Juan, de 69 años, es un fotógrafo retirado que se niega a abandonar el oficio. Afuera de su domicilio colgó una manta para ofrecer el servicio de retratos a sus vecinos, aunque  pocas veces le llega trabajo, por eso es que la Pensión de Adultos Mayores, un programa social del gobierno Federal, es fundamental para mantenerse. Es alto y delgado, y la edad, dice, le ha dejado problemas de audición y de memoria. 

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• ¿Y usted recibe algún sueldo por formar parte de la empresa? -se le pregunta.
• Sí, una cantidad, pero no es mucho… son 3 mil pesos mensuales. 
• ¿Y usted lo hizo por ayudar a la hermana de su nuera o por el dinero?
• No, simplemente porque somos conocidos, casi familiares, no por el dinero porque no es significativo, no me va a sacar de este pobre. Si fuera unos 15 o 20 mensuales ¡válgame! Igual y sí.
• Nos llama la atención que usted, siendo beneficiario de un programa, de repente salga recibiendo contratos multimillonarios. ¿El SAT no lo ha buscado? 
• Pues yo no tengo problema, mire donde vivo en realidad. No tengo tampoco una propiedad oculta como lo hacen los políticos, ni prestanombres ni nada.
• ¿Y usted teme que lo estén utilizando como prestanombres? 
• No, no creo. –responde incrédulo, como si la posibilidad fuera remota.

Empresas fantasma en gobierno de Cuitláhuac García en Veracruz y beneficiarios de programas sociales

Además, instituciones como Espacios Educativos de Veracruz entregó adjudicaciones directas a personas físicas para que hicieran remodelaciones en escuelas, por contratos de entre 700 mil y hasta 2 millones de pesos. En algunos casos recibieron más de un contrato que sumaron millones de pesos, y se comprobó que también son beneficiarios de programas sociales. 

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Después de no localizarla en su domicilio, fue buscada en el teléfono que registró como proveedora y reconoció ser beneficiaria del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pero al preguntarle más sobre los contratos se portó evasiva. 

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• ¿Tú ganaste esos 3.8 millones de pesos? ¿Cómo conseguiste los contratos? -se le preguntó.
• Como le comento, no le voy a dar ningún tipo de información. 
• ¿Por qué motivo? 
• No estoy interesada en dar información. Es por cuestión de seguridad. 

Después de esa última frase, colgó. 

Octavio N., de 26 años, aparece con 14 millones de pesos en contratos otorgados por el Instituto de Espacios Educativos de Veracruz. El domicilio registrado, a diferencia del resto de personas localizadas, era una unidad privada resguardada por vigilante y a la que sólo se puede acceder con el permiso de los propietarios. 

En esa visita se pudo hablar con el padre de Octavio, quien respondió a través del teléfono del vigilante. Aseguró que su hijo no era empresario y que desde hacía tiempo se había mudado a otro estado. 

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Octavio respondió al teléfono registrado en el padrón de proveedores, pero negó ser contratista del gobierno. “No, yo creo que es número equivocado porque ya ni siquiera resido en Xalapa”. Al explicarle el monto que supuestamente ganó y los datos de dirección coincidentes se mostró desconcertado. “No tengo conocimiento, me suena extraño que me diga todo eso”. 

Al preguntarle si había estado en algún programa social dijo que “sí estuve, pero fue hace mucho tiempo, solo fue el de la beca estudiantil, cuando empezó López Obrador”.

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Jhovanny N. es beneficiario del Programa de Apoyo al Empleo, pero supuestamente es contratista de Espacios Educativos que ganó 2.1 millones de pesos para remodelar escuelas. Al buscarlo en su domicilio en la colonia Felipe Carrillo Puerto, Xalapa, resultó ser un local que ocupó para un negocio de fotocopias, pero que dejó de rentar hace meses. 

Aunque se pudo localizar a su esposa a quien se le explicó que él aparece como empresario, la mujer respondió mediante mensajes que “no está disponible, y tampoco creo que quiera hablar”. 

Pagan por obra que dejan “inconclusa”

Entre las empresas utilizadas también está Grupo Freunde, S. A. de C. V., que tiene al mismo representante legal que la compañía Grupo Boca. Una de las obras que Freunde debía hacer, y por la que recibió 21 millones de pesos, fue la “pavimentación del camino el Cedral, Los Pichones y El Tejar, en varias localidades del municipio de Medellín de Bravo”. 

Se trata de una demanda de los pobladores debido a que ese camino comunica a más de 300 familias asentadas en los alrededores y una vía indispensable para trasladar a los enfermos de esa región, sobre todo, adultos mayores, y para el transporte de mercancías de los campesinos dedicados a la siembra de maíz, frijol y pasto pangola para alimentar al ganado. 

Según la licitación LPE-112T00000-6000-017-2023 la obra se concluyó en diciembre de 2023, pero para Jerónima López, comisariada del ejido San Francisco, también conocido como Los Pichones, se trata de una obra inconclusa porque hay tramos pavimentados y otros siguen en terracería. 

“Todavía sigo comiendo tierra que avientan los carros porque no alcanzaron a pavimentar hasta acá”, dijo molesta la mujer de 64 años”.

En el recorrido que hizo Animal Político, la mujer mostró los puntos donde la falta de pavimentación provocará estancamiento de agua en la temporada de lluvias. 

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“Ellos me dicen que ya no las harán porque ya no alcanza el presupuesto y que quizá para el año que entra podría ser que lo hiciera”.

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