No fuimos Dinamarca: “¿Por qué tenemos que pedir ayuda a juez para vivir?”; aumentan 6 veces amparos para recibir atención médica
Durante tres meses, Roberto González, de 43 años, acudió al Hospital Regional de Alta Especialidad ISSSTE Veracruz, para recoger las dosis de capecitabina, el medicamento que daría continuidad al tratamiento contra el cáncer de colón que padecía. En cada ocasión le dijeron lo mismo: no hay. Por eso es que tuvo que comprarla, a un costo de 9 mil pesos cada caja, que solo le duraba un mes.
Hasta que supo de la organización Justicia vs cáncer, un colectivo de profesionales jurídicos que brindan servicios legales gratuitos para personas afectadas por la falta de medicamentos y atención integral para combatir la enfermedad.
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Después de ponerse en contacto con ellos, le asignaron una abogada para ayudarle a formular una demanda de amparo, misma que presentó ante juzgados. Tres días después el juez falló a su favor y con esa resolución se presentó nuevamente en la farmacia del hospital para que le entregaran el medicamento, aunque le pidió una disculpa al administrador, por “haberlo hecho de esta manera (mediante amparo)”, le dijo.
Pacientes acuden al amparo para intentar acceder a medicamentos
La respuesta del funcionario fue inesperada para Roberto. “No, discúlpanos a nosotros porque esto viene desde oficinas centrales. Estas claves no nos las están mandando. No depende de nosotros y tenemos muchos casos así”.
El siguiente mes volvió por su tratamiento, pero nuevamente le dijeron que no había. Otra vez acudió con la organización e interpuso otro recurso, y así lo hizo tres veces más: solo obtuvo los medicamentos a través de amparos. “Por qué tenemos que llegar a esto, a esperar a meter un recurso legal para seguir viviendo, porque eso es: es por nuestra vida”, lamenta.
Crecen 628% los amparos ante desabasto de medicamentos
Roberto no es el único caso. En 2022, se registraron mil 602 juicios de amparo promovidos por desabasto de medicamentos e insumos para la salud, mientras que en 2018 hubo 220 recursos. Esto significa un crecimiento de 628%, de acuerdo con el informe “Radiografía del desabasto de Medicamentos en México 2022”, del colectivo Cero Desabasto.
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La información obtenida por el colectivo, a través de transparencia, revela que las demandas de amparo han crecido durante este sexenio. En 2017 solo hubo 229 juicios y en 2018, el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, 220. Al inicio del gobierno de López Obrador se registraron 387, un crecimiento de 75%.
En 2020, el año de inicio de la pandemia hubo 1,092 juicios, y el máximo registrado ocurrió en 2021, con 2,307 procesos registrados ante tribunales colegiados de circuito.
Pacientes pagan medicinas y tratamientos ante desabasto
Roberto pudo resolver el abasto de sus medicinas a través de los amparos, pero meses antes, cuando le detectaron un tumor en el colón que debía ser extirpado de manera urgente, no quiso arriesgarse a esperar meses a que el ISSSTE pudiera realizarle la cirugía, puesto que tardó tres meses solo para tener la primera cita con el oncólogo.
Él y su esposa decidieron utilizar los ahorros de ella para pagar la operación en un hospital privado, que costó 1 millón de pesos. El cirujano que lo atendió le recomendó continuar el tratamiento de radioterapia y quimioterapia en el ISSSTE, donde es derechohabiente.
Así lo hizo, pero en el ISSSTE, el doctor que lo valoró le dijo que no era necesario realizarle radioterapia y eso lo obligó a también pagarlas en el privado.
Sin embargo, meses después le detectaron perforaciones intestinales. Llegar a ese diagnóstico también le tomó cuatro meses, por eso acudió al hospital privado. Esta vez tuvo que pedir prestado, organizar rifas y sus padres están en proceso de venta de una propiedad para poder pagar esa deuda.
Jorge espero un año para ser operado y lo consiguió con amparos
Otro caso es el de Jorge, de 48 años de edad, quien tuvo que esperar un año y la tramitación de amparos para que finalmente fuera operado de una hernia en un hospital del ISSSTE.
Desde marzo de 2022 acudió a su clínica familiar en Puebla por las molestias. Desde las consultas y luego en los exámenes preoperatorios, “no había día que no escuchara reclamos airados por deficiencias en servicios básicos como rayos X, laboratorios o subrogaciones”.
Una vez cumplido todo el papeleo en el Hospital Regional de Puebla le dijeron que en dos o tres semanas le darían fecha para la operación. Nunca pasó.
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Ante la incertidumbre por la falta de respuesta, un compañero de trabajo, abogado, le recomendó interponer un amparo y se ofreció a ayudarle. Así lo hicieron y después de todo el proceso legal, Jorge finalmente fue operado la semana pasada.
Después de leer los reportajes publicados por Animal Político, dice, “confirmo que mi caso es la excepción en un sistema que está desfondado. En mi caso, el amparo al final fue la única opción para forzar a la institución a garantizar lo que debe garantizar”.
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La gestión del desastre suscita críticas y abre el debate sobre cuán preparado está España ante las emergencias y el cambio climático.
La magnitud de la tragedia por las inundaciones y riadas que dejaron decenas de muertos en el sureste de España ha generado dudas sobre la preparación y la respuesta de las autoridades ante la emergencia.
La provincia de Valencia, la más afectada, y las de Albacete y Cuenca sufrieron lluvias torrenciales que desbordaron los cauces de los ríos, inundaron calles y campos, arrastraron autos, derribaron puentes y dejaron la mayor cifra de muertos y desaparecidos por un desastre natural en la historia reciente de España.
Mientras los servicios de emergencia aún buscan a los desaparecidos entre el lodo y el agua que anega las localidades afectadas, en España crecen las preguntas sobre la gestión del desastre.
Residentes de las zonas impactadas denunciaron en los medios de comunicación locales y en las redes sociales que las autoridades no les avisaron para que se prepararan adecuadamente.
Exponen que recibieron en sus teléfonos la alerta de Protección Civil llamando a evitar los desplazamientos cuando ya llevaba varias horas lloviendo y muchos habían quedado atrapados en edificios y en vehículos arrastrados por la fuerza incontenible del agua.
Bárbara Jiménez, camarera de un restaurante en Valencia, le dijo a Televisión Española que su jefe no le dejó irse a casa porque no veía la situación “lo bastante grave” hasta que llegó la alerta telefónica a las 20:00 hora local del martes, pero entonces “ya era demasiado tarde”.
A esas alturas, el agua ya había bloqueado muchas carreteras y cientos de conductores estaban atrapados en ellas.
Cuál fue la respuesta de las autoridades a la DANA
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) venía desde el jueves 24 alertando de la llegada a la Península Ibérica de una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), el fenómeno atmosférico que ha ocasionado el desastre.
El martes 29 a las 07:30 de la mañana, la Aemet elevó una alerta roja por lluvias, lo que implica la previsión de “fenómenos no habituales de intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto”.
A las 11:50, la Confederación Hidrográfica del Júcar, organismo dependiente del gobierno español encargado de gestionar las aguas del río Júcar, que recorre la zona afectada, informaba a través de la red social X que uno de sus afluentes mostraba una “crecida considerable” y otro veía crecer su caudal “de forma importante”.
Alrededor de las 13:00 h, Carlos Mazón, presidente de la Generalitat valenciana, el gobierno regional de la Comunidad Valenciana, pedía en las redes sociales “prudencia en las carreteras y mucha atención a las indicaciones de las autoridades”.
Pero Mazón dijo también: “según la previsión, el temporal se desplaza hacia la Serranía de Cuenca en estos momentos, por lo que se espera que hacia las 18.00 disminuya su intensidad” en la Comunidad Valenciana.
En lugar de eso, se desplazó por la región sembrando el caos.
Según el recuento de la agencia Efe, a las 19:17, la Generalitat elevaba la alerta a Nivel 2 en las comarcas de Utiel, Requena y la Plana.
Y finalmente, a las 20:00, enviaba el mensaje de alerta a los teléfonos móviles de toda la población.
Para entonces, la mayoría de los valencianos ya sabían que la situación era excepcional y peligrosa porque lo estaban viendo con sus propios ojos.
A las 20:36, el gobierno español ordenaba el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) a petición del gobierno autonómico valenciano para colaborar con los servicios de emergencia locales.
Finalmente, pasado el mediodía de este miércoles, cuando ya se sabía que había decenas de muertos y desaparecidos, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dirigía un mensaje televisado a la población ofreciendo el apoyo y la solidaridad del país a las zonas afectadas.
El gobierno español anunció también la declaración de Zona Catastrófica en las áreas afectadas.
Qué falló
La gestión de la emergencia ha suscitado críticas de ciudadanos y autoridades locales.
Andreu Salom, alcalde de L’Alcúdia, una de las poblaciones afectadas, dijo sentirse en el “abandono y una absoluta impotencia”. Señaló: “como alcalde, nadie me informó de que el río Magro podía desbordarse”. Contó que la población “se ha llenado de agua, barro y escombros”.
El gobierno regional de Carlos Mazón ha sido criticado porque una de las primeras decisiones que tomó al llegar al poder fue eliminar la Unidad Valenciana de Emergencias, a lo que ha respondido que no era más que “otra organización ficticia, con cero bomberos, cero materiales y cero eficiencia”.
Jorge Olcina, climatólogo de la Universidad de Alicante, le dijo a BBC Mundo que “aunque la cantidad exacta de agua que terminó por caer era imposible de prever, hubo un aviso meteorológico con tiempo suficiente, y lo que falló fue la transmisión de ese aviso a la población”.
Por eso, según dice, “la gente siguió haciendo vida normal pese a la alerta”.
Para Olcina, “la información a la sociedad no se dio con la celeridad necesaria”.
Olcina recuerda que “España lleva tiempo tratando de implantar el sistema europeo de avisos de emergencia por teléfono, pero el proceso se delegó a las comunidades autónomas y se está tardando mucho”.
Pero el experto detecta otros problemas.
“En España no hay una educación de la población para la prevención de riesgos en desastres como la que existe, por ejemplo, en Estados Unidos con los huracanes y deberíamos empezar a trabajar en eso”, señala.
“En una situación así, deberían haberse suspendido las clases y la gente no debería haber ido a trabajar si no era indispensable. Obviamente, eso tiene un costo, pero el precio que vamos a pagar va a ser ahora más alto”, añade.
Para Olcina, episodios como el de Filomena, la borrasca que sembró el caos en Madrid y otros puntos de España en 2021, deberían llevar a una reflexión en su país sobre cómo se afrontan estas emergencias.
Olcina apunta también al “problema estructural provocado porque en muchas zonas del Mediterráneo español ha habido un crecimiento urbano descontrolado desde mediados del siglo XX y se ha construido en zonas inundables, que, como hemos visto ahora, son las primeras afectadas”.
Los científicos alertan de que el cambio climático está aumentando la frecuencia e intensidad de fenómenos potencialmente catastróficos como la Depresión Aislada en Niveles Altos, una masa de aire que se desprende de una corriente muy fría y desciende sobre otra de aire caliente produciendo grandes perturbaciones atmosféricas y precipitaciones muy intensas.
Es una situación típica de las regiones del litoral mediterráneo español en los meses de septiembre y octubre, y los lugareños están habituados a ella.
Pero, “con las aguas del Mediterráneo cada vez más calientes, se están formando nubes cada vez más potentes y que producen más precipitaciones”, explica Olcina, que recuerda que “España está recibiendo ahora los fondos Next Generation de la Unión Europea y uno de sus objetivos es financiar proyectos de adaptación al cambio climático”.
“Estamos ante una oportunidad de utilizarlos bien en las zonas más vulnerables, como la Comunidad Valenciana”, afirma.
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