Eduardo Clark, subsecretario de Salud, dijo que este mismo mes de abril podría realizarse el nuevo proceso para la compra de medicamentos y aseguró que se cuenta con un “colchón” de dos meses para garantizar el abasto de insumos y medicamentos, luego de que la Secretaría de Anticorrupción anulara la adquisición de 4 mil millones de piezas tras detectarse que proveedores vendían medicamentos a sobreprecio.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, el funcionario informó que para reponer el proceso se van a evaluar todas las propuestas que participaron en la licitación, ver cuáles sí cumplieron técnicamente y, en caso de pasar el filtro, invitarlos a la propuesta competitiva.
“Se trata de un proceso competitivo, no sería una licitación, pero es un proceso transparente en el que invitas a las empresas a subastar de acuerdo al precio, siempre y cuando cumplan en términos de calidad, temas administrativos y legales”, explicó.
De esta manera podría reiniciar el suministro de la totalidad de los insumos en disputa a inicios de mayo.
“Ya recibimos lo primero que pedimos, legalmente lo podemos recibir, esta nulidad aplica a decirnos que ya no podemos pedir más de lo que ya hemos pedido pero lo que se ha solicitado lo podemos recibir, lo podemos pagar, los pacientes lo pueden usar y eso nos da un colchón de aproximadamente dos meses”.
Agregó que ayer explicaron a la industria farmacéutica la ruta a seguir y criticó que se haya filtrado la resolución por parte de Birmex previo a que fuera anunciado por la Secretaría de Salud.
“Desafortunadamente desde alguna área de Birmex se les hizo llegar, es algo que ya se está investigando y la industria nos empezó a llamar, es algo que no nos hubiera gustado que pasara, queríamos llamar a la industria en orden para explicar lo que pasó”, dijo.
Asimismo, Eduardo Clark indicó que hace unos cuatro días se pidieron dos meses de abasto de todas las claves que no tienen sobrecosto y llegarán en 10 o 15 días, aproximadamente.
“En este momento prácticamente de todo lo que hemos pedido y solicitado, que representa la necesidad de abasto de una buena parte del sector, hemos recibido un poco más de 70 % del original”.
“Con eso estimamos que en el IMSS estamos regresando a niveles de receta surtida de alrededor del 95 % de las recetas solicitadas después de haber bajado algunos puntos porcentuales. En IMSS Bienestar seguimos en un proceso de cálculo, lo que sí es que hemos subido, el número de claves que no tenían en existencia se ha incrementado, de tener tal vez 70-80 % de las claves, en el mejor de los casos, ahora ya están en 85-90 % de las claves con suministro en los estados”, detalló.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, anuló el procedimiento de compra consolidada que incluía la adquisición de 4 mil 982 millones de piezas de medicamentos, tras detectar una supuesta venta a sobreprecio por parte de algunos proveedores; además de múltiples irregularidades cometidas por Birmex durante la organización de todo el procedimiento.
La dependencia detectó múltiples irregularidades cometidas por Birmex en todo el procedimiento, incluso, desde la emisión de convocatoria que incumplió con la legislación y que sumaron a considerar que todo el procedimiento debía ser anulado.
Entre las irregularidades de Birmex también estuvo una mala investigación de mercado, inconsistencias en el análisis de ofertas, en la junta de aclaraciones, entre otras. Debido a esto, al menos una centena de empresas interpusieron quejas ante la dependencia que dio origen a esta investigación.
Sobre la anulación de la compra de medicamentos, Eduardo Clark, dijo que aunque solo 175 claves de los medicamentos se compraran a sobreprecio, la licitación tenía que declararse nula, porque no podían escoger claves entre unas y otras, “porque el proceso estaba viciado”.
“El proceso aunque es complicado, no es fácil, pero es la ruta que se tiene que seguir legalmente porque no había manera de mantener la licitación por los vicios”, declaró.
El acuerdo regula cómo ambas naciones deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, que forman parte del límite territorial entre ambas.
Un tratado firmado en 1944 entre Estados Unidos y México está detrás, una vez más, de tensos intercambios entre ambos países.
El acuerdo regula cómo ambas naciones deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, que forman parte del límite territorial entre ambas.
La implementación del tratado ha generado en el pasado fuertes protestas de agricultores mexicanos, según los cuales la extracción de agua para EE.U. en tiempos de sequía amenaza seriamente su medio de vida.
Ahora, en medio de la incertidumbre generada a nivel global por la política arancelaria del presidente Donald Trump, el mandatario estadounidense amenazó a México con aranceles e incluso sanciones por el tema del agua.
“México le DEBE a Texas 1,3 millones de acres-pies (1.603 millones de metros cúbicos) de agua según el Tratado de Aguas de 1944, pero lamentablemente México está incumpliendo su obligación. Esto …perjudica gravemente a los agricultores del sur de Texas”, afirmó Trump en su plataforma Truth Social.
“El mes pasado detuve los envíos de agua a Tijuana hasta que México cumpla con el Tratado de Aguas de 1944… y seguiremos intensificando las consecuencias, incluyendo aranceles y, quizás, incluso sanciones, hasta que México cumpla con el tratado y le dé a Texas el agua que le corresponde”, agregó.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a Trump con un mensaje en su cuenta oficial de X.
“El día de ayer fue enviada al subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos una propuesta integral para atender el envío de agua a Texas dentro del tratado de 1944, que incluye acciones de muy corto plazo. Han sido tres años de sequía y, en la medida de la disponibilidad de agua, México ha estado cumpliendo”.
“He instruido a los secretarios de Agricultura y Desarrollo Rural y Relaciones Exteriores, así como a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales que de inmediato hagan contacto con la Secretaría de Agricultura y el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Estoy segura que, como en otros temas, se llegará a un acuerdo”, dijo la mandataria.
De alguna manera, se podría decir que el llamado Tratado de la Distribución de las Aguas Internacionales firmado por México y EE.UU. en 1944 tiene su origen en otro acuerdo alcanzado casi un siglo antes.
El Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo (más conocido como Tratado de Guadalupe Hidalgo), firmado en 1848 al final de la guerra entre ambos países iniciada por la disputa de Texas, fue el que estableció que México cedería a EE.UU. más de la mitad de su territorio en aquel entonces.
Pero además, también fijó la frontera entre ambos países en el río Bravo -conocido como río Grande por los estadounidenses- y cuyas aguas han sido centro de conflicto en Chihuahua.
La ubicación estratégica del río hacía necesario un plan de distribución entre ambos actores. Tras años de negociación y varias propuestas fallidas, México y EE.UU. firmaron en Washington el tratado vigente en la actualidad.
Según el acuerdo, México se queda con dos tercios de la corriente principal del Bravo y cede a su vecino el resto, que no podrá ser menor de unos 432 millones de metros cúbicos (Mm3) anuales.
Como contraparte, EE.UU. cede a México cada año 1.850 Mm3 del río Colorado, que en su mayoría se encuentra en suelo estadounidense pero que también pasa por la frontera entre ambos países hasta desembocar en el golfo de California, entre los estados mexicanos de Baja California y Sonora.
El acuerdo también establece que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), un organismo binacional, es el encargado de resolver las posibles diferencias en materia de límites.
El pacto estipula que EE.UU. cumplirá con su entrega de agua cada año, mientras que México podrá hacerlo en períodos de cinco años.
“Es de los mejores acuerdos que se han logrado en la historia con relación a EE.UU.”, afirmó en 2020 el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Reformar o actualizar las condiciones de un tratado que fue firmado hace 76 años podría ser una de las opciones para tratar de solucionar conflictos.
Pero algunos analistas consideran que tanto los litros de agua acordados como la posibilidad de entregar su parte cada cinco años en lugar de anualmente son ventajas que México no debería perder.
Para los agricultores del lado mexicano de la frontera, lo que está en juego en tiempos de sequía agravada por el cambio climático, es algo mucho más inmediato que los vaivenes diplomáticos entre ambos países.
Los enfrentamientos de 2020 entre agricultores y la Guardia Nacional en Chihuahua tuvieron lugar tras la decisión del gobierno de extraer agua de la presa de la Boquilla para cumplir el tratado con EE.UU.
En ese entonces, el vocero de los agricultores, Salvador Alcantar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua (Aurech), señaló que estaba en riesgo el futuro de unas 20.000 familias que viven del campo en la región.
Alcantar compartió con BBC Mundo uno de sus mayores temores:
“En 1995 no se abrieron las presas para sembrar y hubo una migración masiva desde nuestros municipios. Los hombres en edad productiva se marcharon para dar sustento a la familia, fue una desintegración familiar fuerte que aún estamos sufriendo”, recuerda.
“Y ese es el problema social que podemos volver a ver si no sembramos el año próximo”.
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