derechohabiencia, y a las instituciones que atienden a los más pobres, sin seguridad social, como el IMSS Bienestar y Secretaría de Salud.
Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum prometió en febrero que a partir de la entrega de estas adquisiciones acabaría con el desabasto de medicinas a partir de marzo de este año, no se cumplió.
Este era un procedimiento de compra consolidada encabezada por Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) y coordinada por la Secretaría de Salud para proveer medicamentos durante dos años y, supuestamente asegurando mejores precios, pero falló. Será repuesto con procedimientos de asignación directa y “subastas”.
Sin embargo, la Secretaría Anticorrupción detectó múltiples irregularidades cometidas por Birmex en todo el procedimiento, incluso, desde la emisión de convocatoria que incumplió con la legislación y que sumaron a considerar que todo el procedimiento debía ser anulado.
Entre las irregularidades de Birmex también estuvo una mala investigación de mercado, inconsistencias en el análisis de ofertas, en la junta de aclaraciones, entre otras. Debido a esto, al menos una centena de empresas interpusieron quejas ante la dependencia que dio origen a esta investigación.
De ahí que este 8 de abril emitió el oficio número UCP/233/DGCSCP/367/2025 dirigido a la encargada de la dirección de finanzas de Birmex, Marisol Ramírez, para informarle que anularía la licitación LA-12-NEF.012EF001-I-1-2025 “Compra consolidada de medicamentos, bienes terapéuticos, material de curación y auxiliares de diagnóstico para los ejercicios fiscales 2025-2026”.
“Toda vez que la totalidad del procedimiento de la licitación ha sido declarado nulo, la convocante deberá tomar en consideración, en su caso, que todos los actos posteriores que se deriven o se hayan derivado del declarado nulo, siguen la misma suerte, por lo que cualquier acto realizado o que realice al amparo de dicho procedimiento queda bajo su más estricta responsabilidad”, dice el documento firmado por María Guadalupe Vargas, titular de la Unidad de Compras de Anticorrupción.
Al respecto, la Secretaría de Salud emitió una nota informativa en la que informó que “las órdenes de suministro ya emitidas, se garantiza el abasto de medicamentos, y tenemos plazo suficiente para la entrada en vigor de los nuevos contratos”, mismas que también serán pagadas.
“Aquellas claves en las que se identificó un sobreprecio, se realizará una subasta con los participantes en la licitación, incluyendo quien ganó a sobre costo y se determinará el nuevo adjudicado. Y en los casos donde no existe sobreprecio, se readjudicara por asignación directa al proveedor que había presentado propuesta y a quien se le había adjudicado para continuar con el abasto”.
En la comunicación oficial no se detalla el número de claves en cada supuesto, pero la resolución de Anticorrupción establece la nulidad de todo el procedimiento.
Dicha licitación incluía la compra bianual de 4 mil 982 millones de piezas de medicamentos e insumos médicos para 26 instituciones de salud de todo el país. De ellos, 3 mil 649 ya habían sido adjudicadas desde el 14 de enero a diversos proveedores, según informó el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, en la conferencia de prensa de la presidenta Sheinbaum el 18 de febrero pasado.
Según informó entonces, faltaba un 4.2% de piezas que se licitarán en una segunda ronda entre el 21 y 26 de febrero, esperando que el proceso culmine el 19 de marzo. Además, afirmó que la entrega de medicamentos comenzaría desde marzo de este año.
Sin embargo, hubo retrasos en la firma de contratos de las claves de medicamentos ya asignadas, por lo que el avance en la distribución apenas alcanzaba para un mes y medio de abasto, reconoció el subsecretario Clark apenas el 18 de marzo.
Hasta ese día se habían habían recibido 74 millones de piezas de medicinas e insumos, y se esperaba alcanzar la entrega de otros 239 millones de piezas. Clark concluyó que, aunque esta es la primera orden de suministro, las solicitudes continuarán de manera recurrente, conforme a las necesidades de cada unidad de atención médica.
En esa ocasión explicó que cada mes, todo el sector gasta más o menos 215 millones de piezas de medicamentos, material de curación, reactivos, pruebas y otro tipo de dispositivos. Esto significa que sólo habría medicinas hasta máximo, abril, si es que se cumplieron con las entregas en todas las unidades médicas.
Según la Secretaría de Salud, “Birmex tiene hasta el lunes 21 de abril para cumplir con la resolución de la Secretaría Anticorrupción”, sumando los plazos legales con los días inhábiles de Semana Santa.
Este es el séptimo intento para implementar un procedimiento de compra de medicinas para proveer a todo el país, luego que el expresidente Andrés Manuel López Obrador eliminara las compras consolidadas que habían funcionado durante los dos sexenios previos, para supuestamente conseguir “ahorros”, como parte de su política de austeridad.
Desde 2019 y hasta 2025, cada año se ha cambiado el procedimiento de compras. Esto ha resultado en desabasto de medicinas, pese a que se ha incrementado el gasto dedicado a estas compras.
Como Animal Político reveló en la investigación periodística No Fuimos Dinamarca, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador gastó 29% más en los contratos de adquisición de medicinas en comparación con su antecesor.
Al mismo tiempo, el gobierno de AMLO dejó de surtir 15 millones de recetas de pacientes de los servicios médicos públicos, una cifra que representa 5 veces más que las recetas no surtidas en 2018, último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando fueron 3.1 millones.
Una investigación de la BBC que siguó el trayecto que realizaron dos cajas de armas revela una cadena de leyes laxas, controles ausentes y sospechas de corrupción.
Los fusiles de asalto y las pistolas llegaron a Haití escondidos en dos cajas de cartón, entre paquetes de comida y ropa, en un carguero repleto de contenedores de color rojo óxido.
Provenían de Estados Unidos, país que un experto describe como un “supermercado” que alimenta una carrera armamentista entre bandas que ha sembrado el caos en la nación caribeña.
Una investigación del Servicio Mundial de la BBC y BBC Verify rastreó el recorrido de las dos cajas, mostrando cómo las armas procedentes de EE.UU. llegan a Haití.
Revela una cadena de leyes laxas, ausencia de controles y presunta corrupción utilizada por los traficantes para eludir un embargo de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
La policía haitiana anunció en abril de 2024 la incautación de las dos cajas. Contenían 12 fusiles de asalto, 14 pistolas y 999 cartuchos de munición.
Una foto policial muestra claramente armas de dos fabricantes estadounidenses diferentes.
El cargamento había recorrido casi 1.200 km, desde Fort Lauderdale, en Florida, hasta Cabo Haitiano, en el norte de Haití, a bordo del carguero Rainer D.
El contenedor se llenó en un patio de almacenamiento en Fort Lauderdale, según un Panel de Expertos de la ONU encargado de supervisar las sanciones impuestas a Haití, que investigó el envío.
Los haitianos en EE.UU. envían con frecuencia alimentos y otros artículos esenciales al país.
Un hombre llamado Anestin Predestin dijo al Miami Herald que, a finales de febrero de 2024, alquilaba espacio en el contenedor.
Declaró al periódico que un hombre que se identificó como “Diamortino” metió dos cajas diciendo que contenían “ropa”, y que se sorprendió al descubrir más tarde que contenían armas.
Los intentos de la BBC por contactar con Predestin fueron infructuosos.
No está claro dónde se compraron las armas. Las mismas no se fabrican en Haití y en incautaciones anteriores se han hallado armas compradas en Florida.
A veces apodado el “estado de la venta de armas”, Florida fue uno de los aproximadamente 30 estados donde, hasta 2024, los vendedores privados sin licencia podían vender armas de fuego, por ejemplo, en ferias de armas y en línea, sin realizar verificaciones de antecedentes.
Como presidente, Joe Biden endureció estas normas a nivel nacional.
El panel de la ONU afirma que dos hermanos haitianos residentes en EE.UU. habían utilizado “compradores testaferros” (personas que compraban en su nombre) para adquirir las armas del cargamento incautado.
Los expertos afirman que este es un método común, a menudo con armas transportadas en múltiples cargamentos de pequeñas cantidades, un proceso denominado “tráfico hormiga”.
El contenedor fue enviado por la compañía naviera Alliance International Shipping, con sede en Florida, según la policía haitiana.
Alliance International Shipping no posee buques que viajan a Haití, sino que compra espacio en los barcos y lo vende a clientes como Predestin.
El presidente de la compañía, Gregory Moraille, declaró a la BBC que proporciona contenedores vacíos a los clientes, pero no interactúa físicamente con la carga.
“Desafortunadamente, no tenemos medios viables para prevenir los envíos ilícitos”, declaró, y añadió que la empresa coopera con las autoridades y cuenta con muchos empleados originarios de Haití.
“Trágicamente, muchas de nuestras propias familias han sido víctimas de la violencia armada en Haití”, añadió.
La BBC contactó con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. para averiguar si el envío podría haber sido inspeccionado al salir de ese país, pero no recibió respuesta.
El panel de la ONU declaró en septiembre pasado que los chequeos en EE.UU. habían aumentado, pero que “la gran mayoría de los 200 contenedores que se dirigen semanalmente del sur de Florida a Haití no son inspeccionados”.
Bill Kullman, exfuncionario de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EE.UU. (ATF, por sus siglas en inglés), declaró a la BBC que las inspecciones de la carga saliente son “muy aleatorias” y que el volumen de envíos es “increíble”.
La policía haitiana afirma haber descubierto las armas durante una “revisión selectiva” del contenedor.
Según el panel de la ONU, un alto funcionario de aduanas haitiano había introducido una de las cajas con armas en su vehículo y fue arrestado y despedido pocos días después.
La policía indicó que buscaba a un hombre llamado Wilmane Jean, quien figura en los datos aduaneros como el destinatario del envío, es decir, la persona responsable de recibirlo.
La BBC, a través de fuentes en Haití, entiende que es un agente de aduanas, está prófugo y es sospechoso de estar vinculado con actividades de pandillas en el norte del país.
Un informe anterior de la ONU señala que las operaciones aduaneras haitianas adolecen de falta de capacidad, corrupción entre altos funcionarios y amenazas y ataques de pandillas.
Los intentos de la BBC por contactar con las autoridades aduaneras haitianas para obtener comentarios fueron infructuosos.
Aproximadamente al mismo tiempo que las armas eran empacadas en el contenedor, una ola de violencia pandillera azotaba la capital haitiana, Puerto Príncipe.
Las pandillas liberaron a miles de reclusos de la prisión principal y bloquearon los puertos y el aeropuerto de la capital.
En marzo de 2024, el entonces primer ministro Ariel Henry, incapaz de regresar de un viaje al extranjero, acordó dimitir.
Un récord de 5.601 personas murieron a causa de la violencia pandillera en Haití en 2024, según la ONU. Sus agencias afirman que casi una décima parte de la población —más de un millón de personas— ha huido de sus hogares y la mitad de la población se enfrenta a una hambruna extrema. Los secuestros y la extorsión son moneda corriente.
Wilson, un trabajador de mantenimiento de Puerto Príncipe, recibió un disparo en la pierna mientras intentaba huir de las pandillas que se disputaban el territorio en su barrio.
“Era un caos, todos huían de sus casas”, declaró a la BBC. “Mi pierna dejó de funcionar. Cuando miré hacia abajo, la sangre manaba a borbotones”.
Ahora vive junto a cientos de personas en una escuela que se utiliza como refugio.
Los expertos afirman que las autoridades no tienen la capacidad de recuperar el control, a pesar del apoyo de una fuerza de seguridad internacional que incluye al menos 800 policías kenianos.
Las pandillas han ganado territorio en los últimos seis meses y ahora controlan al menos el 85% de la capital, afirma Romain le Cour, experto en Haití de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, una ONG con sede en Ginebra.
Los pandilleros posan frecuentemente en redes sociales con armas de alto calibre.
Los expertos declararon a la BBC que algunas de las armas exhibidas fueron definitivamente fabricadas en EE.UU., y es probable que otras también sean de allí.
Sin embargo, “siguen llegando armas y municiones”, afirma Le Cour, lo que constituye “una importante causa de violencia e inestabilidad”.
Para investigar la posible magnitud del tráfico desde EE.UU. utilizando rutas de envío similares, la BBC analizó datos aduaneros que nos compartió la plataforma de datos de envío CargoFax.
Recopilamos una lista de personas que actualmente se encuentran bajo sanciones por presuntas conexiones con pandillas en Haití, y otras que han sido arrestadas en Haití o EE.UU. acusadas de ser presuntos traficantes de armas.
Verificamos estos nombres con miles de registros de envíos desde EE.UU. a Haití durante cuatro años.
En total, 26 personas de la lista fueron nombradas como consignatarias de 286 envíos, que tuvieron lugar antes de que las personas fueran sancionadas o arrestadas. No está claro si estos envíos contenían armas.
Prophane Victor, exmiembro del parlamento haitiano, figuraba 24 veces como consignatario y posteriormente sancionado por la ONU y EE.UU. por armar a pandillas y traficar armas. Fue arrestado en Haití en enero.
“Ante todo, las autoridades estadounidenses no están haciendo lo suficiente”, afirma el Le Cour.
Kullman, exfuncionario estadounidense de la ATF, dice que los comerciantes de armas no tienen la obligación legal de denunciar a compradores sospechosos.
Los cambios en las leyes de armas estadounidenses son “muy difíciles de lograr políticamente”, señala, pero le gustaría ver un código de conducta voluntario para los vendedores de armas de fuego que abarque cuestiones como las ventas a compradores sospechosos y el intercambio de información.
Además, el registro de armas, similar al de los automóviles, está vigente en algunos estados y podría ser “muy útil” si se adoptara de forma más generalizada, añade Kullman.
Jonathan Lowy, presidente de Acción Global contra la Violencia con Armas, afirma que los fabricantes de armas son informados cuando se investigan armas de contrabando y saben qué comerciantes venden armas a los traficantes.
“Si los fabricantes eliminaran a estos comerciantes, se detendría de inmediato la mayoría de las rutas de tráfico desde Estados Unidos”.
La BBC contactó con la ATF y el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. para obtener comentarios, pero no recibió respuesta.
Le Cour afirma que el escrutinio internacional del problema ha aumentado, pero no hay un impacto visible: “Sabemos que tenemos el diagnóstico, sabemos cuáles son los síntomas, pero no estamos haciendo nada para curarlo realmente”.
Información adicional de Thomas Spencer, BBC Verify.
Gráficos de Daniel Arce-López, Jake Friend, Kate Gaynor, Gerry Fletcher y Caroline Souza.
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