Censida abandona a organizaciones que sostienen prevención y tratamientos VIH en estados
La organización Cohesión de Diversidades para la Sustentabilidad (Codise), con sede en Jalisco, se incorporó desde principios de esta administración al programa para distribuir profilaxis preexposición (PrEP), tratamiento que previene la transmisión del VIH, en la entidad. En aquel momento, la directora de Censida se comprometió a aportar los recursos necesarios de la Secretaría de Salud para operar el proyecto.
Eso incluía la contratación de personas que trabajaran comisionadas directamente en el territorio. En un principio, cuatro personas fueron asignadas al centro, no sin antes enfrentar un proceso complicado y burocrático para obtener la certificación como centro comunitario de detección.
“Nos ocasionó muchos problemas, porque tuvimos que hacer un proyecto para la Secretaría de Salud del estado de Jalisco, con fondos del gobierno federal que no se nos pagó hasta el año siguiente, y nosotros tuvimos deudas con los proveedores durante un año. Nos convertimos en centro comunitario de detección, empezamos el programa de PrEP y se contrata a personas que empiezan a trabajar con nosotros”, relata.
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El plan duró poco, porque nunca pagaron a las personas ni respondieron por ellas. “Al final, ese sistema no continuó, ni por parte del estado ni de la federación”, lamenta Leonardo Espinosa, director de Codise. “Para el siguiente año ya no hubo presupuesto otra vez, estuvimos trabajando, el gobierno del estado consiguió el año pasado presupuesto para dos meses, y eso fue lo único que existió”.
Todo ello ha ocasionado que durante todo el último año, la organización no cuente con pruebas de creatinina para personas que viven con VIH. Ningún presupuesto ha beneficiado a los usuarios de la organización civil, que actualmente deben solventar con sus propios recursos los diagnósticos de creatinina y hepatitis B, cuando el gobierno del estado debería absorberlos, dado que se incluyen en los indicadores reportados por las autoridades.
Hasta ahora, el gobierno del estado solo cuenta con dos establecimientos que brindan PrEP: el Capacits de Puerto Vallarta y el Centro de Atención Especializada en VIH en Guadalajara, pero ninguno de los dos, ni sumados, tienen más usuarios de profilaxis preexposición que los que tuvo la organización solo en su primer año.
El papel de las organizaciones en conjunto con las autoridades de salud es clave por el alcance que estas tienen con los posibles usuarios de PrEP o de tratamientos para VIH, como ha demostrado el caso de la Clínica Condesa y diversas asociaciones en la Ciudad de México, que sostienen el 40% de la distribución de estos tratamientos. Sin embargo, en los estados el panorama es muy distinto, sobre todo desde que Censida, durante esta administración, ha retirado apoyos a organizaciones.
“No tienen ni 200 usuarios (los Capacits), pero nada más para este ciclo se les contrataron como cuatro personas durante los próximos seis meses, con un presupuesto que era para las organizaciones de la sociedad civil; hicimos la solicitud del personal, fue enviada, recibida, aprobada… Y de pronto, en algún momento se perdieron los puestos”, apunta Leonardo.
Cuando preguntó durante una visita al Capacits Puerto Vallarta qué estrategias estaban haciendo para promover la PrEP, le contestaron que ninguna, porque al tampoco tener tampoco certeza sobre la permanencia del personal, no querían crear una necesidad que después no pudieran cubrir. Codise, por su parte, abrió una sede alterna en esa ciudad para brindar PrEP, dada las deficiencias de las instalaciones públicas.
Para Espinosa, la gestión del Censida en la administración actual ha sido pésima. “La doctora Alethse (de la Torre, directora del organismo) vino a prometer cosas que jamás cumplió ni les dio seguimiento, no ha vuelto aquí a Guadalajara y no creo que vaya a volver”, lamenta. Además, a nivel estatal –considera– los vocales de Censida no tienen ninguna representatividad, y se dedican a labores normativas.
“Se trata de que ellos con su experiencia en las poblaciones estén revisando cómo se rige la política de VIH, pero no tienen ningún poder”, argumenta Leonardo. Además, la de Censida ha sido –califica él– una conducta acosadora hacia las organizaciones, pues además pretende condicionar los tratamientos a que nunca se destinen a usuarios del IMSS u otros servicios del estado.
“La Norma Oficial Mexicana dice que los tratamientos preventivos –destaca– para el VIH y el PrEP tienen que estar a disposición de las personas sin importar su derechohabiencia, y además a nosotros nos obligaron a firmar un convenio, donde tenemos muchas obligaciones y ningún beneficio, que dice que tenemos que atender a todas las personas sin discriminación”.
Si bien Censida llega a proporcionarlos, son las organizaciones quienes se han visto orilladas a movilizarlos con sus propios transportes, resguardarlos y asumir la responsabilidad sobre los recursos invertidos en ellos. En otros casos, como lo ha vivido la organización Verter, en Baja California, algunos de sus servicios –como una unidad móvil para la aplicación de pruebas– se han visto limitados por apoyos que dejaron de recibir del organismo federal.
Según datos de Censida actualizados hasta mayo de 2024, 162 mil 026 usuarios reciben algún tipo de tratamiento antirretroviral en todo el país en instituciones del estado, pero en este conteo incluye instalaciones a cargo de otras instituciones federales así como almacenes, que no necesariamente distribuyen el medicamento.
La relación con organizaciones y sus frutos en Ciudad de México
Alain Pinzon, de la organización VIHve Libre con sede en la ciudad de México, alerta que las entidades han sido las más afectadas por las carencias y omisiones del Censida, sobre todo algunas que no están dentro de la preferencia del organismo, como Chiapas y el Estado de México, donde hay jefes de programa afines a la dirección de la dependencia.
“Las organizaciones comunitarias de todos los estados, o de la mayoría de los estados, estamos trabajando sin fondeos. Hay organizaciones, como la que yo dirijo, que nacimos a partir de esta administración y nunca hemos tenido recursos públicos. Sin embargo, al principio de esta administración se cerraron muchísimos centros de detección y atención comunitaria en varios estados de la República porque no hay fondeo, y no se puede trabajar”, explica.
Algunas siguen sobreviviendo pese a la mala racha que enfrentan desde 2019, cuando empezaron a negarse los apoyos. El activista lo considera un error en materia de salud, específicamente cuando se trata del VIH, cuya prevención y atención depende en buena medida del trabajo comunitario.
“Las organizaciones somos las que vamos a los lugares donde el gobierno no va: a las universidades, escuelas, discotecas, a los lugares de encuentro, y atendemos poblaciones que no llegan a las instituciones de salud pública en cada estado. El caso, por ejemplo, de Jalisco es muy importante porque ha presentado muchos problemas desde 2020”, detalla Pinzón.
Al principio, ocurría que en los servicios estatales no se atendía a personas de reciente diagnóstico o se interrumpían tratamientos. Sin embargo, fue a partir del 2022 –asegura– que el Censida inició una campaña de acoso contra organizaciones de algunos estados, entre ellos Jalisco y la Ciudad de México. Eso implicó no solo trabajar sin recursos, sino hacerlo bajo una auditoría extrema.
“Eso genera rispidez, porque no nada más estamos siendo vigilados, que es lo normal, sino súper auditados, y además trabajábamos bajo la amenaza de que cualquier error que se pudiera cometer, podría traer consecuencias graves”, señala. Los oficios que constantemente enviaba la dependencia solicitaban información no solo en torno al número de usuarios de tratamientos, sino a las especificidades sobre sus expedientes, datos personales y explicaciones detalladas.
Particularmente, en el tema de PrEP tanto VIHve Libre como otras organizaciones se enfrentaron a que el Censida llegara a solicitar datos personales de usuarios que habían sido agredidos sexualmente. VIHve Libre terminó perdiendo comunicación con Censida a finales de 2022, cuando iniciaron su propio programa comunitario de prevención en colaboración con la Clínica Condesa.
Una de las principales molestias del Censida era, de nuevo, que los programas comunitarios de la Ciudad de México contemplaban a derechohabientes del IMSS para otorgarles PrEP y PEP. Sin embargo, las organizaciones han insistido en defender esos tratamientos al amparo de la Ley para la prevención y atención integral del VIH en la Ciudad de México, que establece la universalidad de la atención.
El modelo que las organizaciones piden replicar
En la Ciudad de México, el 40% de los 5 mil 433 usuarios activos de PrEP, para prevenir la transmisión del VIH, acceden a estos a través del trabajo comunitario de organizaciones civiles. Actualmente, las dos clínicas Condesa les proveen insumos –pruebas rápidas, capacitación, acompañamiento y medicamento– para que sean ellas quienes, mediante su cercanía, los dispersen a los usuarios, con un sistema monitoreado y auditable.
Ese modelo no existe en ningún otro estado de la República. Esa relación, destaca Pinzón, es vital, porque las organizaciones son quienes reciben todos los casos que nunca llegan a las instituciones de salud. La relación estrecha con clínica Condesa obliga, pero también ayuda a canalizar a esas personas a los servicios de salud cuando es urgente y se trata de poblaciones vulneradas.
“En ese momento los servicios se activan a partir de esta comunicación tan estrecha, y no hay que perder tiempo en llevarlo a la consulta externa o explicarle al doctor; es una relación que permite la atención inmediata de las personas que están necesitadas de esta”, subraya.
Ante ello, más de 30 organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la prevención y atención del VIH en todo el país recientemente hicieron pública una carta, dirigida al equipo de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, para pedir que se priorice como política de salud replicar el modelo virtuoso de la capital en el resto de los estados del país.
“Existen diferentes intervenciones que permitirían prevenir infecciones por transmisión sexual, incluida la profilaxis con antirretrovirales (conocidas como PrEP y PEP), pero no se han creado estrategias efectivas para ofrecerla de forma universal a las poblaciones más expuestas a la infección; durante el año 2023 se reportaron 17 mil 739 nuevos casos de VIH. Podemos señalar que durante la actual administración, a nivel federal, no ha existido capacidad ni compromiso claro para implementar un programa eficaz que contenga la epidemia del VIH en México; nunca existió comunicación con las comunidades mayormente afectadas”, señala el documento.
El modelo de la ciudad de México, que proviene de varias administraciones atrás, está dirigido por la clínica Condesa, y es único en América Latina, apunta Pinzón, porque es médico y comunitario al mismo tiempo, mediante una atención integral.
“El trabajo estrecho que tiene la clínica con las organizaciones, aunque se lleven mal, a pesar de las críticas, la Clínica Condesa, dice ‘ok, vamos a trabajar para que eso se subsane’. Eso es algo que no ha pasado a nivel federal; muy por el contrario, cuando tú te quejas con el Censida, lo que hace es bloquearte, tratar de callarte o decir ‘no es cierto”, reclama el activista.
La petición de las organizaciones es que ese modelo se refleje a nivel nacional, no solo con un sistema médico que permita transitar los servicios, sino mediante acompañamiento comunitario, insumos y métodos de prevención sin burocracias. Ante la entrega y publicación de la carta, ya se estableció comunicación con el equipo de transición, con la promesa de recibirles en cuanto el gobierno de Sheinbaum entre en funciones.
“Me parece que es importante, es una buena señal, porque ni siquiera a eso llegaba la actual directora del Censida”, asegura Pinzón, en espera de que se cumpla con la reunión acordada, donde pondrán en la mesa las fallas del panorama actual, la responsabilidad de Censida y la petición de que la experiencia comunitaria sea escuchada, pues es liderada en su mayoría por personas que viven con VIH. Todo ello encaminado a tener un programa nacional de prevención, que amplíe el diagnóstico pero sobre todo, a cargo de alguien con mayor experiencia.
“La doctora Claudia y el doctor Kershenobich (recién nombrado secretario de salud para la próxima administración) tienen ahí una oportunidad muy importante”, concluye Pinzón.
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Un número récord de soldados rusos está siendo procesado por deserción. Muchos están siendo ayudados y ocultados por sus familias.
Los tribunales rusos han registrado un número récord de casos de soldados que desertan de sus unidades o no regresan a casa tras su tiempo de permiso, según una investigación del servicio ruso de la BBC. Muchos desertores se refugian en casa de familiares, quienes también corren el riesgo de ser procesados.
En la mañana del 23 de marzo de 2023, en un pueblo de la región de Stavropol en el sur de Rusia, un joven llamado Dmitry Seliginenko llevó a su novia en motocicleta para que pagara sus facturas en las oficinas de la autoridad local.
Seis meses antes había sido llamado a filas para combatir en Ucrania, en el marco de la movilización militar del presidente ruso Vladimir Putin.
En marzo de ese año debería haber vuelto al frente de combate.
Pero no regresó a su unidad tras 10 días de baja médica y ahora figuraba en la lista de personas buscadas por Rusia.
De camino por el pueblo, el joven fue localizado por su antiguo compañero de clase Andrei Sovershennov, que se había unido al cuerpo de policía tras terminar los estudios.
Sovershennov alertó a la policía militar y, poco después, tres hombres intentaron detener a Seliginenko mientras esperaba a su novia.
Seliginenko consiguió ponerse en contacto con su madre y su padrastro, que se dirigieron al pueblo para intervenir. Hay dos versiones diferentes de lo que ocurrió después.
Según la versión oficial de la policía, el padrastro de Seliginenko, Aleksandr Grachov, agarró las esposas de Sovershennov y gritó: “Arréstenme a mí”. A continuación, supuestamente empujó a un oficial al suelo y empezó a golpearle.
Según la versión de la familia, fue Aleksandr Grachov quien supuestamente fue empujado al suelo y golpeado tras exigir ver una orden de detención contra su hijastro.
Ambos acabaron en el hospital, y Grachov fue acusado posteriormente de agresión a un policía.
Seliginenko, por su parte, se subió al coche de sus padres y se marchó.
El incidente generó un acalorado debate en un grupo de chat creado por los habitantes del pueblo.
La familia de Seliginenko afirma que su hijo ni siquiera estaba destinado a alistarse en el ejército; que no se le sometió a un examen médico adecuado para ver si realmente era apto para el servicio, y que fue enviado al frente a pesar de dar positivo en las pruebas del coronavirus.
En enero de 2023, Seliginenko presentó afecciones en su piel, causadas por el frío extremo, y se le dio tiempo libre para descansar. Dos días después de llegar a casa, fue sometido a una operación gástrica. La familia argumentó que Dmitry no era apto para el servicio militar y que debería haber sido evaluado por una comisión médica militar.
No todos en el grupo de chat simpatizaban con sus argumentos, y en respuesta la familia publicó este emotivo llamamiento a sus vecinos.
“Aquí estás viviendo cómodamente en nuestro pueblo, pero ¿quién de ustedes vendrá con nosotros a un hospital de Pyatigorsk, Budyonnovsk o Rostov para ver cuántos soldados heridos yacen ahí?… Antes de juzgar a los demás, pónganse en la piel de la madre y su hijo que ya han sufrido tanto… Tienen a sus maridos e hijos a su lado; ¡será mejor que recen para que a ustedes no les pase lo mismo!”.
En marzo de 2024, Aleksandr Grachov fue encontrado culpable de agresión y multado con 150.000 rublos (US$1.500).
Dmitry Seliginenko no ha vuelto a su unidad militar y se desconoce su ubicación actual.
Ninguno de los involucrados quiso hablar con la BBC.
“Nos han quitado a todos los hombres”
A cientos de kilómetros del pueblo de la región de Stavropol, otros dos casos han sido llevados ante el juez en un tribunal de Buriatia, una república al otro lado de Rusia.
En el banquillo estaban el soldado Vitaly Petrov, que había desertado de su unidad, y su suegra, Lidia Tsaregorodtseva, que había intentado impedir que la policía local lo detuviera.
La BBC ha reconstruido lo sucedido a partir de documentos judiciales y del testimonio de personas familiarizadas con el caso, que no nombramos por razones de seguridad.
Vitaly Petrov, de 33 años, padre de dos hijos y originario de Sharalday, fue llamado a filas para combatir en Ucrania en 2022.
La región es una de las más pobres de Rusia. En otoño de 2022, tenía uno de los índices de movilización más altos del país, y también uno de los índices de muertes más elevados, según una investigación de la BBC y el medio de noticias independiente ruso Mediazona.
En junio de 2023, Petrov escapó de un hospital militar al que había sido enviado tras ausentarse previamente sin permiso y ser devuelto a la fuerza a su unidad a principios del mismo año.
Su suegra dice que él no era apto para el servicio militar y que sufría dolores de cabeza. Ella también declaró ante el tribunal que Petrov había sido objeto de violencia y extorsión en su unidad militar.
Los fiscales militares afirman que Petrov simplemente intentaba evitar ser enviado de nuevo al frente.
Durante el verano y el otoño de 2023, Petrov se escondió en casa de su suegra. Pasaba la mayor parte del día en el bosque cercano, buscando piñones, setas y frutos rojos, y volvía a casa de vez en cuando por la noche para dormir.
Grigory Sverdlin, activista de la ONG Run to the Forest, que ayuda a los soldados que han desertado a huir del país, calcula que alrededor del 30% de los desertores se quedan dentro de Rusia, mientras que el resto se va al extranjero. Según Mediazona, hay más de 13.000 casos en los tribunales rusos por cargos de deserción y ausencias sin permiso.
En diciembre de 2023, la policía armada se presentó en la casa por la noche para detener a Petrov.
Lo que ocurrió después tiene de nuevo versiones diferentes.
Tsaregorodtseva afirma que la policía derribó la puerta e irrumpió en la casa, apartándola a ella y a sus dos nietas pequeñas aterrorizadas mientras empezaban a registrar la vivienda y a levantar las tablas del suelo con un hacha.
También afirma que la policía no le mostró su identificación ni una orden judicial, algo que las autoridades niegan, según los documentos judiciales. También señalan que no registraron la casa ni movieron nada.
Tanto la familia como la policía afirman que Petrov salió de su escondite en el sótano y sus hijas corrieron hacia él.
En los documentos judiciales, tanto la familia como la policía se acusan mutuamente de violencia, ya que se produjo un altercado mientras los policías intentaban detener a Petrov.
Él fue arrastrado afuera de la casa y, según sus hijas pequeñas, la policía lo golpeó con una pistola eléctrica. El investigador principal del caso fue trasladado al hospital con quemaduras producidas por agua hirviendo durante el altercado.
Tanto Petrov como Tsaregorodtseva fueron procesados. Petrov fue condenado a seis años de prisión por ausentarse sin permiso. Su suegra fue condenada a dos años de cárcel y a pagar una indemnización de 100.000 rublos (casi US$1.000) al agente de policía que resultó herido durante el altercado.
Una fuente familiarizada con el caso declaró a la BBC que la esposa de Vitaly Petrov se sentía aliviada de que su marido estuviera en la cárcel y no de vuelta en el frente de guerra.
Una fuente de la BBC también dijo que la guerra estaba pasando factura a los habitantes de las zonas rurales.
“Nos han quitado a todos los hombres de los pueblos, no queda nadie para hacer el trabajo duro, cuidar de los animales y prepararse para el invierno. Un niño está enfermo, el otro está muerto de miedo. Si me perdonan la expresión, en los pueblos sólo quedan las mujeres silbando al viento”.
La misma fuente dijo que muchos hombres de la localidad se sentían en “una situación imposible”: enviados a la guerra quisieran o no, mientras sus familias se quedaban luchando solas en casa.
Siete años por deserción
Otro caso visto por la BBC fue el de un soldado condenado.
En enero de 2023, Roman Yevdokimov, de un pueblo de la frontera ruso-mongola, fue condenado a siete años de prisión por desertar de su unidad.
Este hombre de 34 años, que había sido condenado en dos ocasiones por robo, fue llamado al servicio militar en octubre de 2022 como parte de la movilización nacional de Putin.
Yevdokimov pasó sólo un mes en el ejército antes de ausentarse sin permiso y regresar a casa. Pasó un tiempo escondido en el bosque y sus familiares lo ocultaron en el sótano de la casa de su suegra, hasta que finalmente las autoridades militares lo atraparon y fue enviado a prisión.
Pero como delincuente convicto, le ofrecieron la oportunidad de ir a luchar a Ucrania, en lugar de cumplir su condena. Yevdokimov sobrevivió seis meses como soldado de asalto y, según las normas de entonces -que se han modificado-, fue liberado y regresó a casa en abril de 2024.
Su familia dice que los seis meses que pasó en el frente le han dejado traumatizado e incapaz de volver a su vida anterior. Ahora pasa gran parte del tiempo en el bosque, donde antes se escondía de la policía militar.
Como soldado de asalto reclutado en prisión en 2023, cuenta con un indulto oficial que anula su condena de siete años de cárcel por deserción, pero no hay documentos que demuestren que luchó en el ejército y resultó herido en acto de servicio.
Muchos veteranos de combate reclutados en prisión intentan ahora llevar al Ministerio de Defensa ruso ante los tribunales para exigir el reconocimiento de su estatus.
Pero para Yevdokimov, el viaje de cuatro horas a la oficina de reclutamiento más cercana para tratar de resolver sus problemas es simplemente demasiado como para considerarlo.
“Cuando lo fui a ver, él con algunos tragos encima, dijo: ‘¿Quizás debería inscribirme para ser un soldado por contrato?'”, dijo su hermana a la BBC.
“No lo dejaré ir y tiene miedo de dejarme porque sabe lo mucho que me preocupo por él. Pero quiere volver con sus compañeros, porque algunos se están muriendo y está preocupado por ellos. Está sufriendo por estar allí”.
Estos casos son sólo una pequeña fracción del elevado número que llega ahora a los tribunales.
Los registros oficiales muestran que en 2024, alrededor de 800 soldados fueron condenados cada mes por ausentarse sin permiso, no cumplir órdenes o desertar de sus unidades. Según Mediazona, esta cifra duplica la del año anterior y multiplica por más de 10 el número de condenas antes de la guerra.
No hay estadísticas oficiales sobre cuántos familiares han sido también condenados por ayudar a soldados que se han fugado.
*Información adicional de Olga Ivshina
Editora: Olga Shamina
Ilustraciones del equipo de periodismo visual ruso de la BBC
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