El expresidente Ernesto Zedillo sostuvo que “México ha perdido la categoría de ser un país democrático”, en unos cuantos meses. Esto durante el seminario “Perspectivas económicas 2025” organizado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
En su participación, que fue a distancia, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que no deje que el “poder real” lo ejerza alguien desde afuera de Palacio Nacional y propuso aplazar, incluso eliminar, la aplicación de varias reformas constitucionales que impulsó el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
“Los mexicanos necesitamos una presidenta que gobierne con mucha autoridad, con las reglas de la democracia. Eso es lo que necesitamos. Los mexicanos no necesitamos un país que sea una autocracia de partido hegemónico, donde el poder real e inmenso lo ejerza un caudillo instalado oculto en la oficina anexa a la presidencia de la República”.
Entre otras críticas a las reformas que ha venido haciendo Morena a la Constitución, destacó la reforma al Poder Judicial y la de la revocación de mandato, la cual afirmó “es una píldora de cianuro” contra la democracia.
En otra conferencia, pero en el mismo evento, estuvo el actual secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
Durante su presentación, Zedillo también hizo referencia a las reformas en materia de seguridad que se han impulsado, desde la creación de la Guardia Nacional, hasta las recientes hechas al artículo 21 constitucional para darle a la Secretaría de Seguridad Ciudadana la capacidad de hacer investigaciones con inteligencia.
En ese mismo tenor mencionó las reformas sobre la ampliación de la prisión preventiva oficiosa y la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
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“No se fue a las urnas para decidir que la democracia mexicana tenía que ser destruida, no fuimos a las urnas para decir transfórmense la democracia mexicana en una tiranía, sin embargo, hasta ahora, parecen ser hechos consumados”, dijo.
Zedillo habló de dos posibles soluciones para lo que calificó de “una destrucción”: que posponga la entrada en vigor de las reformas constitucionales para corregirlas, y otro que desaparezca de la revocación de mandato.