Alistan amparo por eliminación de normas oficiales mexicanas en salud; organización advierte impacto a la atención
Los grupos en situación de vulnerabilidad quedarán en mayor indefensión e incertidumbre tras la cancelación de 35 normas oficiales mexicanas (NOM) por parte del gobierno federal, debido a que se relacionan de manera directa con el estándar de calidad que debe regir toda prevención, detección, diagnóstico y atención de enfermedades como el cáncer de mama, cervicouterino, la obesidad y la diabetes.
La eliminación de estas normas potencia el riesgo de violaciones al derecho humano a la salud, e incluso consecuencias en asuntos vinculados al acceso preventivo y riesgos sanitarios, pues se suprime la calidad mínima que debe guiar la atención en instituciones de salud. Con ello, se vulneran los principios de no discriminación, así como disponibilidad y accesibilidad, al limitarse la calidad y obligación de determinados servicios.
Con el argumento de que estas medidas violentan el derecho a la salud y la dignidad humana, y que toda persona tiene derecho a una atención que le permita vivir dignamente, la asociación civil Justicia que Transforma México, antes conocida como Justicia Covid o Justicia vs Cáncer, está afinando los detalles de un amparo para la defensa de las personas vulnerables y marginadas en México en contra del acuerdo publicado el pasado 1 de junio en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Aunado a esos derechos esenciales, explicó el colectivo, la cancelación afectaría también la certeza y seguridad jurídica en la estandarización de la atención y calidad de servicios de salud, pues podría generar criterios discrecionales en diagnóstico, prevención, tratamientos, control y vigilancia de padecimientos. Por otro lado, se restringe la posibilidad de fincar responsabilidades administrativas a servidores públicos que, por acción u omisión, no cumplían con las NOM.
El recurso legal también contemplaría los agravios a la responsabilidad patrimonial y al presupuesto público. En el caso de la primera, se restringe la posibilidad de reclamar responsabilidades patrimoniales a los servidores públicos de la salud, y respecto del segundo, se pone en riesgo la calidad de medicamentos y servicios por la inadecuada asignación de recursos al eliminarse los estándares mínimos de calidad.
Las NOM son guías de atención que deben ser acatadas por el personal médico del sector privado, los organismos públicos descentralizados o la Secretaría de Salud, para atender los diferentes padecimientos de la población. La Ley Federal sobre Metrología y Normalización especifica que se trata de regulaciones técnicas de observancia obligatoria que establecen reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un servicio.
“La idea con la norma es estandarizar, que el resultado sea lo mejor posible. Si alguien tiene un cáncer de mama y lo atienden en Chihuahua, se obtenga el mismo resultado que el mismo cáncer en la sierra de Oaxaca o en el hospital ABC de la Ciudad de México. La idea de la norma es que sea de orden obligatorio en toda la República, y en el caso de medicina es para todas las áreas”, explica el diputado federal panista y médico Éctor Jaime, quien se opone a la eliminación de las NOM.
La cancelación implica que el personal médico no tendrá obligaciones específicas definidas en torno a cómo debe ser la atención de los padecimientos, por lo que esta podría ser regresiva e incluso ocasionar que las instituciones prefieran no tener disponibles algunos servicios específicos. De acuerdo con la asociación Justicia que Transforma México, ese es el motivo por el que las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad quedarán más expuestas.
“Nosotros vamos a enfocarnos a todo el público, pero en particular a los grupos vulnerables, y estamos analizando los conceptos de violación pero de entrada, el que quites las reglas del servicio, de una mayor profesionalización, control y calidad, que tiene que ver con una mejor cama, medicamento, controles en laboratorios… nos hace suponer que va a haber un servicio más carente para la población, y en este caso sería para los grupos vulnerables o para casi todos los que van a Insabi o IMSS Bienestar, y obviamente podría impactar a otros hospitales públicos. De alguna manera se va a relajar el cumplimiento de las reglas que tenían”, señaló Guillermo Rivera, director de la asociación.
Tanto las y los abogados del colectivo como el doctor Enrique Rosas, del departamento de Ciencias de la Salud del CUTonalá, coinciden en que la cancelación de NOM es contraria al contenido de los artículos 1 y 4 de la Constitución mexicana, que establecen la protección a los derechos humanos y a la garantía progresiva de una atención integral y gratuita a la salud. Al eliminarse las NOM, no existe un régimen y las atenciones quedan fuera de dichos artículos, detalla el doctor Rosas.
Nueve normas se relacionan con atenciones prioritarias y enfermedades de alta incidencia
Nueve de las eliminaciones publicadas en el DOF se relacionan con la atención de enfermedades prioritarias o de alta incidencia, como el cáncer de mama y cervicouterino, la hipertensión, la diabetes, las infecciones de transmisión sexual, las adicciones y el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad. Además, se incluyó una NOM destinada al fomento, protección y apoyo a la lactancia materna.
A estas se suma la relativa a la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica. La salud mental, por ejemplo, está consignada como un derecho inalienable en el Proyecto de Nación 2024-2030 del gobierno de México, en el que se establece el aumento al presupuesto de inversión en este rubro para garantizar su acceso universal. En el mismo documento, se resalta la importancia de la salud sexual y reproductiva, así como de reforzar la prevención de enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la obesidad y del corazón.
En tanto, el quinto objetivo prioritario del Programa Sectorial de Salud 2020-2024 consiste en mejorar la protección de la salud bajo un enfoque integral que priorice la prevención y sensibilización de riesgos para la salud, así como el oportuno tratamiento y control de enfermedades, especialmente de aquellas que representan el mayor impacto en la mortalidad de la población.
De acuerdo con el Inegi, en México más de 30 millones de personas padecen hipertensión arterial, es decir, una de cada cuatro. Cada año, esta enfermedad ocasiona cerca de 50 mil fallecimientos. En tanto, 12 millones 400 mil personas padecen diabetes, según la más reciente Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut). A nivel nacional, esta enfermedad provoca la muerte de 11 personas por cada 10 mil habitantes.
El último reporte de muertes registradas en el país por el Inegi muestra que las enfermedades que más muertes ocasionan son enfermedades del corazón (105 mil 864 casos), diabetes (59 mil 996) y tumores malignos (44 mil 533).
Para Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, la cancelación es preocupante porque las NOM son un marco de referencia para los pacientes, y se trata de normas técnicas que permiten aterrizar en concreto los derechos de los pacientes, específicamente de ciertas enfermedades. Aunque es posible que dentro de las 35 eliminadas haya algunas obsoletas o innecesarias, hay otras que requerirían una sustitución.
Dado que el gobierno no ha revelado los detalles del proceso de cancelación, no es claro a cuáles les aplica qué criterio —el desuso o la actualización—. “Preocupa ver que la norma de atención al cáncer de mama está incluida, o la de cáncer cervicouterino, o incluso la de diabetes. Estamos hablando, en el caso de la diabetes y de cáncer de mama, de principales causas de muerte en nuestro país; son temas de absoluta seriedad”, remarcó.
De acuerdo con el artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la modificación de las NOM debe cumplir con el mismo procedimiento que para su elaboración, y solo en caso de que no subsistan las causas que motivaron su expedición, las dependencias o la Comisión Nacional de Normalización pueden modificarlas o cancelarlas.
Del mismo modo, precisa que deben ser revisadas cada cinco años a partir de su entrada en vigor, mediante una notificación en los 60 días naturales posteriores al cumplimiento de ese periodo. Cuando la notificación no se hace, las normas pierden su vigencia y las dependencias que las expidieron deben publicar su cancelación en el DOF. Sin embargo, su revisión, actualización o cancelación debe cumplir con un procedimiento que hasta ahora no se ha hecho público.
“Las normas oficiales mexicanas sí se pueden cancelar, está en la ley, la simple cancelación de una NOM no implica ningún acto ilegal. Ahora, se canceló una cantidad muy importante de normas, ¿eso que implica? Las normas lo que fijan es un piso mínimo de obligaciones para el tratamiento de ciertas enfermedades y cuestiones que tienen que ver con la salud; entonces, cualquier persona que quiera atender un tema de salud tiene que cumplir con esa NOM, sea un privado o un público”, explicó el abogado José Mario de la Garza, de la asociación Renace San Luis.
De esa manera, las NOM dan una garantía de un estándar mínimo de atención, por ejemplo, qué protocolos deben cumplirse en el tratamiento del cáncer. Al cancelar esas guías técnicas de atención, se eliminan protocolos específicos, lo cual abre la puerta a una atención más precaria y un deterioro mayor de la atención a la salud, incumpliendo ciertos requisitos o lineamientos técnicos. “Puede ser que la atención que recibas sea de mucho menor calidad”, detalló De la Garza.
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Activistas y venezolanos en EE.UU. aseguran que las medidas de Trump criminalizan a los migrantes venezolanos y lamentan que la suspensión del TPS ponga en riesgo a sus beneficiarios.
Cuando el presidente Donald Trump asumió su segundo mandato, ciudadanos de 17 países disponían de un Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos.
En la lista figuraban países como Afganistán, Somalia o Camerún, y otros de América Latina como El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela.
De momento, Trump sólo ha acabado con la protección migratoria de uno de esos países: Venezuela.
La decisión del gobierno Trump obligará a 348.202 venezolanos que obtuvieron el TPS en 2023 a abandonar Estados Unidos antes del 7 de abril, a menos de que encuentren otro estatus migratorio para legalizarse o introduzcan peticiones de asilo para no ser deportados.
El anuncio provocó indignación entre los venezolanos en Estados Unidos, que días antes recibieron la noticia de que Trump también había ordenado la suspensión del parole, otro permiso humanitario que benefició a miles de venezolanos durante el gobierno de Joe Biden.
“No sólo nos sentimos traicionados, nos sentimos usados”, dijo Adelys Ferro, una activista venezolana y estadounidense que dirige la organización Venezuelan American Caucus en Miami.
La mañana del lunes 3 de febrero, Ferro encabezó una rueda de prensa de activistas venezolanos para condenar la eliminación del TPS en El Arepazo, un restaurante emblemático en Doral, el municipio de Miami que alberga la mayor comunidad de venezolanos en el sur de Florida.
“El compromiso de campaña del presidente Trump era primero contra los criminales, luego contra los indocumentados y ahora contra los migrantes, sin importar su estatus”, lamentó.
“¿Qué pasará con los que no pueden volver a Venezuela, pero tampoco podrán quedarse en Estados Unidos sin un trabajo legal?”, cuestionó Mayra Marchán, activista de la organización de ayuda humanitaria All For Venezuela.
“¿Cómo van a hacer cuando pierdan la cobertura del seguro o no puedan llevar a sus hijos a la escuela por temor a que los deporten?”.
Aquella convocatoria no solo atrajo a activistas y reporteros. También a beneficiarios del TPS que buscaban orientación para evitar sumarse a los 11 millones de indocumentados que carecen de un estatus legal en Estados Unidos y que son blanco de la política de deportaciones masivas de Trump.
“No sé qué voy hacer, pensaba que había hecho las cosas bien”, dijo a BBC Mundo un venezolano con TPS que pidió mantenerse anónimo y asistió como oyente a la convocatoria.
“Jamás pensé que me iba a sentir tan perseguido en Estados Unidos como en Venezuela”.
“Mejoras notables”
Al final de la rueda de prensa, todos en El Arepazo se preguntaban cuáles son las condiciones que han mejorado en Venezuela como para decidir enviar a los beneficiarios del TPS de vuelta a un país al que, sin embargo, el gobierno de Estados Unidos califica de “dictadura” y con el que ha mantenido una tensa y hostil relación, sobre todo durante el primer mandato de Trump (2017-2021).
La asignación de este alivio migratorio depende del secretario del Departamento de Seguridad Nacional, que concede esa protección a extranjeros que corren riesgos al volver a sus países de origen.
La Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos contempla cuatro escenarios que justifican el TPS: conflictos armados, desastres naturales, limitaciones en el país de origen para recibir a sus connacionales o condiciones “temporales y extraordinarias” que impiden el regreso seguro de los ciudadanos.
La decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que fue publicada en el Registro Federal reconoce que se mantienen “ciertas condiciones” que justifican el TPS en Venezuela.
Sin embargo, asegura que hay “mejoras notables en varias áreas, como la economía, la salud pública y la delincuencia, que permiten que estos nacionales regresen de forma segura a su país de origen”.
Tres meses antes, el entonces secretario de Seguridad Nacional en el gobierno Biden, Alejandro Mayorkas, concluyó exactamente lo contrario.
Anunció la extensión del TPS porque Venezuela “continúa enfrentando una grave emergencia humanitaria debido a una crisis política y económica, así como violaciones y abusos de derechos humanos y altos niveles de criminalidad y violencia”.
La decisión, publicada en octubre del año pasado, indicaba que todos esos factores tenían impacto en “el acceso a alimentos, medicinas, atención médica, agua, electricidad y combustible, y ha llevado a altos niveles de pobreza”.
Durante la última década, 7,89 millones de personas emigraron de Venezuela, el mayor éxodo en la historia de la región, según Naciones Unidas, debido a la crisis económica y política de los últimos años.
Aunque al menos 85% de ellas se instalaron en América Latina, miles de venezolanos entraron irregularmente a Estados Unidos a través de la frontera sur durante el gobierno de Biden, una situación que ha sido condenada por Trump y otros dirigentes republicanos.
Antes de asistir a la convocatoria en El Arepazo, la activista Mayra Marchán dijo que recibió un mensaje de un conocido en Venezuela preguntándole si ya había enviado un kit quirúrgico que le había solicitado para la cirugía de su hija, una joven de 18 años que tiene un tumor cerebral.
“Si no les hacemos llegar eso, no tienen cómo operarla. A ese país vamos a regresar a 300.000 personas”.
Durante el segundo semestre del año pasado, el gobierno de Maduro reconoció haber detenido a 2.000 personas durante las protestas contra los resultados electorales, luego de que fuera proclamado ganador pese a que la oposición reivindicara el triunfo de Edmundo González de acuerdo a los datos del 80% de las actas de votación.
“La mayoría de esos venezolanos que salieron huyendo por una crisis humanitaria sin precedentes, hoy sienten la angustia de una persecución política dentro de Estados Unidos”, dijo la activista venezolana Helene Villalonga.
Muchos en Doral creían que con Trump iban a estar más protegidos y que sería más factible el cambio político que desean en su país.
“En Venezuela no ha mejorado la situación, es todo lo contrario. No entendemos cuáles son los cambios de circunstancias para que un venezolano regrese a Venezuela”, afirmó Villalonga.
En medio de un acercamiento inesperado con el gobierno Maduro, Trump logró este lunes 10 de febrero deportar a 190 venezolanos que aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, a las afueras de Caracas, en dos aviones de la aerolínea estatal venezolana Conviasa.
Tras recibir a un emisario de Trump, Richard Grenell, y liberar a seis detenidos estadounidenses, Maduro aseguró que estaba dispuesto a aceptar los vuelos de deportados si el mandatario estadounidense levantaba las sanciones contra su gobierno y habló de que se había dado el “primer paso” para una agenda de entendimiento.
La deportación de migrantes es una de las políticas cruciales de Trump. Y para ejecutarla, necesita llegar a acuerdos con los países de origen para que reciban los vuelos.
Sin embargo, el secretario de Estado, Marco Rubio, descartó que la visita del enviado especial a Caracas constituya una muestra de reconocimiento político al gobierno de Maduro.
“No hay conversaciones para reconocer a Maduro. De hecho, no lo reconocemos”, dijo Rubio durante una gira por Centroamérica a principios de febrero.
La sombra del Tren de Aragua
La decisión de Noem señala que es “contrario al interés nacional” permitirle a los venezolanos beneficiarios del TPS que permanezcan en Estados Unidos.
En una entrevista con el canal de noticias Fox News, la secretaria aseguró que la decisión de su predecesor de extender el TPS para los venezolanos “implicaba que ellos iban a poder permanecer aquí y violar nuestras leyes por otros 18 meses y nosotros detuvimos eso”.
“Vamos a seguir un proceso, evaluar a todos estos individuos que están en nuestro país, incluyendo a miembros del TdA”, dijo en referencia al Tren de Aragua, la banda de crimen organizado venezolana que se gestó en una cárcel del estado homónimo.
Adelys Ferro recordó que, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional, apenas 600 personas han sido identificadas como sospechosas de tener vínculos con el Tren de Aragua en Estados Unidos.
“Y ninguno de ellos tiene TPS. ¿Saben por qué?”, dijo ante los periodistas. “Porque una persona que tiene TPS debe poner sus huellas en un registro biométrico, pasar una revisión de sus antecedentes penales y tiene que probar dónde vive”.
“Estamos siendo señalados y nos convertimos en un objetivo por cómo nos vemos”, aseguró.
“Nos preocupa la creciente estigmatización de la que somos víctimas”, advirtió Helene Villalonga. “Es cierto que existe un grupo llamado Tren de Aragua, pero no podemos permitir que generalicen y asocien a toda la comunidad venezolana con estos delincuentes”.
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