Al inicio de 2022, el abasto de medicinas cayó a su peor nivel en seis años; subió escasez en fármacos para salud mental
En el primer cuatrimestre de 2022, se reportó el nivel más bajo de surtimiento de medicamentos en el sector público en los últimos seis años, de acuerdo con los datos recabados por el colectivo Cero Desabasto, con base en la plataforma Indicas de la Secretaría de Salud.
Adicional a ello, en los primeros 10 meses de ese año, se negaron o surtieron incompletos más de 11 millones de recetas, de acuerdo con lo documentado por la red de organizaciones, lo cual representa una mejora respecto de 2021 —el peor año completo en términos de abastecimiento—, pero está muy por encima del millón y medio de recetas mal surtidas en 2017 y 2018.
Otro fenómeno, destaca Andrés Castañeda, coordinador de Cero Desabasto, es el viraje respecto de las enfermedades principalmente asociadas a la falta de medicamentos, de acuerdo con los reportes de desabasto que recibe el colectivo: mientras en años anteriores el cáncer se mantuvo como la principal, en 2022 se asociaron en mayor medida a la salud mental.
Además, sigue existiendo una diferencia importante entre el desabasto en zonas urbanas y rurales. Por ejemplo, de acuerdo con las estadísticas de Indicas, en sectores urbanos, los niveles más bajos de abastecimiento en el último cuatrimestre de 2022 —por debajo del 50%— se reportaron en Hidalgo, Coahuila, Chihuahua y Colima.
En sectores rurales, los más bajos se ubicaron en Aguascalientes y Chihuahua. Si bien en el IMSS hay más homogeneidad respecto de estados y regiones del país, en las unidades que dependen de la Secretaría de Salud existe un mayor contraste de desabasto por entidades.
“Por un lado, tenemos datos de los indicadores del Indicas, que son estos indicadores de la Secretaría de Salud donde se reporta el surtimiento completo de medicamentos en unidades de primer nivel tanto urbanas como rurales, y vemos que el primer cuatrimestre de 2022 reportaron el nivel más bajo de surtimiento de los últimos seis años; para el segundo cuatrimestre mejoró, pero para el último cuatrimestre volvió a bajar; entonces, no podríamos decir que este tema se está resolviendo”, señaló Castañeda.
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Además de los indicadores e información generada por el sector salud, Cero Desabasto cuenta con una plataforma para reportar casos individuales de manera directa. De acuerdo con las estadísticas que ahí se generan, en todas las instituciones el año donde más se denunció falta de medicamentos fue 2021, cuando sumaron 3 mil 706 reportes, seguido por 2020 con 2 mil 805 y 2022, cuando ascendieron a mil 460.
De esos reportes entre 2019 y 2022, la mayor parte estuvo principalmente asociada a cáncer, diabetes mellitus, hipertensión arterial y postrasplante. Castañeda detalló que las reumatológicas y neurológicas también han generado un número importante de reportes, aunque el cáncer sigue ocupando un lugar preponderante.
Sin embargo, durante 2022 los medicamentos asociados a la atención de la salud mental fueron los que mayor número de reportes generaron en la plataforma de Cero Desabasto y aún se mantienen este año. A esto se han sumado denuncias de falta de medicamentos por parte de personas que viven con trasplantes, sobre todo en Tlaxcala y Puebla.
En ese contexto, para la compra de medicamentos de este año, recordó Castañeda, aún quedaron claves desiertas, lo cual no quiere decir necesariamente que sean medicamentos que ya no se van a adquirir, pero sí representa un atraso en las licitaciones, pues se hicieron ya empezado el año, en lugar de preverlas con anterioridad, aunado a que no han sido 100% exitosas.
“Mucho se debe al tema de distribución y almacenamiento que hemos estado viendo también en años anteriores; hoy estas unidades tienen que pedir las medicinas, luego las tiene que comprar la Federación y luego las tienen que regresar y lograr distribuir; si hay falla en alguno de estos procesos, ese es el problema”, indicó.
Una batalla que se ha acentuado en los últimos dos años
Rubén Ortega padece diabetes desde hace casi 12 años. Durante ese tiempo, se ha atendido siempre en la clínica 169 del IMSS, en Ocotlán, Jalisco. Durante los primeros 10, casi no detectó retrasos importantes, sobre todo en la administración de insulina. En los últimos dos, sin embargo, ya han ocurrido varias veces.
Para atender este padecimiento, debe recibir mensualmente un esquema de tres medicamentos: insulina intermedia, linagliptina y metformina. La aplicación para controlar la enfermedad es diaria: 30 unidades en la mañana y 30 en la noche, por lo que —teóricamente— le tendrían que expedir y surtir efectivamente una receta para obtener la medicina suficiente para un mes.
La insulina fue el primer medicamento que se empezó a retrasar, recuerda. La última vez tardaron más en surtirle la receta, prácticamente mes y medio después de la fecha de expedición. En tanto, hasta ahora ha acumulado dos recetas de linagliptina que permanecen sin ser surtidas. Rubén ha perdido la cuenta de los retrasos de los últimos años, aunque han sido cuatro o cinco ocasiones cuando ha decidido quejarse formalmente.
En ese camino descubrió que no vale la pena hacerlo en la misma clínica, pues el director o el administrador reciben la queja y supuestamente escalan la información, pero la respuesta es siempre la misma: “Los de abasto no han surtido”. Incluso, en alguna ocasión, que fue mucho más enfático, le enviaron una fotografía para mostrarle que a nivel estatal no había abasto en anaqueles.
“La insulina me la entregaron hace escasos ocho o 10 días, me mandaron mensajes directos (después de reportarla en redes sociales), les di mis datos, les expliqué y siempre contestaba el robot automático ‘no nos podemos comunicar’; de ahí ya no salieron con el tema de la linagliptina, que la tengo que combinar con metformina”, explica.
Al principio, las dos últimas las entregaban combinadas en un solo medicamento. Después, bajo el argumento de que ya no tenían en existencia la linagliptina, se las empezaron a surtir separadas. Desde entonces, han pasado dos meses sin que la hayan vuelto a surtir.
En la clínica, dice, a veces ha percibido molestia por el reclamo ante el desabasto, pero insiste en que las quejas no están dirigidas a los empleados del lugar, sino al área encargada de la distribución de los medicamentos. “Los médicos siguen dando la receta, pero los de la farmacia no la van a entregar si no la tienen en físico, si no les han surtido”, señala Rubén.
“Cada vez que va uno —agrega—, te dicen ‘venga el martes o miércoles de la próxima semana para que la surtan a ver si llega’, y nos hacen ir una y otra y otra vez. Como quiera que sea, yo tengo 56 años, mi esposa 53, pero hay gente muy mayor que no tiene ni cómo moverse, y yo veo que estamos viviendo la misma situación, sobre todo con este tipo de medicamentos que son para enfermedades que sí somos vulnerables”.
Él ha percibido en los últimos dos años falta de sensibilidad e indolencia. Eso, incluso, llega a generar roces entre pacientes y empleados de la clínica, cuando los últimos no son realmente responsables. Además, el IMSS solo contestó y dio seguimiento en contadas ocasiones.
Alguna vez, recuerda, ellos mismos se pusieron en contacto y, como a los 22 días, le entregaron la insulina y la combinación de linagliptina con metformina. Cuando no le surten la receta, Rubén ha tenido que comprar el medicamento por su cuenta, igual que tuvo que hacerlo con los retrasos de insulina, que llega a alcanzar un precio de entre 500 y 800 pesos.
“No son muy baratas que digamos, sobre todo la insulina intermedia, pero no me voy a privar de ponerme mi medicina cuando pueda, ahorita que todavía soy algo productivo y la alcanzo a comprar, pero pensemos en la gente que no”, lamenta.
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BBC Mundo analiza, con la ayuda de expertos, los efectos del levantamiento de esta y otras sanciones a Cuba anunciado por la Casa Blanca.
En una inesperada decisión, el presidente estadounidense Joe Biden retiró a Cuba de la lista de EE.UU. de países patrocinadores del terrorismo.
La nación caribeña llevaba cuatro años en esa “lista negra” desde que el expresidente Donald Trump la incluyera en 2021 como una de las últimas medidas de su anterior mandato.
Cuba también formó parte de esta lista elaborada por el Departamento de Estado desde 1982 hasta 2015, cuando Obama la sacó como parte de su política de “deshielo” hacia el régimen entonces liderado por Raúl Castro y hoy a cargo del presidente Miguel Díaz-Canel.
La retirada de la lista de patrocinadores del terrorismo anunciada por la Casa Blanca podría durar poco, ya que Trump regresará a la presidencia el lunes 20 de enero.
Trump podría revertir la decisión de Biden de forma relativamente sencilla, sin necesidad de consultar con el Congreso.
Además, su designado secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró este miércoles frente al Senado estadounidense no tener “duda alguna” de que el régimen de Díaz-Canel patrocina el terrorismo internacional.
Qué implica estar en la lista
Tras la salida de Cuba solo quedan tres países en la lista negra del Departamento de Estado: Corea del Norte, Irán y Siria.
Los países designados como patrocinadores del terrorismo enfrentan severas restricciones económicas, financieras y diplomáticas, como la prohibición de exportaciones de armas, la suspensión de ayuda económica, el bloqueo de créditos internacionales y limitaciones para acceder al sistema financiero global.
Por ejemplo, no pueden obtener préstamos del Fondo Monetario Internacional y otras instituciones globales.
Además, facilita demandas civiles en tribunales estadounidenses y afecta a su reputación internacional, complicando sus relaciones con otros países.
En el caso particular de la isla, estas sanciones ahondaban las que ya habían sido impuestas de manera más extensa por el embargo económico y comercial vigente desde la década de 1960.
“Desde entonces Cuba ya estaba sometida a duras restricciones incluidas en el embargo, así que la mayoría de las disposiciones que implicaba estar en la lista tampoco causaban mucho daño adicional”, le explica a BBC Mundo Robert L. Muse, abogado especializado en las sanciones de EE.UU. al país caribeño.
Pese a esto, Muse y otros expertos destacan al menos tres beneficios que le aporta a Cuba abandonar la lista de patrocinadores del terrorismo.
Incentivo al turismo
En primer lugar, podría favorecer a un sector clave en la economía cubana: el turismo.
Desde que en 2021 el Departamento de Estado incluyó a Cuba en su lista negra, toda persona que haya viajado a la isla está sometida a un escrutinio más severo para ingresar a Estados Unidos.
Por ejemplo, los ciudadanos de la UE y otros países como Chile, Corea del Sur o Japón que visitan un país incluido en la lista de patrocinadores del terrorismo pierden el privilegio de la exención de visado de turismo a EE.UU. bajo el programa ESTA.
Al eliminar a Cuba del listado, estas personas ya pueden viajar a la isla sin miedo a que en el futuro les exijan visado para ingresar a territorio estadounidense, lo que en teoría incentivará los viajes a la isla.
En todo caso, se desconoce cuál será el alcance real de la medida a la hora de reactivar el maltrecho sector turístico del país caribeño, que pasó de recibir 4,2 millones de visitantes en 2019 a menos de 2,4 millones en 2024, según estimaciones y a la espera de datos oficiales.
“Uno podría esperar que crezca la demanda de visitas de países de la Unión Europea, pero hay otros factores que influyen de forma negativa en el turismo, como la crisis económica, la escasez, los apagones y los problemas eléctricos”, indica a BBC Mundo el economista cubano Ricardo Torres, investigador de la American University en Washington DC.
Cuba vive una profunda crisis económica con escasez de alimentos, medicinas, combustible y casi todos los productos, así como frecuentes cortes eléctricos, lo que ha provocado en los últimos tres años un éxodo migratorio de sus habitantes, y también se considera un factor clave en el descenso del turismo.
Acceso a financiación e imagen internacional
En segundo lugar, la inclusión en la lista negra suponía para Cuba un obstáculo adicional a la hora de acceder a financiación exterior y participar en negocios internacionales.
“Como patrocinador estatal del terrorismo, los bancos e instituciones financieras rechazan las transacciones relacionadas con Cuba. Incluso si se les explica que son legales, se niegan a hacerlo. Es casi una reticencia supersticiosa a involucrarse en cualquier tipo de comercio con países que están en esa lista”, afirma el jurista Robert L. Muse.
Muse asegura que “es beneficioso salir de la lista porque tiene un efecto inhibidor en las instituciones financieras y los inversionistas”.
Pero, aunque Cuba se libra de un importante obstáculo, no implica que los bancos y organismos internacionales vayan a estar dispuestos a aportar financiación a un país técnicamente en bancarrota que en los últimos años ha incumplido la mayoría de los compromisos con sus acreedores, desde sus aliados China y Rusia hasta el Club de París.
Y si, pese a esto, hubiera entidades dispuestas a financiar a Cuba, podrían temer repercusiones si el país regresa más adelante a la lista de patrocinadores del terrorismo.
“Cuba estaba en la lista, Obama la eliminó, después Trump la introdujo de nuevo y ahora Biden la quita; entonces, durante el periodo en el que no están las sanciones, puedes involucrarte en transacciones que, si luego se reintroducen las sanciones, pueden crearte problemas”, explica el economista Ricardo Torres.
En tercer y último lugar, ser considerado por Estados Unidos un patrocinador del terrorismo perjudica la percepción internacional sobre Cuba, cuyo gobierno ha priorizado históricamente proyectar una imagen favorable al exterior.
“Quizás lo más irritante para los cubanos es el oprobio moral asociado con ser designado como una nación terrorista. Implica ser un régimen fuera de la ley, y Cuba se siente ultrajada por esa caracterización”, afirma Robert L. Muse .
Salir del listado, agrega, “tiene para la isla un beneficio simbólico: es una acción que elimina ese estigma”.
Los efectos de las medidas adicionales
La retirada de Cuba de la lista negra del Departamento de Estado de EE.UU. es parte de un acuerdo más amplio entre Washington y La Habana, coordinado con la mediación de la Iglesia católica y que incluye la liberación de presos políticos en la isla.
Además de la retirada de la isla de la lista de patrocinadores del terrorismo, según medios estadounidenses, Washington se comprometió en el acuerdo a revertir dos decisiones con importantes implicaciones económicas adoptadas durante el primer gobierno Trump.
En primer lugar, rescinde un memorando de 2017 que prohíbe las transacciones de personas bajo jurisdicción estadounidense con una lista de empresas y subentidades controladas por las fuerzas militares, de inteligencia o de seguridad cubanas, como la poderosa GAESA que controla varios negocios en la isla.
Esto podría facilitar la reanudación del envío de remesas de cubanos en Estados Unidos a sus familiares en la isla por la vía legal, es decir, a través de empresas controladas por las Fuerzas Armadas, que acaparan gran parte del poder económico del país.
En la práctica, sin embargo, los cubanos cuentan con otros modos más efectivos y baratos de enviar y recibir dinero, como transferencias electrónicas no afectadas por las sanciones o efectivo a través de “mulas” que viajan entre los dos países.
En segundo lugar, la Casa Blanca suspenderá el título 3 de la ley Helms-Burton, que permite a estadounidenses presentar demandas ante los tribunales por propiedades expropiadas por el gobierno cubano desde la Revolución de 1959.
Trump activó en 2019 este título de la ley, que permanecía suspendido desde su promulgación en 1966 para evitar conflictos diplomáticos con países aliados cuyas empresas operan en Cuba.
“A partir de hoy, no se pueden presentar demandas contra, por ejemplo, una compañía hotelera española que ocupe terrenos sobre los cuales alguien reclama derechos de propiedad bajo el lenguaje de la Ley Helms-Burton”, explica Muse.
Así, las demandas ya presentadas seguirán adelante pero no se pueden iniciar nuevas.
En todo caso, matiza el abogado, “la responsabilidad por el uso de propiedades confiscadas sigue existiendo y esto crea un desincentivo a largo plazo para invertir en Cuba, ya que siempre persiste la posibilidad de que las demandas se reactiven”.
Como compensación por el alivio de sanciones, Cuba se comprometió a liberar a un número “significativo” de disidentes, activistas defensores de los derechos humanos, periodistas y manifestantes encarcelados a raíz de las históricas protestas de julio de 2021, las mayores en las últimas seis décadas a las que siguió una dura ola represiva.
El régimen de Díaz-Canel, que según organizaciones mantiene encerrados a más de un millar de presos políticos, se comprometió este martes a liberar de forma gradual a 553 personas condenadas por diversos delitos -sin especificar más detalles- y el miércoles sacó de la prisión a los primeros 14.
Según Muse, la decisión de espaciar la liberación de los presos podría ser una herramienta de negociación ante el inminente regreso de Trump a la Casa Blanca.
“Si Cuba regresa a la lista de patrocinadores del terrorismo, ¿dejará de liberar a prisioneros y podría culparse a la administración Trump de que permanezcan en la cárcel? Eso está por ver”, plantea el jurista.
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